Los países industrializados deberían de asumir compromisos, incluyendo legislación, para reducir sus emisiones, liderando hacia una reducción agregada en por lo menos 25-40% en 2020 respecto de los niveles de 1990
CIUDAD DE MEXICO, 25 de noviembre de 2008 - Setenta legisladores de las Américas respaldaron hoy el compromiso expresado por el Presidente electo de E.E.U.U, Barack Obama, que une los planes de recuperación económica a una visión de sustentabilidad de largo plazo, y apoyaron su anuncio de reducir en 80% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2050 por debajo de los niveles de 1990.
Reunidos en la Ciudad de México del 21 al 23 de Noviembre, para examinar como enfrentar el doble reto de la crisis financiera y climática global, los legisladores hicieron convocaron a un foro ministerial y de legisladores, que incluya a ministros de finanzas, energía y medioambiente de las Américas, a ser organizado, para coordinar acciones de cara a las negociaciones cruciales sobre cambio climático que se llevarán a cabo en Copenhagen, a finales del próximo año.
Con el Congreso Mexicano como anfitrión, esta primera reunión del Foro GLOBE de legisladores de las Américas reunió a legisladores de norte, sur, y centro América, así como países del Caribe, la mayoría de ellos presidentes de comisiones legislativas de energía y medio ambiente.
“En el contexto de la actual crisis económica, el foro enfatizo que la agenda de un desarrollo de baja intensidad de carbono puede actuar como un motor para la recuperación económica y al mismo tiempo aumentar la energía y la seguridad climática,”dijo Elliot Morley MP, Presidente de GLOBE Internacional.
“La declaración final del foro, que incluye una acción fortalecida de las economías emergentes, es un avance significativo previo a las pláticas de Naciones Unidas a llevarse a cabo en Polonia en Diciembre, y demuestran que sí es posible que políticos del mundo desarrollado y en desarrollo puedan acordar pasos hacia adelante,” añadió Morley.
En la declaración final, los legisladores “ exhortaron a los gobiernos a considerar políticas que estimulen sus economías, mientras aprovechando la oportunidad para reestructurar el actual modelo económico para encaminarlo hacia una prosperidad futura que tome en cuenta la recuperación económica, la seguridad climática y energética y el progreso necesario en la lucha contra la pobreza”.
Los legisladores dieron la bienvenida al reconocimiento por parte de los países industrializados al papel clave de las economías emergentes en ser parte de la solución a la crisis económica tal como fue establecido en la reciente Cumbre del G-20, e instaron a un abordaje similar a la hora de debatir el cambio climático. Subrayaron que esta nueva forma de multilateralismo debe basarse en responsabilidades y compromisos equitatativos.
“México, como una economía emergente y miembro de la OCDE, está posicionado de manera única, como un puente entre los países desarrollados y el mundo en desarrollo. El Cambio Climático será uno de los retos claves para todos los políticos en los años que vienen y este foro represento una oportunidad real para discutir el tipo de regulaciones, medidas legislativas y fiscales que se requerirán para mitigar y adaptarse al cambio climático,”dijo el Diputado Mexicano Miguel Ángel Jiménez, uno de los coordinadores del Foro.
“Los países industrializados deberían de asumir compromisos, incluyendo legislación, para reducir sus emisiones, ”—establece la declaración—“liderando hacia una reducción agregada en por lo menos 25-40% en 2020 respecto de los niveles de 1990. A cambio, los países en desarrollo más avanzados deben aspirar a reducir la tasa de aumento de sus propias emisiones de gases hasta el año 2020, con la perspectiva de asumir compromisos de reducciones obligatorias tras esa fecha, siempre y cuando los países industrializados cumplan sus compromisos en materia de reducir sus propias reducciones, transferencia tecnológica y financiamiento a las naciones en desarrollo”
La declaración respalda varias iniciativas que pavimentan el camino para una nueva arquitectura financiera en cambio climático y resalta el recientemente creado Fondo de Inversión Climático de $US 6,000 millones administrados por el Banco Mundial así como la propuesta Mexicana de un Fondo Verde a ser establecido después de 2012, con contribuciones financieras a establecerse con arreglo a los niveles de emisiones de cada país y su capacidad de pago.
Asimismo, reconoce el papel de los biocombustibles, y establece que “los biocombustibles, junto con a los estándares de eficiencia energética, son una de las pocas opciones para reducir las emisiones en el transporte en el corto y mediano plazo”. Los legisladores respaldaron “la producción y uso de biocombustibles, con estándares económicos y medioambientales sostenibles, y a la protección del uso de tierras para la producción de alimentos”.
El Foro urgió a la comunidad internacional a revisar “los aranceles comerciales y otras barreras no arancelarias a los biocombustibles que alcancen criterios de sustentabilidad y que permitan a aquellos países con ventajas comparativas en sus producciones (tropicales y subtropicales) alcanzar industrias viables...”
“Hemos demostrado liderazgo regional en la gestión de bosques, biocombustibles y adaptación; Estamos convencidos que las actuales circunstancias económicas provén una oportunidad única para establecer las inversiones requeridas en infraestructuras de baja intensidad de carbono, incluida una valuación adecuada de nuestros recursos naturales. Esto es esencial para nuestra prosperidad futura,” dijo la Senadora de Brasil, Serys Slhessarenko.
Las Américas constituyen una región extremadamente diversa que contiene tanto países desarrollados como economías emergentes y otros de más bajos ingresos. Este Foro represento una oportunidad para que los políticos de este mosaico de países logrararán acuerdos y demostraran liderazgo real en la solución de la crisis económica financiera, el cambio climático y la seguridad alimentaria.
Acerca de GLOBE International:
· GLOBE es la Organización Global de Legisladores para un Medio Ambiente Balanceado (www.globeinternational.org).
· Los miembros de GLOBE son altos legisladores pluripartidistas de todos los países del G8 y +5 (Brasil, China, India, México y Sudáfrica).
· GLOBE sigue de cerca las negociaciones oficiales del G8 (participando formalmente en el Diálogo ministerial del G8 sobre medio ambiente y en el diálogo de Gleneagles) y facilita diálogos y negociaciones de alto nivel entre congresistas sobre regulaciones y leyes efectivas en materia de medio ambiente y cambio climático.
· GLOBE ha generado recomendaciones en materia de políticas públicas debidamente negociadas por 100 altos legisladores del G8 y +5 sobre un marco de cooperación internacional posterior a 2012 para biocombustibles sostenibles y tala ilegal, como asimismo informes de posición sobre mecanismos de mercado, transferencia de tecnologías, adaptación y eficiencia energética.
· Estos informes de posición aportan información directa a las negociaciones del G8 y, a través de los legisladores, a las máximas autoridades de sus respectivos gobiernos y dirigentes partidarios.
· El objetivo de GLOBE es apoyar a los líderes del G8 y de las principales economías emergentes en el ejercicio de un liderazgo político ambicioso en temas de medio ambiente y desarrollo sostenible. Dicha meta se logra consensuando posiciones en materia de políticas públicas negociadas a alto nivel entre legisladores con gran influencia de países del G8 y +5 y sustentadas en antecedentes recabados de empresarios e importantes expertos internacionales.
Acerca de COM+:
La Alianza COM+ (Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible - www.complusalliance.org) es una asociación internacional de organizaciones y profesionales de las comunicaciones de diversos ámbitos comprometidos en usar las comunicaciones para promover una visión de desarrollo sostenible que integre tres pilares: el económico, el social y el medioambiental. Al servir de plataforma para intercambiar conocimientos especializados, establecer prácticas recomendadas y crear sinergias, COM+ espera apoyar activamente el uso de comunicaciones creativas e inspiradoras en todo el mundo para acercar el desarrollo sostenible al público general. Los miembros de COM+ incluyen, entre otros, la Unión Mundial de la Conservación, PNUMA, Banco Mundial, CGIAR, FMAM, Inter Press Service, Fondo fiduciario BBC World Service, Fundación Reuters, DEV TV, Federación Internacional de Periodistas Ambientales (IFEJ, por sus siglas en inglés), Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible, TVE, Southern Caucus de ONG, Green Facts, Fundación Thomson, TVE Asia Pacific.
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02 December 2008
21 October 2008
Prohíben comercio de pericos mexicanos
Modifican la ley para considerar sólo legal la captura de los animales para fines de conservación o investigación
Prohíben comercio de pericos mexicanos
Iván Quecha Reyna
El Universal
Ciudad de México Martes 14 de octubre de 2008
12:55
Los pericos, loros y guacamayas de origen mexicano ahora se encuentran protegidos por una nueva legislación, la cual establece que sólo podrán ser extraidos de su hábitat con fines de conservación o investigación científica, con lo que se prohíbe su su captura para venderlos o comerlos.
En una adición a la Ley General de Vida Silvestre, se establece que las aves de la familia Psittacidea o psitácido -loros, guacamayas, cotorras y periquitos- no podrán ser "sujeto de aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comerciales".
Por este hecho, sólo será legal tener estas aves con fines de conservación o investigación científica, como en el caso de los criaderos autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), e instituciones académicas acreditadas.
Los permisos que han sido expedidos para continuar con su comercio permanecerán válidos, pero no podrán ser renovados, detalla la nueva legislación.
Se consideran 26 especies de aves, cuya distribución natural es dentro del territorio mexicano. Se consideran dentro la nueva ley a ejemplares como: el Perico verde, el Perico azteca, los Loros en general, y el Loro senil, además de ejemplares conocidos como Amazonas, de las cuales destacan el Corona roja, el Corona violeta y el de Cabeza amarilla.
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Prohíben comercio de pericos mexicanos
Iván Quecha Reyna
El Universal
Ciudad de México Martes 14 de octubre de 2008
12:55
Los pericos, loros y guacamayas de origen mexicano ahora se encuentran protegidos por una nueva legislación, la cual establece que sólo podrán ser extraidos de su hábitat con fines de conservación o investigación científica, con lo que se prohíbe su su captura para venderlos o comerlos.
En una adición a la Ley General de Vida Silvestre, se establece que las aves de la familia Psittacidea o psitácido -loros, guacamayas, cotorras y periquitos- no podrán ser "sujeto de aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comerciales".
Por este hecho, sólo será legal tener estas aves con fines de conservación o investigación científica, como en el caso de los criaderos autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), e instituciones académicas acreditadas.
Los permisos que han sido expedidos para continuar con su comercio permanecerán válidos, pero no podrán ser renovados, detalla la nueva legislación.
Se consideran 26 especies de aves, cuya distribución natural es dentro del territorio mexicano. Se consideran dentro la nueva ley a ejemplares como: el Perico verde, el Perico azteca, los Loros en general, y el Loro senil, además de ejemplares conocidos como Amazonas, de las cuales destacan el Corona roja, el Corona violeta y el de Cabeza amarilla.
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20 October 2008
Proárbol, plan condenado al fracaso, dicen expertos
La jornada lunes 20 de octubre de 2008
Mueren casi la mitad de especies plantadas
Angélica Enciso L.
El Proárbol, el programa ambiental más importante del gobierno federal en ese rubro, se centra en la reforestación, aunque la experiencia internacional revela que son pocos los casos exitosos y es un proceso caro, indican expertos.
Los resultados del año pasado dejaron un récord de árboles plantados con 253 millones, pero una sobrevivencia de 58 por ciento, según la Comisión Nacional Forestal (Conafor), o de 7.6 por ciento, de acuerdo con Greenpeace.
La experiencia demuestra que los casos de reforestación son fracasos, cuando se subsidian sin un beneficio claro para la comunidad, sin monitoreo o control de calidad. “Han sido pocos casos exitosos, mientras que experiencias comunitarias como los programas Procymaf y Coinbio son de los más exitosos”, consideró David Kaimowits, de la Fundación Ford, durante un foro en la Cámara de Diputados.
Pese a que el sector forestal tiene más recursos federales, está en crisis por un retroceso en la superficie bajo manejo forestal y mayor dependencia en las importaciones, señaló por su parte Gustavo Sánchez, de la red Mocaf. Advirtió que además los apoyos se dan corporativamente, ya que las organizaciones formadas a iniciativa de la Conafor, obtienen mayores puntajes para obtener recursos de los programas. Ejemplo de esto es que una sola organización recibe 110 millones de pesos, indicó.
Aunque la legislación en la materia establece que el desarrollo forestal es una prioridad, el gobierno federal no cumple con esta obligación, ya que pone acento a la reforestación, la cual ayuda muy poco, sostuvo por su parte Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Al Proárbol, dijo, la Conafor le da un enfoque asistencial y la pregunta es si a este organismo le corresponde esto o lograr el desarrollo forestal sustentable.
De acuerdo con Greenpeace, el 74 por ciento de las plantas sembradas el año pasado dentro del Proárbol no sobrevivieron y el 26 por ciento de los árboles que sí crecieron está en malas condiciones –marchitos o enfermos–, debido a que no son especies nativas de la región, estaban deteriorados al momento de la reforestación, no se plantaron en los periodos adecuados para su supervivencia y en la mayoría de las ocasiones no se hicieron trabajos de preparación de suelos.
El estudio se realizó en predios de Puebla, Jalisco, Morelos, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes y Chihuahua, en los cuales se encontró que el programa de reforestación no es la estrategia adecuada para detener la pérdida de bosques y selvas de México, “es un despilfarro de recursos que sólo tiene éxito mediático, pero que no sirve para recuperar la cubierta forestal”.
En tanto, la Conafor reportó que, según datos preliminares de la evaluación externa realizada por el Colegio de Posgraduados, que concluirá en noviembre, hasta el momento, el índice de supervivencia de la reforestación 2007 es de 58 por ciento. Este año en el país se prevé que se plantarán en total 280 millones de árboles y hasta el 19 de octubre van 212 millones de árboles, 75 por ciento de la meta nacional establecida, sostuvo el organismo.
Mueren casi la mitad de especies plantadas
Angélica Enciso L.
El Proárbol, el programa ambiental más importante del gobierno federal en ese rubro, se centra en la reforestación, aunque la experiencia internacional revela que son pocos los casos exitosos y es un proceso caro, indican expertos.
Los resultados del año pasado dejaron un récord de árboles plantados con 253 millones, pero una sobrevivencia de 58 por ciento, según la Comisión Nacional Forestal (Conafor), o de 7.6 por ciento, de acuerdo con Greenpeace.
La experiencia demuestra que los casos de reforestación son fracasos, cuando se subsidian sin un beneficio claro para la comunidad, sin monitoreo o control de calidad. “Han sido pocos casos exitosos, mientras que experiencias comunitarias como los programas Procymaf y Coinbio son de los más exitosos”, consideró David Kaimowits, de la Fundación Ford, durante un foro en la Cámara de Diputados.
Pese a que el sector forestal tiene más recursos federales, está en crisis por un retroceso en la superficie bajo manejo forestal y mayor dependencia en las importaciones, señaló por su parte Gustavo Sánchez, de la red Mocaf. Advirtió que además los apoyos se dan corporativamente, ya que las organizaciones formadas a iniciativa de la Conafor, obtienen mayores puntajes para obtener recursos de los programas. Ejemplo de esto es que una sola organización recibe 110 millones de pesos, indicó.
Aunque la legislación en la materia establece que el desarrollo forestal es una prioridad, el gobierno federal no cumple con esta obligación, ya que pone acento a la reforestación, la cual ayuda muy poco, sostuvo por su parte Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Al Proárbol, dijo, la Conafor le da un enfoque asistencial y la pregunta es si a este organismo le corresponde esto o lograr el desarrollo forestal sustentable.
De acuerdo con Greenpeace, el 74 por ciento de las plantas sembradas el año pasado dentro del Proárbol no sobrevivieron y el 26 por ciento de los árboles que sí crecieron está en malas condiciones –marchitos o enfermos–, debido a que no son especies nativas de la región, estaban deteriorados al momento de la reforestación, no se plantaron en los periodos adecuados para su supervivencia y en la mayoría de las ocasiones no se hicieron trabajos de preparación de suelos.
El estudio se realizó en predios de Puebla, Jalisco, Morelos, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes y Chihuahua, en los cuales se encontró que el programa de reforestación no es la estrategia adecuada para detener la pérdida de bosques y selvas de México, “es un despilfarro de recursos que sólo tiene éxito mediático, pero que no sirve para recuperar la cubierta forestal”.
En tanto, la Conafor reportó que, según datos preliminares de la evaluación externa realizada por el Colegio de Posgraduados, que concluirá en noviembre, hasta el momento, el índice de supervivencia de la reforestación 2007 es de 58 por ciento. Este año en el país se prevé que se plantarán en total 280 millones de árboles y hasta el 19 de octubre van 212 millones de árboles, 75 por ciento de la meta nacional establecida, sostuvo el organismo.
Advierte Sarukhán que los ecosistemas y bosques son más importantes que el crudo
La jornada jueves 16 de octubre de 2008
■ Su deterioro y posterior pérdida es un problema de seguridad nacional, reconoce
■ La deforestación en el país alcanza 400 mil hectáreas al año, señala Julia Carabias
Angélica Enciso L.
La pérdida de bosques y ecosistemas es un problema de seguridad nacional, ya que sin ellos no hay futuro en el país y representan un área más fundamental que el petróleo, advirtió José Sarukhán, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Precisó que estos recursos no se pueden sustituir y que se han perdido de manera irracional.
En el foro El desarrollo sustentable en el sector forestal en México, realizado en la Cámara de Diputados, el actual coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) agregó que “el capital natural biológico no se puede importar, como el petróleo” y no puede seguir perdiéndose.
Sostuvo que “no hemos hecho el mejor negocio del mundo manejando una parte del capital natural, el petróleo”, y apuntó que “no quisiera que estuviéramos en la misma situación, en unas décadas, con el capital natural, éste es aún más fundamental para el futuro del país. No hay sustituciones para el capital natural biológico”.
Agregó que el petróleo sí puede sustituirse, ya que existen la energía eólica o la térmica, entre otras. Además, dijo, a diferencia de él, los bosques y los ecosistemas son propiedad de la gente, que vive de ellos, por lo que “tenemos que manejarlo y cuidarlos con la gente”.
Aseveró que “este capital natural no lo podemos seguir perdiendo, es un problema severo de seguridad nacional que debemos enfrentar”, y también “está la enorme miseria: el 20 por ciento de los más pobres viven en esos ecosistemas. La forma de entrar a atacar esos problemas y cambiarlos es con el manejo forestal comunitario. De forma que conservemos el capital natural con beneficio económico para ellos. Logramos esta mancuerna o tendremos un problema más difícil e irresoluble en el futuro”.
También se refirió al Presupuesto de Egresos para el próximo año, y consideró que “no puede ser que menos de 20 por ciento vaya a manejo de bosques naturales. Esto tiene que cambiar, tendría que darse un aumento importante en los recursos para ello”.
Por su parte, Julia Carabias, ex secretaria de Medio Ambiente, sostuvo que actualmente la deforestación en el país es de alrededor de 400 mil hectáreas al año. Los retos, dijo, son estabilizar la cobertura forestal, no permitir más deforestación, lograr un manejo sustentable de los recursos naturales, y mejorar las condiciones de vida de la población.
Expertos y productores señalaron que, a pesar de que hay más presupuesto, el sector forestal está en crisis por la sobrerregulación y el exceso de trámites que se deben hacer.
Gustavo Sánchez, director de la Red Mocaf, consideró que entre otros problemas del rubro están el retroceso en la superficie bajo manejo, la corporativización de los productores, el incremento en el déficit de la balanza comercial, la pérdida de empleos.
A su vez, Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, dijo que la Comisión Nacional Forestal ha dado más atención a la reforestación, aunque el mandato legal que tiene es lograr el desarrollo forestal sustentable. Consideró que el presupuesto para el sector debe estar etiquetado para que se señale de forma clara la asignación de los recursos.
■ Su deterioro y posterior pérdida es un problema de seguridad nacional, reconoce
■ La deforestación en el país alcanza 400 mil hectáreas al año, señala Julia Carabias
Angélica Enciso L.
La pérdida de bosques y ecosistemas es un problema de seguridad nacional, ya que sin ellos no hay futuro en el país y representan un área más fundamental que el petróleo, advirtió José Sarukhán, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Precisó que estos recursos no se pueden sustituir y que se han perdido de manera irracional.
En el foro El desarrollo sustentable en el sector forestal en México, realizado en la Cámara de Diputados, el actual coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) agregó que “el capital natural biológico no se puede importar, como el petróleo” y no puede seguir perdiéndose.
Sostuvo que “no hemos hecho el mejor negocio del mundo manejando una parte del capital natural, el petróleo”, y apuntó que “no quisiera que estuviéramos en la misma situación, en unas décadas, con el capital natural, éste es aún más fundamental para el futuro del país. No hay sustituciones para el capital natural biológico”.
Agregó que el petróleo sí puede sustituirse, ya que existen la energía eólica o la térmica, entre otras. Además, dijo, a diferencia de él, los bosques y los ecosistemas son propiedad de la gente, que vive de ellos, por lo que “tenemos que manejarlo y cuidarlos con la gente”.
Aseveró que “este capital natural no lo podemos seguir perdiendo, es un problema severo de seguridad nacional que debemos enfrentar”, y también “está la enorme miseria: el 20 por ciento de los más pobres viven en esos ecosistemas. La forma de entrar a atacar esos problemas y cambiarlos es con el manejo forestal comunitario. De forma que conservemos el capital natural con beneficio económico para ellos. Logramos esta mancuerna o tendremos un problema más difícil e irresoluble en el futuro”.
También se refirió al Presupuesto de Egresos para el próximo año, y consideró que “no puede ser que menos de 20 por ciento vaya a manejo de bosques naturales. Esto tiene que cambiar, tendría que darse un aumento importante en los recursos para ello”.
Por su parte, Julia Carabias, ex secretaria de Medio Ambiente, sostuvo que actualmente la deforestación en el país es de alrededor de 400 mil hectáreas al año. Los retos, dijo, son estabilizar la cobertura forestal, no permitir más deforestación, lograr un manejo sustentable de los recursos naturales, y mejorar las condiciones de vida de la población.
Expertos y productores señalaron que, a pesar de que hay más presupuesto, el sector forestal está en crisis por la sobrerregulación y el exceso de trámites que se deben hacer.
Gustavo Sánchez, director de la Red Mocaf, consideró que entre otros problemas del rubro están el retroceso en la superficie bajo manejo, la corporativización de los productores, el incremento en el déficit de la balanza comercial, la pérdida de empleos.
A su vez, Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, dijo que la Comisión Nacional Forestal ha dado más atención a la reforestación, aunque el mandato legal que tiene es lograr el desarrollo forestal sustentable. Consideró que el presupuesto para el sector debe estar etiquetado para que se señale de forma clara la asignación de los recursos.
20 August 2008
Culmina proceso de consulta pública del proyecto de Ley de Biodiversidad
ABN 20/08/2008
Caracas, Distrito Capital
Caracas, 20 Ago. ABN.- Con el objetivo de garantizar el bienestar social, a través de la armonía plena entre el hombre y su entorno natural, este miércoles la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Ordenación Territorial de la Asamblea Nacional (AN) llevó a cabo la última consulta pública de la Ley de Gestión de la Diversidad Biológica, en el Jardín Botánico de Caracas.
En ese sentido, la secretaria de la comisión de Ambiente, Keila Morales, señaló que en lo que va de año se han realizado aproximadamente 20 mesas de trabajo, en las que la participación ha sido fructífera y de las que se van a sacar las conclusiones finales para el proyecto de Ley de Gestión de la Diversidad Biológica.
Asimismo, manifestó que los temas más destacados son los relacionados con biotecnología, el acceso de los recursos genéticos, la educación ambiental y la participación ciudadana.
Por su parte, Manuel Briceño, diputado y miembro de la comisión de Ambiente por el estado Mérida, expresó que la consulta pública de la Ley de Gestión de la Diversidad Biológica -que anteriormente se discutía en el seno la Asamblea Nacional- tiene la finalidad de ampliar la participación ciudadana.
“Con estas consultas se enriquecerán los artículos de dicha ley y se darán respuesta a una serie de inquietudes que a lo largo de la discusión se han planteado de los sectores científico y ambientalista y de las comunidades”, reiteró Briceño.
Igualmente, Briceño destacó que con estas consultas el Estado reconoce el derecho de todo ciudadano al acceso a los conocimientos científicos, comunes y tradicionales, como formadores de juicios sobre la diversidad biológica.
La Constitución de Venezuela, en su artículo número 128, establece que “el Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, económica, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluyan la información, consulta y participación ciudadana”.
Caracas, Distrito Capital
Caracas, 20 Ago. ABN.- Con el objetivo de garantizar el bienestar social, a través de la armonía plena entre el hombre y su entorno natural, este miércoles la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Ordenación Territorial de la Asamblea Nacional (AN) llevó a cabo la última consulta pública de la Ley de Gestión de la Diversidad Biológica, en el Jardín Botánico de Caracas.
En ese sentido, la secretaria de la comisión de Ambiente, Keila Morales, señaló que en lo que va de año se han realizado aproximadamente 20 mesas de trabajo, en las que la participación ha sido fructífera y de las que se van a sacar las conclusiones finales para el proyecto de Ley de Gestión de la Diversidad Biológica.
Asimismo, manifestó que los temas más destacados son los relacionados con biotecnología, el acceso de los recursos genéticos, la educación ambiental y la participación ciudadana.
Por su parte, Manuel Briceño, diputado y miembro de la comisión de Ambiente por el estado Mérida, expresó que la consulta pública de la Ley de Gestión de la Diversidad Biológica -que anteriormente se discutía en el seno la Asamblea Nacional- tiene la finalidad de ampliar la participación ciudadana.
“Con estas consultas se enriquecerán los artículos de dicha ley y se darán respuesta a una serie de inquietudes que a lo largo de la discusión se han planteado de los sectores científico y ambientalista y de las comunidades”, reiteró Briceño.
Igualmente, Briceño destacó que con estas consultas el Estado reconoce el derecho de todo ciudadano al acceso a los conocimientos científicos, comunes y tradicionales, como formadores de juicios sobre la diversidad biológica.
La Constitución de Venezuela, en su artículo número 128, establece que “el Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, económica, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluyan la información, consulta y participación ciudadana”.
Costa Rica: Hacia el patentamiento del conocimiento tradicional
Biodiversidad en América Latina,
Desde la Red de Coordinación en Biodiversidad denunciamos una nueva maniobra del G39 en la Asamblea Legislativa al proponer reformar el artículo 78 de la Ley de Biodiversidad con lo que se facilita el camino para posibles patentamientos -es decir apropiación privada o privatización- del conocimiento tradicional. Según el decir del Comex en plena discusión del TLC, este artículo de la Ley de Biodiversidad era una garantía en la protección del conocimiento tradicional (documento de Comex "Las obtenciones vegetales y el TLC" del 9 de abril del 2007).
En el proyecto de ley que corre bajo el expediente legislativo número 16 955 en la Asamblea Legislativa se introdujo un cambio al artículo 78 de la Ley de Biodiversidad que lo viene a reformar radicalmente ya que permite su patentamiento cuando esta situación era prohibida por la legislación nacional.
Al permitir su patentamiento, se abre una nueva puerta en Costa Rica hacia la apropiación privada o privatización del conocimiento tradicional de Pueblos Indígenas y otras comunidades como las campesinas o las pesqueras según el Convenio en Diversidad Biológica. Con esta reforma, no solo Costa Rica incumpliría con obligaciones internacionales asumidas para brindar protección a este tipo de conocimiento esencial para la identidad de estas comunidades sino que también va más allá del TLC aprobado en el referéndum del pasado 7 de octubre del 2007.
La propuesta de esta reforma fue introducida al último momento, cuando ningún grupo indígena o campesino o incluso otra/os diputada/os pudieran manifestarse en contra de ésta. Con esto el G 39 se mantiene fiel a su accionar bajo las sombras, tal y como lo han venido haciendo en todo este proceso de discusión del TLC y su agenda complementaria plus. Este grupo de "Padres y Madres de la Patria" demuestran igualmente que no le interesa hacer la consulta que debió haberse llevado a cabo con los Pueblos Indígenas del país según lo establece con claridad meridiana el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Con base en lo anterior, la Red de Coordinación en Biodiversidad manifiesta lo siguiente
l Felicita a las diputadas y diputados que interpusieron la consulta de constitucionalidad sobre la aprobación del expediente legislativo 16 955 debido a las irregularidades tanto de procedimiento como de fondo existentes.
l Demanda a la Sala Constitucional resolver con ética y rigurosidad dicha consulta. Le será muy difícil a esta Sala sostener que dicho proyecto es acorde con la Constitución Política ya que al menos en lo que respecta al posible patentamiento del conocimiento tradicional ya la Sala se ha manifestado diciendo que este artículo 78, antes de la pretendida reforma, era una garantía en la protección del conocimiento tradicional.
l Alerta a los Pueblos Indígenas así como a sus organizaciones y a las comunidades campesinas y pescadoras sobre esta reforma que va en contra de su identidad al permitir que su conocimiento tradicional pueda ser patentado y les insta respetuosamente a manifestarse sobre esta reforma aprobada bajo las sombras en la Asamblea Legislativa.
Fuente: Red de Coordinación en Biodiversidad
19 agosto 2008
Desde la Red de Coordinación en Biodiversidad denunciamos una nueva maniobra del G39 en la Asamblea Legislativa al proponer reformar el artículo 78 de la Ley de Biodiversidad con lo que se facilita el camino para posibles patentamientos -es decir apropiación privada o privatización- del conocimiento tradicional. Según el decir del Comex en plena discusión del TLC, este artículo de la Ley de Biodiversidad era una garantía en la protección del conocimiento tradicional (documento de Comex "Las obtenciones vegetales y el TLC" del 9 de abril del 2007).
En el proyecto de ley que corre bajo el expediente legislativo número 16 955 en la Asamblea Legislativa se introdujo un cambio al artículo 78 de la Ley de Biodiversidad que lo viene a reformar radicalmente ya que permite su patentamiento cuando esta situación era prohibida por la legislación nacional.
Al permitir su patentamiento, se abre una nueva puerta en Costa Rica hacia la apropiación privada o privatización del conocimiento tradicional de Pueblos Indígenas y otras comunidades como las campesinas o las pesqueras según el Convenio en Diversidad Biológica. Con esta reforma, no solo Costa Rica incumpliría con obligaciones internacionales asumidas para brindar protección a este tipo de conocimiento esencial para la identidad de estas comunidades sino que también va más allá del TLC aprobado en el referéndum del pasado 7 de octubre del 2007.
La propuesta de esta reforma fue introducida al último momento, cuando ningún grupo indígena o campesino o incluso otra/os diputada/os pudieran manifestarse en contra de ésta. Con esto el G 39 se mantiene fiel a su accionar bajo las sombras, tal y como lo han venido haciendo en todo este proceso de discusión del TLC y su agenda complementaria plus. Este grupo de "Padres y Madres de la Patria" demuestran igualmente que no le interesa hacer la consulta que debió haberse llevado a cabo con los Pueblos Indígenas del país según lo establece con claridad meridiana el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Con base en lo anterior, la Red de Coordinación en Biodiversidad manifiesta lo siguiente
l Felicita a las diputadas y diputados que interpusieron la consulta de constitucionalidad sobre la aprobación del expediente legislativo 16 955 debido a las irregularidades tanto de procedimiento como de fondo existentes.
l Demanda a la Sala Constitucional resolver con ética y rigurosidad dicha consulta. Le será muy difícil a esta Sala sostener que dicho proyecto es acorde con la Constitución Política ya que al menos en lo que respecta al posible patentamiento del conocimiento tradicional ya la Sala se ha manifestado diciendo que este artículo 78, antes de la pretendida reforma, era una garantía en la protección del conocimiento tradicional.
l Alerta a los Pueblos Indígenas así como a sus organizaciones y a las comunidades campesinas y pescadoras sobre esta reforma que va en contra de su identidad al permitir que su conocimiento tradicional pueda ser patentado y les insta respetuosamente a manifestarse sobre esta reforma aprobada bajo las sombras en la Asamblea Legislativa.
Fuente: Red de Coordinación en Biodiversidad
18 August 2008
Merideños asistieron a consulta pública sobre nueva Ley Ambiental
ABN 15/08/2008
Mérida, 15 ago. ABN.- Diversas organizaciones del estado Mérida participaron este viernes en la consulta pública al Proyecto de Ley de Gestión sobre Biodiversidad Biológica que impulsa la Asamblea Nacional por todo el país, con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
La actividad se desarrolló en presencia de diputados de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Ordenación del Territorio de la AN, y de la Dirección Estadal Ambiental a cargo de Francisco Dávila.
El público en general, académicos, estudiantes universitarios y organizaciones ambientalistas dieron su aporte para nutrir y consolidar lo que será este nuevo instrumento legal.
Las consultas estuvieron coordinadas por la División de Diversidad Biológica y la División de Asesoría Legal del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
“Esta es una ley sumamente importante porque tiene como finalidad salvaguardar, proteger y hacer uso adecuado de todos los recursos naturales y de todos los elementos que son parte de la biodiversidad”, dijo Dávila.
Mérida es privilegiada desde ese punto de vista, por ser un estado rodeado de cuencas hidrográficas, aparte de tener un 75 por ciento de su territorio bajo áreas de administración especial.
Dentro de esas áreas están las cuencas hidrográficas, los parques nacionales, reservas forestales, monumentos naturales y tiene cualquier cantidad de recursos de biodiversidad que le dan una singular importancia al estado.
“Tenemos un país muy rico desde el punto de vista natural, y en los últimos años, los modelos económicos que antecedieron a la gestión del presidente Chávez, propiciaron la intervención de todos nuestros recursos; ahora tenemos que buscar la manera de preservarlos mediante esta ley”, dijo el director ambiental estadal.
“Con esta consulta pública el Estado venezolano le dará a las comunidades, herramientas para la conservacion y fortalecerá el desarrollo sustentable del país”, dijo el funcionario.
Por su parte, los diputados de la Comisión de Ambiente, Fernando Vásquez y Manuel Briceño, explicaron que simultáneamente a esta consulta en Mérida, este viernes se estaba desarrollando otro parlamentarismo de calle en Puerto Ayacucho.
La jornada de consulta pública culminará la próxima semana en el Jardín Botánico de Caracas.
“Consideraremos todas las opiniones y observaciones recopiladas en estos espacios de participación ciudadana”, aseguró el diputado Manuel Briceño.
La consultora jurídica del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Liseth Carrero, presente en la jornada, dijo que la ley orienta en cómo hacer el aprovechamiento racional de los recursos.
“Es importante porque nos dice cómo protegerlos, cómo abordar el tema de la biodiversidad y la biotecnología; aspectos en donde el Estado debe intervenir con la participación activa y protagónica de las comunidades”, puntualizó.
Mérida, 15 ago. ABN.- Diversas organizaciones del estado Mérida participaron este viernes en la consulta pública al Proyecto de Ley de Gestión sobre Biodiversidad Biológica que impulsa la Asamblea Nacional por todo el país, con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
La actividad se desarrolló en presencia de diputados de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Ordenación del Territorio de la AN, y de la Dirección Estadal Ambiental a cargo de Francisco Dávila.
El público en general, académicos, estudiantes universitarios y organizaciones ambientalistas dieron su aporte para nutrir y consolidar lo que será este nuevo instrumento legal.
Las consultas estuvieron coordinadas por la División de Diversidad Biológica y la División de Asesoría Legal del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
“Esta es una ley sumamente importante porque tiene como finalidad salvaguardar, proteger y hacer uso adecuado de todos los recursos naturales y de todos los elementos que son parte de la biodiversidad”, dijo Dávila.
Mérida es privilegiada desde ese punto de vista, por ser un estado rodeado de cuencas hidrográficas, aparte de tener un 75 por ciento de su territorio bajo áreas de administración especial.
Dentro de esas áreas están las cuencas hidrográficas, los parques nacionales, reservas forestales, monumentos naturales y tiene cualquier cantidad de recursos de biodiversidad que le dan una singular importancia al estado.
“Tenemos un país muy rico desde el punto de vista natural, y en los últimos años, los modelos económicos que antecedieron a la gestión del presidente Chávez, propiciaron la intervención de todos nuestros recursos; ahora tenemos que buscar la manera de preservarlos mediante esta ley”, dijo el director ambiental estadal.
“Con esta consulta pública el Estado venezolano le dará a las comunidades, herramientas para la conservacion y fortalecerá el desarrollo sustentable del país”, dijo el funcionario.
Por su parte, los diputados de la Comisión de Ambiente, Fernando Vásquez y Manuel Briceño, explicaron que simultáneamente a esta consulta en Mérida, este viernes se estaba desarrollando otro parlamentarismo de calle en Puerto Ayacucho.
La jornada de consulta pública culminará la próxima semana en el Jardín Botánico de Caracas.
“Consideraremos todas las opiniones y observaciones recopiladas en estos espacios de participación ciudadana”, aseguró el diputado Manuel Briceño.
La consultora jurídica del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Liseth Carrero, presente en la jornada, dijo que la ley orienta en cómo hacer el aprovechamiento racional de los recursos.
“Es importante porque nos dice cómo protegerlos, cómo abordar el tema de la biodiversidad y la biotecnología; aspectos en donde el Estado debe intervenir con la participación activa y protagónica de las comunidades”, puntualizó.
21 July 2008
Ecologistas exigen discusión en profundidad de Ley de Biodiversidad
ABN 20/07/2008
Caracas, 20 Jul. ABN.- El Colectivo “La Patilla” integrado por activistas socialistas ecologistas -la mayor parte de ellos profesionales vinculados a las disciplinas medioambientales- exige a la Asamblea Nacional ampliar los plazos de discusión de la Ley de Gestión de la Diversidad Biológica, a efectos de corregir algunos planteamientos que ésta contiene y que, según afirman, no asegura la 'perpetuidad de la diversidad biológica de Venezuela'.
Este colectivo sostiene que “el proyecto de Ley de Gestión de la Diversidad Biológica, si bien llena algunos vacíos de la actual Ley de Diversidad Biológica, no responde al modelo de sociedad que intenta impulsar el pueblo de Venezuela y hacia donde debe dirigirse el proceso revolucionario.”
Los militantes del Colectivo “La Patilla” manifiestan que se requieren leyes que impulsen un modelo alternativo de desarrollo, basado en la sustentabilidad ambiental, económica, social, cultural y política, donde prevalezcan los valores de justicia y equidad para las generaciones presentes y futuras.
Entienden, en cambio, que el actual proyecto de ley a estudio de la Asamblea Nacional “no escapa a los conceptos de desarrollo propios del capitalismo. Un sistema de desarrollo que asume como fin el crecimiento económico y acumulación de capitales a costa de la explotación indefinida de los recursos naturales y las personas.”
Caracas, 20 Jul. ABN.- El Colectivo “La Patilla” integrado por activistas socialistas ecologistas -la mayor parte de ellos profesionales vinculados a las disciplinas medioambientales- exige a la Asamblea Nacional ampliar los plazos de discusión de la Ley de Gestión de la Diversidad Biológica, a efectos de corregir algunos planteamientos que ésta contiene y que, según afirman, no asegura la 'perpetuidad de la diversidad biológica de Venezuela'.
Este colectivo sostiene que “el proyecto de Ley de Gestión de la Diversidad Biológica, si bien llena algunos vacíos de la actual Ley de Diversidad Biológica, no responde al modelo de sociedad que intenta impulsar el pueblo de Venezuela y hacia donde debe dirigirse el proceso revolucionario.”
Los militantes del Colectivo “La Patilla” manifiestan que se requieren leyes que impulsen un modelo alternativo de desarrollo, basado en la sustentabilidad ambiental, económica, social, cultural y política, donde prevalezcan los valores de justicia y equidad para las generaciones presentes y futuras.
Entienden, en cambio, que el actual proyecto de ley a estudio de la Asamblea Nacional “no escapa a los conceptos de desarrollo propios del capitalismo. Un sistema de desarrollo que asume como fin el crecimiento económico y acumulación de capitales a costa de la explotación indefinida de los recursos naturales y las personas.”
15 July 2008
BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Diario el Mercurio, Cuenca, Ecuador Martes, 15 de Julio del 2008
BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES [2008-07-14]
El derecho al agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable, y constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.
El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende entre otras las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción, consagra el artículo 1 de los textos constitucionales de Biodiversidad y Recursos Naturales, aprobados por el Pleno de la Asamblea.
Así mismo, establece que el derecho al agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable, y constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.
El articulado también determina que el sistema nacional de áreas protegidas, garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas.
Los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, serán regulados por el Estado, en cuanto a su conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio.
Establece la prohibición de la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y el Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad.
Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas y se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional.
Por otro lado, se consigna que son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general los productos del subsuelo, minerales y substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial.
En tanto el Estado asegurará la prevención y la reparación integral de daños ambientales y actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas y brindará a los agricultores y a las comunidades rurales, apoyo para la conservación y la restauración de los suelos.
La conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico, estarán garantizados por el Estado que a su vez, regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua.
En la parte final del articulado, se consagra que el Estado, promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas y adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica.
Agrega que el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano e incentiven el establecimiento de zonas verdes.
El asambleísta Mario Játiva, durante la ponencia del articulado, dijo que después del segundo debate, la comisión de redacción, integrada también por los asambleístas Abel Avila y César Rodríguez, se recibieron 18 observaciones, destacándose y acogiéndose aquellas que valoran el más amplio sentido, el significado y la importancia de los Recursos Naturales y la Biodiversidad, elementos sin los cuales el ser humano, sería incapaz de vivir en la tierra.
Evocó las palabras del ex- presidente argentino Domingo Perón, quien manifestó que: "Cada nación tiene derecho al uso soberano de sus recursos naturales. Pero, al mismo tiempo, cada gobierno tiene la obligación de exigir a sus ciudadanos el cuidado y utilización racional de los mismos. Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología a donde rige la economía de mercado".
Dijo Játiva que históricamente y salvo honrosas excepciones, el poder del Estado, siempre estuvo en manos de los poderosos conocidos como la clase dominante, "… jamás a los pobres explotados y oprimidos, nos han dirigido y gobernado como seres humanos, porque no solamente que no nos han dado una patria libre y soberana sino que nuestro territorio por algunas oportunidades ha sido entregado y cercenado, parte de nuestro suelo patrio por los vecinos del sur; y, por ende nuestros Recursos Naturales, festinando y liquidando las especies de flora y fauna, los recursos minerales", sentenció.
Como asambleísta representante de la Amazonía, comentó que la experiencia vivida, es desalentadora respecto a los daños petroleros que se han dado y que siguen aún, pero esto no puede continuar, las consecuencias no solo son funestas para los que habitamos el sector, sino para todo nuestro país, debido a las grandes pérdidas irreversibles que se generan.
Los artículos de Biodiversidad y Recursos Naturales, fueron aprobados con un promedio de 97 votos favorables y de destaca que el artículo 13 que consagra que el agua es un derecho fundamental, consiguió 101 votos positivos, lo que generó un prolongado aplauso de la mayoría de asambleístas.
El asambleísta Ernesto Carrasco, pidió la reconsideración de los artículos 3, 4 y 16 y la asambleísta Martha Roldós del artículo 18.
Sala de Prensa José Peralta
BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES [2008-07-14]
El derecho al agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable, y constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.
El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende entre otras las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción, consagra el artículo 1 de los textos constitucionales de Biodiversidad y Recursos Naturales, aprobados por el Pleno de la Asamblea.
Así mismo, establece que el derecho al agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable, y constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.
El articulado también determina que el sistema nacional de áreas protegidas, garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas.
Los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, serán regulados por el Estado, en cuanto a su conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio.
Establece la prohibición de la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y el Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad.
Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas y se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional.
Por otro lado, se consigna que son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general los productos del subsuelo, minerales y substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial.
En tanto el Estado asegurará la prevención y la reparación integral de daños ambientales y actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas y brindará a los agricultores y a las comunidades rurales, apoyo para la conservación y la restauración de los suelos.
La conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico, estarán garantizados por el Estado que a su vez, regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua.
En la parte final del articulado, se consagra que el Estado, promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas y adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica.
Agrega que el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano e incentiven el establecimiento de zonas verdes.
El asambleísta Mario Játiva, durante la ponencia del articulado, dijo que después del segundo debate, la comisión de redacción, integrada también por los asambleístas Abel Avila y César Rodríguez, se recibieron 18 observaciones, destacándose y acogiéndose aquellas que valoran el más amplio sentido, el significado y la importancia de los Recursos Naturales y la Biodiversidad, elementos sin los cuales el ser humano, sería incapaz de vivir en la tierra.
Evocó las palabras del ex- presidente argentino Domingo Perón, quien manifestó que: "Cada nación tiene derecho al uso soberano de sus recursos naturales. Pero, al mismo tiempo, cada gobierno tiene la obligación de exigir a sus ciudadanos el cuidado y utilización racional de los mismos. Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología a donde rige la economía de mercado".
Dijo Játiva que históricamente y salvo honrosas excepciones, el poder del Estado, siempre estuvo en manos de los poderosos conocidos como la clase dominante, "… jamás a los pobres explotados y oprimidos, nos han dirigido y gobernado como seres humanos, porque no solamente que no nos han dado una patria libre y soberana sino que nuestro territorio por algunas oportunidades ha sido entregado y cercenado, parte de nuestro suelo patrio por los vecinos del sur; y, por ende nuestros Recursos Naturales, festinando y liquidando las especies de flora y fauna, los recursos minerales", sentenció.
Como asambleísta representante de la Amazonía, comentó que la experiencia vivida, es desalentadora respecto a los daños petroleros que se han dado y que siguen aún, pero esto no puede continuar, las consecuencias no solo son funestas para los que habitamos el sector, sino para todo nuestro país, debido a las grandes pérdidas irreversibles que se generan.
Los artículos de Biodiversidad y Recursos Naturales, fueron aprobados con un promedio de 97 votos favorables y de destaca que el artículo 13 que consagra que el agua es un derecho fundamental, consiguió 101 votos positivos, lo que generó un prolongado aplauso de la mayoría de asambleístas.
El asambleísta Ernesto Carrasco, pidió la reconsideración de los artículos 3, 4 y 16 y la asambleísta Martha Roldós del artículo 18.
Sala de Prensa José Peralta
Asamblea aprueba 33 artículos de la nueva Constitución
eluniverso.com, Ecuador | 13h20
Julio 14, 2008
En dos horas, los asambleístas aprobaron este lunes 33 artículos de la Nueva Carta Magna, relacionados con biodiversidad y recursos naturales, los habitantes, y formas de organización de la Producción y su gestión.
18 de los artículos están relacionados con biodiversidad, como el derecho irrenunciable al agua, la conformación del suelo, y la conservación y recuperación de los servicios hídricos.
Se aprobaron también otros siete artículos sobre el derecho de los habitantes como ciudadanos, y ocho más relacionados con las formas de organización económica de la producción, el comercio justo y del ahorro, entre otros puntos.
Aún están pendientes para su aprobación 35 artículos sobre el régimen de desarrollo y 80 con cinco transitorias sobre la organización del poder, que ayer se revisó en segundo debate, al igual que 32 artículos y cuatro transitorias relacionados con la justicia ordinaria, garantías constitucionales, servicios notariales y registrales, cuyo debate quedó suspendido a la medianoche de ayer para que la mesa pula el articulado.
Sobre este punto en cuestión, la asambleísta por el Partido Sociedad Patriótica, Catalina Ayala, criticó esta mañana la prisa y los errores que a su criterio presentan estos artículos, debido al apuro porque le quedan pocos días a la Asamblea para aprobar la nueva Constitución, señaló.
"Son artículos que tienen errores y a veces se pueden denominar horrores jurídicos", dijo. Agregó que todo esto se da "por el apuro, porque lamentablemente ya en los ultimos días, ya en mi mesa por más que nosotros los de la minoría les decimos: miren aquí hay errores de este estilo, ni siquiera lo ejecutan.... porque la consigna era terminar lo más rápido posible sin importar el cómo se lo hiciera", denunció la integrante de la la mesa 8 de Justicia y Lucha contra la corrupción.
Ayala indicó a Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil) que el tema ayer se volvió más político. Se basó más bien en el "ideal que se buscaría en la administracion de justicia, que una sustentación jurídica de los artículos que aprobó la mayoría en mi mesa", dijo.
Entre los puntos que cuestiona está el que los notarios reciban sueldo, "el tema no se regula vía Constitución sino fijación de aranceles que ya existen en el Consejo de la Judicatura", dijo.
Además, cuestiona el poder que puede tener la Corte Constitucional. "Yo no estoy de acuerdo con este recurso extraordinario de amparo o de protección como lo han puesto ahora. Le cambiaron el nombre pero el fondo es el mismo", refirió.
Julio 14, 2008
En dos horas, los asambleístas aprobaron este lunes 33 artículos de la Nueva Carta Magna, relacionados con biodiversidad y recursos naturales, los habitantes, y formas de organización de la Producción y su gestión.
18 de los artículos están relacionados con biodiversidad, como el derecho irrenunciable al agua, la conformación del suelo, y la conservación y recuperación de los servicios hídricos.
Se aprobaron también otros siete artículos sobre el derecho de los habitantes como ciudadanos, y ocho más relacionados con las formas de organización económica de la producción, el comercio justo y del ahorro, entre otros puntos.
Aún están pendientes para su aprobación 35 artículos sobre el régimen de desarrollo y 80 con cinco transitorias sobre la organización del poder, que ayer se revisó en segundo debate, al igual que 32 artículos y cuatro transitorias relacionados con la justicia ordinaria, garantías constitucionales, servicios notariales y registrales, cuyo debate quedó suspendido a la medianoche de ayer para que la mesa pula el articulado.
Sobre este punto en cuestión, la asambleísta por el Partido Sociedad Patriótica, Catalina Ayala, criticó esta mañana la prisa y los errores que a su criterio presentan estos artículos, debido al apuro porque le quedan pocos días a la Asamblea para aprobar la nueva Constitución, señaló.
"Son artículos que tienen errores y a veces se pueden denominar horrores jurídicos", dijo. Agregó que todo esto se da "por el apuro, porque lamentablemente ya en los ultimos días, ya en mi mesa por más que nosotros los de la minoría les decimos: miren aquí hay errores de este estilo, ni siquiera lo ejecutan.... porque la consigna era terminar lo más rápido posible sin importar el cómo se lo hiciera", denunció la integrante de la la mesa 8 de Justicia y Lucha contra la corrupción.
Ayala indicó a Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil) que el tema ayer se volvió más político. Se basó más bien en el "ideal que se buscaría en la administracion de justicia, que una sustentación jurídica de los artículos que aprobó la mayoría en mi mesa", dijo.
Entre los puntos que cuestiona está el que los notarios reciban sueldo, "el tema no se regula vía Constitución sino fijación de aranceles que ya existen en el Consejo de la Judicatura", dijo.
Además, cuestiona el poder que puede tener la Corte Constitucional. "Yo no estoy de acuerdo con este recurso extraordinario de amparo o de protección como lo han puesto ahora. Le cambiaron el nombre pero el fondo es el mismo", refirió.
Ley de Bosque Nativo: Ahora falta saber sobre la Reserva Las Vicuñas
El Morrocotudo, Chile, 15 Julio 2008
Por Sara Larraín
Tras 16 años de tramitación parlamentaria, incluyendo trabas de múltiple naturaleza, la Presidenta Bachelet ha promulgado la ley “corta” de bosque nativo, lo que significa gran alegría para los ciudadanos, sobre todo por el trabajo intenso que durante todos estos años desarrolló por la sociedad civil organizada para materializar esta normativa.
Aun así, debemos tener presente que esta ley fue enviada al Parlamento en abril de 1992 y que experimentó innombrables e innumerables modificaciones e indicaciones, muchas de ellas carentes de contenido relevante. A causa del trabajo de las organizaciones y las demandas ciudadanas por aprobar y poner en vigencia esta ley, en 2006 se acordó restringir su ámbito de acción y excluir así varios puntos de conflicto, a fin de jerarquizar a partir de los temas que sí generaban consenso. En consecuencia, tras las disposiciones más relevantes de la normativa hallamos posibilidades para los pequeños propietarios forestales de contar con bonificaciones por el manejo de bosque nativo. De este modo, es dable suponer que la normativa permita un significativo aporte social y ambiental, sobretodo en la zona sur de Chile.
El texto incorpora importantes resguardos al ambiente, como corredores de biodiversidad, protección del bosque aledaño a humedales, a sitios prioritarios para la biodiversidad y en áreas cercanas a glaciares. Asimismo, definió materias en torno a la intervención y protección en la cercanía de los distintos tipos de cursos de agua del país y en las pendientes superiores a 45% habrá que asociar estudios de suelo y métodos de intervención que no generen un impacto negativo a través de cables aéreos o extracción con helicópteros.
Sin embargo, el nuevo marco legal es evidentemente insuficiente para regular múltiples materias forestales pendientes, como el perfeccionamiento de instrumentos idóneos para la real conservación y protección del patrimonio natural terrestre de Chile. Así, de acuerdo a los compromisos del gobierno, la ciudadanía espera que prontamente la autoridad ingrese a trámite parlamentario los textos legales complementarios, a fin de regular la sustitución de bosque nativo. La relevancia de esto se relaciona con la situación actual del bosque esclerófilo de la zona central, materia que no fue considerada en esta ley.
De este modo, hoy procede apelar a la voluntad política de la Presidenta, para que disponga de una normativa específica que permita la protección de las áreas silvestres protegidas, públicas y privadas, puesto que se trata de patrimonio natural vulnerado en múltiples puntos del territorio. Éste es el caso de la Reserva Las Vicuñas, el Tatio, Los Cipreses y Puyehue.
La autora es Directora del Programa Chile Sustentable
comunicaciones@chilesustentable.net
Por Sara Larraín
Tras 16 años de tramitación parlamentaria, incluyendo trabas de múltiple naturaleza, la Presidenta Bachelet ha promulgado la ley “corta” de bosque nativo, lo que significa gran alegría para los ciudadanos, sobre todo por el trabajo intenso que durante todos estos años desarrolló por la sociedad civil organizada para materializar esta normativa.
Aun así, debemos tener presente que esta ley fue enviada al Parlamento en abril de 1992 y que experimentó innombrables e innumerables modificaciones e indicaciones, muchas de ellas carentes de contenido relevante. A causa del trabajo de las organizaciones y las demandas ciudadanas por aprobar y poner en vigencia esta ley, en 2006 se acordó restringir su ámbito de acción y excluir así varios puntos de conflicto, a fin de jerarquizar a partir de los temas que sí generaban consenso. En consecuencia, tras las disposiciones más relevantes de la normativa hallamos posibilidades para los pequeños propietarios forestales de contar con bonificaciones por el manejo de bosque nativo. De este modo, es dable suponer que la normativa permita un significativo aporte social y ambiental, sobretodo en la zona sur de Chile.
El texto incorpora importantes resguardos al ambiente, como corredores de biodiversidad, protección del bosque aledaño a humedales, a sitios prioritarios para la biodiversidad y en áreas cercanas a glaciares. Asimismo, definió materias en torno a la intervención y protección en la cercanía de los distintos tipos de cursos de agua del país y en las pendientes superiores a 45% habrá que asociar estudios de suelo y métodos de intervención que no generen un impacto negativo a través de cables aéreos o extracción con helicópteros.
Sin embargo, el nuevo marco legal es evidentemente insuficiente para regular múltiples materias forestales pendientes, como el perfeccionamiento de instrumentos idóneos para la real conservación y protección del patrimonio natural terrestre de Chile. Así, de acuerdo a los compromisos del gobierno, la ciudadanía espera que prontamente la autoridad ingrese a trámite parlamentario los textos legales complementarios, a fin de regular la sustitución de bosque nativo. La relevancia de esto se relaciona con la situación actual del bosque esclerófilo de la zona central, materia que no fue considerada en esta ley.
De este modo, hoy procede apelar a la voluntad política de la Presidenta, para que disponga de una normativa específica que permita la protección de las áreas silvestres protegidas, públicas y privadas, puesto que se trata de patrimonio natural vulnerado en múltiples puntos del territorio. Éste es el caso de la Reserva Las Vicuñas, el Tatio, Los Cipreses y Puyehue.
La autora es Directora del Programa Chile Sustentable
comunicaciones@chilesustentable.net
02 July 2008
Nueva Ley de Bosques contribuye a mejorar gestión forestal en el país
ABN 30/06/2008
Caracas, Distrito Capital, Venezuela
Caracas, 30 Jun. ABN.- La nueva Ley de Bosques y Gestión Forestal, promulgada recientemente por el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, fomentará acciones sostenibles y armónicas orientadas a lograr un manejo adecuado de los bosques tropicales del país, indicó la directora de Bosques del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minamb), Olga Pérez.
Asimismo, manifestó que esta ley tiene como objetivo de afrontar los graves riesgos que conllevan su deforestación indiscriminada y la consiguiente pérdida de su biodiversidad, es un llamado que se hace a la comunidad del planeta, a propósito de la celebración del Día Internacional de los Bosques Tropicales.
“Nuestro territorio también padece una pérdida importante de bosques, que obedece en gran parte a las explotaciones ilegales de madera, así como también debido a las deforestaciones que ocurren por el cambio de uso de las tierras”, dijo Pérez.
Igualmente, señaló que esta iniciativa del Jefe de Estado refleja el nivel de importancia que el Estado le da a esta materia, a fin de orientarla hacia un nuevo modelo de desarrollo forestal, en el cual se promueve lo colectivo y no lo individual, abriendo un espacio para que las comunidades participen en el desarrollo de la gestión forestal.
“Lo importante de esta nueva ley es que no está basada en modelos económicos sino que promueve el uso sustentable, en donde -entre otras cosas- se establecen las bases para una estrategia ambiental y socio productiva en la reserva forestal de Ticoporo encaminada a su recuperación”, dijo.
A pesar de que la mitad de los bosques mundiales han desaparecido, y de que las áreas forestales con mayor biodiversidad están en peligro, es importante destacar que los bosques más amenazados en términos relativos no son los tropicales, como cabría pensar por la atención que prestan los medios de comunicación a los mismos, sino los bosques templados de Europa y Estados Unidos.
Caracas, Distrito Capital, Venezuela
Caracas, 30 Jun. ABN.- La nueva Ley de Bosques y Gestión Forestal, promulgada recientemente por el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, fomentará acciones sostenibles y armónicas orientadas a lograr un manejo adecuado de los bosques tropicales del país, indicó la directora de Bosques del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minamb), Olga Pérez.
Asimismo, manifestó que esta ley tiene como objetivo de afrontar los graves riesgos que conllevan su deforestación indiscriminada y la consiguiente pérdida de su biodiversidad, es un llamado que se hace a la comunidad del planeta, a propósito de la celebración del Día Internacional de los Bosques Tropicales.
“Nuestro territorio también padece una pérdida importante de bosques, que obedece en gran parte a las explotaciones ilegales de madera, así como también debido a las deforestaciones que ocurren por el cambio de uso de las tierras”, dijo Pérez.
Igualmente, señaló que esta iniciativa del Jefe de Estado refleja el nivel de importancia que el Estado le da a esta materia, a fin de orientarla hacia un nuevo modelo de desarrollo forestal, en el cual se promueve lo colectivo y no lo individual, abriendo un espacio para que las comunidades participen en el desarrollo de la gestión forestal.
“Lo importante de esta nueva ley es que no está basada en modelos económicos sino que promueve el uso sustentable, en donde -entre otras cosas- se establecen las bases para una estrategia ambiental y socio productiva en la reserva forestal de Ticoporo encaminada a su recuperación”, dijo.
A pesar de que la mitad de los bosques mundiales han desaparecido, y de que las áreas forestales con mayor biodiversidad están en peligro, es importante destacar que los bosques más amenazados en términos relativos no son los tropicales, como cabría pensar por la atención que prestan los medios de comunicación a los mismos, sino los bosques templados de Europa y Estados Unidos.
03 April 2008
El gobierno fomenta transgénicos con la Ley de Biodiversidad
La Crónica de Hoy, México
Por: A. Olivier Pavón | Nacional
Jueves 3 de Abril de 2008 | Hora de publicación: 02:59
El gobierno mexicano traicionó las demandas de las organizaciones campesinas, sociales y ambientalistas que firmaron el “Pacto Político por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas” al publicar el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) con lo que se pretende autorizar la siembra de maíz transgénico, denunció la campaña nacional Sin Maíz no hay País.
“Este reglamento reproduce el vicio de la Ley de Bioseguridad, que es una ley de fomento de transgénicos, pareciera que es más importante la incipiente tecnología que la calidad que tiene México como centro de origen y distribución del maíz”, señaló Adelita San Vicente, de la organización Semillas de Vida.
La dirigente apuntó que con esta medida se pretende patentar y privatizar el maíz. “Queremos llamar a la conciencia de las autoridades que para nosotros sí nos parece mucho más importante la calidad de México como centro de origen de este cultivo que la tecnología de los transgénicos”, abundó.
Por su parte, Cati Marielle, del Grupo de Estudios Ambientales (GCA), expuso que el gobierno pretende dar luz verde a los cultivos transgénicos, pasando por encima de la propia ley que dice que todos los países que sean centro de origen y diversidad genética de algún cultivo deberían adoptar medidas legales para “prohibir la introducción de variedades transgénicas de esos cultivos”.
Por: A. Olivier Pavón | Nacional
Jueves 3 de Abril de 2008 | Hora de publicación: 02:59
El gobierno mexicano traicionó las demandas de las organizaciones campesinas, sociales y ambientalistas que firmaron el “Pacto Político por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas” al publicar el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) con lo que se pretende autorizar la siembra de maíz transgénico, denunció la campaña nacional Sin Maíz no hay País.
“Este reglamento reproduce el vicio de la Ley de Bioseguridad, que es una ley de fomento de transgénicos, pareciera que es más importante la incipiente tecnología que la calidad que tiene México como centro de origen y distribución del maíz”, señaló Adelita San Vicente, de la organización Semillas de Vida.
La dirigente apuntó que con esta medida se pretende patentar y privatizar el maíz. “Queremos llamar a la conciencia de las autoridades que para nosotros sí nos parece mucho más importante la calidad de México como centro de origen de este cultivo que la tecnología de los transgénicos”, abundó.
Por su parte, Cati Marielle, del Grupo de Estudios Ambientales (GCA), expuso que el gobierno pretende dar luz verde a los cultivos transgénicos, pasando por encima de la propia ley que dice que todos los países que sean centro de origen y diversidad genética de algún cultivo deberían adoptar medidas legales para “prohibir la introducción de variedades transgénicas de esos cultivos”.
05 November 2007
Proponen ley para proteger patrimonio genético y biodiversidad del país
El Mostrador, Chile
3 de Noviembre de 2007
"Es esencial la conservación de los ecosistemas, asegurando su funcionalidad y básicamente, a eso apunta este proyecto de ley", afirmó el diputado Alberto Robles.
El diputado Alberto Robles (PRSD) presentó un proyecto que busca regula la protección del Patrimonio Genético y de la Biodiversidad biológica de Chile, al tiempo que solicitó el patrocinio del Ministerio del Medio Ambiente.
Según el parlamentario, la pérdida de la diversidad biológica es una de las amenazas más grandes que enfrenta nuestro planeta ya que cada año desaparecen miles de especies, lo que provoca la vulnerabilidad de otras muchas, entre ellas el ser humano, crezca de forma alarmante y Chile no escapa a esa realidad.
"Por tal motivo es esencial la conservación de los ecosistemas, asegurando su funcionalidad y básicamente, a eso apunta este proyecto de ley", agregó.
Robles señaló que en Chile existe, esencialmente, falta de voluntad política para poner en práctica cualquier esfuerzo para la conservación de la diversidad biológica.
"La gran mayoría de las medidas que se han tomado para cuidar la diversidad biológica, es decir, la protección legal de especies individuales, planes de gestión y conservación del hábitat, son únicamente nominales. La gestión de la biodiversidad depende con demasiada frecuencia de una decisión política presionada por los intereses económicos", agregó.
"Debemos evitar que esto siga sucediendo, construyendo un marco regulatorio específico que norme claramente la protección de nuestra biodiversidad, sin sectores que actúen a su antojo y convirtiendo este tema en una cuestión oportunista y prescindiendo de cualquier política del Estado", continuó.
Proyecto
La iniciativa impulsada por el diputado Robles, pretende convertirse en la primera ley de este tipo que rija en Chile y consta de cinco títulos específicos.
En primer lugar, se ocupa de regular las disposiciones generales, aclara conceptos que serán fundamentales al momento de interpretar y aplicar la ley y declara de interés nacional la materia regulada.
En su segundo articulado, se refiere específicamente a la protección de la flora y fauna nacional.
Señala que, las instancias competentes de la Comisión Nacional del Medio Ambiente o del organismo que sea designado para ello, velarán por la supervivencia de las especies en peligro de extinción, amenazadas o protegidas, además, prohíbe la caza, pesca, captura, hostigamiento, maltrato, muerte, tráfico, importación, exportación, comercio, manufactura, o elaboración de artesanías, así como la exhibición y posesión ilegal.
El artículo tercero, regula estrictamente el tema del Patrimonio Genético. Reconoce como del dominio público de la República de Chile el patrimonio y los recursos genéticos, acuáticos y terrestres considerados nativos, indica que la preservación, exploración, utilización con fines de investigación y desarrollo científico y tecnológico, así como la explotación comercial o industrial y el aprovechamiento integral y demás actos consiguientes respecto de los recursos genéticos deberán contar con el patrocinio del estado chileno.
El capítulo cuarto, establece la creación de un Registro Nacional de Recursos Genéticos, dependiente del Ministerio de Economía, que tendrá como funciones y objetivos, la realización permanente de un inventario actualizado de los recursos genéticos aptos para el aprovechamiento actual o potencial, de carácter científico o tecnológico, comercial o industrial.
Además tendrá como otras atribuciones, llevar un registro actualizado y sistematizado de dichos recursos y de las investigaciones, cualesquiera sean sus objetivos y fines, que se realicen o proyecten con relación a los mismos dentro del territorio Nacional; promover y alentar la investigación, el desarrollo científico y tecnológico y la cooperación nacional e internacional en las áreas que le son propias y asesorar al Poder Ejecutivo en relación con la preservación y aprovechamiento integral de los recursos genéticos del país.
Finalmente, establece nuevas atribuciones a la Comisión Nacional de Medio Ambiente y Tipos Penales que permiten dar eficacia jurídica al proyecto.
3 de Noviembre de 2007
"Es esencial la conservación de los ecosistemas, asegurando su funcionalidad y básicamente, a eso apunta este proyecto de ley", afirmó el diputado Alberto Robles.
El diputado Alberto Robles (PRSD) presentó un proyecto que busca regula la protección del Patrimonio Genético y de la Biodiversidad biológica de Chile, al tiempo que solicitó el patrocinio del Ministerio del Medio Ambiente.
Según el parlamentario, la pérdida de la diversidad biológica es una de las amenazas más grandes que enfrenta nuestro planeta ya que cada año desaparecen miles de especies, lo que provoca la vulnerabilidad de otras muchas, entre ellas el ser humano, crezca de forma alarmante y Chile no escapa a esa realidad.
"Por tal motivo es esencial la conservación de los ecosistemas, asegurando su funcionalidad y básicamente, a eso apunta este proyecto de ley", agregó.
Robles señaló que en Chile existe, esencialmente, falta de voluntad política para poner en práctica cualquier esfuerzo para la conservación de la diversidad biológica.
"La gran mayoría de las medidas que se han tomado para cuidar la diversidad biológica, es decir, la protección legal de especies individuales, planes de gestión y conservación del hábitat, son únicamente nominales. La gestión de la biodiversidad depende con demasiada frecuencia de una decisión política presionada por los intereses económicos", agregó.
"Debemos evitar que esto siga sucediendo, construyendo un marco regulatorio específico que norme claramente la protección de nuestra biodiversidad, sin sectores que actúen a su antojo y convirtiendo este tema en una cuestión oportunista y prescindiendo de cualquier política del Estado", continuó.
Proyecto
La iniciativa impulsada por el diputado Robles, pretende convertirse en la primera ley de este tipo que rija en Chile y consta de cinco títulos específicos.
En primer lugar, se ocupa de regular las disposiciones generales, aclara conceptos que serán fundamentales al momento de interpretar y aplicar la ley y declara de interés nacional la materia regulada.
En su segundo articulado, se refiere específicamente a la protección de la flora y fauna nacional.
Señala que, las instancias competentes de la Comisión Nacional del Medio Ambiente o del organismo que sea designado para ello, velarán por la supervivencia de las especies en peligro de extinción, amenazadas o protegidas, además, prohíbe la caza, pesca, captura, hostigamiento, maltrato, muerte, tráfico, importación, exportación, comercio, manufactura, o elaboración de artesanías, así como la exhibición y posesión ilegal.
El artículo tercero, regula estrictamente el tema del Patrimonio Genético. Reconoce como del dominio público de la República de Chile el patrimonio y los recursos genéticos, acuáticos y terrestres considerados nativos, indica que la preservación, exploración, utilización con fines de investigación y desarrollo científico y tecnológico, así como la explotación comercial o industrial y el aprovechamiento integral y demás actos consiguientes respecto de los recursos genéticos deberán contar con el patrocinio del estado chileno.
El capítulo cuarto, establece la creación de un Registro Nacional de Recursos Genéticos, dependiente del Ministerio de Economía, que tendrá como funciones y objetivos, la realización permanente de un inventario actualizado de los recursos genéticos aptos para el aprovechamiento actual o potencial, de carácter científico o tecnológico, comercial o industrial.
Además tendrá como otras atribuciones, llevar un registro actualizado y sistematizado de dichos recursos y de las investigaciones, cualesquiera sean sus objetivos y fines, que se realicen o proyecten con relación a los mismos dentro del territorio Nacional; promover y alentar la investigación, el desarrollo científico y tecnológico y la cooperación nacional e internacional en las áreas que le son propias y asesorar al Poder Ejecutivo en relación con la preservación y aprovechamiento integral de los recursos genéticos del país.
Finalmente, establece nuevas atribuciones a la Comisión Nacional de Medio Ambiente y Tipos Penales que permiten dar eficacia jurídica al proyecto.
24 September 2007
Promueven en Costa Rica proyecto en defensa de biodiversidad
Prensa Latina
San José, 18 sep (PL) La Asociación de Preservación de Flora y Fauna de Costa Rica lanzó hoy una campaña a fin de recolectar las 160 mil firmas necesarias para que un proyecto sobre la protección de la biodiversidad llegue al Congreso.
La iniciativa fue diseñada por organizaciones ambientalistas, el Ministerio de Medio Ambiente, universidades y colegios profesionales.
Gino Biamonte, director de la agrupación ambientalista, dijo que uno de los principales cambios que traería la nueva ley es la prohibición total de la cacería deportiva, además de aumentar las sanciones por el comercio de animales silvestres.
Para Angerline Marín, del mismo grupo, es urgente introducir cambios en la legislación del país porque actualmente se tienen "multas ridículas, que van entre ocho y 28 dólares por la tenencia ilegal de animales"
Una vez que se recopilen, las firmas se remiten al Tribunal Supremo de Elecciones para su validación y posteriormente el proyecto entra a la corriente legislativa.
apr cm
PL-181
14 August 2007
Amazon deforestation rates significantly down; WWF urges tighter forest policies
WWF Newsroom
13 Aug 2007
Brasilia, Brazil – Deforestation rates in the Brazilian Amazon have dropped by 25%.
According to Brazil’s environment ministry, an estimated 14,039km2 of forests were cleared in the year ended 31 July 2006, compared to a 18,793km2 the previous year.
Preliminary data for this year shows deforestation down to 9,600km2.
“The decline in the deforestation rate is positive, but we still don’t have a policy for the Amazon to address conservation and development,” said Denise Hamú, CEO of WWF-Brazil.
“Brazil needs clear reduction goals. It remains to be seen whether the government really wants to keep this trend and reach levels of deforestation near zero.”
A zero per cent deforestation could prove challenging considering Brazil’s Growth Acceleration Programme, an initiative by the Brazilian government to accelerate economic activity through increased public sector investment, particularly in infrastructure projects such as roads and dams.
Forest law
One important instrument to guarantee the sustainable development and the steady decline of the deforestation rate is the implementation of the recently approved Public Forest Management Law, says WWF.
Signed by President da Silva on 2 March 2006, the law establishes the legal framework for concessions in national forests and forests located on public land. Under the law, the government will open up some forest areas through 40-year contracts. These contracts, to be tendered, will allow the highest bidders to log trees under a sustainable development plan.
Social and environmental organizations, including WWF, have for years been pushing for a way to halt the process of illegal occupation and deforestation of the Brazilian Amazon by ranchers and agribusiness, protect the rights of local residents, and conserve irreplaceable biodiversity found within the Brazilian Amazon.
“This law represents a big step towards the modernization of Brazil’s forestry system,” Hamú said.
“Carried out in the right way, sustainable forestry activities can generate income, ensure a plentiful supply of timber in the long term, and ensure that forests continue to be ecologically functional,”
That is why many of WWF’s activities are designed to improve forestry practices, in addition to seeking more protection.
WWF-Brazil is part of the Amazon Region Protected Areas (ARPA) programme — a partnership between the Brazilian government, the World Bank, Global Environment Facility, German Development Bank and the Brazilian Biodiversity Fund — which has helped create some 20 million hectares of protected areas in the Amazon.
For further information:
Rebeca Kritsch, WWF-Brazil
Tel: +55 61 3364 7464
E-mail: rebeca@wwf.org.br
13 Aug 2007
Brasilia, Brazil – Deforestation rates in the Brazilian Amazon have dropped by 25%.
According to Brazil’s environment ministry, an estimated 14,039km2 of forests were cleared in the year ended 31 July 2006, compared to a 18,793km2 the previous year.
Preliminary data for this year shows deforestation down to 9,600km2.
“The decline in the deforestation rate is positive, but we still don’t have a policy for the Amazon to address conservation and development,” said Denise Hamú, CEO of WWF-Brazil.
“Brazil needs clear reduction goals. It remains to be seen whether the government really wants to keep this trend and reach levels of deforestation near zero.”
A zero per cent deforestation could prove challenging considering Brazil’s Growth Acceleration Programme, an initiative by the Brazilian government to accelerate economic activity through increased public sector investment, particularly in infrastructure projects such as roads and dams.
Forest law
One important instrument to guarantee the sustainable development and the steady decline of the deforestation rate is the implementation of the recently approved Public Forest Management Law, says WWF.
Signed by President da Silva on 2 March 2006, the law establishes the legal framework for concessions in national forests and forests located on public land. Under the law, the government will open up some forest areas through 40-year contracts. These contracts, to be tendered, will allow the highest bidders to log trees under a sustainable development plan.
Social and environmental organizations, including WWF, have for years been pushing for a way to halt the process of illegal occupation and deforestation of the Brazilian Amazon by ranchers and agribusiness, protect the rights of local residents, and conserve irreplaceable biodiversity found within the Brazilian Amazon.
“This law represents a big step towards the modernization of Brazil’s forestry system,” Hamú said.
“Carried out in the right way, sustainable forestry activities can generate income, ensure a plentiful supply of timber in the long term, and ensure that forests continue to be ecologically functional,”
That is why many of WWF’s activities are designed to improve forestry practices, in addition to seeking more protection.
WWF-Brazil is part of the Amazon Region Protected Areas (ARPA) programme — a partnership between the Brazilian government, the World Bank, Global Environment Facility, German Development Bank and the Brazilian Biodiversity Fund — which has helped create some 20 million hectares of protected areas in the Amazon.
For further information:
Rebeca Kritsch, WWF-Brazil
Tel: +55 61 3364 7464
E-mail: rebeca@wwf.org.br
11 May 2007
Artículos sobre biodiversidad inician la futura carta magna boliviana
ABN 10/05/2007
Sucre, Bolivia, 10 May. ABN.- Los primeros artículos de la futura Carta Magna de Bolivia que serán remitidos a la Asamblea Constituyente para su valoración en plenaria, están relacionados con la defensa de la biodiversidad, reportó Prensa Latina.
En este sentido, Carlos Romero, presidente de la Comisión de Recursos Naturales Renovables, Tierra Territorio y Medio Ambiente de la Asamblea Constituyente, manifestó que el texto fue aprobado por unanimidad por los delegados.
Romero precisó que la redacción final del documento fue alcanzada sin necesidad del mecanismo de los informes de mayoría o minoría.
El diputado explicó que el proyecto también establece las sanciones respectivas a quienes atenten contra el medio ambiente.
Señaló que la inclusión de los derechos y deberes en esta materia obligará al Estado a brindar los mecanismos necesarios para que la ciudadanía disfrute de un medio ambiente sano.
Según estadísticas presentadas ante esa comisión, entre 1980 y 1990, la nación andina perdió cada año 440 mil hectáreas de bosques húmedos.
El daño fue ocasionado por proyectos agrícolas, petroleros, de ganadería, urbanización y la caza indiscriminada.
El diagnóstico de delegados del Movimiento al Socialismo (MAS), indican que de 72 áreas protegidas de Bolivia, sólo 21 tienen categoría nacional.
Informaron que en esos territorios las empresas privadas mercantilizan recursos naturales y acometen proyectos hidrocarburíferos.
Las amenazas más frecuentes contra el medio ambiente en Bolivia son el comercio ilegal de animales silvestres, el turismo desorganizado y la contaminación.
El trabajo de las 21 comisiones del foro debe concluir a mediados de mayo, cuando comience el debate de sus propuestas.
La Asamblea espera concluir sus labores el 6 de agosto próximo, aunque han surgido voces que sugieren una ampliación de ese plazo.
Sucre, Bolivia, 10 May. ABN.- Los primeros artículos de la futura Carta Magna de Bolivia que serán remitidos a la Asamblea Constituyente para su valoración en plenaria, están relacionados con la defensa de la biodiversidad, reportó Prensa Latina.
En este sentido, Carlos Romero, presidente de la Comisión de Recursos Naturales Renovables, Tierra Territorio y Medio Ambiente de la Asamblea Constituyente, manifestó que el texto fue aprobado por unanimidad por los delegados.
Romero precisó que la redacción final del documento fue alcanzada sin necesidad del mecanismo de los informes de mayoría o minoría.
El diputado explicó que el proyecto también establece las sanciones respectivas a quienes atenten contra el medio ambiente.
Señaló que la inclusión de los derechos y deberes en esta materia obligará al Estado a brindar los mecanismos necesarios para que la ciudadanía disfrute de un medio ambiente sano.
Según estadísticas presentadas ante esa comisión, entre 1980 y 1990, la nación andina perdió cada año 440 mil hectáreas de bosques húmedos.
El daño fue ocasionado por proyectos agrícolas, petroleros, de ganadería, urbanización y la caza indiscriminada.
El diagnóstico de delegados del Movimiento al Socialismo (MAS), indican que de 72 áreas protegidas de Bolivia, sólo 21 tienen categoría nacional.
Informaron que en esos territorios las empresas privadas mercantilizan recursos naturales y acometen proyectos hidrocarburíferos.
Las amenazas más frecuentes contra el medio ambiente en Bolivia son el comercio ilegal de animales silvestres, el turismo desorganizado y la contaminación.
El trabajo de las 21 comisiones del foro debe concluir a mediados de mayo, cuando comience el debate de sus propuestas.
La Asamblea espera concluir sus labores el 6 de agosto próximo, aunque han surgido voces que sugieren una ampliación de ese plazo.
03 April 2007
Constituyentes apuestan por la conciencia ambiental
RedBolivia.com
Martes, 03 de Abril del 2007
ABIMarzo 29, 2007, 2:36 EST
La Paz, Bolivia -- Asambleístas de seis fuerzas políticas principales expresaron ante la Comisión de Recursos Naturales Renovables su decisión de que la nueva Constitución Política del Estado incluya normativas de protección, respeto al medio ambiente y la biodiversidad de Bolivia.
En reporte publicado por la mencionada comisión la falta de concienciación sobre la problemática ambiental ha provocado no sólo la contaminación, sino la degradación de los recursos naturales.
Lo que ha incidido en la pérdida de la biodiversidad de Bolivia, de acuerdo a diagnósticos preliminares de las seis representaciones políticas (Podemos, ASP, MNR, AS, MBL y MAS) presentadas en la Comisión de Recursos Naturales Renovables Tierra, Territorio y Medio Ambiente de la Asamblea Constituyente, en Sucre.
El diagnóstico de Poder Democrático Social (Podemos) sostiene que la aplicación y exigencia de la legislación ambiental en Bolivia "han sido deficitarias", debido a la contraposición (genera conflictos de competencia) entre las leyes ambientales, de descentralización y de municipios.
Desde esa perspectiva de análisis, hay una concepción errónea de que los únicos recursos y actividades regulables son los bosques y la biodiversidad, porque "no se ha tranversalizado el componente medioambiental" señala el reporte que el Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza de la Cooperación Técnica Alemana (Padep/GTZ) difunde.
Según el resumen del documento de Podemos, la exigencia de la función económica social en los procesos de saneamiento encarados por el Estado "ha provocado deforestación de tierras de vocación forestal".
En la misma vertiente, la observación de Alianza Social Patriótica (ASP) advierte que la explotación intensiva de los recursos naturales, el desarrollo tecnológico, la industrialización y urbanización "amenazan las regiones naturales y pueden perturbar el equilibrio ecológico, afectando sobre todo a los grupos pobres y marginados".
En todo el mundo existe una conciencia creciente de que un manejo adecuado del ambiente puede mantener su capacidad para administrar bienes y servicios, dice Alianza Social.
De acuerdo al planteamiento de ASP, a menudo se descuida la perspectiva ambiental y se utilizan las funciones ambientales con objetivos económicos a corto plazo, lo que provoca la escasez de los recursos naturales, degradación y desigualdad de acceso a los mismos.
El análisis del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) sobre este tema, apunta a que la reforma agraria ha dejado pendiente no sólo el acceso equilibrado a la tierra, sino los recursos, el racismo, la exclusión, negación de la multiculturalidad y equidad.
Esto significa que entre 1980 y 1990 se perdieron en Bolivia 440.000 hectáreas de bosques húmedos por año a raíz de la agricultura, ganadería, urbanización, explotación petrolera y la caza, lo que representó que muchas especies de mamíferos, aves y reptiles se encuentran en peligro de extinción, debido a la desaparición de los habitats naturales.
Casi en la misma línea de ASP, el diagnóstico de Alianza Social (AS) sostiene que la carencia de políticas claras para cuidar el medio ambiente ha permitido el abuso y degradación de la madre tierra por parte de empresas transnacionales que sólo dejan despojos y territorios desolados.
Pero AS fue más allá y observa que la actual Constitución Política del Estado carece de un régimen ambiental. Por lo que se debe consignar en la nueva Carta Magna la protección y el respeto al medio ambiente y biodiversidad de Bolivia, que es considerada una reserva mundial de especies de plantas y animales.
"Medio ambiente no sólo es la naturaleza ni lo seres que en ella vivimos, es el espacio en el que interactuamos y donde nuestras culturas ancestrales tenían gran respeto por la naturaleza en todas sus expresiones", propone.
El Movimiento Bolivia Libre (MBL) contrapone dos concepciones sobre la tierra: la indígena y la liberal. De acuerdo a la primera, el concepto de tierra tiene que ser considerado como un derecho fundamental y vital de la persona, de las familias y de la comunidad. De acuerdo a la segunda, la tierra es sólo un medio de producción.
MBL sostiene que los territorios originarios a favor de las comunidades y pueblos originarios no se hallan reconocidos constitucionalmente. "Estos territorios abarcan el agua, la fauna y flora y todo el medio ambiente", puntualiza.
Mientras el diagnóstico preliminar del Movimiento Al Socialismo (MAS) se detuvo sobre las 72 áreas protegidas de Bolivia, entre nacionales, departamentales y municipales, de las cuales sólo 21 tienen categoría nacional.
El análisis del MAS establece que la gestión de las áreas protegidas presenta problemas y contradicciones como: políticas que limitan y prohíben la gestión de las comunidades de sus territorios; acciones exageradamente conservacionistas acompañadas con planes de privatización y mercantilización de la gestión de los recursos naturales; sobreposición de áreas protegidas y concesiones hidrocarburíferas, entre otros.
Para el MAS, las amenazas más frecuentes contra el medio ambiente en Bolivia son el comercio ilegal de los animales silvestres, el turismo desorganizado, la destrucción de la biodiversidad natural por la introducción de especies exóticas y la contaminación de la tierra por parte de empresas petroleras, agroindustriales y agroquímicas.
Martes, 03 de Abril del 2007
ABIMarzo 29, 2007, 2:36 EST
La Paz, Bolivia -- Asambleístas de seis fuerzas políticas principales expresaron ante la Comisión de Recursos Naturales Renovables su decisión de que la nueva Constitución Política del Estado incluya normativas de protección, respeto al medio ambiente y la biodiversidad de Bolivia.
En reporte publicado por la mencionada comisión la falta de concienciación sobre la problemática ambiental ha provocado no sólo la contaminación, sino la degradación de los recursos naturales.
Lo que ha incidido en la pérdida de la biodiversidad de Bolivia, de acuerdo a diagnósticos preliminares de las seis representaciones políticas (Podemos, ASP, MNR, AS, MBL y MAS) presentadas en la Comisión de Recursos Naturales Renovables Tierra, Territorio y Medio Ambiente de la Asamblea Constituyente, en Sucre.
El diagnóstico de Poder Democrático Social (Podemos) sostiene que la aplicación y exigencia de la legislación ambiental en Bolivia "han sido deficitarias", debido a la contraposición (genera conflictos de competencia) entre las leyes ambientales, de descentralización y de municipios.
Desde esa perspectiva de análisis, hay una concepción errónea de que los únicos recursos y actividades regulables son los bosques y la biodiversidad, porque "no se ha tranversalizado el componente medioambiental" señala el reporte que el Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza de la Cooperación Técnica Alemana (Padep/GTZ) difunde.
Según el resumen del documento de Podemos, la exigencia de la función económica social en los procesos de saneamiento encarados por el Estado "ha provocado deforestación de tierras de vocación forestal".
En la misma vertiente, la observación de Alianza Social Patriótica (ASP) advierte que la explotación intensiva de los recursos naturales, el desarrollo tecnológico, la industrialización y urbanización "amenazan las regiones naturales y pueden perturbar el equilibrio ecológico, afectando sobre todo a los grupos pobres y marginados".
En todo el mundo existe una conciencia creciente de que un manejo adecuado del ambiente puede mantener su capacidad para administrar bienes y servicios, dice Alianza Social.
De acuerdo al planteamiento de ASP, a menudo se descuida la perspectiva ambiental y se utilizan las funciones ambientales con objetivos económicos a corto plazo, lo que provoca la escasez de los recursos naturales, degradación y desigualdad de acceso a los mismos.
El análisis del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) sobre este tema, apunta a que la reforma agraria ha dejado pendiente no sólo el acceso equilibrado a la tierra, sino los recursos, el racismo, la exclusión, negación de la multiculturalidad y equidad.
Esto significa que entre 1980 y 1990 se perdieron en Bolivia 440.000 hectáreas de bosques húmedos por año a raíz de la agricultura, ganadería, urbanización, explotación petrolera y la caza, lo que representó que muchas especies de mamíferos, aves y reptiles se encuentran en peligro de extinción, debido a la desaparición de los habitats naturales.
Casi en la misma línea de ASP, el diagnóstico de Alianza Social (AS) sostiene que la carencia de políticas claras para cuidar el medio ambiente ha permitido el abuso y degradación de la madre tierra por parte de empresas transnacionales que sólo dejan despojos y territorios desolados.
Pero AS fue más allá y observa que la actual Constitución Política del Estado carece de un régimen ambiental. Por lo que se debe consignar en la nueva Carta Magna la protección y el respeto al medio ambiente y biodiversidad de Bolivia, que es considerada una reserva mundial de especies de plantas y animales.
"Medio ambiente no sólo es la naturaleza ni lo seres que en ella vivimos, es el espacio en el que interactuamos y donde nuestras culturas ancestrales tenían gran respeto por la naturaleza en todas sus expresiones", propone.
El Movimiento Bolivia Libre (MBL) contrapone dos concepciones sobre la tierra: la indígena y la liberal. De acuerdo a la primera, el concepto de tierra tiene que ser considerado como un derecho fundamental y vital de la persona, de las familias y de la comunidad. De acuerdo a la segunda, la tierra es sólo un medio de producción.
MBL sostiene que los territorios originarios a favor de las comunidades y pueblos originarios no se hallan reconocidos constitucionalmente. "Estos territorios abarcan el agua, la fauna y flora y todo el medio ambiente", puntualiza.
Mientras el diagnóstico preliminar del Movimiento Al Socialismo (MAS) se detuvo sobre las 72 áreas protegidas de Bolivia, entre nacionales, departamentales y municipales, de las cuales sólo 21 tienen categoría nacional.
El análisis del MAS establece que la gestión de las áreas protegidas presenta problemas y contradicciones como: políticas que limitan y prohíben la gestión de las comunidades de sus territorios; acciones exageradamente conservacionistas acompañadas con planes de privatización y mercantilización de la gestión de los recursos naturales; sobreposición de áreas protegidas y concesiones hidrocarburíferas, entre otros.
Para el MAS, las amenazas más frecuentes contra el medio ambiente en Bolivia son el comercio ilegal de los animales silvestres, el turismo desorganizado, la destrucción de la biodiversidad natural por la introducción de especies exóticas y la contaminación de la tierra por parte de empresas petroleras, agroindustriales y agroquímicas.
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