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17 February 2009

Chile autoriza una obra que arriesga la biodiversidad en la Patagonia

Crítica de la Argentina, Argentina, 12-2-09

El proyecto hidroeléctrico tiene 2.643 observaciones en contra pero la Corte Suprema le dio luz verde para ser iniciado. Es en el cauce de los ríos Pascua y Baker. No consideran el tratado de medio ambiente con la Argentina

La Corte Suprema de Chile confirmó el rechazo del recurso de protección de una organización ecologista en contra de una institución regional que aprobó el estudio de impacto ambiental (EIA) —cuya entrega fue largamente dilatada— del proyecto HidroAysén, informó hoy la prensa local.

El consorcio HidroAysén, integrado por Endesa Chile y Colbún, impulsa la construcción de cinco represas en el cauce de los ríos Pascua y Baker, en la Patagonia chilena, con una inversión de 3.200 millones de dólares para generar en total una media anual de 18.430 gigavatios por hora.

El estudio ambiental de este proyecto, presentado en agosto del pasado año, recibió 2.643 observaciones de parte de 32 organismos públicos, por lo que el consorcio anunció en noviembre la suspensión de su tramitación durante nueve meses, hasta el 26 de agosto de 2009.

En tanto, el abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, Marcelo Castillo, presentó un recurso en contra de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) que fue rechazado por un tribunal regional, una medida que la Corte Suprema ratificó ahora.

El recurso se basa en que para construir esas centrales hidroeléctricas se debía considerar el tratado de medio ambiente firmado entre Chile y Argentina en 1991, que exige la existencia de planes generales de utilización de aguas ante proyectos que puedan afectar las cuencas fronterizas.

La Corte Suprema desestimó esos argumentos y puso así fin a las intenciones de los ecologistas de dar marcha atrás al rechazo por unanimidad que emitió la Corte de Apelaciones de Coyhaique, a unos 1.720 kilómetros al sur de Santiago. Ese tribunal determinó el pasado 11 de noviembre que la Corema tomó "la decisión más apropiada, justa y conveniente que el caso ameritaba" y refutó así el recurso de los ecologistas que pedía declarar "inadmisible para su evaluación" el EIA de HidroAysén.

El proyecto de Endesa y Colbún recibió críticas de numerosos grupos ecologistas del país que temen que la inundación de grandes extensiones de terreno pueda sepultar la riqueza ecológica de la Patagonia, en la zona más austral de Surdamérica.

16 February 2009

México: energía “limpia” española despoja comunidades

http://www.salvalaselva.org/

Desde el 10.02.09 707 personas han participado en la protesta
Pobladores protestan frente al parque eólico Pobladores protestan frente al parque eólico

El Proyecto del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec es una propuesta con los vientos que corren por esa región. Pero la población ve este proyecto como una nueva conquista española que significa la entrega de sus recursos y soberanía a las empresas multinacionales.

Lo único que les queda a las comunidades locales es el despojo y la privatización de su territorio por parte de empresas extranjeras. Ya históricamente, la población indígena y campesina del Istmo ha sido altamente discriminada y marginada por el modelo socioeconómico polarizante, en beneficio de los sectores dominantes y las transnacionales, con el beneplácito y entreguismo de las autoridades mexicanas. Estas llegan con la promesa de inversiones millonarias, empleo y progreso.

Fuentes de energía como la eólica se presentan como renovables y por eso limpias y aceptables. Pero para la construcción de estos parques eólicos, se necesitarán 130 mil hectáreas del territorio para instalar 5000 aerogeneradores. Cada aerogenerador ocupa casi media hectárea y se rellena con 120 toneladas de cemento y varilla, afectando los mantos freáticos y las siembras. Información verídica, completa y detallada nos fue proporcionada con anterioridad: por ejemplo, sobre el modo en que la tierra sería afectada, desertificación, anegación, etc. Y los contratos de renta por la tierra que se les hizo firmar haciendo uso de engaños a los campesinos resultaron leoninos: van de 40 a 60 años y los pagos son de 100 a 150 pesos anuales. Copias de los contratos firmados no les fueron entregadas. Procedimientos legales ante los juzgados civiles ya han sido iniciados, pidiendo la nulidad de dichos contratos.

De acuerdo a la información facilitada por los afectados, las empresas que negociaron estos contratos son las españolas y vascas Unión FENOSA, Gamesa, Endesa, Acciona, Eoliatec, Preneal, Iberdrola; la alemana Siemens, las estadounidenses General Electric y Enron; así como Energía de Francia. Estas empresas tienen de su lado un enorme poder económico y jurídico.Para las comunidades es muy difícil alcanzar la justicia ya que la desigualdad de poder es muy grande. El Gobierno español y vasco les apoyan incondicionalamente a través de créditos, leyes que favorecen su internacionalización y una cobertura diplomática en caso de que se vean dañados sus intereses económicos. El marco para ello lo proporcionan tratados como el de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLC UE-México) que favorece los intereses comerciales europeos en México.

Esto no está contribuyendo a llevar el progreso y una mejora en la calidad de vida de las comunidades del Istmo, sino todo lo contrario. Por esta razón los ejidatarios y comuneros instan al gobierno español y al vasco a que retiren su apoyo económico, político y diplomático mientras la actividad de las empresas se desarrolle en un contexto de violación de derechos fundamentales. Piden también, que elaboren con urgencia nuevas proposiciones de Ley que tengan como objetivo poner límite a las vulneraciones de derechos fundamentales que las empresas españolas están cometiendo fuera de sus fronteras.

Contrastando con los millones de dólares que las empresas van a obtener del territorio del Istmo, los empleos que prometen son escasos y miserables. Por el contrario, el proyecto sólo beneficiará a los empresarios, con la importación de la tecnología sin pagar impuestos, la venta de la energía generada a Centroamérica y los Estados Unidos de Norteamérica, como parte del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central, SIEPAC. También empresas como Waltmart, Soriana, Cemex, Coca Cola, Pepsi Cola, harán uso de esta energía.

Cabe destacar que la población local sigue pagando altos precios por la energía que consumen y que viene de otros lugares. Ante esto se hacen la siguiente pregunta: ¿dónde está la energía limpia y el progreso para la población?

Ni un parqué eólico más en la región del Istmo de Tehuantepec
El Istmo no es de las empresas trasnacionales.
La tierra y el viento no se venden: se aman y se defienden.

Si usted firma la carta que encontrará abajo, esta se enviará automáticamente a las siguientes direcciones.

Presidente de México
Sr. Felipe Calderón Hinojosa
felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Presidente de España
Sr. José Luis Rodríguez Zapatero
jlrzapatero@presidencia.gob.es

Gobernador del estado de Oaxaca
Sr. Ulises Ruiz Ortiz
gobernador@e-oaxaca.gob.mx

Embajada de España en México
embespmx@correo.mae.es

Secretario General de Acción Exterior de la Presidencia del Gobierno Vasco
Sr. D. Iñaki Aguirre Arizmendi
accion-exterior@ej-gv.es

Delegado de Euskadi en México
Ignacio Ramón Ruiz Cuesta
mexico@ej-gv.es

Secretario de Economía del Gobierno de Oaxaca
Sr. Héctor Gómez Núñez
hector.gomez@e-oaxaca.gob.mx

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca
Sr. Héctor Anuar Mafud Mafud
oaxtsj@infosel.net.mx

Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso
Dip. Marcos Matías Alonso
marcos.matias@congreso.gob.mx

Comisión de Energía del Congreso
Dip. David Maldonado González
david.maldonado@congreso.gob.mx

Presidente Municipal de Juchitan Oaxaca
Sr. Mariano López Santana
ayuntamiento2008_2010@hotmail.com

Copia a: Centro de DD. HH. Tepeyac del
Istmo de Tehuantepec. A.C.
cdhtepeyac@yahoo.com.mx

22 May 2008

Rechazan pueblos la hidroeléctrica Paso de Reina, en Oaxaca

En el Foro Defensa del agua y el territorio de pueblos indígenas

México DF, 21 mayo 08 (CIMAC).- Nada tenemos que hablar o negociar con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque nuestras tierras y nuestros recursos naturales no están en venta, rechazamos el proyecto hidroeléctrico Paso de Reina, en Oaxaca, y llamamos al movimiento nacional e internacional contra las represas, así como a las organizaciones, ambientalistas y de derechos humanos, para sumarse a nuestro proceso de resistencia.

Estas fueron los acuerdos tomados por las y los ciudadanos afectados por el proyecto Paso de Reina, autoridades municipales, agrarias y organizaciones de la sociedad civil, luego de participar en el IV Foro por la Defensa del Agua el Territorio y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, celebrado el 17 y 18 de mayo del 2008, en la cabecera municipal de San Pedro Tututepec, Oaxaca, de acuerdo con un comunicado de los organizadores.

En la reunión, que tuvo como fin analizar la problemática que enfrenta el agua, los recursos naturales y el territorio de los pueblos, las y los participantes, llamaron también a sumarse a las acciones que emprenderá el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, Oaxaca, para informar y movilizarse para la defensa de sus tierras, recursos naturales y derechos.

Denunciaron también que la CFE está haciendo visitas a las comunidades y con engaños tratan de convencer "a nuestra gente" para que acepten la construcción de la presa Paso de la Reina, con la promesa de la generación de fuentes de empleo, actividades productivas como la pesca, proyectos de ecoturismo, actividades industriales y de servicios.

Acompañados de diversas personas y organizaciones afectadas por las represas de La Parota, en el estado de Guerrero; El Cajón en Nayarit; El Zapotillo y Arcediano, en Jalisco; La Yesca y El Naranjo II en los estados de Jalisco, Nayarit y Colima, las y los afectados por el proyecto La Reina dijeron enfáticos "la tierra es nuestra madre, no tiene precio y no la negociamos".

Exigieron también a la CFE el cese inmediato a la cadena de agresiones a sus derechos fundamentales como pueblos y comunidades indígenas, que están reconocidos en el Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas, sobre Pueblos Indígenas.

Asimismo, la suspensión de todos los estudios que realiza en las comunidades afectadas y su salida inmediata de la región, el respeto absoluto a la autonomía y libre determinación de los pueblos, y respeto al rechazo que manifiestan en contra de la presa Paso de la Reina, así como el cese inmediato de todas las acciones de presiones y hostilidad que realiza la CFE para imponer su proyecto. De igual forma, exigen a las autoridades la salida inmediata del Ejército Mexicano, de los pueblos y comunidades de la región.

PASO DE REINA
Contra el proyecto Paso de Reina se han manifestado como afectados autoridades y habitantes de las comunidades de Santiago Ixtayutla, San Lucas Atoyaquillo, Corral de Piedras, La Humedad, El Mosco, Tierra Blanca, Llano Escondido, Xiniyuva, Pueblo Viejo, Tataltepec de Valdez, Plan de Aire, El Zapotalito, San José del Progreso, El Ocote, San Pedro Tututepec.

Reunidos en el Foro, reafirmaron que el agua es un recurso natural patrimonio de todos y de todas, no le pertenece a nadie en particular porque es un derecho humano de las personas y de los pueblos. El agua, dijeron, es un elemento vital para la vida de las personas, de las plantas, de los animales y de la sobrevivencia misma del planeta.

Analizamos, dicen, que cada día el agua es un recurso más escaso y difícil de conseguir debido a la contaminación y sobreexplotación de los ríos, los arroyos, los manantiales, las lagunas, etcétera. Esta situación provoca que el agua se haya convertido en un líquido de los más codiciados y visto por las trasnacionales como una excelente mercancía para comercializarla, lo cual vislumbra un panorama de mayor exclusión social y pobreza extrema.

La comercialización de agua envasada, detallan las organizaciones y ciudadanía, es ejemplo claro del grande negocio de las empresas trasnacionales como la Coca-cola, Pepsicola, Nestlé y Danone, así como aquellas que están detrás de la CFE para la construcción de represas y la generación de energía eléctrica, a costa de sacrificar los derechos fundamentales de los pueblos.

El gobierno, lejos de proteger y garantizar nuestros derechos, consideran, se ha convertido en aliado de los organismos multilaterales y de los intereses de las empresas trasnacionales, para agredirnos y despojarnos de lo que legítimamente nos pertenece.

LA CFE Según testimonios y experiencias que nos compartieron nuestros hermanos y hermanas afectadas por los proyectos de las represas, La Parota, El Cajón, El Zapotillo, Arcediano, La Yesca y El Ciruelo II, relatan las y los participantes en el Foro, nos permitieron constatar que la CFE es una institución que manipula y oferta promesas que nunca cumple.

Jamás ha informado los verdaderos impactos que conllevan los proyectos hidroeléctricos que construyen, aseguran, como son los desplazamientos forzosos, desintegración de la vida comunitaria y la cultura de los pueblos, la destrucción de la naturaleza, porque modificar la cuenca de un río provoca grandes impactos para la vida de las personas y para el ecosistema. Las y los opositores a esos proyectos, continúa el comunicado, que se han atrevido a enfrentar las embestidas y agresiones de la Comisión Federal de Electricidad, han sido objeto de la represión de la fuerzas del Estado, encarcelando y asesinando a gente inocente.

Y afirman que no están dispuestos a tolerar este tipo de prácticas y agresiones, tampoco cederán ante las intimidaciones del Gobierno, porque "curiosamente el Ejército ha realizado incursiones y ha establecido campamentos temporales en comunidades que nos hemos manifestado abiertamente en contra del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina".

Al Foro asistieron habitantes de Santiago Ixtayutla, San Lucas Atoyaquillo, Corral de Piedras, La Humedad, El Mosco, Tierra Blanca, Llano Escondido, Xiniyuva, Pueblo Viejo, Tataltepec de Valdez, Plan de Aire, El Zapotalito, San José del Progreso, El Ocote, San Pedro Tututepec, El Charquito, Santa Catarina Juquila, Guelatao de Juárez, Tatahuicapan Veracruz, Huajuapan de León, La Parota, El Cajón Nayarit, Zapotillo, Arcediano Jalisco, La Yesca y El Naranjo II. También autoridades municipales y agrarias de Santiago Ixtayutla, San Lucas Atoyaquillo, El Mosco, Tierra Blanca, Xiniyuva, Llano Escondido y Pueblo Viejo. Así como el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota, Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, Fundación Cuenca Lerma, Chapala, Santiago AC, Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde Kupurí AC, de Tepic Nayarit, CACTUS AC, Servicios para una Educación Alternativa, La Ventana AC, Centro de Derechos Humanos "Ñu´u Ji Kandii", y la organización Franciscanas Misioneras de María. La Humedad, Santiago Ixtayutla. 08/GG/CV

19 May 2008

Comisario europeo opuesto a convertir alimentos en biocombustibles

Berlín, 18 may (PL) El comisario europeo de Industria, Günter Verheugen, calificó de insensato convertir plantas alimenticias en productoras de biocombustibles, en entrevista publicada hoy por el diario Bild.

En opinión del funcionario, ha disminuido el embullo inicial por ese producto, lo cual dice complacerlo, a la vez que plantea llegada la hora de reforzar las investigaciones en otros campos alternativos como la tecnología de hidrógeno.

Sería un camino equivocado hacer carburantes a costa de la producción de alimentos o de la tala de bosques tropicales.

Por su parte, el ministro germano de Medio Ambiente, Sigmar Gabriel, se mostró partidario de mantener la puerta abierta a la producción de biocambustibles, pero sólo si no atentan contra el medio ambiente, para lo cual –dijo- habrá que establecer una serie de reglas.

La problemática en torno a los carburantes a partir de alimentos será uno de los temas que se debatirán durante la novena conferencia de la Convención sobre Biodiversidad de la ONU, desde mañana en Bonn.

jf/jmg

PL-26

29 November 2007

Coal Use Rises Dramatically Despite Impacts on Climate and Health

World Watch Institute, Vital Signs Online » Energy and Climate 28 Nov 2007

In 2006, coal accounted for 25 percent of world primary energy supply.1 (See Figure 1.) Due to its high carbon content, coal was responsible for approximately 40 percent of the carbon dioxide (CO2) emissions from fossil fuels, despite supplying only 32 percent of fossil fuel energy.2 Management of this plentiful but heavily polluting energy resource has tremendous implications for human welfare, the health of ecosystems, and the stability of the global climate.

World coal consumption reached a record 3,090 million tons of oil equivalent (Mtoe) in 2006, an increase of 4.5 percent over 2005.3 (See Figure 2.) China led world coal use with 39 percent of the total. The United States followed with 18 percent. The European Union and India accounted for 10 percent and 8 percent, respectively.4 (See Figure 3.)

In terms of growth, China is even more dominant. The increase in China's coal consumption accounted for more than 70 percent of global growth in 2006 and more than 60 percent of the increase in world coal use over the past decade. India, responsible for just over 10 percent of the growth in the last 10 years, ranks a distant second.5

According to preliminary data, five new coalfired generators with a combined capacity of 600 megawatts came online in the United States in 2006, while India added 930 megawatts of capacity.6 In startling contrast, China brought online about as much coal power capacity each week as the United States and India together did over the entire year, adding an unprecedented 90 gigawatts in 2006.7 Several studies have highlighted the uncertainty of China's energy statistics, however.8 For example, some of the capacity reportedly added is likely to have been unauthorized projects completed earlier that were retroactively approved in 2006.9 Nonetheless, the magnitude and trend of China's capacity additions and associated appetite for energy from coal are certain.

Worldwide, the extraction and combustion of coal have severe health and environmental impacts. In the United States, 47 workers were killed in coal mine accidents in 2006, while China's State Work Safety Supervision Administration reported a staggering 4,746 deaths.10 And the pollution emitted by coal-burning power plants and factories affects the health of millions of people. A recent World Bank study identified coal combustion as China's largest source of outdoor air pollution, to which it attributed 350,000–400,000 premature deaths a year.11 Though these numbers were censored by Chinese authorities, at other times officials have acknowledged that coal power plants often do not comply with environmental regulations.12

Even in the United States, which is far ahead of China in terms of pollution control, the struggle to control hazardous emissions from coal power plants continues. In October, American Electric Power agreed to a record environmental enforcement settlement that requires the company to reduce annual sulfur dioxide and nitrogen oxide emissions by over 800,000 tons. The resulting improvement to air quality is expected to produce health benefits worth $32 billion per year.13

The longevity of coal-fired power plants and the abundance of coal suggest that decisions on new capacity made today will have enduring consequences. The average age of currently operating U.S. plants is 47 years, indicating that plants built today are likely to remain in operation for many decades.14 Coal's abundance is apparent in reserve-to-production ratios, which based on current extraction rates exceed 200 years in the United States and India.15 The figure in China is roughly 50–70 years, with an estimated total coal resource that allows room for plenty of reserve growth.16

Recent forecasts of world coal consumption in 2050 range from 2,900 Mtoe in a scenario published by the International Energy Agency (IEA), which assumes adoption of a stringent, worldwide carbon policy, to 10,700 Mtoe in a business-as-usual scenario published by the Massachusetts Institute of Technology (MIT).17 Meeting any climate stabilization target will require control of coal emissions.18 Nicholas Stern, who led an influential study on the economics of climate change, says that "unless we get coal under control, we're not going to be able to solve this problem."19 After reaching this same conclusion, numerous studies identify carbon capture and sequestration (CCS) as a way to reconcile coals importance as an energy resource with its role as a major contributor of CO2 emissions.20

Carbon capture and sequestration from a coal-fired power plant involves four key steps: isolate a relatively pure stream of CO2 from the combustion source, pressurize the captured gas and transport to the storage site, inject the CO2 into the storage reservoir, and monitor the storage reservoir for stability and leakage.21 Each of these steps is already used in some commercial applications, mostly in oil and natural gas production and processing operations.

One project stands out for having successfully integrated all four steps, albeit not on a power plant. The Great Plains Synfuels plant in North Dakota produces synthetic natural gas from lignite coal. Since 2000, the facility also captures CO2 from the "synthesis gas," an intermediate product, compresses that CO2, and transports it 300 kilometers by pipeline to the Weyburn oil field. There the flow of CO2, currently about 8,000 tons per day, is injected into the oil field to enhance oil production. A measurement study headed by the IEA concluded that the CO2 injected at Weyburn will be sequestered there for thousands of years.22

The overall climate benefit of this particular project is marred by the fact that the extra oil production it enables, an estimated 130 million barrels, will itself release over 50 million tons of carbon dioxide when burned.23 Future CCS aquifers rather than active oil fields in order to provide the scale of benefit required. The technology needed is not significantly different, but the project economics are currently much more challenging.

With the technical feasibility of CCS largely proved by Great Plains Synfuels and other demonstration projects, cost is the largest single factor preventing the deployment of this technology. Initial interest focused on applying CCS to advanced power plants known as an integrated gasification combined-cycle (IGCC) plants in anticipation of a lower overall project cost. An IGCC plant converts solid coal into a synthetic gas, from which CO2 can be more easily extracted, and then uses that gas to produce electricity with relatively high efficiency. It is estimated that electricity produced by an IGCC power plant equipped with carbon capture will cost 35 percent more than electricity from a conventional plant. Adding CCS to a conventional power plant could increase the cost of electricity by upwards of 60 percent.24 Transport, injection, and monitoring of the CO2 will push these price premiums even higher. Thus without a sizable cost applied to carbon emissions, CCS is prohibitively expensive.

At present, cost estimates for coal-fired power plants equipped with CCS include a high degree of uncertainty, however. If and when the various CCS processes are commercialized, the technology that offers the lowest cost option will almost certainly vary from one project to the next, depending on many factors, including the quality of coal and whether the plant is new construction or a retrofit.25

Numerous research and development projects are working to reduce costs, and demonstration projects have been proposed in Europe, North America, Australia, and China.26 The U.S. Department of Energy suggests that large-scale units may be completed around 2020, but an MIT study published this year finds current programs to commercialize carbon sequestration to be "completely inadequate," highlighting the need for further demonstration "at-scale" and advanced measurement, monitoring, and verification of storage.27 Pilot operations scheduled to come online in 2007/08 may validate certain capture technologies, but the most aggressive proposals for at-scale applications of integrated CCS to coal-fired power plants target 2011/12.28 In the meantime, each new coal plant will be a major source of additional CO2 emissions.

Growing acknowledgement of the climate, health, and environmental consequences of coal use have led to mounting political opposition to new coal plants in the United States and Europe. A European Union commitment to reduce CO2 emissions at least 20 percent by 2020 presents a formidable obstacle to any new coal power there that does not incorporate CCS.29 Though a similar U.S. commitment has not been made, Senate majority leader Harry Reid recently took a stand against new coal power plants, and the state of California effectively banned state utilities from building new plants without CCS.30 In mid-2007, the uncertain outlook for coal power resulting from burgeoning anti-coal activism was cited by Citigroup analysts in their decision to downgrade the stocks of all coal companies.31

On a global scale, the declining fortune of coal in industrial countries is overshadowed by its dominance in the energy mix of large developing economies. In China and India, coal maintains a preeminent role in plans to meet sustained, rapid growth of energy demand.32 A true reconciliation of the coal resource and the climate risk that it presents must soon confront coal power on its new home turf.

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Includes the following charts and graphs
Composition of Total Primary Energy Supply, 2006
World Consumption of Coal, 1950-2006
Shares of World Coal Consumption in U.S., China, India, and Rest of the World, 1990-2006

Notes
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13 August 2007

Caravana en defensa del Yasuní

El Mercrio de Cuanca, Ecuador

[2007-08-12]
Defensores del medio ambiente y organizaciones que apoyan la campaña, formaron en la selva la palabra
Defensores del medio ambiente y organizaciones que apoyan la campaña, formaron en la selva la palabra "Vive Yasuní".
CUENCA.- Ayer, a las 16h00, llegó a Cuenca el \"Tour Amazonía por la Vida\" para difundir la propuesta de no explotar el petróleo del bloque 43 Ishinpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), localizado dentro del Parque Nacional Yasuní.

La campaña \"El Yasuní depende de tí\", plantea la propuesta de compensar económicamente al Estado Ecuatoriano para que no extraiga el crudo del subsuelo, es decir no se ejecute el proyecto ITT.

Esto conllevaría un efecto positivo en la conservación de la biodiversidad, la reducción de emisiones del CO2 y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y su forma de vida. señaló Jorge Merlo, participante de la campaña del Yasuní, de la organización Amazonía por la Vida.

La campaña tiene dos etapas: la primera, es la difusión de la propuesta y recolección de un millón de firmas a lo largo de la caravana que recorre el país. El tour se inició en Quito el 8 de agosto y concluirá el 20 del mismo mes, luego de haber pasado por Ambato, Puyo, Baños, Riobamba, Cuenca, Loja, Zamora, Machala, Guayaquil, Manta, para nuevamente culminar en la capital.

Una segunda fase, que se emprenderá en septiembre de este año, se procederá a la recolección de fondos, mediante una cuenta que será abierta por la Vicepresidencia de la República.

Monto a recaudar

La idea es reunir alrededor de 1.300 millones de dólares, que invertidos al 11%, los intereses permitirán contar con una renta permanente en el tiempo. Estos montos serían destinados a actividades que liberen al país de la dependencia a las exportaciones e importaciones y que consoliden su soberanía alimentaria.
Señalan que es hora que el país base su economía en la producción y en el desarrollo intelectual de sus habitantes y no solamente en la extracción de recursos no renovables, como el petróleo.

Merlo indicó que los cálculos para la recaudación se realizaron en base a que el Ecuador recibe en realidad 5 dólares por barril de la explotación de petróleo, descontando todo lo que se llevan las empresas petroleras, los negociados, los gastos de corrupción, incluso sería menos si se restara los pasivos ambientales.
Existe el apoyo del presidente Rafael Correa, al ser una propuesta creativa, incluso fue el primero en poner su firma.

Si se explota el ITT, se trata de alrededor 1.000 kilómetros cuadrados, de donde se obtendría cerca de 1.000 millones de barriles en 20 años, causando graves impactos: ambiental (contaminación, deforestación, alteración de las relaciones ecológicas de los ecosistemas, aporte de CO2 y calentamiento global), económico, social y cultural.

Tanto en el ITT como en el bloque 31, son territorio Huaorani y territorio de cacería de pueblos en aislamiento voluntario: Tagaeri, Taromenani y Oñamenane.

Respuesta internacional

A la campaña se han sumado muchas Ong´s, asociaciones ecológicas, incluso gobiernos de otros países. Con la difusión que se inició hace dos meses, muchos sectores y ciudadanía se han unido, señaló Merlo.

Apenas Acción Ecológica envió el primer correo recibió miles de respuestas de todo el mundo, dispuestos a hacer la donación.
Los Gobiernos de Noruega e Italia se manifestaron a favor de la propuesta; se han tenido visitas del Parlamento Europeo y han manifestado que desarrollarán una campaña a nivel de toda Europa.

La primera oferta real económica es del Gobierno de España. La Primera Vicepresidenta, quien estuvo en Ecuador la semana pasada, ofreció 4 millones de dólares. Otros países también han manifestado una oferta verbal.

Destrucción ambiental

\"La explotación del crudo tiene una enorme trascendencia nacional por la destrucción ambiental y social, por eso, es nuestra obligación como ecuatorianos ser los primeros donantes para evitar el desastre natural\", señalan.

De esta manera salvamos la selva del Yasuní, que es uno de los sitios con mayor biodiversidad del planeta, identificada como una de las 24 áreas prioritarias para la vida silvestre del mundo.

En una sola hectárea de estos bosques hay casi tantas especies de árboles y arbustos como en todo el territorio de los Estados Unidos y Canadá juntos. (LCP)


SOBRE EL PARQUE

UBICACION en provincias Pastaza y Napo
Creación Julio 26, 1979 - Decreto No. 322 (ampliación 1990 y 1992)
Superficie 982000 ha - 2426488.75 acres
Rango altitudinal 300 - 600 msnm 984.3 - 1968.6 pies
Zonas de Vida: Bosque Humedo Tropical

DESCRIPCION DE LA ZONA

La geomorfología del Parque está constituida por una sucesión infinita de pequeñas colinas suaves que son el resultado del paso milenario de los ríos y dan el contexto general que alberga su impresionante biodiversidad.

El Parque comprende importantes cuencas de los ríos Napo, Yasuní, Tiputini, Nashiño, Cononaco y varios afluentes del Curaray, río que limita al Parque por el sur. Por el Napo, al norte, desde la ciudad de Francisco de Orellana (Coca) hasta Nuevo Rocafuerte el río recorre aproximadamente 300 km., creando más de 120 islas a su paso; este río es navegable en toda su trayectoria.

Son diferentes los orígenes de los ríos en el Parque Nacional Yasuní; unos proceden de los Andes y se los conoce como ríos de aguas blancas por la alta cantidad de sedimentos que arrastran consigo desde la cordillera. Otros nacen en la misma Amazonia y se los conoce como ríos de aguas claras dado que están teñidos por un cierto grado de contacto con hojas en descomposición; por último están los de aguas negras, más bien con el color del té debido al contacto permanente con la hojarasca y a los taninos que adquiere de las hojas.

Aquella que sale de los moretales (pantanos de palmas) es el agua más negra de todas.

La totalidad del Parque se encuentra en la zona de vida que Holdridge clasificó como bosque húmedo tropical. Dentro de ella es posible diferenciar 3 tipos de selva: la tierra firme, no inundable, localizada en la parte alta, sobre las colinas; el bosque estacionalmente inundado ó várzea; y, el bosque permanentemente inundado ó igapó.

A pesar del buen estado en que toda esta biodiversidad se mantiene en el Parque, existen también amenazas que ejercer fuerte presión sobre estos recursos; la colonización y la actividad petrolera son las más evidentes.


Una riquísima reserva natural

Este parque abarca las cuencas de los ríos Yasuní, Nashino, Cononaco y Tiputini. Cuenta con colinas de densa vegetación, árboles madereros y muchas especies de aves. Así mismo, tiene llanuras con extensos pantanos.

En la fauna que habita en el Parque Nacional Yasuní, se cuentan jaguares, águilas arpías y caimanes, principalmente. Su temperatura bordea los 30 grados centígrados. Sus principal vía de comunicación es la fluvial y su extensión es de 982.000 Has, aproximadamente.

(http://www.explored.com.ec)

25 July 2007

Histeria Energética, arrasa con biodiversidad

El Ciudadano, Chile

Julio de 2007

Hay muchas formas de generar energía. Pero las empresas de generación eléctrica (como Colbún, Hidroaysén, Endesa o AES Gener, entre otras) han logrado imponernos un desarrollo energético basado en megacentrales hidroeléctricas, lo que les ha resultado extremadamente rentable. La histeria energética gatillada por la enorme demanda de energía, ha significado elevados costos para el país: destrucción de cuencas, muerte biológica de ríos, extinción de especies ícticas, desplazamiento de poblaciones indígenas, destrucción de otras economías posibles en esas cuencas y valles.
¿Es esta una condena total a la hidroelectricidad? Está claro que no, pero en los países desarrollados la era de las centrales hidroeléctricas ha llegado a su fin porque los estándares ambientales y sociales ya no permiten su construcción.

Chile es uno de los países más dependientes del mundo, energéticamente hablando.
Contamos con una matriz energética muy dependiente. Esta es tremendamente vulnerable por la dependencia de los países de los cuales provienen esas fuentes de energía. Importamos el 98 % de las necesidades en crudo. Casi el 100 % de los requerimientos de carbón. Salvo alguna producción de gas natural en Magallanes, importamos casi el 100 % del hidrocarburo. Si bien es cierto contamos con recursos hidráulicos, hay una tendencia a agotar los grandes patrimonios hídricos y poner en peligro la biodiversidad de los lugares donde se ubican las centrales hidroeléctricas.
Otra de las deficiencias de la matriz energética, tiene que ver con que Chile carece de un mercado regulatorio que permita generar e implementar una estrategia de desarrollo acorde a un país dependiente y creciente en el consumo de energía. Chile posee un mercado energético vago, no explotado, no transparente y que protege fundamentalmente a los inversionistas y no a los consumidores.
Para el Estado está primero el consumidor y luego el ciudadano. Cuando apelamos al ciudadano, estamos solicitando la capacidad de decidir, no en base a parámetros costo-beneficio, sino en base a calidad de vida. Eso no está consagrado en la Constitución.
Las centrales de Aysén, que son enormes, aparentemente traerán grandes beneficios, en términos de disponibilidad de energía, pero tendrán un impacto ambiental severo, irreversible, y por ende cuestionable.
En todo megaproyecto que trae impactos benéficos y negativos sobre el medio ambiente y la calidad de vida del ciudadano, hay que preguntarle a él si quiere lo bueno y también lo malo. Eso no está sacramentado en la Constitución, o muy mal, y se implementa de manera antojadiza, a destiempo y sin informar a los ciudadanos.
La culpa no la tienen las empresas, la tiene el marco regulatorio. Por este entendemos un marco jurídico, pero también la reglamentación, que es potestad de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el ministerio de Energía y la superintendencia de Electricidad y Combustibles, en las cuales esto no está claramente especificado. Es decir, todo lo que se refiere a la información de megaproyectos que tienen un impacto al medio ambiente deberían estar a disposición de la ciudadanía para cuándo y cómo los quiere. Lo que no se cumple.

EL DICTADOR NOS CONDENÓ
Los recursos naturales son depredados por culpa de la dictadura, cuya cúpula se encargó de dejar la legislación muy bien amarrada y con la privatización del sector eléctrico. La Concertación no ha hecho absolutamente nada para cambiar esta situación. No puede ser que, en el 2007, se sostenga aún que el aumento de los costos de la energía en el mundo, implique un aumento económico sistemático, de las tarifas y los costos de la energía, y además que los tenga que asumir la ciudadanía. Mientras se mantengan rentabilidades extraordinarias para todas las compañías distribuidoras eléctricas y para todas las firmas ligadas a los derivados del petróleo, hidrocarburos y gasolineras, no entendemos por qué nosotros los ciudadanos debemos estar pagando las malas decisiones.

El Estado castiga al ciudadano y fundamentalmente a los más pobres. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la participación de la energía en el presupuesto familiar puede llegar a ser menos del 1 % del presupuesto del decil más rico de la población, y alrededor del 10 % en el decil más pobre. Eso para Santiago, sin incluir leña, pues cuando hablamos de energía incluimos derivados del petróleo: kerosén, gas licuado y electricidad.
Si aplicamos el análisis a las regiones la problemática cambia radicalmente. En la Región de Los Lagos (incluyendo leña) el presupuesto familiar, del decil más rico, alcanza a menos del 1%. Para el más pobre supera el 20 %. Si el sueldo de un hogar es de 120 mil pesos, gastan entre 25 y 30 mil pesos sólo en energía para sobrevivir.

NO ES SUSTENTABLE
A diferencia de los países desarrollados, en Chile el Producto Interno Bruto (PIB) crece en un 5 % por año. Esto quiere decir que por cada unidad de producto o de bien que se genera en el país, destinamos entre 1,2 o 1,5 % de energía para vivir. Esto sigue creciendo. En Chile la curva entre el consumo de energía y el PIB es paralela y ascendente. Fenómeno que las generadoras eléctricas toman en cuenta para invertir en Chile. Pero, ¿Podemos reducir el consumo e incrementar el PIB? ¿Qué pasa en el extranjero? Ese fenómeno de las paralelas ascendentes (PIB y consumo de energía) no existe en ningún país desarrollado. Esa tendencia no es sustentable en el corto o largo plazo. En Europa crecen al 2 %, pero requieren de menos energía.
En Chile no es sustentable lo que estamos haciendo. Algunos secretarios ejecutivos de la CNE, durante décadas, se negaron a adoptar políticas de uso eficiente de la energía. Este último concepto, no quiere decir que veamos menos televisión o apagar la luz… El uso eficiente de la energía es utilizar motores eficaces, procesos más adecuados, ahorrar, invertir. Pero Chile no lo hace. La tercera fuente de energía más importante en el mundo (luego del petróleo y el carbón), es el uso eficiente de la energía.
Lo que tenemos es una política de la oferta energética, basada en la expansión física del sistema que no es sustentable. Chile carece de política energética. En el sentido de ver la oferta: ¿Cómo generamos la energía? Y en el sentido de la demanda: ¿Cómo la consumimos? Al Estado no le importa el consumo, sino la oferta. Año a año tenemos que agregar 400 MW, y en el año 2010 serán 800 MW para poder responder a este febril consumo. Por eso no es sustentable. En este contexto 41 proyectos hidroeléctricos están a la espera de arrasar con los recursos naturales de 8 regiones (ver tabla). En esas zonas el Estado no defiende con claridad la biodiversidad, pues no impone una institucionalidad ambiental fuerte y transparente.

PLANIFICACIÓN Y LIBRE MERCADO: PROYECTO ALTO MAIPO

Cortes de gas, cortes de luz; fantasmas de racionamientos y de crisis. Un sistema de generación energética dependiente para un Chile fraudulentamente despojado de su patrimonio y recursos. Son reflexiones preliminares tras el reciente episodio comercial y diplomático, en que Argentina “cortaba el gas” a Chile; corte que no sólo podría afectar a usuarios residenciales, sino también a las plantas termoeléctricas generadoras de energía y por ende a nuestra reducida industria nacional.
En este contexto, mientras los medios de prensa informan sobre la crisis atendiendo sólo a las autoridades y los “expertos”, se invisibiliza el creciente movimiento social que cuestiona tanto al gobierno y su anémica política energética, como a las empresas del rubro por su desprecio a los intereses de la sociedad chilena, y su nulo aporte a las comunidades que interviene con sus mega proyectos.
Malthus diría que la población crece en progresión geométrica; y con ella crece la demanda energética. No obstante, ni el gobierno de Chile, ni las transnacionales de la energía han asumido la responsabilidad de invertir en el sector de acorde con dicho crecimiento, y la crisis cumple ya más de una década. Por ello más que una crisis energética, es una crisis de política energética; y más que una crisis, es la ausencia de política; pues el Estado ha dejado la producción de energía, con todos sus derechos y deberes, en las ávidas manos del mercado. Así, mientras los usuarios pagan cuentas eléctricas cada vez más abultadas, las empresas generadoras registran utilidades por millones de dólares, evidenciando una vez más que el modelo neoliberal tiene al mundo “patas arriba”.

LA COYUNTURA
Los últimos días de mayo fueron muy movidos en materia energética, pues Argentina dejó de proveer un importante volumen del gas natural que exporta a Chile. Esto debido a que los trasandinos enfrentan su propia crisis energética.
Ante los hechos, el gobierno chileno se ha mostrado confuso. En principio, el ministro de energía, Marcelo Tokman, buscó transmitir un mensaje tranquilizador, para luego reconocer una crisis confesando: “No está llegando nada de gas”. Sin embargo, a pesar del corte, las generadoras de energía no tendrían problemas para cubrir el suministro, y como dijo el presidente de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, no habría cortes de luz en domicilios ni sectores industriales. Empero, lo que no se podría evitar sería un aumento en los costos de producción, costes que –según dijo el empresario- “serían traspasados a los usuarios”.

LA HISTORIA
La empresa nacional de energía –ENDESA-fue creada en 1943 por la CORFO, y constituyó patrimonio nacional hasta ser privatizada durante la década del 80 por la dictadura de una milicia iletrada y un puñado de economistas-mercenarios, adoctrinados en la utopía monetarista de Milton Friedman y su famosa escuela de Chicago. Hernán Büchi Buc, José Piñera Echeñique, José Yuraszeck Troncoso y Bruno Philippi Yrarrázabal, quienes son algunos de los protagonistas de la privatización del sector eléctrico. En principio los funcionarios públicos desarticularon ENDESA y sus filiales en una multitud de sociedades anónimas, situándose a la cabeza de sus directorios, y diseñando un enmarañado plan que constituye uno de los más burdos episodios del saqueo patrimonial de Chile.
Si bien, tanto Yuraszeck como Philippi no pasaron por la escuela de Chicago, aprendieron rápidamente su doctrina, y operaron en consecuencia. El primero es hoy, un exitoso y millonario empresario vitivinícola, pero en su tiempo fue conocido como el “zar de la electricidad”, por estar a la cabeza del grupo Enersis; un holding eléctrico de cobertura continental. A fines de los 90, luego de un controvertido proceso de venta de acciones que los llevó a tribunales por el famoso “Caso Chispas”, también llamado “negocio del siglo”, Yuraszeck y los suyos vendieron su participación en Enersis al gigante energético Endesa España. En ese contexto, la periodista y autora del libro “El Saqueo de los grupos económicos al Estado chileno”, María Olivia Monckeberg dijo: “Se retiraron con 500 millones de dólares en los bolsillos”.
El caso de Philippi es menos rimbombante, pero más atingente a nuestra historia. Según cuentan los anales, “Don” Bruno fue presidente de GENER durante 13 años, desde su privatización hasta la venta a su actual dueño: la norteamericana AES Corporation. Por cierto, tras una disputada venta de acciones, AES no sólo adquirió una que otra generadora eléctrica, sino una completa red de éstas a lo largo del país, como Norgener que abastece a minera Escondida; Energía Verde que alimenta a las forestales Arauco y Copihue; ESSA, propietaria de la central Nueva Renca que da luz a Santiago; y Guacolda que con carbón electrifica la fundición Paipote, junto a la cual han devastado el ecosistema de la cuenca inferior del río Huasco.

HITOS DE LA CRISIS
Los racionamientos son historia de la década del 90, cuando mientras había cortes “planificados” de luz, los “expertos” del gobierno de Eduardo Frei planteaban la “necesidad de diversificar la matriz energética”. En consecuencia, aquel presidente junto a su símil argentino, Carlos Saúl Menem, firmaron el protocolo para la exportación de gas natural a Chile, materializando la tan anhelada “integración energética”.
Feliz historia, hasta que el año 2005, y como efecto del crecimiento argentino –y su también paupérrima planificación energética-, comienzan los cortes del suministro de gas a Chile, afectando a las generadoras termoeléctricas, o mejor dicho, a sus usuarios –que debieron asumir el aumento de los costos.
Ante la crisis, la respuesta de los presidentes de aquel entonces, Ricardo Lagos y Néstor Kirchner, fue mucho más interesante que la fracasada “integración energética”, y por lo demás, digna de análisis en pos de comprender la lógica de la política neoliberal. Para Kirchner la responsabilidad de la crisis recae sobre la empresa privada, por no prever el nivel de inversión necesario para garantizar el normal abastecimiento de gas natural argentino a Chile. Coincidente con aquel argumento, de éste lado de la cordillera se postuló que el tema “era un problema entre privados”.
Parece extraño que deba ser la empresa privada la que estudie proyecciones de aquel sector definido como estratégico; ¿No sería éste un rol del Estado? ¿Para qué existe la Comisión Nacional de Energía?

EL GRAN SECRETO
DE ALTO MAIPO
Cuando hacia el año 2000 AES Corporation ingresó al mercado energético chileno, sumó a sus haberes, 4 pequeñas centrales hidroeléctricas “de paso” que se ubicaban en la zona cordillerana del cajón del río Maipo. Maitenes, Alfalfal, Queltehues y Volcán suman un total de 240 MW –megawatt de potencia-, cifra menor para los 8.632 MW que conformaron la potencia bruta el Sistema Interconectado Central –SIC- el año 2006.
Corría abril del 2007, y también el rumor de un gran proyecto hidroeléctrico en el Cajón del Maipo. En el intertanto, varios vecinos de la localidad del Manzano recibieron extraños ofrecimientos de compra por las casas que habitaban. Casi todos se negaron, pero algunos vendieron. Uno de estos últimos -que solicitó reserva de su identidad-, reveló que el corredor de propiedades, Jorge Díaz, le convenció diciendo que su casa quedaría en manos de un “matrimonio joven, con dos lindos niños”. Entre quienes se negaron a los ofrecimientos, denuncian que fueron presionados para la venta, como Ana María Canales, otra vecina del Manzano, amenazada que por no vender tendría que “sufrir las consecuencias” de un “gran proyecto” a desarrollarse en el lugar. Poco tiempo después conocerían la naturaleza de dicho proyecto, y la misma Ana María sabría que su casa quedará a veinte metros de la subestación, situación que le aterra: “Ya no podré vivir aquí, no se puede vivir al lado de una central hidroeléctrica”.
Sin saber quién ni cómo, llegaron un día a la localidad del Manzano un trío de sujetos, que identificándose como representantes de AES GENER querían establecer un “diálogo” con las comunidades que un mega proyecto iba a intervenir. Al poco andar, los vecinos de Manzano se enteraron que aquella “embajada” no correspondía a ingenieros de AES GENER, sino a miembros de una consultora comunicacional llamada LAMAR S.A. Nicolo Martelli y un camarógrafo presentaron -y filmaron- una didáctica proyección para explicar genéricamente el proyecto. La exposición carecía de antecedentes técnicos como la ubicación de los tendidos de alta tensión, las dimensiones de los túneles, el impacto sobre el caudal de los ríos a intervenir –Volcán, Yeso y Maipo-, o del volumen exacto de tierra a remover. Por cierto que la embajada se negó a entregar cualquier antecedente escrito, ni menos la presentación en formato digital.
Ante la ausencia de antecedentes técnicos, El Ciudadano consultó con AES GENER, donde estableció un tenso, pero ilustrativo contacto telefónico con Carlos Mathiesen, ingeniero hidráulico a cargo del proyecto. Mathiesen se mostró huraño ante la investigación periodística y se negó a entregar cualquier antecedente “en papel”, o a la solicitud de una reunión con ingenieros del proyecto para conocer los detalles de “Alto Maipo”; el ingeniero dijo: “Llama a mi secretaria y quizá en un mes más te pueda atender”. A pesar de ello, no parece un misterio que AES GENER oculte la información, pues busca proteger sus intereses privados.
Lo que sí constituye un misterio, y una vergüenza es que instituciones gubernamentales actúen como la empresa. Acudimos a la Comisión Nacional de Energía -CNE, para solicitar los antecedentes del proyecto, y esta entidad se negó a entregarlos. El funcionario público Juan Meriches, del área de comunicaciones de la CNE y periodista de El Mercurio, escribió vía correo electrónico que el proyecto Alto Maipo “aún no ha sido ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental, y por tanto no ha sido procesado por esta comisión”. No obstante, por un oficio de AES GENER –Rol S.V.S. nº 4272 del 14 de Junio del 2006- sabemos que el proyecto fue presentado a la CNE –hace casi un año-, por lo que consideramos inadmisible la negativa del organismo de gobierno, denunciando el ocultamiento de información pública –lo es cualquier antecedente que maneje dicha comisión- y negando a la ciudadanía información de relevancia social, por lo que consideramos ha incurrido en grave falta a las labores que competen a un organismo estatal. Como guinda a la torta, Juan Meriches planteó que “cualquier detalle sobre este proyecto o cualquier otro, debe ser solicitado a la empresa correspondiente”.
¿A qué se dedicará entonces el área de comunicaciones de la comisión nacional de energía? ¿No sería su trabajo informar a la sociedad sobre temas eléctricos? ¿Estaremos frente a una cesión de funciones?
El bloqueo informativo sobre los detalles del proyecto es un hecho, provocado tanto por AES y sus parciales aprestos, como por el Gobierno y el celo de la Comisión Nacional de Energía resguardando cualquier antecedente. Como planteó la vocera de los estudiantes del Colegio Andino del Manzano, María Gabriela Rodríguez, sólo pocas personas han tenido acceso –por las reuniones con los asesores de AES- a la genérica información sobre el proyecto, mientras la mayoría de los habitantes del Cajón del Maipo, sólo se han enterado por rumores, o por la información de la prensa local, principalmente el diario el Manzanino. “En San José –de Maipo- nos enteramos primero de oídas, por un rumor que fue creciendo poco a poco. Luego apareció en el diario que la empresa AES GENER se había reunido con vecinos del cajón; ¿y nosotros cuándo? ¿Alguien nos invitó? ¿Alguien nos consultó? Nadie”.


EIA Y SUSTENTABILIDAD
“Alto Maipo” tiene grandes dimensiones. Basta sólo referir que el proyecto, con sus 530 MW, será la segunda central más importante del SIC, sólo superada por el mega proyecto Ralco -690 MW-, de la empresa española ENDESA, cuyo gigantesco embalse y consiguiente central hidroeléctrica provocaron un significativo y mediatizado impacto ambiental, social y cultural en el Alto Bío Bio.
Atendiendo entonces a sus dimensiones, los impactos de Alto Maipo afectarán a numerosos sectores como a los propietarios de derechos de agua en canales de regadío como María Teresa Martinic, que nos confió: “He invertido cerca de 7 millones de pesos para tener agua para vivir y regar, lo que equivale a menos de una pulgada de agua corriente. Si ellos intervienen los ríos, nuestro canal va también a sufrir una disminución en su cauce, y por tanto mi pequeña porción de agua se va a convertir en nada”.
Otro importante sector que será irreversiblemente afectado es el turístico, cual es el sustento para la mayoría de los habitantes del Cajón del Maipo. Desde las empanadas, restaurantes y pan amasado, hasta las cabalgatas, la escalada o el tekking, se verán limitados en el largo plazo por la intervención del proyecto, que seguramente cerrará el paso a distintos sectores del Cajón, como el valle de la Engorda o el Glaciar Colgante del Morado, al igual como central Alfalfal impide el paso al proyecto de Parque Río Olivares, lo que significará una disminución en el flujo de turistas. Mucho más afectada será Joan Donaghey, una canadiense que hace poco más de un año instaló el Hostal Las Palestras en el Manzano. Según dijo: “Nuestros clientes vienen a buscar la tranquilidad de la montaña, y la calidad de uno de los mejores sectores para la práctica de la escalada como es el Manzano –Piedra Romel, las Palestras y las Torrecillas-. (…) Con las torres de alta tensión ya no habrá tranquilidad, ni menos con las tronaduras durante los 4 años de construcción de la central. Estas terminarán por destruir todas las piedras para escalar, que por lo demás empezarán a caer en el techo de nuestras casas. Así, no llegarán más clientes, en principio pues no habrá tranquilidad, pero al largo plazo destruirán el cerro y el patrimonio que éste nos ha regalado y que AES GENER pretende destruir”.
Así los vecinos del Cajón esperan que se presente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para poder conocer el detalle del proyecto, y visualizar con precisión, como éste afectará sus vidas y el entorno; patrimonio de todos chilenos.
Aunque, como le compete a un estado subsidiario, el Estudio de Impacto Ambiental es dejado en manos de privados; y más precisamente externalizado en manos de la transnacional del rubro: ARCADIS. Junto con esto, el mecanismo también sorprende ¿No es curioso que las EIA sean pagadas y solicitadas por el proyectista, como lo es AES GENER en el proyecto Alto Maipo? ¿No debería ser el Estado –que debe velar por la conservación y racional explotación del patrimonio nacional- quien fiscalice y sancione si los proyectos permiten la sustentabilidad de nuestro proyecto país?
Mientras el EIA de “Alto Maipo” no sea presentado, los antecedentes del proyecto serán un misterio para la ciudadanía; y mientras la política energética chilena esté en manos del mercado, no podremos tener seguridad energética y desarrollo sustentable al mismo tiempo.
Por lo demás, los usuarios residenciales seguirán pagando los “costos adicionales” de las crisis, mientras las empresas generadoras continuan presentado números azules en su cuenta anual. Para AES GENER, el 2006 fueron 130 millones de dólares de utilidades –fuera los costos- que pasaron a AES CORPORATION y que nunca más vimos aquí en Chile.

Juan Pablo Caldichoury


AYSEN NO PUEDE SER PILA NI DE SANTIAGO NI DE MINERAS

ENDESA, asociada a Colbún (Grupo Matte), pretende construir 4 centrales hidroeléctricas de represa tipo embalse en los ríos Baker y Pascua que inundarían al menos 9.300 hás. para producir 2.400 MW. Esta energía sería trasladada por una línea de corriente continua de más de 2.000 Kms. de largo hasta Santiago.
Para eso requieren una franja despejada de 70 mts. de ancho (sobre 14.000 Hás.) que cruzaría por áreas protegidas, campos y paisajes de 7 regiones. Además requieren una central de apoyo, en el río El Salto, líneas de alta tensión entre las centrales, caminos, campamentos, aeródromos y puertos. El megaproyecto implicaría una inversión de U$ 4.000 millones.

ENERGÍA PARA
TRANSNACIONALES MINERAS
Según datos de ENDESA, la demanda eléctrica en Chile se duplicaría en los próximos 10 años y triplicaría en 20. Según los expertos esto corresponderá principalmente a la incorporación al SIC de nuevos proyectos mineros en el período 2008–2017. Es decir, el “proyecto país” pregonado hoy por ENDESA es fundamentalmente para abastecer de energía a transnacionales mineras como Barrick, BHP Billiton, Kinross Gold, entre otras.
La energía que pretenden producir no tendría bajo costo (sin considerar aquellos naturales, sociales y culturales). De hecho, su valor bruto puesto en Santiago sería sobre U$ 1.667 el KW, $883.510, más alto que otras alternativas más cercanas.

ÁREAS PROTEGIDAS
El área donde se pretende construir las represas se encuentra en las comunas de Cochrane, O’Higgins y Tortel, en la Provincia Capitán Prat en la Región de Aysén. La población es de 3.837 habitantes (Censo 2002) y las principales actividades en esa zona son los servicios, el turismo, la ganadería y el rubro forestal; el sector que sería inundado comprende 70% de los suelos productivos de la provincia; en el área que sería afectada se encuentra el ecosistema del “bosque siempre verde mixto del Baker”, que sólo se da allí, es decir, es endémico; la cuenca del Baker, el nacimiento del Pascua y Entrada Baker (Valle Chacabuco) fueron priorizados para la conservación de la biodiversidad por la Conama; hay paisajes y lugares excepcionales (como los saltos y rápidos del Baker y el Pascua); en los primeros tramos de ambos ríos la calidad del agua es de las mejores del planeta (según académicos de la Uach); en esa zona se encuentran 2 parques nacionales: Laguna San Rafael y Bernardo O’Higgins, este último declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO; existen 3 reservas nacionales (Lago Cochrane, Jeinimeini y Katalalixar), más un área privada protegida y la propuesta de Parque Nacional Patagonia (Fundación Conservación Patagónica); en este apartado lugar sobreviven aún varias especies en peligro de extinción como el huemul, el huillín, el zorro culpeo, el gato colo colo, la güiña y el gato montés, la peladilla, la ranita de Darwin y probablemente más de algún ave, anfibio, reptil, musgo, liquen y vegetal; la lista de fauna y flora en otras categorías de conservación es larga. También existen importantes humedales, algunos de los cuales están siendo propuestos por el senador Antonio Horvath para ser declarados santuarios de la naturaleza.
Las comunas en que se encuentran los ríos Baker y Pascua son parte del Área de Conservación de la Cultura y el Ambiente (ACCA de la Patagonia, proyecto que cuenta con el apoyo del Gobierno Regional y los Parques Naturales de Francia y la Comunidad Europea).
En el primer tramo del Baker se encuentra en la Zona Nacional de Interés Turístico del Lago General Carrera, y en su desembocadura se encuentran los Monumentos Nacionales y Zona Típica de Caleta Tortel e Isla de Los Muertos (Consejo de Monumentos Nacionales).
La Estrategia de Desarrollo Regional 2000–2006 de la Región de Aysén, tiene como objetivo: “...aspirar a ser una región descentralizada y a obtener una alta calidad de vida, sustentada en un crecimiento económico alto y equitativo, que se fundamentará en la conservación de la calidad medio ambiental y en la integración del territorio”.
¿Se cumplirá esa premisa?

Aysen reserva de vida

OBRAS PRELIMINARES PARA CENTRAL NELTUME EN PANGUIPULLI

La imagen corresponde a las obras de prospección para la construcción de la central Neltume (400 MW) proyectada por Endesa en el río del mismo nombre, ubicado en la cordillera de la comuna de Panguipulli, nueva Región de Los Rios. Las faenas se están realizando en uno de los predios de la comunidad mapuche de la zona. La fotografía fue tomada durante la primera semana de junio, luego de una reunión entre mapuches, habitantes de Panguipulli y ambientalistas realizada en el sector.
Pedro Cardyn, médico de la zona e integrante del colectivo Frente Ambientalista de Panguipulli, señaló que cuando estaban sacando la foto personas al interior del predio amenazaron con un arma a quienes tomaban la imagen. “Esta acción y otras nos han obligado a declarar a la comuna en alerta ambiental, ya que estas acciones de Endesa están generando la división de la comunidad entre quienes arriendan el terreno y los comuneros mapuche que se oponen, lo que genera una situación de estrés, daña la paz social y la salud mental de la población”, aseveró el doctor.


La estrategia de Endesa es similar a la desarrollada en la construcción de la central Ralco en el Alto Biobío, en donde se dividió a la comunidad entre quienes arrendaban predios a Endesa o dependían laboralmente de ella y los opuestos a la represa, además de que se trabajó muchos antes de obtener los permisos de las instituciones ambientales correspondientes. En Neltume aún no hay aprovación de obras ni Estudio de Impacto Ambiental presentado y, mucho menos, la autorización ambiental y de los afectados.
Declaraciones hechas el año pasado por la ministra de Minería, Karen Poniachik, cuando pidió un fast track a los proyectos hidroeléctricos; las estimaciones del gobierno en proyectar la entrada en operaciones de Neltume para el 2010 y la declaración hecha el 2004 por el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Luis Sánchez Castellón, anunciando la pronta construcción de Neltume y otros proyectos hidroeléctricos, dan cuenta de que en Chile en cuanto a Ley de Medio Ambiente y participación ciudadana “las instituciones funcionan”.


30 April 2007

La tragedia social y ecológica de la producción de biocombustibles agrícolas en las Américas

Por: Elizabeth Bravo - Miguel A. Altieri
argenpress 29/04/2007

La crisis energética -por el sobreconsumo y el cenit del petrolero- ha proporcionado la oportunidad para tejer poderosas alianzas globales entre las industrias del petróleo, los granos, la ingeniería genética y la automotriz. Estas nuevas alianzas entre alimentos y combustibles están decidiendo el futuro del paisaje agrícola mundial

Las naciones pertenecientes al OECD -la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-, que consumen el 56% de la energía del planeta, tienen una necesidad imperiosa de un combustible líquido que reemplace al petróleo. Se espera que las tasas mundiales de extracción de petróleo aumenten este año, y el suministro global disminuirá significativamente en los próximos cinco años[1]. Existe también una gran necesidad de encontrar un sustituto para el combustible fósil, que es uno de los principales causantes del cambio climático global a través de la emisión de CO2 y otros gases del efecto invernadero.

Los biocombustibles han sido promovidos como una prometedora alternativa al petróleo. La industria, los gobiernos y científicos impulsores de los biocombustibles afirman que servirán como una alternativa al petróleo que se acaba, mitigando el cambio climático por medio de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentando los ingresos de los agricultores, y promoviendo el desarrollo rural. Sin embargo, rigurosas investigaciones y análisis realizados por respetados ecologistas y cientistas sociales sugieren que el boom de la industria de biocombustibles a gran escala será desastrosa para los agricultores, el medio ambiente, la preservación de la biodiversidad y para los consumidores, particularmente, los pobres.

En este trabajo exploramos las implicaciones ecológicas, sociales y económicas de la producción de biocombustibles. Sostenemos que al contrario de las falsas afirmaciones que sostienen las corporaciones que promueven los “combustibles verdes”, el cultivo masivo de maíz, caña de azúcar, soja, palma y otros cultivos impulsados por la industria agroenergética -todos, se espera, genéticamente modificados - no reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero, pero si desplazará a miles de agricultores, disminuirá la seguridad alimentaria de muchos países ,y acelerará la deforestación y la destrucción del medioambiente en el Sur Global.

Biocombustibles en Estados Unidos: alcance e impactos

Producción de Etanol

La Administración Bush se ha comprometido a expandir significativamente los biocombustibles para reducir su dependencia al petróleo extranjero. (EEUU importa el 61% del crudo que consume, a un costo de $75 billones por año.) A pesar de la existencia de una amplia gama de biocombustibles, el etanol proveniente del maíz y de la soja constituye el 99% de todos los biocombustibles utilizados en EEUU, y se espera que su producción exceda los objetivos para el 2012 de 7.5 billones de galones por año (Pimentel 2003). La cantidad de maíz cultivado para producir etanol en las destilerías se triplicó en EEUU, yendo de 18 millones de toneladas en el 2001 a 55 millones en el 2006 (Bravo 2006).

Destinando la actual producción estadounidense de maíz y soja a los biocombustibles, se encontrará con que reemplaza simplemente el 12% de la demanda nacional de gasolina y el 6% de la demanda de diesel. En EEUU el área de tierra utilizada para la agricultura constituye un total de 625.000 acres cuadrados. Bajo los cánones actuales, alcanzar la demanda de aceite para biocombustibles requerirá 1.4 millones de millas cuadradas de maíz para etanol u 8.8 millones de kilómetros cuadrados de soja para biodiésel (Korten 2006). Dakota del Sur e Iowa ya han dedicado el 50% de su maíz a la producción de etanol, lo que ha llevado a la disminución del suministro de maíz para alimento para animales y para el consumo humano. A pesar de que una quinta parte de la cosecha de maíz norteamericana fue destinada a la producción de etanol en el 2006, esta suplió solamente el 3% de la demanda de combustible de este país (Bravo 2006).

La escala de producción necesaria para alcanzar la proyección en masa de granos, promoverá la implementación de monocultivo industrial de maíz y soja, con drásticas consecuencias ambientales. La producción de maíz conduce a una erosión del suelo mayor que la producida por cualquier otro cultivo utilizado en EEUU. En todo el Oeste los granjeros han abandonado la rotación de cultivos para plantar maíz y soja exclusivamente, incrementando de esta forma el promedio de erosión del suelo, de 2.7 toneladas anuales por acre a 19.7 toneladas (Pimentel et al 1995). La falta de rotación de cultivos también aumentó la vulnerabilidad a las pestes, por ende necesitando una mayor incorporación de pesticidas que otros cultivos (en EEUU, alrededor del 41% de los herbicidas y el 17% de los insecticidas son aplicados al maíz- (Pimentel y Lehman 1993)). La especialización en la producción de maíz puede ser peligrosa: a principios de los 70s cuando los maíces híbridos de alto rendimiento uniforme constituían el 70% de todos los cultivos de maíz, una enfermedad de la hoja (leaf blight) que afectó a estos híbridos condujo a un 15% de pérdida de rendimientos a través de esa década (Altieri 2004). Es esperable que este tipo de vulnerabilidad de los cultivos se incremente en nuestro clima crecientemente volátil, causando un efecto ondulatorio en toda la cadena alimentaria. Deberíamos tener en cuenta las implicaciones de vincular nuestra economía energética a ese mismo volátil y fluctuante sistema alimentario.

Este cultivo es particularmente dependiente de la utilización del herbicida atrazina, un conocido disruptor endocrino. Dosis bajas de disruptores endocrinos pueden causar problemas de desarrollo al interferir con catalizadores hormonales en puntos nodales del desarrollo de un organismo. Hay estudios que demuestran que la atrazina puede causar anormalidades sexuales en las poblaciones de ranas, incluyendo hermafrodismo (Hayes et al 2002).

El maíz requiere grandes cantidades de nitrógeno químico como fertilizante, uno de los mayores responsables de la contaminación del agua y el suelo de la “zona muerta” en el Golfo de México. Las tasas medias de aplicación de nitratos en las tierras de cultivo estadounidenses oscila entre los 120 y los 550 Kg. de N por hectárea. El uso ineficiente de fertilizantes de nitrógeno por parte de los cultivos conduce al escurrimiento de residuos altamente nitrogenados, sobre todo hacia aguas de superficie y subterráneas. La contaminación de acuíferos con nitratos se ha extendido en niveles altamente peligrosos en muchas poblaciones rurales. En EEUU se ha estimado que más del 25% de las fuentes de agua potable contiene niveles de nitratos por sobre el standard de seguridad de 45 partículas por millón (Conway y Pretty 1991). Los altos niveles de nitratos son peligrosos para la salud humana, y hay estudios que han vinculado la incorporación de nitratos a la metahemoglobinemia[2] en niños, y cáncer gástrico, de vejiga y de esófago en adultos.

La expansión del maíz en áreas secas, como Kansas, requiere de irrigación, aumentando la presión sobre las ya agotadas fuentes subterráneas como el acuífero Ongalla en el Suroeste norteamericano. En partes de Arizona, el agua subterránea ya está siendo extraída a un ritmo diez veces mayor que el de recuperación natural de esos acuíferos naturales (Pimentel et al 1997).

Soja para biodiésel

Actualmente en EEUU, la soja es el principal cultivo energético para la producción de biodiésel. Entre 12004 y 2005 el consumo de biodiésel aumentó un 50%. Alrededor de 67 nuevas refinerías se encuentran en construcción con inversiones de los gigantes del agronegocio como ADM y Cargill. Cerca de un 1,5% de la cosecha de soja produce 68 millones de galones de biodiésel, un equivalente a menos del 1% del consumo de gasolina. Por lo tanto, si la totalidad de la cosecha de soja fuera destinada ala producción de biodiésel, sólo alcanzaría a cubrir un 6% de la demanda nacional de diesel (Pimentel y Patzek 2005).

La mayor parte de la soja estadounidense es transgénica, producida por Monsanto para resistir su herbicida Roundup, hecho con el químico Glifosato (en 2006 se cultivaron 30.3 millones de hectáreas de soja Roundup-Ready, más del 70% de la producción doméstica). La dependencia de la soja resistente al herbicida conduce a un aumento en los problemas de malezas resistentes y pérdida de vegetación nativa. Dada la presión de la industria para incrementar el uso de herbicidas, una creciente cantidad de tierras serán tratadas con Roundup. La resistencia al glifosato ha sido documentada en poblaciones anuales de roya, quackgrass, trébol de serradella y Cirsium arvense. En Iowa, poblaciones de la maleza Amaranthus rudis mostraron señales de germinación tardía que les permite adaptarse mejor a las fumigaciones tempranas, la maleza velvetleaf demostró tolerancia al glifosato, y la presencia de un tipo de horseweed resistente al Roundup se ha documentado en Delaware. Incluso en áreas
donde no se ha observado resistencia en las malezas, los científicos notaron un aumento en la presencia de especies de malezas más fuertes, como Eastern Black Nightshade en Illinois y Water Hemp (Certeira y Duke 2006, Altieri 2004).

Actualmente no hay datos sobre residuos de Roundup en soja y maíz, en tanto los granos no están incluidos en las regulaciones de mercado convencionales para residuos de pesticidas. Sin embargo se sabe que en tanto el Glifosato es un herbicida sistémicamente persistente (aplicado en alrededor de 12 millones de acres de cultivos en EEUU) está presente en las partes cosechadas de las plantas, y no es completamente metabolizable, por lo tanto se cumula en zonas meristémicas como las raíces y nódulos (Duke et al 2003).

Lo que es más, información sobre los efectos de este herbicida sobre la calidad del suelo es incompleta, sin embargo las investigaciones han demostrado que es probable que la aplicación de glifosato esté vinculada a los siguientes efectos (Motavalli et al 2004):

- Una reducción de la habilidad de la soja y el trébol para fijar nitrógeno, afectando indirectamente la simbiosis.
- La presentación de sojas y trigos más vulnerables a las enfermedades, como se evidenció el año pasado con el crecimiento de Head Blight en el trigo Fusarium en Canadá.
- La disminución de microorganismos presentes en el suelo, que cumplen funciones regenerativas necesarias que incluyen la descomposición de materia orgánica, la liberación y conclusión del ciclo de nutrientes y la supresión de organizamos patógenos.
- Los cambios potenciales incluyen la alteración de la actividad microbial en el suelo debido a diferencias en la composición de las exudaciones de las raíces, alteraciones de las poblaciones microbianas, y toxicidad los pasajes metabólicos que pueden evitar el crecimiento normal de bacterias y hongos.
- El glifosato también ha tenido efectos negativos en poblaciones de anfibios, especialmente en aquellos como el altamente susceptible renacuajo norteamericano (Relyea 2005).

Implicaciones e impactos para América Latina

Soja

Estados Unidos no será capaz de producir domésticamente biomasa suficiente para satisfacer su apetito de energía. En cambio, cultivos energéticos serán sembrados en el Sur Global. Grandes plantaciones de caña de azúcar, palma africana y soja ya están suplantando bosques y pastizales en Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay. El cultivo de soja ha causado ya la deforestación de 21 millones de hectáreas de bosques en Brasil, 14 millones de hectáreas en Argentina, 2 millones en Paraguay y 600.000 en Bolivia. En respuesta a la presión del mercado global, próximamente se espera, sólo en Brasil, la deforestación adicional de 60 millones de hectáreas de territorio (Bravo 2006).

Desde 1995, el total de tierras destinadas a la producción de soja en Brasil de incrementó en un 3.2% anual (320.000 hectáreas por año). Hoy la soja -junto a la caña de azúcar- ocupa un territorio mayor que cualquier otro cultivo en Brasil con un 21% del total del área cultivada. El territorio total utilizado en el cultivo de soja se ha multiplicado 57 veces desde 1961, y el volumen de producción se ha multiplicado 138 veces. 55% de la soja, o 11.4 millones de hectáreas, es genéticamente modificada. En Paraguay, la soja ocupa más del 25% de toda la tierra de agricultura. La deforestación extensiva ha acompañado esta expansión: por ejemplo, buena parte del bosque atlántico de Paraguay ha sido deforestado, en parte para el cultivo de soja que abarca el 29% del uso de tierras para agricultura del país (Altieri y Pengue 2006).

En particular, grandes índices de erosión acompañan la producción de soja, especialmente en áreas donde no se implementan ciclos largos de rotación de cultivos. La pérdida de cobertura de suelo promedia las 16 toneladas por hectárea de soja en el oeste medio norteamericano. Se ha estimado que en Brasil y en Argentina los promedios de pérdida de suelo se encuentran entre las 19 - 30 toneladas por hectárea, dependiendo de las prácticas de manejo, el clima y la pendiente. Las variedades de soja resistente al herbicida han incrementado la viabilidad de la producción de soja para los agricultores, muchos de los cuales han comenzado su cultivo en tierras frágiles propensas a la erosión (Jason 2004).

En Argentina el cultivo intensivo de soja ha llevado a un masivo agotamiento de los nutrientes del suelo. Se ha estimado que la producción continuada de soja ha resultado en la pérdida de un millón de toneladas métricas de nitrógeno y 227.000 toneladas métricas de fósforo a nivel nacional. Se estima que el costo de recomposición de nutrientes con fertilizantes es de 910 millones de dólares. La concentración de nitrógeno y fósforo en las cuencas de los ríos de América Latina está ciertamente vinculada al aumento en la producción de soja (Pengue2005).

El monocultivo de soja en la Cuenca del Amazonas ha tornado infértil parte de los suelos. Los suelos pobres necesitan de una mayor aplicación de fertilizantes industriales para obtener niveles competitivos de productividad. En Bolivia, la producción de soja se expande hacia el Este, áreas que ya sufren de suelos compactos y degradados. 100.000 hectáreas de tierras agotadas, antiguamente productoras de soja, han sido abandonadas para pastoreo, lo que lleva a una mayor degradación (Fearnside 2001). Los biocombustibles están iniciando un nuevo ciclo de expansión y devastación de las regiones del Cerrado y la Amazonía. En tanto los países de América Latina incrementen sus inversiones en cultivo de soja para biocombustibles, podemos esperar que las implicaciones ecológicas se intensifiquen.

Caña de azúcar y etanol en Brasil

Brasil ha producido caña de azúcar para combustible etanol desde 1975. En 2005 había 313 plantas procesadoras de etanol con una capacidad de producción de 16 millones de metros cúbicos. Brasil es el mayor productor de caña de azúcar del mundo, y produce el 60% del total mundial de etanol de azúcar con cultivos de caña de 3 millones hectáreas (Jason 2004). En 2005, la producción alcanzó un récord de 16.5 billones de litros, de los cuales 2 millones fueron destinados para exportación. El monocultivo de caña de azúcar por si solo suma el 13% de la aplicación de herbicida a nivel nacional. Estudios realizados por EMBRAPA (Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria) en 2002 confirmaron la presencia de contaminación vinculada al uso de pesticidas en el Acuífero Guaraní, atribuible principalmente al cultivo de caña en el Estado de San Pablo.

Estados Unidos es el mayor importador de etanol brasileño, importando el 58% del total de su producción nacional en 2006. Esta relación comercial fue reforzada por el reciente acuerdo sobre etanol de la administración Bush con Brasil. Lejos de ser buenas noticias para Brasil, si la propuesta de la administración Bush sobre el estándar de combustible renovable para el etanol fuera a ser alcanzado con la caña brasileña, Brasil debería incrementar su producción con un adicional de 135 billones de litros por año. El área cultivada se está expandiendo rápidamente en la región del Cerrado, cuya vegetación se espera habrá desaparecido para el 2030. 60% de las tierras de cultivo de caña son controladas por 340 destilerías (Bravo 2004).

Considerando el nuevo contexto energético global, los políticos brasileños y oficiales de la industria están formulando una nueva visión para el futuro económico del país, centrada en la producción de recursos energéticos para desplazar en un 10% el uso mundial de gasolina en los próximos 20 años. Esto requeriría quintuplicar el territorio dedicado a la producción de caña, de 6 a 30 millones hectáreas. Los cultivos nuevos conducirán a la apertura de tierras en nuevas áreas, que probablemente serán objeto de la deforestación en niveles comparables a los de la región de Pernambuco, donde sólo resta un 2.5% de los bosques originales (Fearnside 2001).

Eficiencia energética e implicaciones económicas

La producción de etanol es sumamente intensiva energéticamente. Para producir 10.6 billones de litros de etanol, EEUU utiliza alrededor de 3.3 millones de hectáreas de tierras, que a su vez tienen un requerimiento masivo de energía para fertilizar, desmalezar y cosechar el maíz (Pimentel 2003). Estos 10.6 billones de litros de etanol sólo proveen el 2% de la gasolina utilizada por los automóviles en EEUU anualmente.

A instancia de los estudios Shapouri et al (2004)” de la USDA que reportaron un retorno neto positivo en la producción de etanol, Pimentel y Patzek (2005), utilizando datos de todos los 50 estados y tomando en cuenta todos los “inputs” de energía (incluyendo la manufactura y reparación de maquinaria agrícola y equipamiento para fermentación y destilación) concluyeron que la producción de etanol no provee un beneficio energético neto. Por el contrario, revelaron que requiere más energía fósil producirla que la que produce. En sus cálculos, la producción de etanol de maíz requiere 1.29 galones de combustibles fósiles por galón de etanol producido, y la producción de biodiésel de soja requiere 1.27 galones de energía fósil por galón de diesel producido. En suma, debido a la relativa baja densidad energética del etanol. Aproximadamente 3 galones etanol son necesarios para reemplazar 2 galones de gasolina.

La producción de etanol norteamericana se ha beneficiado anualmente de $3 billones de dólares en subsidios federales y estatales ($0.54 por galón), que en general se acrecienta para los gigantes del agronegocio. En 1978 EEUU introdujo un impuesto al etanol, pero hizo una excepción de 54 centavos por galón para aquellos utilizados en alconafta (nafta con un 10% de etanol). Esto resultó en un subsidio de $10 billones de dólares a Archer Daniels Midland, desde 1980 a 1997 (Bravo 2006). En 2003 más del 50% de las refinerías de etanol en EUA pertenecían a agricultores. En 2006, el 80% de las nuevas refinerías pertenecían a sociedades anónimas, con $556 millones en ganancias proyectadas, beneficiando a los productores más grandes. Para el 2007, se espera que la cifra alcance los $1.3 billones de dólares.

Seguridad alimentaria y el destino de los agricultores

Los impulsores de la biotecnología postulan la expansión del cultivo de soja como una medida de la adopción exitosa de tecnología transgénica por parte de los agricultores. Pero este dato esconde el hecho de que la expansión de la soja conduce a una extrema concentración de tierras e ingresos. En Brasil, el cultivo de soja desplaza once trabajadores de la agricultura por cada nuevo trabajador que emplea. Este no es un fenómeno nuevo. En los 70s, 2.5 millones de personas fueron desplazadas por la producción de soja en Paraná, y 300.000 fueron desplazadas en Río Grande do Sul. Muchos de estos ahora sintierras fueron a la Amazonía, donde desmontaron bosques primitivos. En la región del Cerrado, donde la producción de soja transgénica está en expansión, el desplazamiento de personas has sido relativamente modesto debido a la baja densidad de población del área (Altieri y Pengue 2006).

En Argentina, 60.000 establecimientos agropecuarios fueron excluidos mientras el área cultivada con soja Roundup Ready se triplicó. En 1998, había 422.000 granjas en Argentina mientras en 2002 sólo quedaban 318.000, reduciéndose en una cuarta parte. En una década, el área sojera se incrementó en un 126% a expensas de la producción de lácteos, maíz, trigo y frutas. En la campaña 2003/2004, se sembraron 13.7 millones de hectáreas de soja, pero hubo una reducción de 2.9 millones de hectáreas de maíz y 2.15 millones de hectáreas de girasol. Para la industria biotecnológica, el aumento en el área cultivada de soja y la duplicación de los rendimientos por unidad son un éxito económico y agronómico. Para el país, esto implica mayor importación de alimentos básicos, por ende pérdida de soberanía alimentaria, aumento en el precio de los alimentos y el hambre (Pengue 2005).

El avance de la “frontera agrícola” para biocombustibles es un atentado contra la soberanía alimentaria de las naciones en desarrollo, en tanto la tierra para producción de alimentos está crecientemente siendo destinada a alimentar los automóviles de los pueblos del Norte. La producción de biocombustibles también afecta directamente a los consumidores con un incremento en el costo de los alimentos. Debido al hecho de que más del 70% de los granos en EUA son utilizados como piensos, se puede esperar que al doblar o triplicar la producción de etanol suban los precios del maíz, y como consecuencia, el precio de la carne. La demanda de biocombustible en EEUU ha estado vinculada a un incremento masivo en el precio del maíz que condujo a un reciente aumento del 400% en el precio de la tortilla en México.

Cambio Climático

Uno de los principales argumentos de quienes abogan por los biocombustibles es que estas nuevas formas de energía ayudarán a mitigar el cambio climático. Promoviendo el monocultivo mecanizado que requiere de agroquímicos y maquinarias, lo más probable es un aumento en las emisiones de CO2 como resultado final. Mientras los bosques captores de carbono son eliminados para abrirle el camino a los cultivos destinados a los biocombustibles, las emisiones de CO2 aumentaran en vez de disminuir. (Bravo 2006, Donald 2004).

Mientras los países del Sur entran en la producción de biocombustible, el plan es exportar gran parte de su producción. El transporte a otros países aumentará en gran medida el uso de combustible y las emisiones de gases. Lo que es más, convertir biomasa vegetal en combustible liquido en la refinerías produce inmensas cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero (Pimentel y Patzek 2005).

El cambio climático global no será remediado por el uso de biocombustibles industriales. Será necesario hacer un giro fundamental en los patrones de consumo del Norte Global. El único modo de detener el calentamiento global es una transición del modelo de agricultura industrial a gran escala hacia uno de agricultura orgánica y a pequeña escala, y disminuyendo el consumo mundial de combustible por medio de la conservación.

Conclusiones

La crisis energética -por el sobreconsumo y el cenit del petrolero- ha proporcionado la oportunidad para tejer poderosas alianzas globales entre las industrias del petróleo, los granos, la ingeniería genética y la automotriz. Estas nuevas alianzas entre alimentos y combustibles están decidiendo el futuro del paisaje agrícola mundial. El boom de los biocombustible consolidará su control sobre nuestros sistemas alimentarios y energéticos, y les permitirá determinar qué, cómo y cuánto se producirá, resultando en más pobreza rural, destrucción ambiental y hambre. Los grandes beneficiarios de la revolución de los biocombustibles serán los grandes del mercado de los granos, incluyendo a Cargill, ADM y Bunge; compañías de petróleo como BP, Shell, Chevron, Neste Oil, Repsol y Total; compañías automotrices como General Motors, Volkswagen AG, FMC-Ford France, PSA Peugeot-Citröen y Renault; y gigantes de la biotecnología como Monsanto, DuPont, y Syngenta.

La industria de la biotecnología esta utilizando la actual fiebre del biocombustible para lavar su imagen desarrollando y diseminando semillas transgénicas para la producción energía, no de alimentos. Ante la creciente desconfianza y el rechazo publico que se viene manifestando por los cultivos y alimentos transgénicos, la biotecnología será usada por las corporaciones para maquillar su imagen, argumentando que desarrollarán nuevas semillas genéticamente modificadas para la producción optimizada de biomasa o que contienen la enzima alfa-amilasa que permitirá dar comienzo al proceso de etanol mientras el maíz continua en el campo- una tecnología que, argumentan, no tendría impactos negativos en la salud humana. La diseminación de este tipo de semillas en el ambiente agregará otra amenaza ambiental a aquellas relacionadas al maíz GM que en el 2006 los 32.2 millones de hectáreas: la introducción de nuevos eventos en la cadena alimentaria humana como ha ocurrido con el maíz

Starlink y el arroz LL601.

En tanto los gobiernos son seducidos por las promesas del mercado global de biocombustibles, dieron surgimiento a planes nacionales de biocombustibles que limitarán sus sistemas agrícolas a la producción de gran escala, monocultivos energéticos, dependientes de la utilización intensiva de herbicidas y fertilizantes químicos, así desviando millones de valiosas hectáreas de cultivo que de otra forma podrían ser destinadas a la producción de alimentos. Es enormemente necesario un análisis social que anticipe las implicancias del desarrollo de programas de biocombustibles sobre la seguridad alimentaria y el medioambiente en países pequeños como el Ecuador. Este país planea expandir 50,000 hectáreas la producción de caña de azúcar, y habilitar 100,000 hectáreas de bosque natural para plantaciones de aceite de palma. Las plantaciones de aceite de palma ya están causando desastres ambientales en la región Colombiana del Choco (Bravo 2006).

Claramente, los ecosistemas de las áreas en donde se está produciendo agricultura para biocombustibles se están degradando rápidamente. La producción de biocombustibles no es ambiental ni socialmente sustentable ahora ni en el futuro.

Es también preocupante que las universidades públicas y los sistemas de investigación (por ejemplo el acuerdo recientemente firmado por BP y la Universidad de California-Berkeley) son presas fáciles de la seducción de los grandes capitales y la influencia del poder político y corporativo. Además de las implicancias de la intromisión de los capitales privados en la definición de las agendas de investigación y la composición de la academia -que desgasta la misión pública de las universidades en beneficio de los intereses privados- es un atentado a la libertad académica y el gobierno de las facultades. Estas sociedades impiden que las universidades se involucren en una investigación imparcial, e imposibilitan que el capital intelectual pueda explorar verdaderas alternativas sustentables a la crisis energética y el cambio climático.

No hay duda en que la conglomeración del petróleo y el capital biotecnológico decidirá cada vez más sobre el destino de los paisajes rurales de las Américas. Sólo alianzas estratégicas y la acción coordinada de los movimientos sociales (organizaciones campesinas, movimientos ambientalistas y de trabajadores rurales, ONGs, asociaciones de consumidores, miembros comprometidos del sector académico, etc.) pueden ejercer una presión sobre los gobiernos y empresas multinacionales para asegurar que estas tendencias sean detenidas. Y más importante aun, necesitamos trabajar en conjunto para asegurarnos que todos los países adquieran el derecho a conseguir su soberanía alimentaria por vía de sistemas de alimentación basados en la agroecología y desarrollados localmente, de la reforma agraria, el acceso a agua, semillas y otros recursos, y políticas agrarias y alimentarias domesticas que respondan a las necesidades de los campesinos y los consumidores, en especial de los pobres.

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Notas:
1) Ver Colin Campbell, http://www.oilcrisis.com/campbell/
2) Debido a una deficiencia de la enzima diaforasa, la sangre de las víctimas de met-Hb reduce su capacidad de trasportar oxígeno. En lugar de ser color roja, la sangre arterial de las víctimas de la met-Hb victims es marrón. Esto resulta en que la piel de los enfermos caucásicos se torne azulada (por eso la referencia a los “hombres azules”). Los niños de menos de 6 meses son particularmente susceptibles a la methemoglobinemia causada por nitratos ingeridos en el agua, deshidratación causada usualmente por gastroenteritis con diarreas, sepsis y anestésicos tópicos que contengan benzocaína. (http://en.wikipedia.org/wiki/Methemoglobinemia). http://www.lahaine.org/index.php?p=22046

- Elizabeth Bravo, Red por una América Latina Libre de Transgénicos, Quito, Ecuador
- Miguel A Altieri, Profesor de Agroecología, Universidad de California, Berkeley