Países del mundo negociarán certificación de biodiversidad

Durante la semana el tema fue discutido en Lima por técnicos internacionales
Por Marienella Ortiz
El Comercio, Perú

El primer paso para que se respete una certificación mundial de la biodiversidad fue dado esta semana, luego de que un grupo de técnicos recomendara su aplicación a los países firmantes del Convenio de Diversidad Biológica (CDB).
Los técnicos se reunieron en Lima esta semana y elevarán su recomendación al CDB, para que se inicie la negociación política en la próxima cita mundial que se desarrollará en Montreal (Canadá) en octubre próximo.
En este encuentro participarán los negociadores de los 189 países que firmaron este acuerdo mundial. Aunque EE.UU. (país que se opone a la certificación) no es uno de los firmantes, participa con un equipo de observadores.
Un segundo encuentro ya está programado inmediatamente para enero del 2008 en un lugar aún por definir (Ginebra, en Suiza, o Malasia).
En conferencia de prensa, el director del grupo de acceso a recursos genéticos del CDB, Fernando Casas, reveló la meta: culminar la negociación con la elaboración de un texto de tratado de régimen internacional de acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios, donde se incluya la obligatoriedad de la certificación de origen para conseguir una patente y así evitar la actual biopiratería.
Al considerar que dicho tratado involucra miles de millones de dólares para la industria farmacéutica y de cosméticos, dejó en claro que la negociación no será fácil y se espera que culmine en el 2010. Los países que actualmente tienen una posición dura respecto al certificado internacional son Canadá, Australia y Japón.
El subsecretario del CBD, Olivier Jalbert, comentó que a la par este tema comprende una mayor responsabilidad de los países con gran biodiversidad para evitar la pérdida de nuestros recursos genéticos al 2010, aunque no existe una meta específica. Las estimaciones científicas indican que para el 2050 la Amazonía tenga menos árboles y más pasturas originadas por la deforestación y el cambio climático. Ante tal escenario, Jalbert considera poco sustentable la certificación de la biodiversidad en el tiempo.
Brasil es uno de los pocos países que viene impulsando, a partir de su legislación interna, la retribución al Estado o a las comunidades indígenas por el uso comercial de los recursos genéticos o de los conocimientos tradicionales. El director de Patrimonio Genético de Brasil, Eduardo Vélez, comentó que la legislación de su país así lo establece y que, actualmente, existen seis comunidades indígenas negociando con empresas muy grandes la compensación económica por el uso de sus conocimientos ancestrales.
La negociadora peruana en la cita de expertos ambientales fue Mónica Rossell, quien fue apoyada por técnicos del Consejo Nacional del Ambiente (Conam). El Perú es uno de los que lideran desde hace una década la propuesta de la certificación, porque considera que el biocomercio será una fuente de ingresos para el Estado y la población heredera de los conocimientos tradicionales.
Rossell adelantó que las autoridades locales pretenden seguir el ejemplo brasileño a través de una certificación local de nuestros recursos genéticos. Sin embargo, dejó en claro que un instrumento de certificación no tendrá el mismo peso solo a nivel local, requiere un reconocimiento de la comunidad internacional. Nuestros productos son biopirateados
La maca es uno de los productos que demuestran el poder de la biopiratería en el mundo. Actualmente hay dos empresas estadounidenses que registraron patentes y si no fuera porque un estudio de abogados norteamericano ofreció sus buenos oficios al Gobierno Peruano de manera gratuita, no sería posible seguir un proceso legal por su costo económico.
La comisión nacional de lucha contra la biopiratería presidida por el Indecopi también ha detectado que el camu camu es otro producto que busca ser patentado en Japón.
Asimismo, la empresa francesa Greentech S.A. presentó ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Francia, una solicitud de patente del sacha inchi para proteger el uso del aceite y las proteínas que se extrae de las semillas de dicho producto, como ingredientes para la preparación de productos dermatológicos o cosméticos.