Se reducen zonas susceptibles de recibir apoyos
Considera estudio positivas las nuevas reglas de Pro Arbol
Aunque las reglas de operación del programa Pro Arbol -la principal acción ambiental de este gobierno- consideran dar mayor atención al sector social al hacer énfasis en el programa de estímulos como estrategia para superar los niveles de pobreza en las zonas rurales, las extensiones de superficie forestal para obtener los apoyos se redujeron.
Esto lo señala un estudio del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura, que también refiere que al publicarse en el Diario Oficial de la Federación, el Presupuesto de Egresos que se orientó para el sector forestal -4 mil 66 millones de pesos- no se definió la distribución de los recursos, es decir, se desconoce "qué porcentaje será destinado a las plantaciones comerciales y qué tanto al manejo de bosques naturales".
La organización forestal hizo un análisis sobre las reglas de operación del Pro Arbol, manejado por la Comisión Nacional Forestal, organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Indica que en las reglas se incluyeron "algunos cambios importantes con respecto a los criterios con los cuales se asignaban los recursos en los últimos años, mismos que han implicado una modificación en la política gubernamental hacia los bosques del país, su manejo y conservación".
Destaca que la principal modificación es el énfasis en el uso del programa de estímulos como un elemento más de la estrategia para superar los índices de pobreza en las zonas rurales. También indica que durante 2006 se apoyaron 31 actividades forestales en cuatro categorías -planeación y organización forestal, producción y productividad, conservación y restauración forestal y nivel de competitividad-, mientras que para 2007 se amplió el número de actividades financiadas a 42 en las mismas categorías.
También refiere que este año se incluyeron por primera vez en el programa de apoyos varios de los renglones del Procymaf, pero puntualiza que en general las extensiones de superficie susceptibles de obtener apoyos se redujeron.
Sumado a ello se incluyeron nuevos criterios de evaluación para las solicitudes de apoyo y pago de servicios ambientales; entre esos puntos están el ordenamiento territorial, elaboración o modificación de estatutos o reglamentos comunitarios, seminarios de comunidad a comunidad y desarrollo de técnicos comunitarios.
Entre los cambios relevantes en los criterios generales, el consejo señala que hasta 2006 se daba prioridad al impulso de la planeación y organización forestal, así como al incremento de la producción y productividad de los recursos forestales, pero ahora se agregaron dos párrafos en los que se señala que el objetivo es "disminuir los índices de pobreza y marginación en áreas forestales, mediante la inducción a un manejo y uso adecuado de sus recursos naturales, así como generar desarrollo y expansión económica a partir de la valoración, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos de los bosques, selvas y la vegetación de las zonas áridas".
Para el consejo, la introducción de estos párrafos es un indicativo de un nuevo enfoque hacia el manejo de los recursos forestales, "en el cual se hace patente que el uso de los recursos debe estar enfocado al desarrollo social y económico de la comunidades que habitan los bosques, selvas y desiertos del país, a la vez que se destaca el papel del manejo adecuado de estos recursos".
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