Libre Comercio | Nota publicada el 14/08/2008 - 12:30 hs.
http://www.agenciapulsar.org/
En medio de discusiones a nivel mundial por la crisis alimentaria y las patentes de semillas genéticamente modificadas, Perú acomodó a los intereses de Estados Unidos la Decisión 486 sobre propiedad intelectual en la CAN.
Con el apoyo de Colombia y Ecuador y la oposición de Bolivia, fue aprobada la modificatoria de la normativa que regula el "patrimonio Biológico y Genético y de los Conocimientos Tradicionales" de la Comunidad Andina de Naciones.
Ahora, una semilla mejorada ancestralmente por pequeños productores, podrá ser patentada por transnacionales justificando su modificación genética.
Una vez que eso ocurra, los pequeños productores deberán comprarle la semilla a las transnacionales para poder seguir utilizándolas.
Además, el artículo 7 de la normativa, establece que "El petitorio de las solicitudes presentadas ante la oficina nacional competente deberá presentarse en idioma castellano".
La medida hace más difícil el acceso de las poblaciones originarias de la región andina, que en muchos casos no dominan la lengua castellana, a patentar sus semillas antes que lo haga una transnacional.
En tanto, el artículo 19 considera que una invención podrá ser patentada "cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios".
Con la aprobación de las modificatorias a la Decisión 486 en la CAN, Perú podrá avanzar en un Tratado de Libre Comercio bilateral con Estados Unidos.(PÚLSAR)
rt
14/08/2008
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15 August 2008
28 July 2008
Inaceptable, el registro o patente de un ser vivo
La Jornada lunes 28 de julio de 2008
Matilde Pérez U.
■ Organizaciones indígenas y campesinas condenan la biopiratería empresarial
Declarar el territorio mexicano centro de origen y diversidad del maíz para detener la experimentación, cultivo, comercialización y consumo de los transgénicos, propusieron 30 organizaciones indígenas, campesinas y sociales.
Destacaron que el respeto a su cultura, tradiciones, costumbres y prácticas agrícolas incluye también el rechazo a la certificación, registro o patente de cualquier tipo de semilla o ser vivo.
En el pronunciamiento En defensa del maíz nativo, las agrupaciones de Jalisco, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Tamaulipas, Guanajuato, Chihuahua y Sonora sostuvieron que el llamado régimen especial de protección al maíz –que aún no se publica en el Diario Oficial de la Federación y que forma parte de la Ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados– “es una farsa con la que se pretende negar que todo el territorio mexicano es centro de origen y diversidad del maíz”.
Consideraron que con dicha ley “el gobierno, en contubernio con las empresas trasnacionales, permitirá el cultivo del maíz transgénico en campos experimentales, lo que significará la contaminación de nuestros maíces nativos y, a la larga, la pérdida de éstos, atentando contra nuestra identidad, autonomía, economía y salud”.
En el documento, las agrupaciones indígenas, campesinas y sociales advirtieron que el Programa de maíz y frijol (Promaf) y el llamado Proyecto maestro de maíces mexicanos, que impulsa la Confederación Nacional Campesina, con apoyo de la Universidad Antonio Narro, “están diseñados para privatizar las semillas y controlar a los pueblos”. Con el Promaf, aseguraron, las autoridades inducen a los campesinos a depender de las empresas al convertirlos en clientes cautivos de las llamadas semillas mejoradas.
Agregaron que el proyecto maestro de maíces mexicanos y el contrato con la Universidad de Guadalajara para recolectar maíces y teocintle –el ancestro del grano– en la sierra indígena nahua de Manantlán, Jalisco, es un instrumento de “biopiratería de Monsanto, ya que con la ayuda de instituciones académicas y organizaciones agrícolas robará los maíces nativos y los conocimientos de las comunidades.
“Estamos en contra de los bancos de germoplasma porque son centros de biopiratería que favorecen los intereses de empresas e investigadores, por eso defendemos la autonomía de los pueblos indígenas y estaremos alertas para denunciar públicamente los cultivos experimentales de maíz transgénico en el país”, abundaron.
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Matilde Pérez U.
■ Organizaciones indígenas y campesinas condenan la biopiratería empresarial
Declarar el territorio mexicano centro de origen y diversidad del maíz para detener la experimentación, cultivo, comercialización y consumo de los transgénicos, propusieron 30 organizaciones indígenas, campesinas y sociales.
Destacaron que el respeto a su cultura, tradiciones, costumbres y prácticas agrícolas incluye también el rechazo a la certificación, registro o patente de cualquier tipo de semilla o ser vivo.
En el pronunciamiento En defensa del maíz nativo, las agrupaciones de Jalisco, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Tamaulipas, Guanajuato, Chihuahua y Sonora sostuvieron que el llamado régimen especial de protección al maíz –que aún no se publica en el Diario Oficial de la Federación y que forma parte de la Ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados– “es una farsa con la que se pretende negar que todo el territorio mexicano es centro de origen y diversidad del maíz”.
Consideraron que con dicha ley “el gobierno, en contubernio con las empresas trasnacionales, permitirá el cultivo del maíz transgénico en campos experimentales, lo que significará la contaminación de nuestros maíces nativos y, a la larga, la pérdida de éstos, atentando contra nuestra identidad, autonomía, economía y salud”.
En el documento, las agrupaciones indígenas, campesinas y sociales advirtieron que el Programa de maíz y frijol (Promaf) y el llamado Proyecto maestro de maíces mexicanos, que impulsa la Confederación Nacional Campesina, con apoyo de la Universidad Antonio Narro, “están diseñados para privatizar las semillas y controlar a los pueblos”. Con el Promaf, aseguraron, las autoridades inducen a los campesinos a depender de las empresas al convertirlos en clientes cautivos de las llamadas semillas mejoradas.
Agregaron que el proyecto maestro de maíces mexicanos y el contrato con la Universidad de Guadalajara para recolectar maíces y teocintle –el ancestro del grano– en la sierra indígena nahua de Manantlán, Jalisco, es un instrumento de “biopiratería de Monsanto, ya que con la ayuda de instituciones académicas y organizaciones agrícolas robará los maíces nativos y los conocimientos de las comunidades.
“Estamos en contra de los bancos de germoplasma porque son centros de biopiratería que favorecen los intereses de empresas e investigadores, por eso defendemos la autonomía de los pueblos indígenas y estaremos alertas para denunciar públicamente los cultivos experimentales de maíz transgénico en el país”, abundaron.
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