Ambos aprehendidos llevaban 13 ejemplares de iguanas, las cuales son protegidas de la fauna estatal
Óscar Gutiérrez/ corresponsal El Universal
Tuxtla Gutiérrrez Domingo 21 de diciembre de 2008 13:51
Policías estatales detuvieron en la región Istmo-costa chiapaneca a dos hombres en posesión de 13 ejemplares de iguanas, una de las especies en riesgo y protegidas de la fauna estatal.
La secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) informó que durante un patrullaje fue detenido Anselmo Hernández Meléndez, de 24 años, a quien le aseguró cinco especímenes de iguana verde en el interior de una bolsa de plástico.
Medio kilómetro más adelante fue sorprendido Felipe Cruz de los Santos, de 20 años, quien llevaba dentro de un costal ocho iguanas negras.
Ambos fueron aprehendidos en un tramo carretero de la colonia Las Brisas del municipio de Pijijiapan y enfrentan cargos de tráfico de fauna silvestre y los que resulten.
Según especialistas, Chiapas aloja el 51 % de vertebrados y 10 mil especies de plantas de las 30 mil que se tienen en el territorio nacional.
El 90 por ciento de esa biodiversidad de fauna y flora original se concentra en las áreas naturales protegidas de la entidad.
No obstante, el biólogo y coordinador de monitoreo biológico y especies prioritarias de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) Frontera Sur, Carlos Alberto Guichard Romero advirtió que esa biodiversidad se encuentra en riesgo y algunas en peligro de extinción gradual , debido al deterioro forestal.
Destacó que la perturbación y transformación del 70 % de los ecosistemas de la región en los últimos años redujeron la población original de la fauna chiapaneca.
El maestro en ciencias y especialista en biodiversidad puntualizó que de las mil 200 especies de vertebrados que recorren, se desplazan y se arrastran sobre los suelos de Chiapas, 400 de ellas están clasificadas en alguna categoría de riesgo.
mma
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22 December 2008
06 August 2008
Marcha de Silvicultores, Tuxtla Gtz., Chiapas
To: coinbio@googlegroups.com
Date: Wed, 6 Aug 2008 12:04:11 -0700 (PDT)
From: "Virginia Montes"
Subject: Manifestación de silvicultores en Chiapas
El 24 de Julio de 2008, hubo un
En resumen, se está viendo la necesidad urgente de abrir cauces reales de participación y democratización de la política forestal. Como ya hemos visto en otros casos, la falta de esos cauces, ha desatado acciones desesperadas en Chiapas y en otros lugares, que no son lo que desearían ni los propios demandantes y menos las autoridades de las que damandan atención.Pueden ver el video haciendo click aquí.
Trabscribo la parte final del video:
Estamos demandando:
1. Que una comisión distinta al Comité PROARBOL, integrada con personal técnico calificado y una reconocida autoridad moral y una representacion de los silvicultores que suscribimos este docmento, revise de acuerdo a las Reglas de Operación cómo fueron califcadas las solicitudes.
2. Del dictámen de la Comisión las solicitudes que alcancen calificación se le asignen recursos de apoyo PROARBOL 2008.
3. Revisión, de acuerdo a la ley y Reglas de Operación, del funcionamiento y representatividad del Comité técnico PROABOL y de todos los comités de los diversos programas de la CONAFOR, demandando que exista una representación real de los silvicultores titulares de aprovechamientos forestales, artículo 112.
4. Que las reglas de operación se elaboren de acuerdo con la realidad económica, social y el patrimonio forestal del Estado de Chiapas.
5. Exigimos la destitución de las cabezas más visibles de la corrupción de la CONAFOR en Chiapas, que son el gerente Regional Angel Rivera Galván y el señor Diógenes Clemente Rodríguez.
Finalmente, afirmamos que corromper y perveritr de esta manera la actividad forestal, es un atentado a la sobrevivencia de la humanidad.
22 November 2007
Adopta Chiapas modelo de desarrollo sustentable que tiene la Sierra Norte
Noticias de Oaxaca,
Monday 12 de November de 2007 num. 11052
PEDRO MATIAS
Ejidatarios del estado de Chiapas buscarán adaptar los modelos de trabajo que realizan las comunidades de la Sierra Norte para lograr un desarrollo sustentable si aprovechan adecuadamente sus recursos forestales, informó el gerente regional de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Salvador Anta Fonseca.
Además, adelantó que a partir del próximo año el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario (PROCYMAF II) de la CONAFOR se extenderá a seis estados más, entre ellos Chiapas.
Explicó que durante una semana un grupo de ejidatarios, integrantes de organismos civiles y funcionarios tanto federales como estatales de Chiapas, conocieron las experiencias de manejo forestal comunitario de Ixtlán de Juárez, La Trinidad, Capulálpam de Méndez y Santa Catarina Ixtepeji.
Los chiapanecos regresaron a su entidad convencidos que si es posible lograr un desarrollo sustentable si se aprovechan adecuadamente los recursos forestales y si se trabaja de manera organizada.
Anta Fonseca manifestó que la visita de los chiapanecos tuvo como propósito recabar información del proceso de desarrollo que iniciaron pobladores de la Sierra Juárez desde hace aproximadamente dos décadas, así como los impactos del Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales de México (PROCYMAF) que opera la CONAFOR, principalmente con recursos del Banco Mundial.
Debido a que la Comisión contempla ampliar la cobertura del PROCYMAF II a otros seis estados, ya que actualmente opera sólo en Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, y por supuesto Oaxaca, entidad donde se ejecutó como programa piloto y que es ejemplo en materia de desarrollo forestal comunitario.
Y anunció que "Chiapas está considerado para la tercera etapa, lo vamos a operar con recursos fiscales propios de México", comentó el funcionario federal.
Por ello celebró el hecho de que un grupo de chiapanecos estuviera en comunidades de la Sierra Juárez, ya que "este tipo de visitas son muy importantes porque se llevarán ideas para ir construyendo su propio proceso".
Añadió que Chiapas "es un estado de gran importancia para el país por su biodiversidad, sus bosques, pero también con grandes retos por sus condiciones de pobreza, por eso requiere alternativas de buen uso de los recursos naturales".
El funcionario federal reconoció que hay una visión equivocada de que el no tocar los recursos naturales significa protegerlos y conservarlos, y precisamente eso ha llevado a grandes errores.
"Yo creo que las grandes enseñanzas de comunidades como las que conocieron es que el aprovechamiento sostenible y adecuado con base en la organización técnica, en la organización comunitaria y en función de los intereses y necesidades de las comunidades, ha demostrado que es la mejor forma de proteger y conservar los recursos naturales", resaltó.
Además, "no se necesita aprovechar todo el bosque, hay áreas que se pueden dejar para la conservación de la biodiversidad, para mantenimiento de manantiales, el bosque se aprovecha bajo procedimientos que permiten la regeneración", puntualizó.
Finalmente dijo que "los mejores ejemplos de silvicultura comunitaria del mundo están en México, todos están viendo hoy a México como el ejemplo de cómo comunidades y ejidos son capaces de aprovechar y manejar el bosque".
Monday 12 de November de 2007 num. 11052
PEDRO MATIAS
Ejidatarios del estado de Chiapas buscarán adaptar los modelos de trabajo que realizan las comunidades de la Sierra Norte para lograr un desarrollo sustentable si aprovechan adecuadamente sus recursos forestales, informó el gerente regional de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Salvador Anta Fonseca.
Además, adelantó que a partir del próximo año el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario (PROCYMAF II) de la CONAFOR se extenderá a seis estados más, entre ellos Chiapas.
Explicó que durante una semana un grupo de ejidatarios, integrantes de organismos civiles y funcionarios tanto federales como estatales de Chiapas, conocieron las experiencias de manejo forestal comunitario de Ixtlán de Juárez, La Trinidad, Capulálpam de Méndez y Santa Catarina Ixtepeji.
Los chiapanecos regresaron a su entidad convencidos que si es posible lograr un desarrollo sustentable si se aprovechan adecuadamente los recursos forestales y si se trabaja de manera organizada.
Anta Fonseca manifestó que la visita de los chiapanecos tuvo como propósito recabar información del proceso de desarrollo que iniciaron pobladores de la Sierra Juárez desde hace aproximadamente dos décadas, así como los impactos del Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales de México (PROCYMAF) que opera la CONAFOR, principalmente con recursos del Banco Mundial.
Debido a que la Comisión contempla ampliar la cobertura del PROCYMAF II a otros seis estados, ya que actualmente opera sólo en Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, y por supuesto Oaxaca, entidad donde se ejecutó como programa piloto y que es ejemplo en materia de desarrollo forestal comunitario.
Y anunció que "Chiapas está considerado para la tercera etapa, lo vamos a operar con recursos fiscales propios de México", comentó el funcionario federal.
Por ello celebró el hecho de que un grupo de chiapanecos estuviera en comunidades de la Sierra Juárez, ya que "este tipo de visitas son muy importantes porque se llevarán ideas para ir construyendo su propio proceso".
Añadió que Chiapas "es un estado de gran importancia para el país por su biodiversidad, sus bosques, pero también con grandes retos por sus condiciones de pobreza, por eso requiere alternativas de buen uso de los recursos naturales".
El funcionario federal reconoció que hay una visión equivocada de que el no tocar los recursos naturales significa protegerlos y conservarlos, y precisamente eso ha llevado a grandes errores.
"Yo creo que las grandes enseñanzas de comunidades como las que conocieron es que el aprovechamiento sostenible y adecuado con base en la organización técnica, en la organización comunitaria y en función de los intereses y necesidades de las comunidades, ha demostrado que es la mejor forma de proteger y conservar los recursos naturales", resaltó.
Además, "no se necesita aprovechar todo el bosque, hay áreas que se pueden dejar para la conservación de la biodiversidad, para mantenimiento de manantiales, el bosque se aprovecha bajo procedimientos que permiten la regeneración", puntualizó.
Finalmente dijo que "los mejores ejemplos de silvicultura comunitaria del mundo están en México, todos están viendo hoy a México como el ejemplo de cómo comunidades y ejidos son capaces de aprovechar y manejar el bosque".
07 November 2007
La deforestación: otro error político que ahora pagan tabasqueños y chiapanecos
Greenpeace México
Boletín 07102 / 6 de noviembre de 2007
La tragedia que vive Tabasco es política más que ambiental y a la falta de políticas de mitigación y adaptación (por corrupción, por negligencia, por incapacidad o por cualquier otra causa) hay que agregar la deforestación, es decir, la falta de políticas públicas adecuadas destinadas a proteger los bosques de todo el país y en este caso, los de Tabasco y Chiapas, advirtió la organización ambientalista Greenpeace.
"La situación de los bosques en Tabasco contribuyó a agravar el impacto y la extensión de éstas inundaciones. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Tabasco es uno de los tres estados que han sufrido mayor transformación de su cubierta forestal en zonas de uso agropecuario. Este estado sufrió, entre 1981 y 1992, una reducción del 29 por ciento en su cobertura vegetal natural y un incremento de ocho por ciento en las zonas de uso agropecuario. Es decir, en sólo once años, la superficie destinada a la agricultura y ganadería pasó del 61 por ciento al 69 por ciento de todo su territorio (1)”, explicó Héctor Magallón, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace México.
Y es que al perder bosques por tala, ganadería, agricultura o cualquier otra razón, perdemos la capacidad de estos ecosistemas para absorber CO2, para capturar el agua de lluvia y filtrarla al subsuelo y, por el contrario, lo que provocamos es que los bosques destruidos generen CO2 adicional y que en vez de capturar el agua de lluvia, se erosionen y deslaven los suelos y se arrastre toda la materia orgánica de las zonas altas a los ríos, azolvándolos y ocasionando que se desborden. En cambio, una capa vegetal de bosques bien conservada retiene el suelo con sus raíces, disminuye la fuerza del agua de lluvia y promueve su infiltración hacia el subsuelo. De hecho, tragedias como la del domingo pasado en Juan Grijalva, donde un cerro se desgajó sobre la comunidad, también pueden ser prevenidos con una adecuada política forestal, ya que la cobertura forestal ayuda a evitar los deslaves.
"No es casual que las consecuencias de este tipo de fenómenos sean más graves en las regiones donde la deforestación ha sido más aguda, como es el caso de Chiapas, uno de los cuatro estados más deforestados del país (2), y donde se encuentra la cabecera o zona de captación de agua de la Cuenca del Río Grijalva- Villahermosa. Esto, sin duda, ocasiona que el flujo de agua hacia la parte baja de la cuenca sea mucho mayor de lo que sería si hubiera una cobertura forestal adecuada en Chiapas y en el propio estado de Tabasco”, explicó Magallón.
En este contexto, de agudización de impactos del cambio climático debido a la deforestación, Greenpeace hizo un nuevo llamado a los diputados para que modifiquen el Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) 2008, dado que la actual política forestal no reducirá la tasa de deforestación. De hecho, nuestro país perdió la mitad de su superficie forestal en sólo 50 años.
"La actual política forestal, reflejada en el PPEF 2008, ahondará aún más la crisis que enfrentan actualmente nuestros bosques, acelera el cambio climático y nos hará cada día más vulnerables. Proteger los bosques es parte de las políticas de prevención y mitigación indispensables en nuestro país para reducir los impactos del cambio climático”, dijo Magallón.
Los bosques de nuestro país desaparecen a un ritmo de entre 500 y 600 mil hectáreas por año (3). En vista de esto, el PPEF propuesto por el Ejecutivo para la conservación de los bosques es insuficiente, ya que pretende asignar sólo 7 mil 80 millones de pesos a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
"Los legisladores tienen la oportunidad de revertir esta situación, modificando el PPEF 2008, para fortalecer los programas que sí ayudan a detener la deforestación, a mitigar el cambio climático y sus impactos, y que mejoran la calidad de vida de los 13 millones de personas que viven en los bosques. Para lograrlo, es necesario incrementar 2 mil 600 millones a la Conafor, mil 136 millones a la Conanp y 504 millones a la Profepa, y asignar estos aumentos a los programas que sí ayudan a revertir la problemática forestal: Procymaf, Prodefor, Proders, consolidación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y combate a las bandas de talamontes”, dijo Magallón.
Tal como está actualmente el presupuesto, pretende destinar únicamente 752 millones de pesos a los programas que promueven el Manejo Forestal Sustentable (MFS), es decir a Prodefor y Procymaf. Es decir, los programas que sí ayudan a revertir la grave crisis de los bosques de nuestro país recibirán 132 millones de pesos menos que lo que se destinará a promover las plantaciones (que recibirá 38 por ciento de los recursos asignados) y mil millones de pesos menos que el programa de reforestación (que, con suerte, funciona en 50 por ciento).
"Necesitamos compromisos y políticas claras y concretas del Ejecutivo para mitigar y adaptar, pero en estos momentos también llamamos al Legislativo a hacer su parte: sembrar arbolitos sin ton ni son no es conservar los bosques, no es detener la deforestación y no evita catástrofes como las que estamos viviendo en Tabasco y Chiapas. En sus manos tienen darle un giro radical al presupuesto forestal, a fin de que los bosques que todavía tenemos se conserven y nos protejan”, finalizó Magallón.
Notas:
(1) Biodiversidad y Conservación en México: vertebrados, vegetación y uso de suelo”, Flores Villela, Oscar y P. Geréz. 1994. CONABIO, UNAM. 439 pp.
(2) .“Assessing Land Use⁄ Cover Changes: a Nationwide Multidate Spatial Database for Mexico”, Mas et al, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 5, 2004: 249-261.
(3) .“Assessing Land Use⁄ Cover Changes: a Nationwide Multidate Spatial Database for Mexico”, Mas et al, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 5, 2004: 249-261.
Más información con Raúl Estrada en los tels. 04455-33-96-46-54 y 5687 9595 ext. 120, email: raul.estrada@mx.greeenpeace.org o en la página www.greenpeace.org.mx.
Boletín 07102 / 6 de noviembre de 2007
La tragedia que vive Tabasco es política más que ambiental y a la falta de políticas de mitigación y adaptación (por corrupción, por negligencia, por incapacidad o por cualquier otra causa) hay que agregar la deforestación, es decir, la falta de políticas públicas adecuadas destinadas a proteger los bosques de todo el país y en este caso, los de Tabasco y Chiapas, advirtió la organización ambientalista Greenpeace.
"La situación de los bosques en Tabasco contribuyó a agravar el impacto y la extensión de éstas inundaciones. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Tabasco es uno de los tres estados que han sufrido mayor transformación de su cubierta forestal en zonas de uso agropecuario. Este estado sufrió, entre 1981 y 1992, una reducción del 29 por ciento en su cobertura vegetal natural y un incremento de ocho por ciento en las zonas de uso agropecuario. Es decir, en sólo once años, la superficie destinada a la agricultura y ganadería pasó del 61 por ciento al 69 por ciento de todo su territorio (1)”, explicó Héctor Magallón, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace México.
Y es que al perder bosques por tala, ganadería, agricultura o cualquier otra razón, perdemos la capacidad de estos ecosistemas para absorber CO2, para capturar el agua de lluvia y filtrarla al subsuelo y, por el contrario, lo que provocamos es que los bosques destruidos generen CO2 adicional y que en vez de capturar el agua de lluvia, se erosionen y deslaven los suelos y se arrastre toda la materia orgánica de las zonas altas a los ríos, azolvándolos y ocasionando que se desborden. En cambio, una capa vegetal de bosques bien conservada retiene el suelo con sus raíces, disminuye la fuerza del agua de lluvia y promueve su infiltración hacia el subsuelo. De hecho, tragedias como la del domingo pasado en Juan Grijalva, donde un cerro se desgajó sobre la comunidad, también pueden ser prevenidos con una adecuada política forestal, ya que la cobertura forestal ayuda a evitar los deslaves.
"No es casual que las consecuencias de este tipo de fenómenos sean más graves en las regiones donde la deforestación ha sido más aguda, como es el caso de Chiapas, uno de los cuatro estados más deforestados del país (2), y donde se encuentra la cabecera o zona de captación de agua de la Cuenca del Río Grijalva- Villahermosa. Esto, sin duda, ocasiona que el flujo de agua hacia la parte baja de la cuenca sea mucho mayor de lo que sería si hubiera una cobertura forestal adecuada en Chiapas y en el propio estado de Tabasco”, explicó Magallón.
En este contexto, de agudización de impactos del cambio climático debido a la deforestación, Greenpeace hizo un nuevo llamado a los diputados para que modifiquen el Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) 2008, dado que la actual política forestal no reducirá la tasa de deforestación. De hecho, nuestro país perdió la mitad de su superficie forestal en sólo 50 años.
"La actual política forestal, reflejada en el PPEF 2008, ahondará aún más la crisis que enfrentan actualmente nuestros bosques, acelera el cambio climático y nos hará cada día más vulnerables. Proteger los bosques es parte de las políticas de prevención y mitigación indispensables en nuestro país para reducir los impactos del cambio climático”, dijo Magallón.
Los bosques de nuestro país desaparecen a un ritmo de entre 500 y 600 mil hectáreas por año (3). En vista de esto, el PPEF propuesto por el Ejecutivo para la conservación de los bosques es insuficiente, ya que pretende asignar sólo 7 mil 80 millones de pesos a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
"Los legisladores tienen la oportunidad de revertir esta situación, modificando el PPEF 2008, para fortalecer los programas que sí ayudan a detener la deforestación, a mitigar el cambio climático y sus impactos, y que mejoran la calidad de vida de los 13 millones de personas que viven en los bosques. Para lograrlo, es necesario incrementar 2 mil 600 millones a la Conafor, mil 136 millones a la Conanp y 504 millones a la Profepa, y asignar estos aumentos a los programas que sí ayudan a revertir la problemática forestal: Procymaf, Prodefor, Proders, consolidación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y combate a las bandas de talamontes”, dijo Magallón.
Tal como está actualmente el presupuesto, pretende destinar únicamente 752 millones de pesos a los programas que promueven el Manejo Forestal Sustentable (MFS), es decir a Prodefor y Procymaf. Es decir, los programas que sí ayudan a revertir la grave crisis de los bosques de nuestro país recibirán 132 millones de pesos menos que lo que se destinará a promover las plantaciones (que recibirá 38 por ciento de los recursos asignados) y mil millones de pesos menos que el programa de reforestación (que, con suerte, funciona en 50 por ciento).
"Necesitamos compromisos y políticas claras y concretas del Ejecutivo para mitigar y adaptar, pero en estos momentos también llamamos al Legislativo a hacer su parte: sembrar arbolitos sin ton ni son no es conservar los bosques, no es detener la deforestación y no evita catástrofes como las que estamos viviendo en Tabasco y Chiapas. En sus manos tienen darle un giro radical al presupuesto forestal, a fin de que los bosques que todavía tenemos se conserven y nos protejan”, finalizó Magallón.
Notas:
(1) Biodiversidad y Conservación en México: vertebrados, vegetación y uso de suelo”, Flores Villela, Oscar y P. Geréz. 1994. CONABIO, UNAM. 439 pp.
(2) .“Assessing Land Use⁄ Cover Changes: a Nationwide Multidate Spatial Database for Mexico”, Mas et al, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 5, 2004: 249-261.
(3) .“Assessing Land Use⁄ Cover Changes: a Nationwide Multidate Spatial Database for Mexico”, Mas et al, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 5, 2004: 249-261.
Más información con Raúl Estrada en los tels. 04455-33-96-46-54 y 5687 9595 ext. 120, email: raul.estrada@mx.greeenpeace.org o en la página www.greenpeace.org.mx.
11 October 2007
Contempla PPP desarrollar una megacuenca forestal
El Heraldo de Tabasco, 10 de Octubre de 2007
Los integrantes del Plan Puebla-Panamá impulsarán este proyecto que en términos generales está presentado en la Expo Forestal Regional.
Invertirá IP 2 mil 232 mdd
Rubén Concepción Góngora
Villahermosa, Tabasco.- El Plan Puebla-Panamá contempla desarrollar una cuenca forestal de 300 a 500 mil hectáreas en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz en los próximos seis años, donde se pretende que la iniciativa privada realice una inversión del orden de los 2 mil 232 millones de dólares, que contempla también el manejo silvícola de hasta 2.9 millones de hectáreas, informó el Coordinador General del Plan Puebla-Panamá, Jerónimo Gutiérrez Fernández.
Agregó que se estima que el capital privado genere once mil empleos directos, ingresos anuales, una vez que esté funcionando, del orden de 907 millones de dólares y tener un impacto importante en la balanza comercial, debido a que la mayor parte del déficit comercial está asociado con productos de madera, celulosa y papel.
El objetivo de este proyecto de integración del desarrollo de una cuenca, una cadena más específicamente productiva-forestal de alta competitividad, para la producción de fibras, maderas sólidas, celulosa y papel, en una cuenca integrad por lo estados antes mencionados.
Expuso que la Conafor junto con el Plan Puebla-Panamá y los estados, financiaron el estudio de factibilidad, a cargo de la consultora finlandesa Jacob-Polish, que ha concluido.
Por eso -dijo- se está trabajando en una matriz de requerimientos institucionales, tanto del gobierno federal como por parte de los estados, y el proyecto en términos generales está presentado en la Expo Forestal Regional.
Otro proyecto, en el se está trabajando, es el centro de Articulación, el PIA, que fue propuesto por el grupo económico de la región sur-sureste, que constituye en síntesis un esfuerzo para fomentar el desarrollo de negocios basados en la tecnología, a través de innovaciones, rentables, en cadenas estratégicas de valor en el sur-sureste, explicó.
En su presentación del balance del Plan Puebla-Panamá, el Subsecretario para América Latina y El Caribe, Jerónimo Gutiérrez Fernández, aseguró que han pasado el proceso de depuración, que ha implicado pasar de alrededor de cien proyectos que existían en el Plan Puebla-Panamá, a hoy en día, únicamente 19 en función de su viabilidad y de su verdadero impacto regional.
"Estos 19 proyectos que pudiéramos considerar hoy la cartera vigente, tiene un valor aproximado de 7 mil 400 millones de dólares, de los cuales se han financiado 4 mil 50 millones de dólares, principalmente a través del banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica y, en algunos casos con recursos presupuestales propios", informó.
Al hablar en la Primera Reunión de Integración de Gobernadores de la Región Sur-Sureste dijo que en el ámbito del Sur-Sureste, hay cinco proyectos actualmente que sentimos que son los más avanzados y que tienen un mayor impacto, que se desarrollan en los tres ejes de desarrollo social, de desarrollo sustentable y competitividad.
En el primer ámbito, buscamos concentrarnos en el ámbito de desarrollo social únicamente en un solo proyecto que es el de control y vigilancia epidemiológica.
Asimismo, en ese ámbito avanzar en el programa del Atlas Mesoamericano de esas tres naturales.
En el ámbito de desarrollo sustentable, únicamente el proyecto de la cuenca forestal industrial del Golfo y en competitividad dos proyectos: el centro de articulación productiva y lo que ya se ha mencionado en infraestructura y logística del transporte, expreso.
Respecto al primer programa, explicó que los estados del Sur- Sureste concentran el 78 por ciento de los casos del dengue en todo el país; en el caso del paludismo concentran aun más el 93.4 por ciento de los casos.
Indicó que se concentran en este programa porque la porosidad de las fronteras hace que cualquier esfuerzo de control epidemiológico de nuestro territorio, sea muy poco efectivo y los países centroamericanos no hacen lo mismo, es decir, es de los pocos proyectos que constituyen un bien público regional.
El objetivo en ese sentido, es prevenir y controlar enfermedades infecciosas, fundamentalmente paludismo y dengue, mediante la aplicación de criterios, a lo largo de países mesoamericanos, criterios similares, el incremento a la capacidad técnica y operativa de los programas de salud, disertó.
Declaró que Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, (Cenavece), dependiente de la Secretaría de Salud, elaboró el estudio costo-beneficio, costo-eficiencia para el desarrollo de dicho proyecto.
El año pasado se financiaron a través del Plan Puebla-Panamá alrededor de un millón de dólares, en medicamentos y pruebas de laboratorio para poder acceder a un caso piloto.
Es actualmente, en el caso de Centroamérica, en mayo de este año, inició el diseño del componente centroamericano del programa, a través del sistema de integración centroamericana, de Sistema Social de Integración Centroamericana, consiguiendo el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, señaló.
Los integrantes del Plan Puebla-Panamá impulsarán este proyecto que en términos generales está presentado en la Expo Forestal Regional.
Invertirá IP 2 mil 232 mdd
Rubén Concepción Góngora
Villahermosa, Tabasco.- El Plan Puebla-Panamá contempla desarrollar una cuenca forestal de 300 a 500 mil hectáreas en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz en los próximos seis años, donde se pretende que la iniciativa privada realice una inversión del orden de los 2 mil 232 millones de dólares, que contempla también el manejo silvícola de hasta 2.9 millones de hectáreas, informó el Coordinador General del Plan Puebla-Panamá, Jerónimo Gutiérrez Fernández.
Agregó que se estima que el capital privado genere once mil empleos directos, ingresos anuales, una vez que esté funcionando, del orden de 907 millones de dólares y tener un impacto importante en la balanza comercial, debido a que la mayor parte del déficit comercial está asociado con productos de madera, celulosa y papel.
El objetivo de este proyecto de integración del desarrollo de una cuenca, una cadena más específicamente productiva-forestal de alta competitividad, para la producción de fibras, maderas sólidas, celulosa y papel, en una cuenca integrad por lo estados antes mencionados.
Expuso que la Conafor junto con el Plan Puebla-Panamá y los estados, financiaron el estudio de factibilidad, a cargo de la consultora finlandesa Jacob-Polish, que ha concluido.
Por eso -dijo- se está trabajando en una matriz de requerimientos institucionales, tanto del gobierno federal como por parte de los estados, y el proyecto en términos generales está presentado en la Expo Forestal Regional.
Otro proyecto, en el se está trabajando, es el centro de Articulación, el PIA, que fue propuesto por el grupo económico de la región sur-sureste, que constituye en síntesis un esfuerzo para fomentar el desarrollo de negocios basados en la tecnología, a través de innovaciones, rentables, en cadenas estratégicas de valor en el sur-sureste, explicó.
En su presentación del balance del Plan Puebla-Panamá, el Subsecretario para América Latina y El Caribe, Jerónimo Gutiérrez Fernández, aseguró que han pasado el proceso de depuración, que ha implicado pasar de alrededor de cien proyectos que existían en el Plan Puebla-Panamá, a hoy en día, únicamente 19 en función de su viabilidad y de su verdadero impacto regional.
"Estos 19 proyectos que pudiéramos considerar hoy la cartera vigente, tiene un valor aproximado de 7 mil 400 millones de dólares, de los cuales se han financiado 4 mil 50 millones de dólares, principalmente a través del banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica y, en algunos casos con recursos presupuestales propios", informó.
Al hablar en la Primera Reunión de Integración de Gobernadores de la Región Sur-Sureste dijo que en el ámbito del Sur-Sureste, hay cinco proyectos actualmente que sentimos que son los más avanzados y que tienen un mayor impacto, que se desarrollan en los tres ejes de desarrollo social, de desarrollo sustentable y competitividad.
En el primer ámbito, buscamos concentrarnos en el ámbito de desarrollo social únicamente en un solo proyecto que es el de control y vigilancia epidemiológica.
Asimismo, en ese ámbito avanzar en el programa del Atlas Mesoamericano de esas tres naturales.
En el ámbito de desarrollo sustentable, únicamente el proyecto de la cuenca forestal industrial del Golfo y en competitividad dos proyectos: el centro de articulación productiva y lo que ya se ha mencionado en infraestructura y logística del transporte, expreso.
Respecto al primer programa, explicó que los estados del Sur- Sureste concentran el 78 por ciento de los casos del dengue en todo el país; en el caso del paludismo concentran aun más el 93.4 por ciento de los casos.
Indicó que se concentran en este programa porque la porosidad de las fronteras hace que cualquier esfuerzo de control epidemiológico de nuestro territorio, sea muy poco efectivo y los países centroamericanos no hacen lo mismo, es decir, es de los pocos proyectos que constituyen un bien público regional.
El objetivo en ese sentido, es prevenir y controlar enfermedades infecciosas, fundamentalmente paludismo y dengue, mediante la aplicación de criterios, a lo largo de países mesoamericanos, criterios similares, el incremento a la capacidad técnica y operativa de los programas de salud, disertó.
Declaró que Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, (Cenavece), dependiente de la Secretaría de Salud, elaboró el estudio costo-beneficio, costo-eficiencia para el desarrollo de dicho proyecto.
El año pasado se financiaron a través del Plan Puebla-Panamá alrededor de un millón de dólares, en medicamentos y pruebas de laboratorio para poder acceder a un caso piloto.
Es actualmente, en el caso de Centroamérica, en mayo de este año, inició el diseño del componente centroamericano del programa, a través del sistema de integración centroamericana, de Sistema Social de Integración Centroamericana, consiguiendo el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, señaló.
28 May 2007
Rechazan en Ocosingo decreto que expropia terrenos en la Lacandona
domingo 13 de mayo de 2007
La Jornada
El documento calderonista, "confuso y aberración jurídica": Maderas del Pueblo
En ningún lado del texto oficial se señala la ubicación de la superficie en cuestión
HERMANN BELLINGHAUSEN
Preocupación y rechazo ha generado el nuevo decreto del gobierno calderonista por el que se expropia "por causa de utilidad pública" una superficie de 14 mil 96 hectáreas de temporal de uso común "en terrenos de la comunidad Zona Lacandona", en Ocosingo, Chiapas, "para destinarlos a la constitución de una nueva área de protección de los recursos naturales, tendiente a la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los mismos".
Según el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial el 8 de mayo, la comunidad lacandona "manifestó su anuencia con la presente expropiación a favor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)". El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales asignó como valor unitario 4 mil 126 pesos por hectárea; de modo que el monto a cubrir por los terrenos expropiados es de 58 millones 164 mil pesos. El pago será hecho por la Secretaría de Reforma Agraria (SRA).
Maderas del Pueblo, organismo que ha observado los avatares de la codiciada selva chiapaneca, considera que el decreto es "confuso", y representa "un absurdo técnico y político, y tal vez una aberración jurídica", dado que en ningún lado del texto oficial se señala la ubicación exacta de la superficie expropiada (con señalamiento de puntos y polígonos).
La expropiación beneficia económicamente a la comunidad lacandona, dueña legal de más de 500 mil hectáreas de selva desde 1971, mediante un decreto que les otorgó una extensión que nunca solicitaron. Desde entonces ese "latifundio" ha sido causa de problemas y presiones contra cualquier otra comunidad indígena fuera del grupo agraciado.
Sin precisar dónde se localiza la superficie expropiada, el nuevo decreto señala que ésta representa "una de las áreas de mayor presión sobre los recursos naturales", y argumenta que la "zona lacandona" es un sistema hidrológico que abarca 53 por ciento de la cuenca del río Usumacinta, que junto con la del Grijalva es la más extensa de México, con un escurrimiento medio anual de 85 billones de metros cúbicos. Esto representa el 30 por ciento de los recursos hidrológicos superficiales del país y genera el 56 por ciento de la energía hidroeléctrica nacional.
El decreto calderonista no precisa qué terrenos pagará el nuevo y jugoso cheque para la dócil comunidad lacandona, pero Maderas del Pueblo presume, "de muy buena fuente" que se trata de la zona conocida como La Estrella, cerca de Amador Hernández y Pichucalco. Parte importante es nubliselva (zona de montañas) y las 14 mil hectáreas "están regadas en 14 polígonos (no uno solo)", una parte dentro de Montes Azules y otra parte fuera, en las cañadas.
Hay versiones gubernamentales de que la expropiación fue convenida con la Aric Independiente, que tiene seguidores en el área, y con los lacandones. Según estas versiones, con la comunidad lacandona se acordó que, de 15 polígonos resultantes de la cuarta ejecución (1988-1989) se les quedará al final uno solo, y los otros 14 se regularizarían en favor de los poblados posesionarios.
Para Maderas del Pueblo, "el decreto no sería para crear una nueva área natural protegida (jurídica y técnicamente no está claro, debido a la dispersión de los 14 pequeños polígonos), sino sólo de asignación de usos y destino (terrenos nacionales bajo tutela de Semarnat, con fines de conservación).
Sobre la declaración de SRA acerca de los poblados irregularizables de Aric-I, Maderas del Pueblo niega que exista un dictamen de Semarnat al respecto. Al parecer, la expropiación fue "maniobra y madruguete de la dependencia, para confrontar a la comunidad lacandona con la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas".
La versión oficial es que los indígenas "decidieron, en el seno de sus asambleas, que el gobierno se haga cargo de sus tierras, aunque se les reubique en otro lugar". Juan Rafael Elvira, secretario de Medio Ambiente, ha declarado que la "decisión" de los lacandones garantizará "protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de las riquezas con que cuenta la región".
El funcionario señaló que los indígenas de la zona podrán seguir inscribiéndose en programas gubernamentales como Proárbol, por medio del cual el Ejecutivo otorga apoyo económico a los campesinos que conserven y restauren porciones de bosque. Elvira indicó que en coordinación con SRA, el gobierno de Chiapas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas "se trabaja en la reubicación de las comunidades que habitan la zona expropiada".
En un comunicado, los asesores del Consejo de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas (Compitch) manifiestan que "el gobierno usurpador decretó la expropiación de más de 16 mil hectáreas de manchones, so pretexto de demasías", en ejidos adyacentes, externos a la porción oeste de Montes Azules, en la región Candelaria-Amador Hernández.
"Esta locura, que materialmente no tiene sentido ambiental ni conexión biológica, además de carecer de requisitos de consulta y dictamen previos es una provocación calculada dentro de un plan mayor. He ahí la explicación del extraordinario número de demasías levantadas por la SRA durante 2005 y 2006 en Chiapas. Seguramente otros decretos semejantes estarán en puerta". Se confirmaría así "que el entramado agrario que operan funcionarios de SRA aliados al cacique Pedro Chulín (dirigente de la priísta y paramilitar Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, Opddic) es parte de un plan mucho más amplio".
Compitch subraya "la traición de la comunidad lacandona, o de su asesoría, al recibir dinero -indemnización- para legalizar una expropiación de tierras que hacía décadas ya no consideraba suyas por haberlas regularizado entonces la autoridad agraria, habida cuenta que (los lacandones) nunca las caminaron, ni siquiera las pidieron".
La Jornada
El documento calderonista, "confuso y aberración jurídica": Maderas del Pueblo
En ningún lado del texto oficial se señala la ubicación de la superficie en cuestión
HERMANN BELLINGHAUSEN
Preocupación y rechazo ha generado el nuevo decreto del gobierno calderonista por el que se expropia "por causa de utilidad pública" una superficie de 14 mil 96 hectáreas de temporal de uso común "en terrenos de la comunidad Zona Lacandona", en Ocosingo, Chiapas, "para destinarlos a la constitución de una nueva área de protección de los recursos naturales, tendiente a la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los mismos".
Según el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial el 8 de mayo, la comunidad lacandona "manifestó su anuencia con la presente expropiación a favor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)". El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales asignó como valor unitario 4 mil 126 pesos por hectárea; de modo que el monto a cubrir por los terrenos expropiados es de 58 millones 164 mil pesos. El pago será hecho por la Secretaría de Reforma Agraria (SRA).
Maderas del Pueblo, organismo que ha observado los avatares de la codiciada selva chiapaneca, considera que el decreto es "confuso", y representa "un absurdo técnico y político, y tal vez una aberración jurídica", dado que en ningún lado del texto oficial se señala la ubicación exacta de la superficie expropiada (con señalamiento de puntos y polígonos).
La expropiación beneficia económicamente a la comunidad lacandona, dueña legal de más de 500 mil hectáreas de selva desde 1971, mediante un decreto que les otorgó una extensión que nunca solicitaron. Desde entonces ese "latifundio" ha sido causa de problemas y presiones contra cualquier otra comunidad indígena fuera del grupo agraciado.
Sin precisar dónde se localiza la superficie expropiada, el nuevo decreto señala que ésta representa "una de las áreas de mayor presión sobre los recursos naturales", y argumenta que la "zona lacandona" es un sistema hidrológico que abarca 53 por ciento de la cuenca del río Usumacinta, que junto con la del Grijalva es la más extensa de México, con un escurrimiento medio anual de 85 billones de metros cúbicos. Esto representa el 30 por ciento de los recursos hidrológicos superficiales del país y genera el 56 por ciento de la energía hidroeléctrica nacional.
El decreto calderonista no precisa qué terrenos pagará el nuevo y jugoso cheque para la dócil comunidad lacandona, pero Maderas del Pueblo presume, "de muy buena fuente" que se trata de la zona conocida como La Estrella, cerca de Amador Hernández y Pichucalco. Parte importante es nubliselva (zona de montañas) y las 14 mil hectáreas "están regadas en 14 polígonos (no uno solo)", una parte dentro de Montes Azules y otra parte fuera, en las cañadas.
Hay versiones gubernamentales de que la expropiación fue convenida con la Aric Independiente, que tiene seguidores en el área, y con los lacandones. Según estas versiones, con la comunidad lacandona se acordó que, de 15 polígonos resultantes de la cuarta ejecución (1988-1989) se les quedará al final uno solo, y los otros 14 se regularizarían en favor de los poblados posesionarios.
Para Maderas del Pueblo, "el decreto no sería para crear una nueva área natural protegida (jurídica y técnicamente no está claro, debido a la dispersión de los 14 pequeños polígonos), sino sólo de asignación de usos y destino (terrenos nacionales bajo tutela de Semarnat, con fines de conservación).
Sobre la declaración de SRA acerca de los poblados irregularizables de Aric-I, Maderas del Pueblo niega que exista un dictamen de Semarnat al respecto. Al parecer, la expropiación fue "maniobra y madruguete de la dependencia, para confrontar a la comunidad lacandona con la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas".
La versión oficial es que los indígenas "decidieron, en el seno de sus asambleas, que el gobierno se haga cargo de sus tierras, aunque se les reubique en otro lugar". Juan Rafael Elvira, secretario de Medio Ambiente, ha declarado que la "decisión" de los lacandones garantizará "protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de las riquezas con que cuenta la región".
El funcionario señaló que los indígenas de la zona podrán seguir inscribiéndose en programas gubernamentales como Proárbol, por medio del cual el Ejecutivo otorga apoyo económico a los campesinos que conserven y restauren porciones de bosque. Elvira indicó que en coordinación con SRA, el gobierno de Chiapas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas "se trabaja en la reubicación de las comunidades que habitan la zona expropiada".
En un comunicado, los asesores del Consejo de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas (Compitch) manifiestan que "el gobierno usurpador decretó la expropiación de más de 16 mil hectáreas de manchones, so pretexto de demasías", en ejidos adyacentes, externos a la porción oeste de Montes Azules, en la región Candelaria-Amador Hernández.
"Esta locura, que materialmente no tiene sentido ambiental ni conexión biológica, además de carecer de requisitos de consulta y dictamen previos es una provocación calculada dentro de un plan mayor. He ahí la explicación del extraordinario número de demasías levantadas por la SRA durante 2005 y 2006 en Chiapas. Seguramente otros decretos semejantes estarán en puerta". Se confirmaría así "que el entramado agrario que operan funcionarios de SRA aliados al cacique Pedro Chulín (dirigente de la priísta y paramilitar Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, Opddic) es parte de un plan mucho más amplio".
Compitch subraya "la traición de la comunidad lacandona, o de su asesoría, al recibir dinero -indemnización- para legalizar una expropiación de tierras que hacía décadas ya no consideraba suyas por haberlas regularizado entonces la autoridad agraria, habida cuenta que (los lacandones) nunca las caminaron, ni siquiera las pidieron".
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