Matilde Pérez U. /La Jornada. El manejo forestal comunitario, orientado a la extracción de madera, ha permitido proteger los bosques de manera tan efectiva como las áreas naturales protegidas, genera ingresos que contribuyen a disminuir la pobreza y favorece la disminución de las disputas intracomunitarias que derivan en violencia, sostiene un estudio realizado de manera conjunta por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Internacional de Florida.
La investigación Nueva evidencia: los bosques comunitarios de México señala que en el país hay no menos de 2 mil 300 comunidades localizadas en 10 estados, las cuales han obtenido permisos de aprovechamiento forestal.
Es decir, casi 15 por ciento de 15 mil 800 núcleos agrarios con bosques producen madera regular u ocasionalmente, pero no todos cuentan con los recursos ni la organización que se requieren para invertir y mantener industrias forestales rentables.
Agrega que las experiencias del manejo comunitario de los bosques –en Durango, Michoacán, Chihuahua, estado de México, Oaxaca, Puebla, Jalisco, Chiapas, Guerrero y Quintana Roo– son vistas por funcionarios de China e India como ejemplos a seguir, en el contexto de las reformas que realizan esos países.
Inclusive, la investigación indica que funcionarios de alto nivel del Banco Mundial han calificado a México de “fuente importante de ideas prometedoras para el manejo forestal operado por comunidades”.
Destaca que si bien el análisis de los datos está en fase inicial, de ellos ya se perciben ciertas tendencias, entre ellas que los conflictos por tenencia de la tierra están asociados con la presencia de tala clandestina; las actividades forestales con mayor nivel de integración están relacionadas con altos índices de organización e institucionalidad comunitarios, menor pobreza y desigualdad, y que hay mayor deforestación en los territorios comunales que han sido parcelados.
Para fortalecer dicha actividad comunitaria, se recomienda llevar a cabo un estudio nacional y desarrollar un sistema para estandarizar la recolección y captura de datos para entender la heterogeneidad del manejo forestal comunal. También destaca la importancia de fortalecer programas para robustecer las capacidades técnicas y de capital social de los silvicultores comunitarios.
Otras recomendaciones son: los programas de apoyo deben considerar las limitaciones de integración de las comunidades forestales, así como la diversidad de opciones productivas y de conservación de cada comunidad, ya que no todas pueden o deben desarrollar actividades de extracción de madera; desarrollar más proyectos de servicios ambientales en los que participen las autoridades locales, incluyendo a los municipios, y que los pagos resulten más equitativos.
Además, fomentar la certificación verde, pero evitando que se convierta en barrera al comercio; promover usos alternativos del bosque, y respaldar, mediante programas gubernamentales, el desarrollo de mercados más especializados para productores forestales comunitarios.
El documento destaca que la actividad forestal comunitaria es un aporte a las estrategias de conservación y desarrollo, una invención social innovadora que el resto del mundo está empezando a descubrir.
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