El Morrocotudo, Chile, 15 Julio 2008
Por Sara Larraín
Tras 16 años de tramitación parlamentaria, incluyendo trabas de múltiple naturaleza, la Presidenta Bachelet ha promulgado la ley “corta” de bosque nativo, lo que significa gran alegría para los ciudadanos, sobre todo por el trabajo intenso que durante todos estos años desarrolló por la sociedad civil organizada para materializar esta normativa.
Aun así, debemos tener presente que esta ley fue enviada al Parlamento en abril de 1992 y que experimentó innombrables e innumerables modificaciones e indicaciones, muchas de ellas carentes de contenido relevante. A causa del trabajo de las organizaciones y las demandas ciudadanas por aprobar y poner en vigencia esta ley, en 2006 se acordó restringir su ámbito de acción y excluir así varios puntos de conflicto, a fin de jerarquizar a partir de los temas que sí generaban consenso. En consecuencia, tras las disposiciones más relevantes de la normativa hallamos posibilidades para los pequeños propietarios forestales de contar con bonificaciones por el manejo de bosque nativo. De este modo, es dable suponer que la normativa permita un significativo aporte social y ambiental, sobretodo en la zona sur de Chile.
El texto incorpora importantes resguardos al ambiente, como corredores de biodiversidad, protección del bosque aledaño a humedales, a sitios prioritarios para la biodiversidad y en áreas cercanas a glaciares. Asimismo, definió materias en torno a la intervención y protección en la cercanía de los distintos tipos de cursos de agua del país y en las pendientes superiores a 45% habrá que asociar estudios de suelo y métodos de intervención que no generen un impacto negativo a través de cables aéreos o extracción con helicópteros.
Sin embargo, el nuevo marco legal es evidentemente insuficiente para regular múltiples materias forestales pendientes, como el perfeccionamiento de instrumentos idóneos para la real conservación y protección del patrimonio natural terrestre de Chile. Así, de acuerdo a los compromisos del gobierno, la ciudadanía espera que prontamente la autoridad ingrese a trámite parlamentario los textos legales complementarios, a fin de regular la sustitución de bosque nativo. La relevancia de esto se relaciona con la situación actual del bosque esclerófilo de la zona central, materia que no fue considerada en esta ley.
De este modo, hoy procede apelar a la voluntad política de la Presidenta, para que disponga de una normativa específica que permita la protección de las áreas silvestres protegidas, públicas y privadas, puesto que se trata de patrimonio natural vulnerado en múltiples puntos del territorio. Éste es el caso de la Reserva Las Vicuñas, el Tatio, Los Cipreses y Puyehue.
La autora es Directora del Programa Chile Sustentable
comunicaciones@chilesustentable.net
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