La controversia que creó en el país la Ley de Áreas Protegidas

El Periódico de Guatemala

Mientras la Cámara de Industria señala que le preocupa que Guatemala no pueda cumplir con compromisos ambientales, Calas asegura que su oposición tiene que ver con actividades extractivas.

Conflictos entre ambientalistas debido a proyectos de hidroeléctricas o de extracción de hidrocarburos tienen en común algo: están situados en áreas protegidas.

Los ambientalistas desconfían de la razón por la cual la Cámara de Industria (CI) planteó una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 4-89 que contiene la Ley de Áreas Protegidas. “Lo que quieren es que conductas y actividades que están prohibidas por la ley, las industrias extractivas por ejemplo, sean permitidas”, dice Yuri Melini, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social.

Según Ricardo Sagastume, de la Cámara de Industria, a ellos les preocupa que la actual estructura de protección ambiental no le permita al país “cumplir con los compromisos internacionales” que se han adquirido en el tema ambiental, y se preguntan si realmente ha sido eficiente el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), cuando las áreas que están bajo su administración “se están acabando”.

Sergio Véliz, de Conap, dice que les extraña la actitud de la CI, “después de 17 años (de creada la ley) no es propicia, pues el Conap hace esfuerzos por rescatar áreas invadidas en períodos anteriores”.

Agrega que los miembros del CACIF deberían de “ser parte de quienes brindan los recursos económicos para proteger las áreas”. Según Melini, el Conap no puede realizar su misión de proteger estas áreas “porque no cuenta con recursos económicos suficientes, ni apoyo político”.

La Corte de Constitucionalidad no ha decretado la suspensión inmediata de la ley, tal y como pretendía la Cámara de Industria.

La ratificación

El Convenio Mundial de Biodiversidad fue ratificado por Guatemala en 1995, y señala que la conservación de la biodiversidad es una medida central que debe tomar la sociedad para salvaguardar el futuro del planeta y sus recursos naturales.

En el país, la ley de Áreas Protegidas fue creada con anterioridad a este convenio en 1989, y establece que el Estado administra un Sistema de Áreas Silvestres Protegidas (Sigap), integrado por 139 áreas declaradas legalmente, que abarcan más de tres millones de hectáreas, o sea el 30 por ciento del territorio nacional.