Jueves, 31 de Agosto del 2006
ENLARED Bolivia
Agosto 31, 2006, 0:13 EDT
La Paz, Bolivia --
La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y la organización The Natural Conservancy están en la etapa final del diseño del proyecto, denominado " Biodiversidad y Desarrollo Municipal".
La propuesta pretende al menos lograr crear áreas municipales de conservación en 14 municipios piloto en Bolivia, seis en Perú y por lo menos tres en Chile. En el caso boliviano además se prevé que estas áreas incorporen sistemas productivos sostenibles que promuevan el desarrollo económico local
Las actividades que se desarrollarán en los próximos cinco años, como señala el borrador de la propuesta, se concentrará en que que los municipios construyan modelos de gestión de la biodiversidad, valorando la conservación de la naturaleza como parte del desarrollo sostenible municipal.
"Conservación no sólo se debe hacer en áreas protegidas", es uno de los principios del proyecto cuyo borrador fue socializado con diversas instituciones del sector en un encuentro realizado este martes en La Paz.
Otras actividades previstas en la propuesta tienen que ver con tareas de educación ambiental en los municipios, promover mecanismos permanentes de intercambio de experiencias de gestión y fortalecer las capacidades de gestión ambiental en las alcaldías.
Los municipios bolivianos que formarían parte de la ejecución piloto son Reyes, Santa Rosa, La Paz, Coroico, El Choro, Tomave, Tupiza, Padcaya, El Villar, Huacareta, Cuevo, Camiri, Cabezas y Pailón.
31 August 2006
COIAB inaugura centro de entrenamiento en etnogestión para indígenas de la Amazonía
El primer grupo de 15 estudiantes indígenas, provenientes de 12 diferentes Tierras Indígenas de la Amazonía Brasileña, comienzan este mes en el CAFI con un curso de Gestión Etnoambiental. Algunas de las disciplinas ofertas incluyen: fiscalización y protección de Tierras Indígenas, técnicas de SIG (sistemas de informaciones geográficas) y sensoriamiento remoto, legislación ambiental y indígena, técnicas de manejo de recursos naturales, y otras. Después da la capacitación, que será de cinco meses, los alumnos se regresarán para sus tierras de origen para ponerse en práctica los conocimientos aprendidos con el soporte de la COIAB.
A partir del primer semestre de 2007, el CAFI dará un curso de Técnicos en Proyectos también, donde se aprenderán habilidades y conocimientos necesários para la dirección del ciclo completo de proyectos, involviendo diagnóstico, redacción, presupuestos, implementación y monitoriamiento de actividades.
En su primer año de función, se espera entrenar dos grupos de 15 estudiantes en el CAFI. Este número puede aumentar de acuerdo con los resultados alcanazados. La iniciativa, liderada por COIAB a través del Departamiento Etnoambiental, tiene el apoyo del Programa de Conservación del Amazonía da The Nature Conservancy (TNC), y de la organización Amigos da la Tierra Suecia.
Según Jecinaldo Sateré-Mawé, el coordenador general de la COIAB, la inauguración del CAFI se muestra cómo las organizaciones indígenas pueden dar apoyo técnico en promover la autonomía, sostenibilidad, y etnogestión en Tierras Indígenas. “Para el movimiento indígena, el CAFI representa el pasaje de la teoría a la práctica a través de la propria formación de indígenas, y se transforma como una referencia en la lucha para la defensa de los derechos en la gestión territorial e en temas estratégicos.”
Lucio Terena, director del CAFI, afirma que “el CAFI atiende una antigua revidicación de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, que siempre lucharon para mejor capacidad política y técnica para su autonomía y sostenibilidad.” Adiciona, “de esta modo, el CAFI representa también una afirmación étnica y un exercício en la ciudadanía.”
La inauguración del Centro Amazónico de Formación Indígena (CAFI) ocurrirá el 21 de agosto, 2006, a las 14:30 en su sede en la Calle Rio Purus, No. 17, Barrio Vieraavles, Manaus, AM
Darcy Marubo, COIAB, Depto. Etnoambiental, (55 92) 3233-0749/8132-5109,
Jecinaldo Sateré-Mawé, Secretaria, (55 92) 3233-0548/8154-1399,
Margaret Francis, TNC, (55 91) 4008-6200/8129-7177,
La Coordenación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) es una organización indígena de derechos privados, sin fins de lucro, fundada en 1989. Su representación llega a 21 regiones de los 9 estados de la Amazonía Legal Brasileña: Amazonas, Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondonia, Roraima y Toncantins. En estos estados viven más que 200 mil índios, representados cerca de 60% de la populación indígena reconocida oficialmente en el país. La organización surgió como resultado del proceso de la lucha política de los pueblos indígenas para el reconocimiento y el exercício de sus derechos indígenas. COIAB, como el instante máxima de articulación de los pueblos y organizaciones indígenas de la Amazonía Brasileña, reune hoy como su base 75 organizaciones y 165 pueblos indígenas, y estimula y acompaña la creación de otras organizaciones, visualizando la expansión y fortalecimiento del movimiento indígena. Para mejores informaciones visite: www.coiab.com.br
The Nature Conservancy (TNC), criada en 1951, y es una de las organizaciones ambientales más antiguas y grandes del mundo. Actua en 20 países y tiene como su misión proteger los ecosistemas naturales, y las plantas y animales que representan la diversidad en la planta, conservando las tierras y aguas de que necesitan para sobrevivir. Conozca nuestros proyectos en: www.nature.org/español.
30 August 2006
Más financiamiento para el medio ambiente
Lunes, 28 de Agosto de 2006
adn mundo
El financiamiento, que marca un leve aumento frente a los 3.000 millones de dólares comprometidos previamente, fue aprobado por los 32 países que componen el consejo del GEF antes de una asamblea que comenzará el martes en Sudáfrica.
"El objetivo es ayudar a Sudáfrica a poner en marcha medios de transporte lo más verdes posible", explicó Barbut, que dirige esa organización internacional financiada por países donantes y respaldada por el Banco Mundial,
GEF, el mayor mecanismo de financiamiento ambiental del mundo, ayuda a los países en desarrollo a financiar programas para promover la biodiversidad, combatir el cambio climático y la degradación de los suelos.
"Muchos temen que los peligros ambientales y ecológicos -pérdida de especies y sus hábitos, las amenazas del cambio climático, la degradación del suelo y la desertificación (...)- estén creciendo y mostrando señales de tensión," dijo el organismo en un comunicado.
El GEF, integrado por 176 miembros, es un organismo internacional vinculado con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial y con esta donación abastecerá proyectos por los próximos cuatro años.
adn mundo
El financiamiento, que marca un leve aumento frente a los 3.000 millones de dólares comprometidos previamente, fue aprobado por los 32 países que componen el consejo del GEF antes de una asamblea que comenzará el martes en Sudáfrica.
"El objetivo es ayudar a Sudáfrica a poner en marcha medios de transporte lo más verdes posible", explicó Barbut, que dirige esa organización internacional financiada por países donantes y respaldada por el Banco Mundial,
GEF, el mayor mecanismo de financiamiento ambiental del mundo, ayuda a los países en desarrollo a financiar programas para promover la biodiversidad, combatir el cambio climático y la degradación de los suelos.
"Muchos temen que los peligros ambientales y ecológicos -pérdida de especies y sus hábitos, las amenazas del cambio climático, la degradación del suelo y la desertificación (...)- estén creciendo y mostrando señales de tensión," dijo el organismo en un comunicado.
El GEF, integrado por 176 miembros, es un organismo internacional vinculado con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial y con esta donación abastecerá proyectos por los próximos cuatro años.
26 August 2006
Costa Rica: red en biodiversidad y ecologistas denuncian pretensión de aprobar Tratados de Agenda Complementaria
Biodiversidad en América Latina
25 de Agosto de 2006
La Red de Coordinación en Biodiversidad y las organizaciones ecologistas y sociales firmantes, rechazamos la aprobación del Tratado de Budapest y nos oponemos a que la Comisión de Asuntos Internacionales continúe analizando y menos aprobando las leyes y tratados que forman parte de la llamada “Agenda complementaria” del TLC
CONSIDERACIONES DE LA RED DE COORDINACION EN BIODIVERSIDAD HECHAS A SOLICITUD DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA SOBRE EL:
EXPEDIENTE 16123 “ADHESION DE COSTA RICA AL TRATADO DE BUDAPEST SOBRE EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL DEPOSITO DE MICROORGANISMOS A LOS FINES DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PATENTES” (GACETA No. 81 del 27 de abril de 2006)
19 de julio de 2006
CONSIDERANDO:
1. Que las obligaciones contraídas por Costa Rica en el Acuerdo de los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMC) no incluyen la adhesión al Tratado de Budapest, ni al Convenio de la UPOV, ni a otros tratados mencionados en el Art. 15.2 del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica-República Dominicana (TLC).
2. Que en el acuerdo de los ADPIC no se exige otorgar patentes de variedades de plantas, ni se menciona la protección de “invenciones biotecnológicas”, ni el depósito centralizado de microorganismos.
3. Que nuestra pertenencia a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) tampoco nos obliga a adherirnos a esos tratados o convenios.
4. Que Estados Unidos pretende con el TLC ir más allá del ADPIC y de la OMPI tratando de “armonizar” la normativa de derechos de propiedad intelectual conforme a sus propias regulaciones y a la medida de sus necesidades.
5. Que lo anterior, más allá de resolverle a Costa Rica “las dificultades para cumplir con el requisito de divulgación para la concesión de patentes que involucran microorganismos”, tiene como razón principal el facilitar dicho proceso a los solicitantes de patentes, en primer lugar a las corporaciones transnacionales.
6. Que la misma justificación de establecer este Tratado de depósito de microorganismos dadas las dificultades inherentes a su descripción, demuestra el hecho absurdo de que alguien quiera declarar de su “propiedad” cualquier forma de vida cuando ni siquiera es capaz de cumplir con uno de los tres requisitos de divulgación para obtener una patente, como es la descripción.
7. Que tanto en las discusiones del Consejo de los ADPIC como en este mismo Tratado ni tan sólo se ha llegado a un acuerdo para definir lo qué es un microorganismo.
8. Que los solicitantes de patentes en general provienen en un 95% de los países industrializados o son extranjeros con residencia en los países en vías de desarrollo.
9. Que estos solicitantes, para evitar obstáculos a sus estrategia de mercado y al aseguramiento de sus ingresos, necesitan desdibujar la capacidad soberana de cada país para dotarse de su propia legislación de nacional de propiedad intelectual.
10. Que conocemos bien que, cuando la producción de bienes y servicios se traslada a todos los países del globo incluidos los más pobres, proteger fuertemente los derechos de propiedad intelectual se transforma en una necesidad vital para los países industrializados y sus corporaciones.
11. Que la situación de asimetría en el avance científico técnico entre Estados Unidos y los países del área sólo será profundizada con la “armonización” de las leyes de propiedad intelectual entre otras cosas mediante la adhesión a este y a otros tratados similares.
12. Que la “armonización” de todos los distintos convenios y tratados de propiedad intelectual llevará a una concentración de poder adicional en detrimento de los países no industrializados.
13. Que no podemos abdicar a nuestro derecho de seguir luchando en los foros multilaterales: en el Consejo de los ADPIC en la OMPI, en la FAO y en el Convenio de Diversidad Biológica, para abolir los llamados “derechos” de propiedad intelectual sobre formas de vida y así proteger nuestros recursos naturales y exigir respeto al conocimiento tradicional.
14. Que en esos espacios los países en desarrollo se han percatado de que, con la “armonización” de los distintos acuerdos de propiedad intelectual, tienen mucho más por perder que por ganar. La reducción del trabajo o cualquier otra ventaja que dicha “armonización” pudiera traer, incluyendo el establecimiento de depósitos de microorganismos, valen muchísimo menos que la pérdida del control político sobre sus metas de desarrollo y la pérdida de los bienes comunes.
15. Que teniendo en cuenta lo anterior, es absurdo admitir que simultáneamente nos obliguemos a firmar acuerdos tipo ADPIC-plus en el TLC sin posibilidad de retorno, independientemente de lo que se está exigiendo y se acuerde en otros foros multilaterales.
16. Que a pesar de que en la Introducción del expediente 16.123 se menciona que la adhesión e implementación del Tratado de Budapest no representa ninguna carga económica para el país porque no se exige a los Estados el pago de contribuciones a la oficina internacional de la OMPI; en realidad esto no es así puesto que cada país tendría que cubrir el pago de su representante y dos suplentes, la asistencia a asambleas ordinarias y extraordinarias, así como a comités y otras reuniones convocadas (Regla 14: Gastos de Delegaciones)
17. Que no entendemos la razón de tener que estar aprobando este tipo de tratados que forman parte de la llamada “agenda complementaria”, cuando ni siquiera hemos aprobado y esperamos no aprobar el TLC
18. Que antes de firmar sin ningún análisis de contexto este tipo de tratados surgidos de la necesidad de las empresas biotecnológicas, debemos diseñar el modelo de desarrollo que queremos seguir como país
POR TANTO:
La Red de Coordinación en Biodiversidad y las organizaciones ecologistas y sociales firmantes, rechazamos la aprobación del Tratado de Budapest y nos oponemos a que la Comisión de Asuntos Internacionales continúe analizando y menos aprobando las leyes y tratados que forman parte de la llamada “Agenda complementaria” del TLC.
Más información: Silvia Rodriguez Cervantes - silviar@ice.co.cr
25 de Agosto de 2006
La Red de Coordinación en Biodiversidad y las organizaciones ecologistas y sociales firmantes, rechazamos la aprobación del Tratado de Budapest y nos oponemos a que la Comisión de Asuntos Internacionales continúe analizando y menos aprobando las leyes y tratados que forman parte de la llamada “Agenda complementaria” del TLC
CONSIDERACIONES DE LA RED DE COORDINACION EN BIODIVERSIDAD HECHAS A SOLICITUD DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA SOBRE EL:
EXPEDIENTE 16123 “ADHESION DE COSTA RICA AL TRATADO DE BUDAPEST SOBRE EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL DEPOSITO DE MICROORGANISMOS A LOS FINES DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PATENTES” (GACETA No. 81 del 27 de abril de 2006)
19 de julio de 2006
CONSIDERANDO:
1. Que las obligaciones contraídas por Costa Rica en el Acuerdo de los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMC) no incluyen la adhesión al Tratado de Budapest, ni al Convenio de la UPOV, ni a otros tratados mencionados en el Art. 15.2 del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica-República Dominicana (TLC).
2. Que en el acuerdo de los ADPIC no se exige otorgar patentes de variedades de plantas, ni se menciona la protección de “invenciones biotecnológicas”, ni el depósito centralizado de microorganismos.
3. Que nuestra pertenencia a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) tampoco nos obliga a adherirnos a esos tratados o convenios.
4. Que Estados Unidos pretende con el TLC ir más allá del ADPIC y de la OMPI tratando de “armonizar” la normativa de derechos de propiedad intelectual conforme a sus propias regulaciones y a la medida de sus necesidades.
5. Que lo anterior, más allá de resolverle a Costa Rica “las dificultades para cumplir con el requisito de divulgación para la concesión de patentes que involucran microorganismos”, tiene como razón principal el facilitar dicho proceso a los solicitantes de patentes, en primer lugar a las corporaciones transnacionales.
6. Que la misma justificación de establecer este Tratado de depósito de microorganismos dadas las dificultades inherentes a su descripción, demuestra el hecho absurdo de que alguien quiera declarar de su “propiedad” cualquier forma de vida cuando ni siquiera es capaz de cumplir con uno de los tres requisitos de divulgación para obtener una patente, como es la descripción.
7. Que tanto en las discusiones del Consejo de los ADPIC como en este mismo Tratado ni tan sólo se ha llegado a un acuerdo para definir lo qué es un microorganismo.
8. Que los solicitantes de patentes en general provienen en un 95% de los países industrializados o son extranjeros con residencia en los países en vías de desarrollo.
9. Que estos solicitantes, para evitar obstáculos a sus estrategia de mercado y al aseguramiento de sus ingresos, necesitan desdibujar la capacidad soberana de cada país para dotarse de su propia legislación de nacional de propiedad intelectual.
10. Que conocemos bien que, cuando la producción de bienes y servicios se traslada a todos los países del globo incluidos los más pobres, proteger fuertemente los derechos de propiedad intelectual se transforma en una necesidad vital para los países industrializados y sus corporaciones.
11. Que la situación de asimetría en el avance científico técnico entre Estados Unidos y los países del área sólo será profundizada con la “armonización” de las leyes de propiedad intelectual entre otras cosas mediante la adhesión a este y a otros tratados similares.
12. Que la “armonización” de todos los distintos convenios y tratados de propiedad intelectual llevará a una concentración de poder adicional en detrimento de los países no industrializados.
13. Que no podemos abdicar a nuestro derecho de seguir luchando en los foros multilaterales: en el Consejo de los ADPIC en la OMPI, en la FAO y en el Convenio de Diversidad Biológica, para abolir los llamados “derechos” de propiedad intelectual sobre formas de vida y así proteger nuestros recursos naturales y exigir respeto al conocimiento tradicional.
14. Que en esos espacios los países en desarrollo se han percatado de que, con la “armonización” de los distintos acuerdos de propiedad intelectual, tienen mucho más por perder que por ganar. La reducción del trabajo o cualquier otra ventaja que dicha “armonización” pudiera traer, incluyendo el establecimiento de depósitos de microorganismos, valen muchísimo menos que la pérdida del control político sobre sus metas de desarrollo y la pérdida de los bienes comunes.
15. Que teniendo en cuenta lo anterior, es absurdo admitir que simultáneamente nos obliguemos a firmar acuerdos tipo ADPIC-plus en el TLC sin posibilidad de retorno, independientemente de lo que se está exigiendo y se acuerde en otros foros multilaterales.
16. Que a pesar de que en la Introducción del expediente 16.123 se menciona que la adhesión e implementación del Tratado de Budapest no representa ninguna carga económica para el país porque no se exige a los Estados el pago de contribuciones a la oficina internacional de la OMPI; en realidad esto no es así puesto que cada país tendría que cubrir el pago de su representante y dos suplentes, la asistencia a asambleas ordinarias y extraordinarias, así como a comités y otras reuniones convocadas (Regla 14: Gastos de Delegaciones)
17. Que no entendemos la razón de tener que estar aprobando este tipo de tratados que forman parte de la llamada “agenda complementaria”, cuando ni siquiera hemos aprobado y esperamos no aprobar el TLC
18. Que antes de firmar sin ningún análisis de contexto este tipo de tratados surgidos de la necesidad de las empresas biotecnológicas, debemos diseñar el modelo de desarrollo que queremos seguir como país
POR TANTO:
La Red de Coordinación en Biodiversidad y las organizaciones ecologistas y sociales firmantes, rechazamos la aprobación del Tratado de Budapest y nos oponemos a que la Comisión de Asuntos Internacionales continúe analizando y menos aprobando las leyes y tratados que forman parte de la llamada “Agenda complementaria” del TLC.
Más información: Silvia Rodriguez Cervantes - silviar@ice.co.cr
24 August 2006
PERU: Indigenous Community to Take Oil Company to Court
Milagros Salazar
LIMA, Aug 17 (IPS) - Arankartuktaram! This Achuar cry sums up what indigenous communities in the heart of Peru's Amazon jungle region are demanding from the State and multinational oil companies -- a little respect.
For thirty years the Achuar people in the Corrientes River basin were unable to stop outsiders from polluting their environment. Now, the indigenous group is about to become the first in Peru to take legal action, as it plans to file suit against the companies it blames for the damages.
Oil drilling on indigenous land began in the 1970s with the arrival of U.S.-based Occidental Petroleum Corporation (Oxy). In 1996, Pluspetrol Norte, a local subsidiary of Argentine-based Pluspetrol, began to operate in the upper basins of the Pastaza, Corrientes and Tigre rivers, and expanded its operational area in 2000.
At the most recent indigenous assembly, held Aug. 5-6, the apus (chiefs) accused oil companies of endangering the Achuar people's health and environment.
This group comprises 8,000 inhabitants of 31 communities in the northern department (province) of Loreto. Of these, 3,000 to 4,000 are direct victims of oil drilling, says Racimos de Ungurahui, a non-governmental organisation that works on behalf of the Achuar in Peru's Amazon jungle region.
"The State, in complicity with the oil companies, is systematically violating our rights. The government is incapable of sanctioning those who pollute our rivers and land," said Robert Guimaraes, vice president of the Interethnic Association for the Development of the Peruvian Jungle (AIDESEP), an umbrella group bringing together 47 indigenous federations and six indigenous regional organisations. "That's why it is up to us to take action," he told IPS.
Guimaraes brought the issue up in the Peruvian legislature, when on Aug. 9 he and representatives of the Federation of Native Communities of the Corrientes River (FECONACO) participated in events marking the International Day of the World's Indigenous Peoples. AIDESEP leaders believe they have enough evidence to sue the companies. One of the most revealing reports comes from the Ministry of Health itself; it contains the first government warnings about high blood concentrations of cadmium and lead in Achuar people.
The government study of the quality of water and biological testing among communities of the Corrientes River basin was undertaken in response to a FECONACO request. Published in May, it reported the presence of heavy metals in the indigenous community, after analysing samples from 199 people, including 74 children aged 2 to 17.
The report showed that cadmium levels exceeded the acceptable limit of 0.1 mg per litre of blood in 98.6 percent of the children and adolescents examined in the Corrientes river basin area. Cadmium levels in 97.3 percent surpassed even those usually found in smokers -- 0.2 mg -- even though the people examined were non-smokers.
Furthermore, dangerous concentrations of 0.21 to 0.5 mg per litre were found in 37.8 percent of the children and adolescents, while the biological tolerance value (BAT) of 0.5 mg was exceeded in 59.4 percent of the minors. Similar levels were found in adults.
Testing for lead also yielded disturbing results: 66.2 per cent of the youngsters were found to exceed the limit for lead established for children (up to 10 mg per litre of blood). However, those over 18 had blood levels under the acceptable limit of 20 mg per litre.
According to "La Oroya Cannot Wait", a report authored by the Interamerican Association for Environmental Defence (AIDA) and the Peruvian Environmental Law Society (SPDA), high concentrations of cadmium in the blood can cause lung damage and cancer, kidney disease, weakening of the bones and the immune system, emphysema, chronic bronchitis and heart disease. Lead, in turn, affects the nervous system, endangering the brain and the kidneys.
But Pluspetrol Norte, citing the government report's finding that lead concentrations in the water were within acceptable limits, denied that the company is responsible for the high metal concentrations in the blood.
However, the study also underscores the fact that it lacks data on other heavy metals in the river, such as cadmium and copper, due to methodological limitations.
In 2004, China's state-run National Petroleum Corporation, the Asian giant's main oil producer, acquired a 45 percent share of Pluspetrol Norte, which produced 54 percent of Peru's oil that year.
"The company adheres closely to the limits set by the law. We believe the ministry's report was carried out in a serious manner, but we cannot conclude that the levels of contaminants in the blood are due to heavy metals in the rivers. No causal correlation can be made between one and the other," one of the oil company's representatives told IPS.
Racimos de Ungurahui said that in order to accurately assess pollution levels in jungle rivers, what is needed is a sediment analysis, because the heavy metals settle in the riverbed.
This, however, is problematic, because -- as stated in the Health Ministry report -- "Peru has no technical regulations to establish maximum concentration values for heavy metals, hydrocarbons and other elements in sediment."
The NGO said there is also pollution in lagoons and lakes where the indigenous communities fish, and that animals that they hunted for food have fled the area. A Racimos de Ungurahui report describes a "domino effect" of damages triggered by oil activity, which has "violated one of the communities' most basic rights: the right to food."
Following a Jul. 20-24 indigenous congress held in Loreto, the Regional Organisation of AIDESEP in Iquitos (ORAI) demanded the establishment of "permanent health monitoring mechanisms to prevent future negative impacts on the health of indigenous people in oil drilling areas," and called for an environmental state of emergency to be declared in the Corrientes River basin.
The ORAI statement also demands that the State and the Pluspetrol Norte company clean up Achuar land and implement cutting-edge clean technology for the entire drilling process, throughout the company's operations.
On behalf of the affected communities, Guimaraes emphasised the urgent need to reinject drilling waste deep into the ground, deal with the environmental damages and prevent new oil companies from establishing a foothold in Achuar territory.
Energy and Mines Minister Juan Valdivia Romero told IPS that officials from his ministry are holding meetings with management at Pluspetrol Norte, to encourage the company to fast-track plans to reinject produced waters into the ground as an environmentally acceptable disposal method.
Commenting on the environmental damage caused by oil companies, Valdivia Romero stated that "we recognise how important it is to the communities that the environmental liabilities be reduced as soon as possible. We, as the supervisory entity, are strictly enforcing the companies' compliance with regulations."
For its part, Pluspetrol Norte announced that it is now reinjecting some 210,000 barrels a day of produced water, which exceeds its original plan of 80,000. The company estimates the work will be complete by 2009.
However, Racimos de Ungurahui said the company is moving too slowly, and has criticised the reinjection plan, which according to the NGO addresses a mere 15 percent of Pluspetrol Norte's total waste waters.
Roberto Ramallo, general manager of Pluspetrol Norte, said in a press release that "we are aware of a history of environmental impacts on the zone; consequently, we are developing mitigation plans to improve the quality of life in these communities."
The executive pointed out that the company provides free medical care to 18,000 people, and is building and repairing schools for 4,000 of the area's native students.
But Guimaraes calls this band-aid assistance. "We want to achieve our own level of development in harmony with nature, without losing our identity, language, culture and land. We are pushing for a multicultural and multilingual state," he told IPS.
The root of the pollution can be traced to the Peruvian State's vision of development, which is based on a model where natural resources are exploited without respect for affected communities, said José De Echave of Cooperacción, an NGO that works primarily with mining and social issues.
Indigenous communities have also turned to Congress for help. The new chairman of the congressional Amazon and Indigenous Affairs Committee, Carlos Arana, said he began to review the concerns of the communities on Aug. 15.
"We will look into the possibility of presenting bills that help address the demands of these communities and that also enforce the standards set by international treaties relevant to the issue," Arana told IPS.
In the next few days, indigenous organisations will make an announcement on the measures to be adopted. Although their spokespeople have not clearly revealed what these may entail, the first step is likely to involve legal action, followed by, as so many times before, negotiations with the companies that drill for black gold. (END/2006)
21 August 2006
US sees its first 'climate change exodus'
August 17 2006 at 03:25AM
IOL/Southafrica
Washington - The first mass exodus of people fleeing the effects of climate change is not happening in low-lying Pacific islands but in the world's most powerful country, a United States study said on Wednesday.
"The first massive movement of climate refugees has been that of people away from the Gulf Coast of the United States," said the Washington-based Earth Policy Institute, which campaigns for environmentally sustainable policies.
Institute president Lester Brown said that about a quarter of a million people who fled the devastating effects of Hurricane Katrina a year ago must now be classed as "refugees". "Interestingly, the country to suffer the most damage from a hurricane is also primarily responsible for global warming," he said.
The United States is the world's largest consumer of energy, but has refused to sign up to the Kyoto pact aimed at reducing emissions of gases that scientists say are to blame for heating up the Earth. Brown said many thousands of people who evacuated last year from New Orleans and other towns on the Mississippi and Louisiana coasts had no intention of returning.
"We estimate that at least 250 000 of them have established homes elsewhere and will not return," he said. "They no longer want to face the personal trauma and financial risks associated with rising seas and more destructive storms.
These evacuees are now climate refugees. "Many businesses have also deserted the coastal towns left ravaged by Katrina as insurance and other costs soar, the study said."As rising seas and more powerful hurricanes translate into higher insurance costs in these coastal communities, people are retreating inland," Brown said. "And just as companies migrate to regions with lower wages, they also migrate to regions with lower insurance costs. "The study also warned: "The experience with more destructive storms in recent years is only the beginning."Rising temperatures could melt glaciers and polar ice caps, raising sea levels and displacing coastal residents worldwide, it said."The flow of climate refugees to date numbers in the thousands, but if we do not quickly reduce CO2 (carbon dioxide) emissions, it could one day number in the millions," Brown said.
IOL/Southafrica
Washington - The first mass exodus of people fleeing the effects of climate change is not happening in low-lying Pacific islands but in the world's most powerful country, a United States study said on Wednesday.
"The first massive movement of climate refugees has been that of people away from the Gulf Coast of the United States," said the Washington-based Earth Policy Institute, which campaigns for environmentally sustainable policies.
Institute president Lester Brown said that about a quarter of a million people who fled the devastating effects of Hurricane Katrina a year ago must now be classed as "refugees". "Interestingly, the country to suffer the most damage from a hurricane is also primarily responsible for global warming," he said.
The United States is the world's largest consumer of energy, but has refused to sign up to the Kyoto pact aimed at reducing emissions of gases that scientists say are to blame for heating up the Earth. Brown said many thousands of people who evacuated last year from New Orleans and other towns on the Mississippi and Louisiana coasts had no intention of returning.
"We estimate that at least 250 000 of them have established homes elsewhere and will not return," he said. "They no longer want to face the personal trauma and financial risks associated with rising seas and more destructive storms.
These evacuees are now climate refugees. "Many businesses have also deserted the coastal towns left ravaged by Katrina as insurance and other costs soar, the study said."As rising seas and more powerful hurricanes translate into higher insurance costs in these coastal communities, people are retreating inland," Brown said. "And just as companies migrate to regions with lower wages, they also migrate to regions with lower insurance costs. "The study also warned: "The experience with more destructive storms in recent years is only the beginning."Rising temperatures could melt glaciers and polar ice caps, raising sea levels and displacing coastal residents worldwide, it said."The flow of climate refugees to date numbers in the thousands, but if we do not quickly reduce CO2 (carbon dioxide) emissions, it could one day number in the millions," Brown said.
17 August 2006
Engineered grass found growing in wild
Asociated Press
By WILLIAM McCALL, Associated Press Writer Wed Aug 16, 9:15 PM ET
PORTLAND, Ore. - Grass that was genetically engineered for golf courses is growing in the wild, posing one of the first threats of agricultural biotechnology escaping from the farm in the United States, a new study says.
Creeping bentgrass was engineered to resist the popular herbicide Roundup to allow more efficient weed control on golf courses. But the modified grass could spread that resistance to the wild, becoming a nuisance itself, scientists say.
"This is not a killer tomato, this is not the asparagus that ate Cleveland," said Norman Ellstrand, a geneticist and plant expert at the University of California, Riverside, referring to science fiction satire about mutant plants.
But Ellstrand noted the engineered bentgrass has the potential to affect more than a dozen other plant species that could also acquire resistance to Roundup, or glyphosate, which he considers a relatively benign herbicide.
Such resistance could force land managers and government agencies like the U.S. Forest Service, which relies heavily on Roundup, to switch to "nastier" herbicides to control grasses and weeds, Ellstrand said.
The bentgrass variety is being developed by Scotts Miracle-Gro Co. in cooperation with Roundup's manufacturer, Monsanto Co.
Spokesmen for both companies said they had been expecting the results of the study, to be published in the journal Molecular Ecology.
"We've been working to mitigate it," said Jim King, spokesman for Ohio-based Scotts. "Now we're down to maybe a couple dozen plants."
King said seed from a test plot escaped several years ago while it was drying following harvest in the Willamette Valley, home to most of the U.S. grass seed industry and the world's largest producer of commercial grass varieties.
The main question now, King says, is whether the government will allow commercial use of the experimental bentgrass for golf courses.
"Eradicating it has not been a difficult issue," King said. "The only difference between the turf seed we're working to produce and naturally occurring varieties is that it has a gene resistant to this specific herbicide (Roundup)."
The engineered bentgrass is under review by the U.S.
Department of Agriculture, which published a "white paper" in June that assessed the threat but did not reach any conclusions — leaving that for an environmental impact statement being prepared by the department's Animal and Plant Health Inspection Service.
But the USDA review paper noted that glyphosate is "the most extensively used herbicide worldwide," and that creeping bentgrass and several of the species that can form hybrids with it "can be weedy or invasive in some situations."
In 2003, the International Center for Technology Assessment in Washington, D.C., filed a federal lawsuit seeking to halt development of genetically engineered bentgrass. The suit is still pending, a USDA spokeswoman said.
The latest study was done by U.S.
Environmental Protection Agency scientists based at Oregon State University.
Jay Reichman, an EPA ecologist and lead author, was not available Wednesday. But he has said there is a possibility the engineered strain could persist in the wild.
"There could be consequences," said Steven Strauss, who heads the biotechnology issues analysis program at Oregon State.
"But they're not catastrophic because there are Roundup resistant species out there — I have them in my back yard right now," Strauss added.
He noted that scientists have been dealing with genetically engineered corn and soybeans for years, but those crops do not pose the airborne seed problems faced by commercial grass seed growers.
Ultimately, Strauss said, development of the engineered grass may be an economic question rather than a biological issue — whether it could affect the cost of agriculture and weed control.
"And that's very difficult because this is in a gray zone," Strauss said.
By WILLIAM McCALL, Associated Press Writer Wed Aug 16, 9:15 PM ET
PORTLAND, Ore. - Grass that was genetically engineered for golf courses is growing in the wild, posing one of the first threats of agricultural biotechnology escaping from the farm in the United States, a new study says.
Creeping bentgrass was engineered to resist the popular herbicide Roundup to allow more efficient weed control on golf courses. But the modified grass could spread that resistance to the wild, becoming a nuisance itself, scientists say.
"This is not a killer tomato, this is not the asparagus that ate Cleveland," said Norman Ellstrand, a geneticist and plant expert at the University of California, Riverside, referring to science fiction satire about mutant plants.
But Ellstrand noted the engineered bentgrass has the potential to affect more than a dozen other plant species that could also acquire resistance to Roundup, or glyphosate, which he considers a relatively benign herbicide.
Such resistance could force land managers and government agencies like the U.S. Forest Service, which relies heavily on Roundup, to switch to "nastier" herbicides to control grasses and weeds, Ellstrand said.
The bentgrass variety is being developed by Scotts Miracle-Gro Co. in cooperation with Roundup's manufacturer, Monsanto Co.
Spokesmen for both companies said they had been expecting the results of the study, to be published in the journal Molecular Ecology.
"We've been working to mitigate it," said Jim King, spokesman for Ohio-based Scotts. "Now we're down to maybe a couple dozen plants."
King said seed from a test plot escaped several years ago while it was drying following harvest in the Willamette Valley, home to most of the U.S. grass seed industry and the world's largest producer of commercial grass varieties.
The main question now, King says, is whether the government will allow commercial use of the experimental bentgrass for golf courses.
"Eradicating it has not been a difficult issue," King said. "The only difference between the turf seed we're working to produce and naturally occurring varieties is that it has a gene resistant to this specific herbicide (Roundup)."
The engineered bentgrass is under review by the U.S.
Department of Agriculture, which published a "white paper" in June that assessed the threat but did not reach any conclusions — leaving that for an environmental impact statement being prepared by the department's Animal and Plant Health Inspection Service.
But the USDA review paper noted that glyphosate is "the most extensively used herbicide worldwide," and that creeping bentgrass and several of the species that can form hybrids with it "can be weedy or invasive in some situations."
In 2003, the International Center for Technology Assessment in Washington, D.C., filed a federal lawsuit seeking to halt development of genetically engineered bentgrass. The suit is still pending, a USDA spokeswoman said.
The latest study was done by U.S.
Environmental Protection Agency scientists based at Oregon State University.
Jay Reichman, an EPA ecologist and lead author, was not available Wednesday. But he has said there is a possibility the engineered strain could persist in the wild.
"There could be consequences," said Steven Strauss, who heads the biotechnology issues analysis program at Oregon State.
"But they're not catastrophic because there are Roundup resistant species out there — I have them in my back yard right now," Strauss added.
He noted that scientists have been dealing with genetically engineered corn and soybeans for years, but those crops do not pose the airborne seed problems faced by commercial grass seed growers.
Ultimately, Strauss said, development of the engineered grass may be an economic question rather than a biological issue — whether it could affect the cost of agriculture and weed control.
"And that's very difficult because this is in a gray zone," Strauss said.
Ecuador: rueda de prensa trinacional sobre futuro del Yasuni y Refugio Napo
Biodiversidad en Latinoamerica
17 de agosto: Misión trinacional discute el destino del Parque nacional Yasuni y su área de influencia en la triple frontera de Ecuador, Perú y Colombia
El día jueves 17 de agosto a las 10:30 am. tendrá lugar una rueda de prensa con la participación de organizaciones y comunidades indígenas afectadas por el desarrollo petrolero en el Parque Nacional Yasuní y en las zonas contiguas en Perú y Colombia, lo que creará un nuevo polo de desarrollo petrolero en la Cuenca Amazónica. Esta zona en su conjunto forma parte del llamado “Refugio del Pleistoceno Napo”, que alberga la mayor biodiversidad del Planeta.
En esta zona, hay tres campos petroleros en el Ecuador: Bloque 31 (Petrobras) Bloque 16 (Repsol) y campo ITT (aun no licitado). En Perú están los bloques 39 (Repsol), 121 (no licitado aun) y 117 (Petrobras). En Colombia no hay licitaciones petroleras aun, pero se ha delimitado un bloque contiguo a la Reserva La Paya.
Si estos planes se concretizan, se estaría formando un nuevo enclave petrolero en una de las regiones de mayor biodiversidad del Planeta.
Esta área, es el territorio de los pueblos indígenas Cofán, Witoto y Nasa en Colombia; Secoya y Achuar en Perú y Huaorani en el Ecuador. En la zona se han establecido las áreas protegidas: Parque Nacional Yasuní en Ecuador, la Reserva Gueppi en Perú y la Reserva La Paya en Colombia.
Se teme además que con el desarrollo petrolero, se extienda a esta región, otros problemas relacionados de manera indirecta con la industria petrolera como es el extensión de la violencia, la inflación local, la emergencia de nuevas enfermedades, la expansión de cultivos ilícitos, pues varios de los precursores para el procesamiento de la coca se usan también en la industria petrolera.
Durante la Rueda de Prensa, se presentará una alternativa de conservación para el Yasuní, donde el Ecuador no dejará de percibir los ingresos petroleros, sin explotarlos.
LA RUEDA DE PRENSA TRENDRÁ LUGAR EN EL MIRADOR DE GUÁPULO.
Rafael León Larrea - Tras del Hotel Quito
Telf. 2560 365
Jueves 17 de agosto - 10:30 am.
Nota: Después de la rueda de prensa se servirá un ceviche a los participantes
MÁS INFORMES:
Elizabeth Bravo
2547 516 / 2233 016
Acción Ecológica
17 de agosto: Misión trinacional discute el destino del Parque nacional Yasuni y su área de influencia en la triple frontera de Ecuador, Perú y Colombia
El día jueves 17 de agosto a las 10:30 am. tendrá lugar una rueda de prensa con la participación de organizaciones y comunidades indígenas afectadas por el desarrollo petrolero en el Parque Nacional Yasuní y en las zonas contiguas en Perú y Colombia, lo que creará un nuevo polo de desarrollo petrolero en la Cuenca Amazónica. Esta zona en su conjunto forma parte del llamado “Refugio del Pleistoceno Napo”, que alberga la mayor biodiversidad del Planeta.
En esta zona, hay tres campos petroleros en el Ecuador: Bloque 31 (Petrobras) Bloque 16 (Repsol) y campo ITT (aun no licitado). En Perú están los bloques 39 (Repsol), 121 (no licitado aun) y 117 (Petrobras). En Colombia no hay licitaciones petroleras aun, pero se ha delimitado un bloque contiguo a la Reserva La Paya.
Si estos planes se concretizan, se estaría formando un nuevo enclave petrolero en una de las regiones de mayor biodiversidad del Planeta.
Esta área, es el territorio de los pueblos indígenas Cofán, Witoto y Nasa en Colombia; Secoya y Achuar en Perú y Huaorani en el Ecuador. En la zona se han establecido las áreas protegidas: Parque Nacional Yasuní en Ecuador, la Reserva Gueppi en Perú y la Reserva La Paya en Colombia.
Se teme además que con el desarrollo petrolero, se extienda a esta región, otros problemas relacionados de manera indirecta con la industria petrolera como es el extensión de la violencia, la inflación local, la emergencia de nuevas enfermedades, la expansión de cultivos ilícitos, pues varios de los precursores para el procesamiento de la coca se usan también en la industria petrolera.
Durante la Rueda de Prensa, se presentará una alternativa de conservación para el Yasuní, donde el Ecuador no dejará de percibir los ingresos petroleros, sin explotarlos.
LA RUEDA DE PRENSA TRENDRÁ LUGAR EN EL MIRADOR DE GUÁPULO.
Rafael León Larrea - Tras del Hotel Quito
Telf. 2560 365
Jueves 17 de agosto - 10:30 am.
Nota: Después de la rueda de prensa se servirá un ceviche a los participantes
MÁS INFORMES:
Elizabeth Bravo
2547 516 / 2233 016
Acción Ecológica
15 August 2006
Crece la población de oso pardo en Castilla y León
TENDENCIA ASCENDENTE
Actualizado viernes 11/08/2006 15:57 (CET)
EUROPA PRESS
VALLADOLID.- La población de oso pardo en Castilla y León continúa incrementándose año tras año, ya que en lo que va de año y sólo en terrenos de Castilla y León, se han detectado seis osas con oseznos, según los datos facilitados por fuentes del Gobierno regional.
En concreto, se han detectado cuatro osas con oseznos este año en la población occidental, en el Alto Sil leonés. Las cuatro osas se acompañaban en el momento de su localización de 10 oseznos.
En la población oriental se llevan localizadas hasta la fecha dos osas con dos crías cada una, totalizando cuatro oseznos; una de ellas frecuenta la Montaña Palentina y la otra los bosques limítrofes entre Riaño (León) y Cantabria.
Estos resultados confirman la tendencia de recuperación de esta especie en Castilla y León que se sigue en los últimos años y que tuvo su máxima expresión durante 2005. De hecho, el censo de osas con crías del año pasado ha aportado las mejores cifras de reproducción que se recuerdan, consolidándose la recuperación y la tendencia ascendente de las dos poblaciones de oso pardo cantábrico.
En la población occidental, que se localiza en los montes del occidente asturiano, en el Alto Sil leonés y en los Ancares de León y Lugo, se censaron 12 osas con 24 oseznos. Cinco de estos 12 grupos familiares fueron localizados habitualmente en los montes del Alto Sil y de los Ancares (León).
La población oriental, que se localiza en la Montaña Palentina, en la comarca de Riaño (León) y en los bosques colindantes de Cantabria, registró un total de tres osas con seis oseznos.
Dos de estos grupos familiares recorrieron habitualmente territorios de la Montaña Palentina, mientras que el tercer grupo fue localizado indistintamente en montes tanto de León como de Cantabria.
Por primera vez en 16 años de seguimiento, una osa tuvo una camada de tres oseznos, algo que, sin embargo, no es raro en la población occidental.
El censo de osas con crías de 2005 se ha finalizado en el mes de junio de 2006, ya que las crías acompañan a sus madres durante un año y medio. En el censo participan los guardas de las cuatro comunidades cantábricas y las patrullas de la FOP (Fundación Oso Pardo), aportando información otras entidades y particulares. La FOP tiene en Castilla y León tres patrullas financiadas por la Consejería de Medio Ambiente.
Actualizado viernes 11/08/2006 15:57 (CET)
EUROPA PRESS
VALLADOLID.- La población de oso pardo en Castilla y León continúa incrementándose año tras año, ya que en lo que va de año y sólo en terrenos de Castilla y León, se han detectado seis osas con oseznos, según los datos facilitados por fuentes del Gobierno regional.
En concreto, se han detectado cuatro osas con oseznos este año en la población occidental, en el Alto Sil leonés. Las cuatro osas se acompañaban en el momento de su localización de 10 oseznos.
En la población oriental se llevan localizadas hasta la fecha dos osas con dos crías cada una, totalizando cuatro oseznos; una de ellas frecuenta la Montaña Palentina y la otra los bosques limítrofes entre Riaño (León) y Cantabria.
Estos resultados confirman la tendencia de recuperación de esta especie en Castilla y León que se sigue en los últimos años y que tuvo su máxima expresión durante 2005. De hecho, el censo de osas con crías del año pasado ha aportado las mejores cifras de reproducción que se recuerdan, consolidándose la recuperación y la tendencia ascendente de las dos poblaciones de oso pardo cantábrico.
En la población occidental, que se localiza en los montes del occidente asturiano, en el Alto Sil leonés y en los Ancares de León y Lugo, se censaron 12 osas con 24 oseznos. Cinco de estos 12 grupos familiares fueron localizados habitualmente en los montes del Alto Sil y de los Ancares (León).
La población oriental, que se localiza en la Montaña Palentina, en la comarca de Riaño (León) y en los bosques colindantes de Cantabria, registró un total de tres osas con seis oseznos.
Dos de estos grupos familiares recorrieron habitualmente territorios de la Montaña Palentina, mientras que el tercer grupo fue localizado indistintamente en montes tanto de León como de Cantabria.
Por primera vez en 16 años de seguimiento, una osa tuvo una camada de tres oseznos, algo que, sin embargo, no es raro en la población occidental.
El censo de osas con crías de 2005 se ha finalizado en el mes de junio de 2006, ya que las crías acompañan a sus madres durante un año y medio. En el censo participan los guardas de las cuatro comunidades cantábricas y las patrullas de la FOP (Fundación Oso Pardo), aportando información otras entidades y particulares. La FOP tiene en Castilla y León tres patrullas financiadas por la Consejería de Medio Ambiente.
Scientists urge deep-sea cure for climate change
Tue Aug 15, 2006 8:44 AM ET
By Jason Szep
BOSTON (Reuters) - Climate change could be slowed by burying greenhouse gases blamed for global warming deep below the ocean floor under thick, cold sediment that would trap it for thousands of years, said a team of Harvard-led scientists.
The seafloor along the U.S. east and west coast is vast enough to store almost unlimited carbon dioxide emissions from U.S. coal-fired plants, said Daniel Schrag, director of Harvard's Center for the Environment.
"It would make coal a green fuel," he said in a telephone interview with Reuters.
Carbon dioxide released by burning fossil fuels is the main gas blamed for pushing up world temperatures. Many scientists say the buildup could trigger more floods, droughts, powerful storms, heat waves and rising world sea levels.
Schrag's team at Harvard and researchers at the Massachusetts Institute of Technology and Columbia University propose capturing carbon dioxide from power plants, liquefying the gas, pumping it about 2 miles under water and then injecting it below the sea floor.
Many governments and firms are already exploring ways to pump carbon dioxide under land or directly into the sea -- a process known as carbon sequestration -- to meet emissions caps set by the U.N.'s Kyoto Protocol for 35 industrial nations.
But such schemes will only help if the gas stays below the ground or the sea for hundreds of years, and studies and experiments to date indicate it may eventually leak.
Schrag said burying the gas under seafloor sediments of sand, silt and clay hundreds of meters (feet) thick at depths of 3,000 meters (9,800 ft) and very low temperatures would guarantee it would stay denser than the water above.
"The only place it can leak is deeper down," he said.
ENVIRONMENTALISTS SKEPTICAL
The cold temperatures and high pressures found deep below the ocean's surface would transform carbon dioxide into a solid that is stable enough to withstand even the most severe earthquakes, the researchers said in the August 7 issue of the Proceedings of the National Academy of Sciences.
Environmental group Greenpeace said it was skeptical of the benefits and urged the development of less expensive and swifter solutions to global warming such as renewable energy and conservation.
"We have real questions about this technology. It is not something that currently works or is tested," said Chris Miller, a senior Greenpeace campaigner. "We have a relatively short amount of time to begin making pretty dramatic reductions in global warming pollutants."
Managing a carbon dioxide sequestration program could also cost hundreds of billions a year, scientists say.
A 2005 U.N. report said carbon dioxide storage may provide 15-55 percent of all the cuts in greenhouse gas emissions needed until 2100 -- probably a bigger contribution than from renewable energies or from any revival of nuclear power.
But it would also likely raise the cost of generating electricity from a coal-fired power plant by at least 50 percent to $0.06-$0.10 per kilowatt hour from $0.04-$0.05 on a power plant with no filters.
"The downsides are that nobody has ever injected into those kinds of formations at those kinds of depths," said Ken Caldeira, a climate scientist at Stanford University. "There are engineering hurdles to overcome and it might not be that cheap," he said.
© Reuters 2006.
By Jason Szep
BOSTON (Reuters) - Climate change could be slowed by burying greenhouse gases blamed for global warming deep below the ocean floor under thick, cold sediment that would trap it for thousands of years, said a team of Harvard-led scientists.
The seafloor along the U.S. east and west coast is vast enough to store almost unlimited carbon dioxide emissions from U.S. coal-fired plants, said Daniel Schrag, director of Harvard's Center for the Environment.
"It would make coal a green fuel," he said in a telephone interview with Reuters.
Carbon dioxide released by burning fossil fuels is the main gas blamed for pushing up world temperatures. Many scientists say the buildup could trigger more floods, droughts, powerful storms, heat waves and rising world sea levels.
Schrag's team at Harvard and researchers at the Massachusetts Institute of Technology and Columbia University propose capturing carbon dioxide from power plants, liquefying the gas, pumping it about 2 miles under water and then injecting it below the sea floor.
Many governments and firms are already exploring ways to pump carbon dioxide under land or directly into the sea -- a process known as carbon sequestration -- to meet emissions caps set by the U.N.'s Kyoto Protocol for 35 industrial nations.
But such schemes will only help if the gas stays below the ground or the sea for hundreds of years, and studies and experiments to date indicate it may eventually leak.
Schrag said burying the gas under seafloor sediments of sand, silt and clay hundreds of meters (feet) thick at depths of 3,000 meters (9,800 ft) and very low temperatures would guarantee it would stay denser than the water above.
"The only place it can leak is deeper down," he said.
ENVIRONMENTALISTS SKEPTICAL
The cold temperatures and high pressures found deep below the ocean's surface would transform carbon dioxide into a solid that is stable enough to withstand even the most severe earthquakes, the researchers said in the August 7 issue of the Proceedings of the National Academy of Sciences.
Environmental group Greenpeace said it was skeptical of the benefits and urged the development of less expensive and swifter solutions to global warming such as renewable energy and conservation.
"We have real questions about this technology. It is not something that currently works or is tested," said Chris Miller, a senior Greenpeace campaigner. "We have a relatively short amount of time to begin making pretty dramatic reductions in global warming pollutants."
Managing a carbon dioxide sequestration program could also cost hundreds of billions a year, scientists say.
A 2005 U.N. report said carbon dioxide storage may provide 15-55 percent of all the cuts in greenhouse gas emissions needed until 2100 -- probably a bigger contribution than from renewable energies or from any revival of nuclear power.
But it would also likely raise the cost of generating electricity from a coal-fired power plant by at least 50 percent to $0.06-$0.10 per kilowatt hour from $0.04-$0.05 on a power plant with no filters.
"The downsides are that nobody has ever injected into those kinds of formations at those kinds of depths," said Ken Caldeira, a climate scientist at Stanford University. "There are engineering hurdles to overcome and it might not be that cheap," he said.
© Reuters 2006.
08 August 2006
Salvador, Guatemala y Honduras se unen para la primera areá natural trinacional
Viernes, 04 de Agosto de 2006
adnmundo
Los gobiernos municipales y los propietarios privados proporcionarán un total de 5,49 millones de dólares en concepto de cofinanciación del proyecto
Estará financiado con una cooperación técnica no reembolsable de 3,5 millones de dólares del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), que administrará el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) según lo anunciado mediante un comunicado. El proyecto respaldará la puesta en marcha del llamado Plan de Manejo Integral del Área Protegida Trinacional de Montecristo (APTM) que alberga biodiversidad de importancia regional y mundial, en un área de 139 kilómetros cuadrados, caracterizada por una mezcla de bosques en los que viven al menos 3.000 especies de plantas y animales."El establecimiento del APTM representa un enfoque innovador a un complejo desafío de gestión", dijo Henrik Franklin, jefe del proyecto en el BID."Esta es la primera área protegida trinacional en América bajo una sola unidad administrativa, con un solo plan de manejo y un solo presupuesto", añadió. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), una organización financiera independiente con 175 países miembros, fue establecido en 1991 para ayudar a países en desarrollo a financiar proyectos y programas que protegieran el medio ambiente mundial. Fuente: Radio Unión.
adnmundo
Los gobiernos municipales y los propietarios privados proporcionarán un total de 5,49 millones de dólares en concepto de cofinanciación del proyecto
Estará financiado con una cooperación técnica no reembolsable de 3,5 millones de dólares del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), que administrará el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) según lo anunciado mediante un comunicado. El proyecto respaldará la puesta en marcha del llamado Plan de Manejo Integral del Área Protegida Trinacional de Montecristo (APTM) que alberga biodiversidad de importancia regional y mundial, en un área de 139 kilómetros cuadrados, caracterizada por una mezcla de bosques en los que viven al menos 3.000 especies de plantas y animales."El establecimiento del APTM representa un enfoque innovador a un complejo desafío de gestión", dijo Henrik Franklin, jefe del proyecto en el BID."Esta es la primera área protegida trinacional en América bajo una sola unidad administrativa, con un solo plan de manejo y un solo presupuesto", añadió. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), una organización financiera independiente con 175 países miembros, fue establecido en 1991 para ayudar a países en desarrollo a financiar proyectos y programas que protegieran el medio ambiente mundial. Fuente: Radio Unión.
04 August 2006
México y Francia firman acuerdo ecológico
Miércoles, 2 de Agosto de 2006
El Economista / EFE. París, Francia. El proyecto de ley que da luz verde al acuerdo entre Francia y México sobre el mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kyoto contra el recalentamiento del Planeta fue aprobado hoy en Consejo de ministros.Ese mecanismo permite a un país industrializado hacer inversiones en un Estado en desarrollo en proyectos de reducción de emisiones de gases del efecto invernadero, lo que le permite obtener créditos de emisiones.Pactado por Francia y México en octubre de 2004, el acuerdo facilitará la elaboración y aplicación de proyectos de recorte de emisiones en México con la colaboración de entidades francesas que, a su vez, se beneficiarán de cuotas de reducción de emisiones, tal como prevé el artículo 12 del Protocolo de Kyoto.El proyecto de ley que recoge el acuerdo y que será sometido al Parlamento fue presentado por la ministra delegada de Cooperación, Brigitte Girardin, indica el comunicado del Consejo de ministros, el último antes de las vacaciones gubernamentales de verano
El Economista / EFE. París, Francia. El proyecto de ley que da luz verde al acuerdo entre Francia y México sobre el mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kyoto contra el recalentamiento del Planeta fue aprobado hoy en Consejo de ministros.Ese mecanismo permite a un país industrializado hacer inversiones en un Estado en desarrollo en proyectos de reducción de emisiones de gases del efecto invernadero, lo que le permite obtener créditos de emisiones.Pactado por Francia y México en octubre de 2004, el acuerdo facilitará la elaboración y aplicación de proyectos de recorte de emisiones en México con la colaboración de entidades francesas que, a su vez, se beneficiarán de cuotas de reducción de emisiones, tal como prevé el artículo 12 del Protocolo de Kyoto.El proyecto de ley que recoge el acuerdo y que será sometido al Parlamento fue presentado por la ministra delegada de Cooperación, Brigitte Girardin, indica el comunicado del Consejo de ministros, el último antes de las vacaciones gubernamentales de verano
Seattle's green mayor brings Kyoto home
By Mary Milliken and Daisuke Wakabayashi
SEATTLE (Reuters) - On the frontier of the fight against global warming, the mayor of Seattle boldly goes where the president will not -- right to America's backyards.
As the mayor spearheading a drive to get U.S. cities to sharply reduce greenhouse gas emissions, Greg Nickels is proposing a host of "green" initiatives, like urging Seattle dwellers to build rental units in their backyards to stem city sprawl and get people to live closer to downtown.
"We have lots of jobs downtown and we want to balance that with having a lot of new residents so that people are literally walking to work," Nickels told Reuters in an interview this week in his energy-efficient City Hall overlooking Puget Sound.
Nickels is the mayor who first urged U.S. cities to adhere to the targets of the Kyoto Protocol, the 164-nation agreement to cut greenhouse gas emissions. President George W. Bush pulled the United States out of the treaty in 2001.
One year after launching the U.S. Mayors Climate Protection Agreement, Nickels said 275 mayors representing 48 million Americans had promised to cut their heat-trapping gas emissions 7 percent from 1990 levels by 2012.
While recognizing that there is really no way to enforce the pledges, Nickels said the cities -- like New York, Los Angeles, Chicago and Dallas and even some smaller ones like Denton, Texas -- are working to share their best ideas.
"We will come up with a menu of things that other cities and states and ultimately the country can use as a menu for how we achieve this goal," he said.
30 July 2006
El ozono de la atmósfera se recupera, pero no así el agujero en la Antártida
DATOS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS
Actualizado jueves 27/07/2006 17:45 (CET)
El Mundo
EFE
MADRID.- Los niveles de ozono en la estratosfera se han recuperado en los dos últimos años, posiblemente por el control del cambio climático, pero hoy por hoy "no hay hechos objetivos claros de que el agujero en la Antártida se esté cerrando".
El jefe de Investigación e Instrumentación Atmosférica del INTA, Manuel Gil, explicó que el Protocolo de Montreal y las medidas internacionales adoptadas para hacer frente al problema de la capa de ozono en la atmósfera "parece que están funcionando y cumpliendo su función".
Desde el año 2000, indicó, "se ha invertido la tendencia creciente de presencia de cloro en la atmósfera", que ha empezado a decrecer en las capas bajas, aunque el experto precisó que, sin embargo, "no está tan claro" en el caso del bromo que haya ocurrido lo mismo.
Los niveles de ozono están empezando a aumentar, y la tendencia que se observa en los dos últimos años es que "empieza a haber más ozono en la estratosfera", insistió Gil.
En la Península Ibérica, en concreto, el panorama es muy semejante al del Planeta en su conjunto, y por tanto, indicó, también se empieza a recuperar el nivel de ozono.
Aparentemente, prosiguió el experto, el motivo de esta mejora se debe a las medidas internacionales adoptadas, aunque puntualizó que "eso nunca se sabe con un 100% de seguridad".
Según Gil, ha coincidido el hecho de que "se han frenado las emisiones de gases para que haya empezado a aumentar el ozono otra vez en todo el Planeta".
Aunque se ha producido un aumento de ozono en los últimos dos años en el Planeta, "aún no hemos visto que el agujero de ozono en la Antártida se recupere", insistió Gil.
Es cierto que la situación "no ha ido a peor desde el año 2000, pero tampoco se está recuperando claramente el agujero de ozono en la Antártida".
"Se oyen voces de todo tipo, y hay quien opina que parece que empieza a cerrarse el agujero de ozono en la Antártida y que eso implicaría que las cosas están mejorando, pero eso es filosofar", señaló el experto.
En su opinión, "la situación en los polos es más difícil, y por ello, se va a tardar más en apreciar una recuperación" de los niveles de ozono.
En la actualidad, prosiguió, se está elaborando un documento impulsado por la Organización de Meteorología Mundial con edición cuatrienal, que se publicará de nuevo en medio año, sobre el estado de la capa de ozono, con datos cuantitativos de la evolución en los últimos cuatro años.
El experto recordó que, en España, en enero de 2004, se detectó un agujero de ozono similar al de la Antártida en términos de profundidad, pero no en sus dimensiones, que después se resolvió. La causa del mismo es la confluencia de una serie de efectos naturales "que son muy poco probables en meteorología", explicó Gil.
Actualizado jueves 27/07/2006 17:45 (CET)
El Mundo
EFE
MADRID.- Los niveles de ozono en la estratosfera se han recuperado en los dos últimos años, posiblemente por el control del cambio climático, pero hoy por hoy "no hay hechos objetivos claros de que el agujero en la Antártida se esté cerrando".
El jefe de Investigación e Instrumentación Atmosférica del INTA, Manuel Gil, explicó que el Protocolo de Montreal y las medidas internacionales adoptadas para hacer frente al problema de la capa de ozono en la atmósfera "parece que están funcionando y cumpliendo su función".
Desde el año 2000, indicó, "se ha invertido la tendencia creciente de presencia de cloro en la atmósfera", que ha empezado a decrecer en las capas bajas, aunque el experto precisó que, sin embargo, "no está tan claro" en el caso del bromo que haya ocurrido lo mismo.
Los niveles de ozono están empezando a aumentar, y la tendencia que se observa en los dos últimos años es que "empieza a haber más ozono en la estratosfera", insistió Gil.
En la Península Ibérica, en concreto, el panorama es muy semejante al del Planeta en su conjunto, y por tanto, indicó, también se empieza a recuperar el nivel de ozono.
Aparentemente, prosiguió el experto, el motivo de esta mejora se debe a las medidas internacionales adoptadas, aunque puntualizó que "eso nunca se sabe con un 100% de seguridad".
Según Gil, ha coincidido el hecho de que "se han frenado las emisiones de gases para que haya empezado a aumentar el ozono otra vez en todo el Planeta".
Aunque se ha producido un aumento de ozono en los últimos dos años en el Planeta, "aún no hemos visto que el agujero de ozono en la Antártida se recupere", insistió Gil.
Es cierto que la situación "no ha ido a peor desde el año 2000, pero tampoco se está recuperando claramente el agujero de ozono en la Antártida".
"Se oyen voces de todo tipo, y hay quien opina que parece que empieza a cerrarse el agujero de ozono en la Antártida y que eso implicaría que las cosas están mejorando, pero eso es filosofar", señaló el experto.
En su opinión, "la situación en los polos es más difícil, y por ello, se va a tardar más en apreciar una recuperación" de los niveles de ozono.
En la actualidad, prosiguió, se está elaborando un documento impulsado por la Organización de Meteorología Mundial con edición cuatrienal, que se publicará de nuevo en medio año, sobre el estado de la capa de ozono, con datos cuantitativos de la evolución en los últimos cuatro años.
El experto recordó que, en España, en enero de 2004, se detectó un agujero de ozono similar al de la Antártida en términos de profundidad, pero no en sus dimensiones, que después se resolvió. La causa del mismo es la confluencia de una serie de efectos naturales "que son muy poco probables en meteorología", explicó Gil.
24 July 2006
Quand le soja transgénique expulse les Indiens argentins
Dans le parc d'Upsala, protégé par l'UNESCO. De nombreuses forêts sont brûlées pour faire place au soja.
OGM. Dans le Chaco, au nord du pays, les habitants sont dépossédés de leurs terres au profit de cette culture très rentable mais peu écologique.
Par Antoine BIGO
Liberation
QUOTIDIEN : Samedi 22 juillet 2006 - 06:00
Resistencia envoyé spécial
Sous les fenêtres du siège du gouvernement de la province du Chaco, une centaine d'Indiens des communautés Mocovi, Toba et Wichi campent sous des tentes de fortune. Vivant à la lisière de l'«impénétrable», une savane aride piquetée de bosquets et de lambeaux de forêt, ignorés, sinon oubliés par le pouvoir local, ils réclament plus de transparence dans l'attribution des terres fiscales de l'Etat. Alors que la constitution locale donne la priorité aux natifs du Chaco, ces terres sont vendues à de puissants groupes agro-industriels des provinces proches de Córdoba ou de Santiago del Estero pour y cultiver du soja transgénique. Ces quatre dernières années, dans le Chaco, 840 000 hectares de bois ont été brûlés pour céder la place à l'«or vert» qui couvre la moitié des 12 millions d'hectares de la surface plantée argentine actuelle.
Brasiers. La «sojisation» de la campagne chaqueña commence à une centaine de kilomètres à l'ouest de Resistencia, la capitale de la province. Des fumées au loin et une odeur de bois brûlé rabattue par le vent chaud indiquent la présence des «démonteurs». Une fois le bois précieux coupé et emporté, les bulldozers arrachent et empilent les broussailles, qui disparaissent dans de gigantesques brasiers. «Le scandale, c'est qu'aujourd'hui, le soja commence à empiéter sur les réserves écologiques et aborigènes parce qu'il ne reste plus de terres fiscales», accuse Raul Vallejo, un des géomètres de l'Institut de colonisation qui a dénoncé l'usurpation des terres. «La direction de l'environnement de la province n'a qu'un inspecteur pour surveiller quatre millions d'hectares. L'"impénétrable" est devenu un territoire libéré, totalement hors de contrôle, et où la moitié au moins des plantations de soja est illégale. Plus grave, l'armée de l'air a découvert plusieurs dizaines de pistes d'aviation précaires, évoque 500 vols clandestins par an, et le passage par le territoire du Chaco de 70 à 80 % de la drogue qui entre en Argentine», continue Vallejo.
La culture du soja transgénique est aujourd'hui si rentable que Walter Zanuttini, avocat de l'Institut aborigène chaqueño (IACH), n'hésite pas à invoquer une «mafia du soja» jouissant de complicités au sein des autorités locales, y compris de la justice. Le scandale, dénoncé par une poignée de fonctionnaires honnêtes de l'Institut de colonisation, a obligé le gouvernement du président Kirchner à réagir. Luis d'Elia, sous-secrétaire d'Etat à la Terre et à l'Habitat social, a pris la défense des aborigènes : «Je les ai encouragés à dénoncer pénalement l'attribution ou la culture illégale de terrains, et, parallèlement, j'ai offert au gouvernement du Chaco ma collaboration pour l'annulation des ventes qui ne respectent pas la loi.» Walter Zanuttini a recensé 5 040 plaintes qui concerneraient près d'un million d'hectares. L'Institut de colonisation s'est engagé à en prendre en considération 300, et vient d'annuler la vente de 10 000 hectares à une famille originaire de la province de Córdoba, 800 km plus au sud. «Les autorités locales tentent de justifier leur entorse à la loi en invoquant le retard culturel des aborigènes. Les Indiens du Chaco, vivant de la cueillette, de la chasse et d'un peu d'élevage, seraient incapables de mettre en valeur leurs terres», continue Zanuttini. Dans cette communauté isolée, le taux de dénutrition atteint 67 %, l'analphabétisme 60 % et l'indigence 92 %. La révolte actuelle a surgi lorsque des aides financières de l'Etat après des inondations catastrophiques ont été détournées par les maires des villages les plus touchés. Les glissements de terrain provoqués par le ravinement des sols ont isolé pendant un mois Tartagal, une ville de 70 000 habitants. «Si la déforestation continue à ce rythme, dans dix ans le Chaco sera un désert», avertit Raul Vallejo.
Prête-noms. Le scandale des ventes illégales de terrains est triple et débute par un négoce immobilier juteux. Les fonctionnaires véreux de l'Institut de colonisation aujourd'hui dans le collimateur de la justice vendent 45 pesos l'hectare (12 euros), à des prête-noms locaux, des terres qui sont proposées ensuite dans les journaux spécialisés entre 800 et 900 pesos (entre 230 et 260 euros). Les paysans locaux qui vivent sans titre de propriété sur ces terres depuis parfois plusieurs générations sont expulsés. Puis le défrichage est l'occasion d'abattre et de vendre les bois durs précieux (algarobo, quebracho, lapacho), dont la commercialisation est normalement interdite hors des frontières. Enfin s'installe la monoculture hautement mécanisée du soja transgénique, à coups d'engrais qui épuisent le sol. Qu'importe ! Le soja est très rentable. Non seulement pour le producteur, mais aussi pour l'Etat, auquel il apporte le quart de ses ressources fiscales. Une fois les coûts de production et les frais de transport déduits, les impôts payés, il reste à l'agro-industriel un revenu net de 85 euros par hectare. En Argentine, le soja transgénique, dont les cours sont portés par la demande chinoise, a encore de beaux jours devant lui.
OGM. Dans le Chaco, au nord du pays, les habitants sont dépossédés de leurs terres au profit de cette culture très rentable mais peu écologique.
Par Antoine BIGO
Liberation
QUOTIDIEN : Samedi 22 juillet 2006 - 06:00
Resistencia envoyé spécial
Sous les fenêtres du siège du gouvernement de la province du Chaco, une centaine d'Indiens des communautés Mocovi, Toba et Wichi campent sous des tentes de fortune. Vivant à la lisière de l'«impénétrable», une savane aride piquetée de bosquets et de lambeaux de forêt, ignorés, sinon oubliés par le pouvoir local, ils réclament plus de transparence dans l'attribution des terres fiscales de l'Etat. Alors que la constitution locale donne la priorité aux natifs du Chaco, ces terres sont vendues à de puissants groupes agro-industriels des provinces proches de Córdoba ou de Santiago del Estero pour y cultiver du soja transgénique. Ces quatre dernières années, dans le Chaco, 840 000 hectares de bois ont été brûlés pour céder la place à l'«or vert» qui couvre la moitié des 12 millions d'hectares de la surface plantée argentine actuelle.
Brasiers. La «sojisation» de la campagne chaqueña commence à une centaine de kilomètres à l'ouest de Resistencia, la capitale de la province. Des fumées au loin et une odeur de bois brûlé rabattue par le vent chaud indiquent la présence des «démonteurs». Une fois le bois précieux coupé et emporté, les bulldozers arrachent et empilent les broussailles, qui disparaissent dans de gigantesques brasiers. «Le scandale, c'est qu'aujourd'hui, le soja commence à empiéter sur les réserves écologiques et aborigènes parce qu'il ne reste plus de terres fiscales», accuse Raul Vallejo, un des géomètres de l'Institut de colonisation qui a dénoncé l'usurpation des terres. «La direction de l'environnement de la province n'a qu'un inspecteur pour surveiller quatre millions d'hectares. L'"impénétrable" est devenu un territoire libéré, totalement hors de contrôle, et où la moitié au moins des plantations de soja est illégale. Plus grave, l'armée de l'air a découvert plusieurs dizaines de pistes d'aviation précaires, évoque 500 vols clandestins par an, et le passage par le territoire du Chaco de 70 à 80 % de la drogue qui entre en Argentine», continue Vallejo.
La culture du soja transgénique est aujourd'hui si rentable que Walter Zanuttini, avocat de l'Institut aborigène chaqueño (IACH), n'hésite pas à invoquer une «mafia du soja» jouissant de complicités au sein des autorités locales, y compris de la justice. Le scandale, dénoncé par une poignée de fonctionnaires honnêtes de l'Institut de colonisation, a obligé le gouvernement du président Kirchner à réagir. Luis d'Elia, sous-secrétaire d'Etat à la Terre et à l'Habitat social, a pris la défense des aborigènes : «Je les ai encouragés à dénoncer pénalement l'attribution ou la culture illégale de terrains, et, parallèlement, j'ai offert au gouvernement du Chaco ma collaboration pour l'annulation des ventes qui ne respectent pas la loi.» Walter Zanuttini a recensé 5 040 plaintes qui concerneraient près d'un million d'hectares. L'Institut de colonisation s'est engagé à en prendre en considération 300, et vient d'annuler la vente de 10 000 hectares à une famille originaire de la province de Córdoba, 800 km plus au sud. «Les autorités locales tentent de justifier leur entorse à la loi en invoquant le retard culturel des aborigènes. Les Indiens du Chaco, vivant de la cueillette, de la chasse et d'un peu d'élevage, seraient incapables de mettre en valeur leurs terres», continue Zanuttini. Dans cette communauté isolée, le taux de dénutrition atteint 67 %, l'analphabétisme 60 % et l'indigence 92 %. La révolte actuelle a surgi lorsque des aides financières de l'Etat après des inondations catastrophiques ont été détournées par les maires des villages les plus touchés. Les glissements de terrain provoqués par le ravinement des sols ont isolé pendant un mois Tartagal, une ville de 70 000 habitants. «Si la déforestation continue à ce rythme, dans dix ans le Chaco sera un désert», avertit Raul Vallejo.
Prête-noms. Le scandale des ventes illégales de terrains est triple et débute par un négoce immobilier juteux. Les fonctionnaires véreux de l'Institut de colonisation aujourd'hui dans le collimateur de la justice vendent 45 pesos l'hectare (12 euros), à des prête-noms locaux, des terres qui sont proposées ensuite dans les journaux spécialisés entre 800 et 900 pesos (entre 230 et 260 euros). Les paysans locaux qui vivent sans titre de propriété sur ces terres depuis parfois plusieurs générations sont expulsés. Puis le défrichage est l'occasion d'abattre et de vendre les bois durs précieux (algarobo, quebracho, lapacho), dont la commercialisation est normalement interdite hors des frontières. Enfin s'installe la monoculture hautement mécanisée du soja transgénique, à coups d'engrais qui épuisent le sol. Qu'importe ! Le soja est très rentable. Non seulement pour le producteur, mais aussi pour l'Etat, auquel il apporte le quart de ses ressources fiscales. Une fois les coûts de production et les frais de transport déduits, les impôts payés, il reste à l'agro-industriel un revenu net de 85 euros par hectare. En Argentine, le soja transgénique, dont les cours sont portés par la demande chinoise, a encore de beaux jours devant lui.
19 July 2006
Biodiversidad no admite vallas
Tierramérica
Miércoles, 19 de julio, 2006 12:31 AM
Miércoles, 19 de julio, 2006 12:31 AM
La construcción de un muro fronterizo aceleraría el deterioro de los ecosistemas en la frontera México-Estados Unidos, alertan especialistas
Los más de 3 mil kilómetrose frontera se caracterizan por ser una región con gran riqueza biológica.POR STEPHEN LEAHY TORONTO, Canadá, y SAN JOSÉ, Estados Unidos.-Científicos temen que los intentos de cerrar la frontera entre Estados Unidos y México tengan un gran impacto sobre la naturaleza y la ecología, frágil y única, de la región.
El reciente despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos en la región fronteriza y la idea de construir muros y vallas preocupa mucho a los ecologistas de ambos países que asistieron a la vigésima reunión anual de la Sociedad para la Biología de la Conservación en San José, California, del 24 al 28 de junio.
"Un muro tendría profundos impactos ecológicos", advirtió Laura López-Hoffman, ecologista de la Universidad Nacional Autónoma de México. "Impediría el movimiento de muchas especies y algunas áreas serían destruidas durante la construcción", dijo a Tierramérica en San José.
A lo largo de la frontera hay muchas especies exóticas y amenazadas, y algunas partes son vitales para las especies migratorias, explicó.
"No hemos estudiado las potenciales consecuencias ambientales de vallas o muros, pero está claro que habrá impactos", aseguró.
La frontera internacional, de tres mil 141 kilómetros de largo, entre México y Estados Unidos, atraviesa una región biológicamente diversa de desierto, bosques de mangles, llanuras, montañas, valles de ríos, humedales, ciudades y pueblos.
Muchas especies de mamíferos, pájaros y plantas, así como 12 millones de personas, viven a lo largo de la frontera. "Los de fuera de la región no se dan cuenta de cuánto hay aquí", dijo López-Hoffman.
El Fondo Mundial para la Naturaleza y The Nature Conservancy documentaron una extraordinaria diversidad biológica en los desiertos de Chihuahua y de Sonora, en México noroccidental y Estados Unidos sudoccidental respectivamente.
Se cree que alrededor de ambos está la zona más biodiversa de América del Norte, señaló Nathan Sayre, de la Universidad de California, en la conferencia.
"El estado ambiental a lo largo de la región limítrofe (que generalmente se define como 160 mil 934 metros a cada lado de la frontera) varía de lo seriamente degradado a lo maravillosamente prístino", destacó Karl Flessa, de la Universidad de Arizona.
El área del parque Big Bend, en el meridional estado estadounidense de Texas, está en buenas condiciones, pero muchas partes a lo largo del Arizona, incluyendo algunas del Monumento Nacional Organ Pipe Cactus, un parque de 133 mil 825 hectáreas en el desierto de Sonora, están muy degradadas debido al contrabando de flora, fauna y drogas, señaló Flessa en una entrevista.
"Personal del parque en el Monumento Nacional actúa como guardia de seguridad, intentando controlar toda la actividad ilegal", resaltó.
Se estima que cuatro mil 500 millones de dólares en pájaros, lagartijas, víboras e insectos son contrabandeados a Estados Unidos cada año, principalmente a través de México, dijo en la conferencia Adrián Quijada Mascareñas, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Apenas entre 10 y 15 por ciento de los animales sobreviven para llegar a su destino final. Mascareñas dijo que los contrabandistas de drogas se están dedicando al comercio de naturaleza porque es menos riesgoso y, si son atrapados, a menudo sólo son multados.
"El volumen del contrabando de flora y fauna tiene un profundo impacto en la propia biodiversidad de México", afirmó López-Hoffman.
En efecto, las junglas y desiertos de México y América Central son vaciados para satisfacer el apetito de coleccionistas de mascotas exóticas. Y sin el enorme mercado estadounidense para drogas ilegales y mano de obra barata, habría mucho menos tráfico transfronterizo ilegal, agregó.
Construir más muros e implementar controles más estrictos simplemente significa que los contrabandistas, traficantes y trabajadores migrantes indocumentados ingresan a regiones más remotas, dañando áreas previamente intocadas, dijo Flessa.
En sus esfuerzos por frenar esta marea, los propios guardias de frontera hacen muchos daños. Construyen carreteras, queman amplias áreas para mejorar la visibilidad, cercan senderos, rellenan valles y estuarios, añadió.
La inmigración ilegal y el control de fronteras tienen el potencial de dañar algunos de los paisajes más hermosos de nuestro país, dijo Rodger Schlickeisen, presidente de la organización no gubernamental estadounidense Defenders of Wildlife (Defensores de la Naturaleza), en una declaración escrita.
En particular, Schlickeisen expresó su preocupación por el impacto ambiental de los proyectos de construcción de muros en el sudoccidente, que son parte del proyecto de inmigración del Senado de Estados Unidos. Tales barreras empobrecerían la biodiversidad de Estados Unidos, dijo Flessa.
Donativo millonario protegerá biodiversidad peruana
Lima, 13 jul (PL) El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) donará hasta 2010 26,7 millones de dólares para acciones de conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y mitigación del cambio climático.
La donación cubrirá el período 2006-2010 y será canalizada a través del financiamiento de proyectos promovidos por instituciones del sector público y organizaciones privadas sin fines de lucro.
El FMAM ha suministrado a la nación sudamericana más de 72 millones de dólares desde que en 1992 comenzó su colaboración, por lo que es el tercer país de la región, seguido de Brasil y México, que más fondos ha recibido de la institución.
A través de 29 proyectos aplicados en Perú se promovió la consolidación del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado y la gestión sostenible de la diversidad biológica con participación de poblaciones nativas.
También ha permitido el desarrollo de bionegocios vinculados a ecoturismo, zoocría y cultivos nativos, la mejora de la gestión ambiental del transporte urbano y la electrificación rural basada en el uso de energías renovables.
La organización financiera internacional provee recursos económicos a países en vías de desarrollo para proyectos que generen beneficios al ambiente global y que promuevan medios de vida sostenibles a nivel de las comunidades locales.
Desde 1991, el Fondo ha canalizado cuatro mil 500 millones de dólares en donaciones que han permitido la ejecución de más de mil 300 proyectos en 140 países.
Asimismo, financia actividades en seis temas o áreas focales, Biodiversidad, Cambio climático, Aguas internacionales, Capa de ozono, Degradación de tierras y Contaminantes orgánicos persistentes.
lac/ro
13 July 2006
Voluntary vs. CDM Carbon Projects in Mexico
Horses for Courses
Ecosystems Marketplace e-newsletters
by Amanda Hawn
Despite its considerable advantages, Mexico has been slower than other Latin American countries to sign purchase agreements for carbon via the Clean Development Mechanism (CDM). In March, however, Mexico signed its first emission reductions purchase agreement. At the same time, a local NGO recently sold forestry carbon credits into the voluntary carbon market. The Ecosystem Marketplace looks at what these two deals might tell us about Mexico, the CDM, and the implications of carbon markets for communities in developing countries.
A 30 foot heap of fetid food, old tires and decrepit shoes hardly sounds like a "clean development mechanism," but the World Bank is betting that, in Mexico at least, it will prove to be just that.
In March, a Mexican business signed its first emission reductions purchase agreement for a Clean Development Mechanism (CDM) project, paving the way for a US $8.4 million dollar investment in the country's waste management and energy sectors by the World Bank's Prototype Carbon Fund (PCF).
The Fund says it has agreed to purchase two million metric tons of carbon dioxide equivalent from the Waste Management and Carbon Offset Project.
The Kyoto Protocol requires that industrialized countries reduce their carbon emissions to five percent below 1990 levels, either by cutting emissions domestically or via a variety of so-called "mechanisms for flexibility", the most prominent of which involves investing in carbon emissions reductions projects in developing countries.
This latter option, known as the CDM, is the Protocol's primary means of involving developing countries in its attempts to reduce greenhouse gas emissions. So far, India, Korea, Argentina, Brazil, Chile and Colombia have all attracted more investment in CDM projects than Mexico; a fact that makes this first Mexican CDM deal that much more important.
Not only is it likely to shed light on what investors might be looking for when considering CDM deals in the country, but –when it is compared to another, very different, carbon deal now being negotiated by a small Mexican NGO—it also highlights why the voluntary markets, and not the CDM, may be the only way for communities in developing countries to enter the much-touted carbon market. In other words: Which Mexican projects should entertain hopes of receiving CDM money? And, just as important, which should not?
Green "Black Gold"
The Waste Management and Carbon Offset Project, owned and operated by the private company Sistemas de Energia International SA (SEISA), plans to capture methane at three landfill sites in Mexico, using it to generate electricity at two of them and just burning it at the third (since methane is a more powerful greenhouse gas than the carbon dioxide that results from its combustion, see below, this is desirable) .
As garbage decays within the oxygen-starved depths of a landfill, bacteria metabolize the waste anaerobically, giving off methane as a by-product. Solid-waste landfills leak between 30 and 70 metric tons of methane (a greenhouse gas with a warming effect roughly 21 times greater than carbon dioxide) into the atmosphere each year.
SEISA hopes to harness this giant natural gas leak for energy production, fashioning a tidy solution from a messy problem."The project will put wells into the waste and then pump out the methane from below," explains Fernando Cubillos, Project Manager for Mexico and Central America, Caribe and Colombia in the Carbon Finance Division of the World Bank. "Then the gas is either burned to convert it to carbon or used in place of fossil fuels to generate electricity through combustion."
Clinching the Deal
The technology behind the SEISA venture is nifty, but Cubillos stresses that theWorld Bank PCF invested in the project because it represented a good business deal, not just an elegant science experiment. "We are buying on behalf of our investors," says Cubillos. "When we do that, we look for a reliable sponsor who has a good project with a substantial sustainable development component."
In the case of the Carbon Waste Management and Offset Project, Cubillos says those directing investment strategy at the Prototype Carbon Fund (PCF) were already familiar with project developers at SEISA because they had worked with them on a very similar Global Environment Facility (GEF) funded landfill project in Monterrey in 2003.
In addition, the SEISA Project allowed PCF managers to tick off two other boxes – namely, the project had both clear environmental and social components. Fifteen percent of the net revenues from the sale of emissions reduction credits will go towards keeping groundwater pollutants from leaching out of the landfills, and the methane burned will provide electricity for the rural community of Ejido Los Lirios in Nuevo Leon."This project shows that landfill gas for energy is a viable Clean Development Mechanism option that can complement global with local priorities," says Jaime Saldana of SEISA.
The familiarity of its sponsors, the clear opportunity for environmental improvement, and the contribution to sustainable rural development all made the Carbon Waste Management and Offset Project a pretty sure bet for those at PCF. But, says Cubillos, the make-or-break consideration was that the project was pretty much ready-to-go."Ultimately, we look for projects that are feasible, projects that are not just good ideas but that are actually likely to happen within the next two or three years," he says.
No Quick Fix
Two to three years represents a pipedream of a timeframe for those working on a carbon offset project in the Sierra Gorda Biosphere Reserve of central Mexico. Here, subsistence farms lie scattered across steep hillsides and forests surround tired, terraced fields. The Reserve's patchwork of people and nature extends across its million acres and includes roughly 100,000 people. Against this backdrop, Bosque Sustenable, A.C, a local NGO, is planting thousands of small tree plantations to suck up and store carbon, prevent erosion, and pave the way for sustainable forestry.
In the dying light of a spring afternoon, Jose Dolores Herrera, a 69 year-old farmer, and Juan Carlos Hernandez Ramirez, the Regional Sub-Coordinator of a US $31 million project to protect biodiversity in the Reserve, sit on a log surveying Dolores' small tree plantation on the opposite slope. Holding a Gatorade bottle at an angle resembling that of the slope, Hernandez moves a pencil along the bottle to demonstrate the angle and space at which Dolores should plant future trees. It is a makeshift forestry lesson on the frontlines of the world's fight against climate change. But, as in most battles, things are often messiest up at the front. And Mexico's frontlines, acknowledge both men, can be a tough place to do business.
Growing trees for sustainable harvesting is incredibly difficult in Sierra Gorda where the average plot size is just three-hectares and the average grade is back-breakingly steep. After four years, Hernandez reckons, Ramirez might be able to harvest his first trees. But it will be another two years before he is able to recoup some of the money he invested in planting them."The natural conditions and the social conditions in Sierra Gorda are not fit for fast progress," says Hernandez. "The progress is very, very slow; but it is real."
Pati Ruiz Corzo, the energetic Director of the Sierra Gorda Biosphere Reserve, says she has been trying to market reforestation efforts in the Reserve as a carbon offset project for seven years. But, for many of the same reasons that made SEISA's landfill project attractive to buyers, the Sierra Gorda project has proven a tough sell. For obvious reasons, CDM investors generally look to minimize risk when shopping for certified emissions reductions (CERs); they want to be sure that the projects in which they invest will deliver CERs on-time, satisfaction-guaranteed. Projects like the SEISA venture, with a proven technological fix, easy-to-crunch emissions numbers, and prospects for rapid progress (not to mention methodologies already approved by the CDM Executive board, click here for an article), are much more likely to attract investment dollars than projects like Sierra Gorda's reforestation program, which features none of the above. To make matters worse, the EU Emissions Trading Scheme (EU-ETS), the largest potential market for carbon offsets, does not accept carbon credits generated via reforestation.
Round Peg, Square Hole
This, argue Ruiz and others, is not as it should be. Despite the difficulty of putting a forestry project through the CDM hoops, twenty percent of greenhouse gas emissions in the world today are thought to be the result of deforestation and unsustainable agricultural practices. Trees take-up and store carbon as a natural part of their nutrient cycle, creating carbon 'sinks' around the world in the form of forests. Since poverty drives much of the world's deforestation and unsustainable agriculture, combating global warming via reforestation could also mean combating poverty in some of the poorest and most remote areas of the developing world."
Some developing countries will benefit from the Clean Development Mechanism (CDM) by hosting renewable energy and energy efficiency projects, but many countries, and especially the poorest ones, do not have the energy or industrial infrastructure that would allow them to benefit from the CDM in a significant way," reads an introductory brochure for the World Bank's BioCarbon Fund, a fund set up to invest in reforestation projects like that in Sierra Gorda. "For many, and in particular large rural populations that are the home of so many of the poor, sinks are the only significant avenue for participating in the carbon market."
According to those in Sierra Gorda, however, meshing the demands of the business world with the realities of the developing world is no easy task."
Our project has a really strong emphasis on sustainable development, so we are working with extremely low-income property owners on small plots of land spread across a huge area. When it comes to cost we are at a disadvantage when compared to a project designed solely for efficiency where just one landowner is involved with a single large property or where smaller properties are contiguous," says David Ross, a project manager for Sierra Gorda's carbon offsets program.
Lack of proper documentation regarding land ownership is also a problem. For instance, Ross observes that, while people in the Reserve plan to reforest 1600 hectares, only 500 or so of these are likely to have proper documentation of land rights.Even with papers in order and trees planted, any credits generated for the CDM market must be verified, an expensive prospect for places plagued by rural poverty. "We prefer to keep resources local and for the CDM, you have to use an external body for certification," explains Ross.
Last but not least, reforestation in Sierra Gorda requires upfront investment since impoverished farmers lack the start-up capital necessary to purchase and plant the first trees. The CDM, on the other hand, requires that verified reductions exist before they are sold. "CDM rules are too high and too expensive to create a good deal for the people of Sierra Gorda," concludes Ruiz.
Round Peg, Round Hole
Relaxing over a cup of tea after a long day of meetings about the future of the Reserve, Ruiz sighs when thinking back on her struggle to design a carbon sequestration project for CDM investors. Since 1998, Ruiz' Grupo Ecologico has been working with an environmental consulting firm in Canada, Woodrising Consulting, Inc., to identify investors for a large-scale forestry offsets project in Sierra Gorda. The project has been "investor-ready" since 2002, but has yet to get a nibble from corporations affected by new climate change regulations. "After all these years of looking for ways to package the product, I was very disappointed," says Ruiz. Then Ruiz says she went to Australia where she "saw a whole menu of innovative programs for ecosystem services.
"Inspired by what she saw in Australia, Ruiz decided to take another look at developing a carbon offsets project in Sierra Gorda. "I saw that there were many, many ways to use these markets. And so, when I came back, I decided that we would cut our own suit for a custom fit instead of trying to fit inside of the CDM guidelines. That's when I began looking at the voluntary market."
The Voluntary Market
The world's first carbon-sequestration deal was brokered in 1988, when AES Corp., an American electricity company invested in an agroforestry project in Guatemala. AES Corp., like other companies since, hoped to reduce its "ecological footprint" for philanthropic and marketing reasons, not because it was forced to do so by legislation or global treaty. The deal thus was voluntary, marking the beginning of the "voluntary carbon market" that remains as controversial and interesting today as it was back then.
The voluntary market was the only carbon market that existed for many years until the World Bank funds got up and running some years ago, and until the Kyoto Protocol was ratified and the EU-ETS went into effect earlier this year. Unlike the newly minted regulation-driven markets, the voluntary market does not require its tradable carbon credits to undergo a certification process ensuring their measurable emissions reductions. Voluntary carbon projects also frequently require upfront investment from their credit buyers, rather than a just a commitment to purchase the credits once they are generated (CDM projects, by contrast, don't collect from their buyers until after the credits are generated).
These differences have won the voluntary market a great deal of criticism from some environmentalists who claim that it is a game of smoke and mirrors rather than an engine of actual environmental progress. The differences, however, also make the voluntary market much more accessible to community forestry projects like that in Sierra Gorda. "I know now that I will not sell my carbon to corporations, I will sell it to buyers on the voluntary market who want to offset their emissions for philanthropic reasons or for marketing reasons," says Ruiz. Recent events suggest she is right. The Sierra Gorda Biosphere Reserve will announce its first sale of carbon credits to a buyer on the voluntary market this month. "After so long trying," says Ruiz, "it is very satisfying to finally have a deal."
A Spade is a Spade
In some respects, all's well that ends well, but in other respects, the differences between the SEISA and Sierra Gorda carbon offset projects in Mexico offer a telling lesson.
The CDM is designed for corporate businesses looking to limit their risk and maximize their buying power in a regulated, compliance-driven, market. Clearly, then, policy makers should not abandon the high legal, investment and scientific standards to which CDM projects are held. To sell unverified carbon credits which do not meet some basic criteria to businesses would be to subvert the Kyoto Protocol's most basic aim: namely, to curb global warming in the most effective way possible At the same time, however, community leaders like Ruiz stress that policy makers must recognize, and probably even publicize, the limitations of the CDM in fighting for sustainable development in some of the very places where it is needed most. To claim that the CDM is the perfect tool for fighting both abject poverty and environmental degradation in Mexico, she argues, seems a slightly dishonest form of green branding. And, importantly, it is a perversion of the truth that can cost time and money to those who need it most. Leaning forward in her chair to emphasize the point, Ruiz observes, "If only someone could have told me seven years ago that my project wasn't right for the CDM, it would have saved so much time, so much energy, so much money." Ruiz now hopes that the hard lessons her group has learned will help others facing similar predicaments. Even this cloud has a silver lining.
Amanda Hawn is the Assistant Editor of the Ecosystem Marketplace.
She may be reached at athawn@mac.com.
First Posted: June 22, 2005
Ecosystems Marketplace e-newsletters
by Amanda Hawn
Despite its considerable advantages, Mexico has been slower than other Latin American countries to sign purchase agreements for carbon via the Clean Development Mechanism (CDM). In March, however, Mexico signed its first emission reductions purchase agreement. At the same time, a local NGO recently sold forestry carbon credits into the voluntary carbon market. The Ecosystem Marketplace looks at what these two deals might tell us about Mexico, the CDM, and the implications of carbon markets for communities in developing countries.
A 30 foot heap of fetid food, old tires and decrepit shoes hardly sounds like a "clean development mechanism," but the World Bank is betting that, in Mexico at least, it will prove to be just that.
In March, a Mexican business signed its first emission reductions purchase agreement for a Clean Development Mechanism (CDM) project, paving the way for a US $8.4 million dollar investment in the country's waste management and energy sectors by the World Bank's Prototype Carbon Fund (PCF).
The Fund says it has agreed to purchase two million metric tons of carbon dioxide equivalent from the Waste Management and Carbon Offset Project.
The Kyoto Protocol requires that industrialized countries reduce their carbon emissions to five percent below 1990 levels, either by cutting emissions domestically or via a variety of so-called "mechanisms for flexibility", the most prominent of which involves investing in carbon emissions reductions projects in developing countries.
This latter option, known as the CDM, is the Protocol's primary means of involving developing countries in its attempts to reduce greenhouse gas emissions. So far, India, Korea, Argentina, Brazil, Chile and Colombia have all attracted more investment in CDM projects than Mexico; a fact that makes this first Mexican CDM deal that much more important.
Not only is it likely to shed light on what investors might be looking for when considering CDM deals in the country, but –when it is compared to another, very different, carbon deal now being negotiated by a small Mexican NGO—it also highlights why the voluntary markets, and not the CDM, may be the only way for communities in developing countries to enter the much-touted carbon market. In other words: Which Mexican projects should entertain hopes of receiving CDM money? And, just as important, which should not?
Green "Black Gold"
The Waste Management and Carbon Offset Project, owned and operated by the private company Sistemas de Energia International SA (SEISA), plans to capture methane at three landfill sites in Mexico, using it to generate electricity at two of them and just burning it at the third (since methane is a more powerful greenhouse gas than the carbon dioxide that results from its combustion, see below, this is desirable) .
As garbage decays within the oxygen-starved depths of a landfill, bacteria metabolize the waste anaerobically, giving off methane as a by-product. Solid-waste landfills leak between 30 and 70 metric tons of methane (a greenhouse gas with a warming effect roughly 21 times greater than carbon dioxide) into the atmosphere each year.
SEISA hopes to harness this giant natural gas leak for energy production, fashioning a tidy solution from a messy problem."The project will put wells into the waste and then pump out the methane from below," explains Fernando Cubillos, Project Manager for Mexico and Central America, Caribe and Colombia in the Carbon Finance Division of the World Bank. "Then the gas is either burned to convert it to carbon or used in place of fossil fuels to generate electricity through combustion."
Clinching the Deal
The technology behind the SEISA venture is nifty, but Cubillos stresses that theWorld Bank PCF invested in the project because it represented a good business deal, not just an elegant science experiment. "We are buying on behalf of our investors," says Cubillos. "When we do that, we look for a reliable sponsor who has a good project with a substantial sustainable development component."
In the case of the Carbon Waste Management and Offset Project, Cubillos says those directing investment strategy at the Prototype Carbon Fund (PCF) were already familiar with project developers at SEISA because they had worked with them on a very similar Global Environment Facility (GEF) funded landfill project in Monterrey in 2003.
In addition, the SEISA Project allowed PCF managers to tick off two other boxes – namely, the project had both clear environmental and social components. Fifteen percent of the net revenues from the sale of emissions reduction credits will go towards keeping groundwater pollutants from leaching out of the landfills, and the methane burned will provide electricity for the rural community of Ejido Los Lirios in Nuevo Leon."This project shows that landfill gas for energy is a viable Clean Development Mechanism option that can complement global with local priorities," says Jaime Saldana of SEISA.
The familiarity of its sponsors, the clear opportunity for environmental improvement, and the contribution to sustainable rural development all made the Carbon Waste Management and Offset Project a pretty sure bet for those at PCF. But, says Cubillos, the make-or-break consideration was that the project was pretty much ready-to-go."Ultimately, we look for projects that are feasible, projects that are not just good ideas but that are actually likely to happen within the next two or three years," he says.
No Quick Fix
Two to three years represents a pipedream of a timeframe for those working on a carbon offset project in the Sierra Gorda Biosphere Reserve of central Mexico. Here, subsistence farms lie scattered across steep hillsides and forests surround tired, terraced fields. The Reserve's patchwork of people and nature extends across its million acres and includes roughly 100,000 people. Against this backdrop, Bosque Sustenable, A.C, a local NGO, is planting thousands of small tree plantations to suck up and store carbon, prevent erosion, and pave the way for sustainable forestry.
In the dying light of a spring afternoon, Jose Dolores Herrera, a 69 year-old farmer, and Juan Carlos Hernandez Ramirez, the Regional Sub-Coordinator of a US $31 million project to protect biodiversity in the Reserve, sit on a log surveying Dolores' small tree plantation on the opposite slope. Holding a Gatorade bottle at an angle resembling that of the slope, Hernandez moves a pencil along the bottle to demonstrate the angle and space at which Dolores should plant future trees. It is a makeshift forestry lesson on the frontlines of the world's fight against climate change. But, as in most battles, things are often messiest up at the front. And Mexico's frontlines, acknowledge both men, can be a tough place to do business.
Growing trees for sustainable harvesting is incredibly difficult in Sierra Gorda where the average plot size is just three-hectares and the average grade is back-breakingly steep. After four years, Hernandez reckons, Ramirez might be able to harvest his first trees. But it will be another two years before he is able to recoup some of the money he invested in planting them."The natural conditions and the social conditions in Sierra Gorda are not fit for fast progress," says Hernandez. "The progress is very, very slow; but it is real."
Pati Ruiz Corzo, the energetic Director of the Sierra Gorda Biosphere Reserve, says she has been trying to market reforestation efforts in the Reserve as a carbon offset project for seven years. But, for many of the same reasons that made SEISA's landfill project attractive to buyers, the Sierra Gorda project has proven a tough sell. For obvious reasons, CDM investors generally look to minimize risk when shopping for certified emissions reductions (CERs); they want to be sure that the projects in which they invest will deliver CERs on-time, satisfaction-guaranteed. Projects like the SEISA venture, with a proven technological fix, easy-to-crunch emissions numbers, and prospects for rapid progress (not to mention methodologies already approved by the CDM Executive board, click here for an article), are much more likely to attract investment dollars than projects like Sierra Gorda's reforestation program, which features none of the above. To make matters worse, the EU Emissions Trading Scheme (EU-ETS), the largest potential market for carbon offsets, does not accept carbon credits generated via reforestation.
Round Peg, Square Hole
This, argue Ruiz and others, is not as it should be. Despite the difficulty of putting a forestry project through the CDM hoops, twenty percent of greenhouse gas emissions in the world today are thought to be the result of deforestation and unsustainable agricultural practices. Trees take-up and store carbon as a natural part of their nutrient cycle, creating carbon 'sinks' around the world in the form of forests. Since poverty drives much of the world's deforestation and unsustainable agriculture, combating global warming via reforestation could also mean combating poverty in some of the poorest and most remote areas of the developing world."
Some developing countries will benefit from the Clean Development Mechanism (CDM) by hosting renewable energy and energy efficiency projects, but many countries, and especially the poorest ones, do not have the energy or industrial infrastructure that would allow them to benefit from the CDM in a significant way," reads an introductory brochure for the World Bank's BioCarbon Fund, a fund set up to invest in reforestation projects like that in Sierra Gorda. "For many, and in particular large rural populations that are the home of so many of the poor, sinks are the only significant avenue for participating in the carbon market."
According to those in Sierra Gorda, however, meshing the demands of the business world with the realities of the developing world is no easy task."
Our project has a really strong emphasis on sustainable development, so we are working with extremely low-income property owners on small plots of land spread across a huge area. When it comes to cost we are at a disadvantage when compared to a project designed solely for efficiency where just one landowner is involved with a single large property or where smaller properties are contiguous," says David Ross, a project manager for Sierra Gorda's carbon offsets program.
Lack of proper documentation regarding land ownership is also a problem. For instance, Ross observes that, while people in the Reserve plan to reforest 1600 hectares, only 500 or so of these are likely to have proper documentation of land rights.Even with papers in order and trees planted, any credits generated for the CDM market must be verified, an expensive prospect for places plagued by rural poverty. "We prefer to keep resources local and for the CDM, you have to use an external body for certification," explains Ross.
Last but not least, reforestation in Sierra Gorda requires upfront investment since impoverished farmers lack the start-up capital necessary to purchase and plant the first trees. The CDM, on the other hand, requires that verified reductions exist before they are sold. "CDM rules are too high and too expensive to create a good deal for the people of Sierra Gorda," concludes Ruiz.
Round Peg, Round Hole
Relaxing over a cup of tea after a long day of meetings about the future of the Reserve, Ruiz sighs when thinking back on her struggle to design a carbon sequestration project for CDM investors. Since 1998, Ruiz' Grupo Ecologico has been working with an environmental consulting firm in Canada, Woodrising Consulting, Inc., to identify investors for a large-scale forestry offsets project in Sierra Gorda. The project has been "investor-ready" since 2002, but has yet to get a nibble from corporations affected by new climate change regulations. "After all these years of looking for ways to package the product, I was very disappointed," says Ruiz. Then Ruiz says she went to Australia where she "saw a whole menu of innovative programs for ecosystem services.
"Inspired by what she saw in Australia, Ruiz decided to take another look at developing a carbon offsets project in Sierra Gorda. "I saw that there were many, many ways to use these markets. And so, when I came back, I decided that we would cut our own suit for a custom fit instead of trying to fit inside of the CDM guidelines. That's when I began looking at the voluntary market."
The Voluntary Market
The world's first carbon-sequestration deal was brokered in 1988, when AES Corp., an American electricity company invested in an agroforestry project in Guatemala. AES Corp., like other companies since, hoped to reduce its "ecological footprint" for philanthropic and marketing reasons, not because it was forced to do so by legislation or global treaty. The deal thus was voluntary, marking the beginning of the "voluntary carbon market" that remains as controversial and interesting today as it was back then.
The voluntary market was the only carbon market that existed for many years until the World Bank funds got up and running some years ago, and until the Kyoto Protocol was ratified and the EU-ETS went into effect earlier this year. Unlike the newly minted regulation-driven markets, the voluntary market does not require its tradable carbon credits to undergo a certification process ensuring their measurable emissions reductions. Voluntary carbon projects also frequently require upfront investment from their credit buyers, rather than a just a commitment to purchase the credits once they are generated (CDM projects, by contrast, don't collect from their buyers until after the credits are generated).
These differences have won the voluntary market a great deal of criticism from some environmentalists who claim that it is a game of smoke and mirrors rather than an engine of actual environmental progress. The differences, however, also make the voluntary market much more accessible to community forestry projects like that in Sierra Gorda. "I know now that I will not sell my carbon to corporations, I will sell it to buyers on the voluntary market who want to offset their emissions for philanthropic reasons or for marketing reasons," says Ruiz. Recent events suggest she is right. The Sierra Gorda Biosphere Reserve will announce its first sale of carbon credits to a buyer on the voluntary market this month. "After so long trying," says Ruiz, "it is very satisfying to finally have a deal."
A Spade is a Spade
In some respects, all's well that ends well, but in other respects, the differences between the SEISA and Sierra Gorda carbon offset projects in Mexico offer a telling lesson.
The CDM is designed for corporate businesses looking to limit their risk and maximize their buying power in a regulated, compliance-driven, market. Clearly, then, policy makers should not abandon the high legal, investment and scientific standards to which CDM projects are held. To sell unverified carbon credits which do not meet some basic criteria to businesses would be to subvert the Kyoto Protocol's most basic aim: namely, to curb global warming in the most effective way possible At the same time, however, community leaders like Ruiz stress that policy makers must recognize, and probably even publicize, the limitations of the CDM in fighting for sustainable development in some of the very places where it is needed most. To claim that the CDM is the perfect tool for fighting both abject poverty and environmental degradation in Mexico, she argues, seems a slightly dishonest form of green branding. And, importantly, it is a perversion of the truth that can cost time and money to those who need it most. Leaning forward in her chair to emphasize the point, Ruiz observes, "If only someone could have told me seven years ago that my project wasn't right for the CDM, it would have saved so much time, so much energy, so much money." Ruiz now hopes that the hard lessons her group has learned will help others facing similar predicaments. Even this cloud has a silver lining.
Amanda Hawn is the Assistant Editor of the Ecosystem Marketplace.
She may be reached at athawn@mac.com.
First Posted: June 22, 2005
El número de medusas triplica ya al de peces en algunos mares
SON UNAS 'TEMIBLES CAZADORAS'
Actualizado jueves 13/07/2006 15:49 (CET)
EFE
MADRID.- El número de medusas triplica ya al de peces en algunos mares a causa de la sobrepesca, un cambio radical del ecosistema, que según expertos consultados por Efe, ha comenzado a notarse también en aguas españolas y que sería en parte responsable de la disminución de la anchoa en el Cantábrico.
Las medusas, del grupo de los cnidarios, "son unas temibles cazadoras" que se alimentan de crustáceos, además de huevos y larvas de otros peces como la sardina o la merluza, compiten con ventaja por el alimento con otras especies como grandes crustáceos, y disminuyen sus posibilidades de encontrar presas.
Así, en las aguas de Namibia, ya son 12,2 millones de toneladas de medusas frente a 3,6 millones de toneladas de peces, una situación opuesta a la que existía en el pasado y que pone en peligro la supervivencia de algunas especies, según un trabajo que acaba de publicar la revista 'Current Biology'.
"La sobrepesca es uno de los factores fundamentales en la excesiva proliferación de medusas en las aguas de Namibia", señaló Andrew Brierley, uno de los autores de la investigación, en la que han participado científicos de Reino Unido, Suráfrica y Noruega.
Aunque en la actualidad no existe ningún estudio equivalente en aguas españolas, Josep María Gili, investigador del Instituto de Ciencias del Mar (CSIC), explicó que en el Mediterráneo "se está produciendo ya" un fenómeno similar al de Namibia.
La acción depredadora de las medusas se postula también como causa de la reducción de la población de anchoa en aguas del País Vasco, según Gili, que recordó que ya se han dado otros casos similares en el Atlántico Norte o el mar Negro.
En el caso de los bancos de pesca de Namibia, subrayó que los primeros indicios de la actual superpoblación fueron observados hace 20 años, pero que se ha esperado demasiado tiempo a intervenir porque el problema "no se tomó en serio por las autoridades".
Esa situación sucede actualmente en España, opina Gili, ya que "no hay todavía ningún proyecto" que estudie los efectos de la sobrepesca en la proliferación excesiva de medusas a pesar de que estos organismos "llegan en grandes cantidades y con demasiada frecuencia" a las costas del país.
Una vez que la medusa se convierte en especie dominante, la recuperación del equilibrio es muy complicada, según este investigador, que calcula que serían necesarias moratorias de pesca de entre 10 y 20 años para estabilizar de nuevo el ecosistema.
El exceso de capturas favorece la proliferación de medusas ya que reduce el número de depredadores tradicionales de esa especie, como son el atún o la tortuga.
Una medusa adulta puede vivir de seis meses a un año, y tiene unos periodos de aparición estacionales.
En el Mediterráneo, donde habitan 300 de las 4.000 especies conocidas de este cnidario, el periodo de máxima abundancia se sitúa entre inicios de primavera hasta finales de verano, mientras que el resto del año hay muy pocos individuos y aguardan en forma de pólipos en el fondo del mar o en forma de huevos en el plancton.
Actualizado jueves 13/07/2006 15:49 (CET)
EFE
MADRID.- El número de medusas triplica ya al de peces en algunos mares a causa de la sobrepesca, un cambio radical del ecosistema, que según expertos consultados por Efe, ha comenzado a notarse también en aguas españolas y que sería en parte responsable de la disminución de la anchoa en el Cantábrico.
Las medusas, del grupo de los cnidarios, "son unas temibles cazadoras" que se alimentan de crustáceos, además de huevos y larvas de otros peces como la sardina o la merluza, compiten con ventaja por el alimento con otras especies como grandes crustáceos, y disminuyen sus posibilidades de encontrar presas.
Así, en las aguas de Namibia, ya son 12,2 millones de toneladas de medusas frente a 3,6 millones de toneladas de peces, una situación opuesta a la que existía en el pasado y que pone en peligro la supervivencia de algunas especies, según un trabajo que acaba de publicar la revista 'Current Biology'.
"La sobrepesca es uno de los factores fundamentales en la excesiva proliferación de medusas en las aguas de Namibia", señaló Andrew Brierley, uno de los autores de la investigación, en la que han participado científicos de Reino Unido, Suráfrica y Noruega.
Aunque en la actualidad no existe ningún estudio equivalente en aguas españolas, Josep María Gili, investigador del Instituto de Ciencias del Mar (CSIC), explicó que en el Mediterráneo "se está produciendo ya" un fenómeno similar al de Namibia.
La acción depredadora de las medusas se postula también como causa de la reducción de la población de anchoa en aguas del País Vasco, según Gili, que recordó que ya se han dado otros casos similares en el Atlántico Norte o el mar Negro.
En el caso de los bancos de pesca de Namibia, subrayó que los primeros indicios de la actual superpoblación fueron observados hace 20 años, pero que se ha esperado demasiado tiempo a intervenir porque el problema "no se tomó en serio por las autoridades".
Esa situación sucede actualmente en España, opina Gili, ya que "no hay todavía ningún proyecto" que estudie los efectos de la sobrepesca en la proliferación excesiva de medusas a pesar de que estos organismos "llegan en grandes cantidades y con demasiada frecuencia" a las costas del país.
Una vez que la medusa se convierte en especie dominante, la recuperación del equilibrio es muy complicada, según este investigador, que calcula que serían necesarias moratorias de pesca de entre 10 y 20 años para estabilizar de nuevo el ecosistema.
El exceso de capturas favorece la proliferación de medusas ya que reduce el número de depredadores tradicionales de esa especie, como son el atún o la tortuga.
Una medusa adulta puede vivir de seis meses a un año, y tiene unos periodos de aparición estacionales.
En el Mediterráneo, donde habitan 300 de las 4.000 especies conocidas de este cnidario, el periodo de máxima abundancia se sitúa entre inicios de primavera hasta finales de verano, mientras que el resto del año hay muy pocos individuos y aguardan en forma de pólipos en el fondo del mar o en forma de huevos en el plancton.
Donan 12 millones de dólares a Panamá para ambiente
Panamá, 10 jul (PL)
Panamá recibió 12 millones de dólares del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), que se destinarán a la conservación de la biodiversidad y la reducción de los efectos del cambio climático.
La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) de este país será el organismo encargado de ejecutar los proyectos para la protección del entorno.
Según una nota de prensa de la ANAM, 10,1 millones de dólares se utilizarán para la preservación de la biodiversidad y 2,5 millones de dólares en acciones para mitigar los efectos del cambio climático.
Agregó que se logrará la recuperación de un alto porcentaje de las áreas degradadas del territorio nacional.
El FMAM es la principal fuente de financiamiento del entorno del planeta y para sus proyectos cuenta con el Banco Mundial, los Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y para el Medio Ambiente (PNUMA).
jl/mbz
Panamá recibió 12 millones de dólares del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), que se destinarán a la conservación de la biodiversidad y la reducción de los efectos del cambio climático.
La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) de este país será el organismo encargado de ejecutar los proyectos para la protección del entorno.
Según una nota de prensa de la ANAM, 10,1 millones de dólares se utilizarán para la preservación de la biodiversidad y 2,5 millones de dólares en acciones para mitigar los efectos del cambio climático.
Agregó que se logrará la recuperación de un alto porcentaje de las áreas degradadas del territorio nacional.
El FMAM es la principal fuente de financiamiento del entorno del planeta y para sus proyectos cuenta con el Banco Mundial, los Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y para el Medio Ambiente (PNUMA).
jl/mbz
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