Puebla, en una fase crítica por la falta de agua, deterioro ambiental y especulación inmobiliaria

La Jornada de Oriente, Viernes, 31 de octubre de 2008

JAVIER PUGA MARTÍNEZ

El municipio de Puebla está en una situación crítica en materia medioambiental, ya que enfrenta una severa crisis por el agua y una fuerte especulación inmobiliaria, por lo que es urgente reconciliar los instrumentos de ordenamiento del territorio que tienen los tres niveles de gobierno, principalmente en los ayuntamientos.
Así lo señaló Antonio Díaz de León, director general de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del gobierno federal, quien estuvo ayer en Puebla para participar en la Primera Reunión Nacional de Ordenamiento Ecológico, Territorial, Riesgo y Desastres. Dicho acto fue organizado por el Centro Universitario para Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la Universidad Autónoma de Puebla, así como la delegación estatal de la Semarnat.
Ahí también participó Francisco Chapela, director de la asociación Estudios Rurales y Asesoría, y que ha trabajado con grupos étnicos del sureste del país, quien planteó que el ordenamiento territorial comunitario y ecológico puede sortear las diferencias sociales y la pluralidad cultural de México, como en el caso de los grupos mayas de Quintana Roo.
Por su parte, Luis Borjórquez Tapia, director de la Consultoría en Ingeniería de Decisión Multicriteria, abonó en la discusión al plantear que el ordenamiento territorial es un instrumento de política ambiental participativo e incluyente, y así está definido en la ley, pero cuestionó: “¿Tengo derecho como ciudadano mexicano a opinar sobre el ordenamiento comunitario en cualquier parte del territorio, o no?”

El desarrollo en municipios, dominado por el mercado inmobiliario
En entrevista posterior con La Jornada de Oriente, Antonio Díaz de León señaló que los municipios del país están debilitados institucionalmente, ya que los ayuntamientos se ahogan en deudas y están presionados por resolver las exigencias de la sociedad, pero no cuentan con recursos e instrumentos para hacerlo.
Bajo ese marco, aseguró que la solución a los problemas de ordenamiento del territorio y ecológico, así como la prevención de desastres, se convierte en un auténtico problema que causa otros más. Puso como ejemplo el desarrollo industrial que existe a lo largo de los ríos Atoyac y Alseseca, en la capital poblana que por un lado resolvió problemas de generación de empleo y por otro generó una polución impresionante. “Cuando se plantea que habrá un programa de saneamiento en Valsequillo, y que a esta presa se le quiere convertir en el nuevo Miami, digamos, hay una prisa por comprar terrenos y crear programas de construcción alarmantes. Los constructores se aprovechan de la intervención de los tres órdenes de gobierno, lo que genera presiones sobre los programas de desarrollo en la carta urbana. Se proyecta la construcción de 540 mil casas en los próximos 25 años, pero sólo existe agua para 40 mil”, señaló.
Los gobiernos usan una lógica al revés, dijo, por lo que urgió a que las administraciones primero resuelvan el problema del agua, “para eso son las vedas”. Señaló que en lugar de otorgar más permisos de construcción, se deberían ocupar viviendas abandonadas. De acuerdo con datos de la Sedesol, apuntó, son más de 4 millones las viviendas en el país que están desocupadas. “No hay una política del Estado sobre el tema, la cual debe ser la misma para el municipio, los estados y la Federación.
Con la Conagua estamos haciendo importantes esfuerzos para que las plantas de tratamiento que funcionen y tengan mantenimiento, pero son el estado y el municipio quienes tienen que operarlas. Hay 113 plantas de tratamiento Puebla, haga la investigación de cuantas funcionan y cuantas funcionan con calidad”, aseveró.
Afirmó que el mercado inmobiliario está generando presiones al municipio, las cuales no entran en la contabilidad de los dueños de negocios que se quedan con las ganancias de la venta de casas–habitación; por ello, el desarrollo de las ciudades no lo controlan los gobiernos, sino ese mercado. Aseguró que eso ocurre en el terreno de la formalidad, pero en el ámbito de la informalidad, los empresarios corrompen a funcionarios para tener espacios que son públicos, o están destinados para otro uso social.
Por ello, muchos fraccionamientos nuevos y casas de interés social se desarrollan en terrenos baratos, que carecen de condiciones mínimas y de servicios municipales; y los costos de llevar agua, luz, drenaje y saneamiento los terminan pagando los gobiernos, no los dueños del negocio. “Y no existe municipio que aguante, tenemos que cambiar ese modelo de desarrollo.
Mi crítica hacia los programas de desarrollo urbano de los estados y municipios, donde la Federación sólo ayuda, es una crítica en ese sentido; tenemos que abrirles los ojos a los funcionarios, a los que toman las decisiones pero, sobre todo, a la sociedad. Porque es la sociedad la que va a decir: ya estuvo bueno”, ponderó.
Reiteró que el uso de vedas para el agua o la construcción provocaría una revalorización del líquido y de esa actividad, pues los gobiernos actúan como si los recursos naturales fueran infinitos. Actualmente, resolver la crisis del abasto de agua no está en la agenda local, estatal y nacional. “Cada administración, que dura tres años, dice que no lo puede resolver y a ver quien lo hace. Pero el problema se sigue agravando, porque los permisos de construcción se siguen dando”, dijo.

Movimientos sociales para recuperar casas
Díaz de León destacó que sólo con la creación de mecanismos que generen mayor certidumbre legal, certidumbre ambiental, transparencia, rendición de cuentas y coordinación entre los estados y municipios podrá revertirse ese proceso de deterioro. Por ello, “es necesaria la creación de una conciencia social y económica, pues con los días, la sociedad y el gobierno se darán cuenta que las construcciones indebidas que ahora se autorizaron, mañana será un pasivo, algo paisajista y económicamente incorrecto, y que socialmente no juega ningún rol”, agregó. “Ese podría ser el caso de casas que se construyen, se compran y se dejan.
Se están armando movimientos sociales para posesionarse de esas habitaciones, al margen de que si sirven o no. Si no tengo dónde vivir ni para pagar, pues voy por ella”, señaló.
El funcionario federal indicó que las soluciones que actualmente se están tomando son las más fáciles, pero no siempre son las más efectivas, por lo que es necesario replantear el tema, y que ese sentido van las reuniones y foros como el que se desarrolla en la Universidad Autónoma de Puebla, pero también a nivel de las secretarías federales y con los gobiernos locales. “Hay que reconocer las debilidades de los municipios; nadie habla de remunicipalización, eso es pecado.
Nadie habla de periodos de gobierno más largos; nadie habla de finanzas más sanas. De acuerdo con un diario nacional, la mayoría de los recursos federales a municipios y estados se está yendo a gasto corriente, a nómina, más que a obra pública, y eso es preocupante”, sostuvo
. Por ello, en necesario hablar con claridad para enfrentar problemas comunes, de lo contrario, se continuarán generando pasivos sociales, ambientales y económicos; es decir, falta de inversión. Nadie llevará su dinero a un lugar al que le cambian las reglas o que el predio en el que pensaba invertir fue invadido, abundó. “Entonces se pierde competitividad municipal y estatal. El discurso del medio ambiente debe estar en la agenda de la competitividad; se pueden hacer obras, pero no es la primera que se me ocurra. Hay que ver opciones de obra, de inversiones, de costo–beneficio y costo–efectividad. Hay toda una serie de instrumentos que parecería que no los conocen, pero la mayor parte de los que toman decisiones sí tienen quien se los acerque”, finalizó.

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