10/07/2008 radiomundoreal, Perú
En circunstancias en que la Comisión Europea (CE) a comienzos de julio congelaba las negociaciones de un acuerdo de asociación con la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la estructura de este bloque integrado por Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador comenzó a crujir con fuerza y mostró sus primeras señales de eventual fractura explícita ante las ansias asociacionistas de Bogotá y Lima y las presiones de Bruselas.
Es que los dos primeros países, con una posición todavía vacilante de parte de Quito, se mostraron dispuestos a seguir adelante en la negociación con Bruselas aún a costa de perder como miembro del bloque a Bolivia, uno de sus países fundadores.
De hecho la posición boliviana en materia de protección de la propiedad intelectual por un lado, y de la biodiversidad por otro, ha logrado sofrenar el ímpetu asociacionista de Lima y Bogotá tanto con Estados Unidos como con “los 27”. El nuevo jefe de Colombia para la negociación del acuerdo de asociación con la Unión Europea, el abogado Ricardo Duarte, señala sin pruritos que la posición boliviana sobre el patentamiento de información genética, tema aún no zanjado internamente en la Comunidad, es la piedra en el zapato de los negociadores. “Colombia y Perú quieren regular la biodiversidad para luchar contra la biopiratería. Para ello necesitamos disciplinas que protejan los recursos genéticos, biológicos y los conocimientos tradicionales. Bolivia dice que este tema no está regulado a nivel andino y que pretender hacerlo en el marco de un acuerdo significa cambiar el estado de la normativa andina. Eso no compartimos”, ha dicho Duarte.
En realidad, fiel a lo expuesto entre otros documentos en “Europa Global”, los principales objetivos de los negociadores europeos estuvieron centrados en los rubros de biodiversidad, propiedad intelectual y recursos naturales. Por ello, una condición inicial de los negociadores de la CE fue que los países andinos presentaran textos en materia de propiedad intelectual y “desarrollo sostenible”, rótulo bajo el cual Colombia y Perú exigen se incluya el tema del patentamiento de recursos de biodiversidad.
Los negociadores bolivianos, en cambio plantearon que, al igual que en otros temas, se presentaran por escrito aquellos aspectos de propiedad intelectual y desarrollo sostenible sobre los que existe acuerdo y sobre los recursos de biodiversidad se continúe discutiendo internamente.
El posicionamiento peruano-colombiano fue entonces establecer como condición sine qua non la inclusión del rubro biodiversidad. En tanto Ecuador se mostró proclive a que Colombia y Perú lo hicieran aunque adelantó que no asumirá compromisos en esa materia.
Al comunicársele a Bruselas que no existió acuerdo al respecto, la CE decidió pues postergar la cuarta ronda de negociaciones, al tiempo que recordó la posibilidad de expulsar a Bolivia del pilar comercial de las negociaciones y relegarla al de la “cooperación” y “diálogo político”.
El episodio llegó al extremo de que el propio Comisario Europeo de Comercio, Peter Mandelson, se ofuscara durante la cumbre Unión Europea - América Latina celebrada en Lima y manejara públicamente ante los representantes bolivianos la posibilidad de esa expulsión.
La posición y la respuesta boliviana fue participar en los tres pilares o directamente no habría negociación de bloque a bloque. Bolivia argumenta que siempre dijo que no firmaría un Tratado de Libre Comercio o Acuerdo de Asociación con Europa y que debería tener un tratamiento en el pilar comercial que respete su enfoque económico.
Europa considera que este reclamo es inaceptable dado que significaría un precedente para sus futuras negociaciones, por lo cual un escenario a corto plazo posible es el desglosamiento de la negociación del pilar comercial pero en el marco del mandato de negociación de bloque a bloque. Esto es imposible si Bolivia no se excluye.
Ecos en Bruselas
Las repercusiones de este fuerte choque de posturas llegó hasta el propio Parlamento Europeo (PE). El alemán Helmut Markov, eurodiputado y secretario de la Comisión de Comercio Internacional del PE al conocer las declaraciones del comisario Mandelson en Lima, en el sentido de que los países andinos tienen que firmar un TLC con la Unión europea o dejar la mesa de negociación, apuntó que la actitud de la UE con la CAN “no puede ser la de aceptar lo que imponemos o de desintegrarse”.
“El comisario Mandelson no tiene mandato ni para romper la Comunidad Andina de Naciones, ni para imponer ningún TLC”, agregó. Para Markov “es evidente que los países andinos atraviesan procesos complejos y novedosos, y son confrontados a dificultades reales para regular la acción a menudo devastadora de las empresas transnacionales o de los inversionistas”.
“Hoy, en América latina y en el mundo, hay urgencia de fomentar la paz, de garantizar el acceso a los alimentos y al agua, de reducir las desigualdades, de proteger el medio ambiente, de frenar el cambio climático. Si la Comisión Europea ve como prioridad absoluta en las negociaciones del acuerdo de asociación con América latina el hecho de insertar TLCs, se está equivocando, y mucho”, sostuvo el parlamentario alemán en Bruselas.
Para Markov los caminos de futuro en la negociación pueden ser de diversa índole: “se puede progresar en los capítulos de diálogo político y de cooperación. Y en relación con el capítulo comercial, se puede o dejarlo de lado, o proponer un mejoramiento y una complementación del sistema. Le corresponde a la Unión Europea mostrarse creativa, interesada por los problemas reales, y actuar respetando y apoyando los procesos de integración regional”, señaló. Por su parte, el negociador colombiano sostiene que la intención de su país es jugar las últimas cartas en septiembre, cuando aparentemente se concretará una nueva ronda de negociaciones: “Queremos hacer el máximo esfuerzo para ir en bloque. Eso se está agotando y tendremos que ver acciones”, sentenció.
12 July 2008
Con nopales y magueyes, la reforestación del 2007
Greenpeace Boletín 08080/ 10 de julio de 2008
- Más del 50% de lo que plantó Proárbol correspondió a nopales y especies exóticas
- Infringe Proárbol las leyes General de Vida Silvestre y de Desarrollo Forestal Sustentable
Con tal de cumplir con la meta de plantar durante el año pasado 253 millones 208 mil 686 arbolitos en el país, al amparo del Proárbol se plantaron esencialmente nopales forrajeros, magueyes y otras especies exóticas, denunció Greenpeace México.
Para denunciar este verdadero fraude forestal, la organización ambientalista instaló un cementerio en el Zócalo capitalino, representando lo que ocurrirá con los bosques de México si Proárbol continúa con este tipo de programas de “reforestación”. Más de 60 activistas colocaron 200 árboles sobre ataúdes con la leyenda “víctima del Proárbol”, simbolizando el resultado real de las campañas de reforestación y su impacto sobre los bosques del país. Los activistas portaban máscaras con el rostro de Felipe Calderón y sujetaban coronas de flores con la leyenda “Nuestros bosques, víctimas de Proárbol”.
“De los 253 millones 208 mil 686 arbolitos plantados en las campañas de reforestación en 2007, por lo menos 52 por ciento corresponde a nopales forrajeros, agaves, magueyes y especies exóticas. Es decir, se trata de especies no forestales o inadecuadas para nuestro país, ya que son ajenas a los ecosistemas que se pretenden restaurar. Por ello, los bosques de México son víctimas de este programa gubernamental”, afirmó Héctor Magallón, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
De acuerdo con el Reporte Ejecutivo Proárbol 2007, dado a conocer por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) este año (1), 49 por ciento de los “árboles” utilizados para reforestar son nopales, 1.6 por ciento son agaves y magueyes, y 1.4 por ciento son especies exóticas como eucalipto, pirul, melina, teca, jacaranda, nogal y nim.
“Es escandaloso que la reforestación, el programa preferido del presidente Calderón y la principal estrategia del Proárbol para `proteger´ nuestros bosques, utilice especies que no son forestales o son exóticas para `recuperar´ y `restaurar´ las 600 mil hectáreas de bosques que perdemos año tras año (2). La reforestación por definición no puede detener la deforestación porque tiene como propósito reponer las zonas forestales que se han perdido. Es ridículo utilizar especies que sirven de forraje para ganado, como el nopal, o para hacer pulque o mezcal, como el agave y el maguey. Nuestros bosques son la principal víctima de la política forestal”, explicó Patricia Arendar, directora de Greenpeace.
“Es difícil comprender por qué en estados eminentemente forestales como Chihuahua y Durango, el 50 por ciento de plantas sembradas para `reforestar´, fueron nopales. En otros estados como Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Coahuila, esto es más grave aún, ya que más del 90 por ciento de lo que se plantó, fueron también nopales y agaves. Si a esto le sumamos que por todo el país sembraron 3 millones y medio de plantas de especies exóticas e invasoras, como eucalipto y pirul, es claro que el objetivo del Proárbol de `combatir la pobreza, recuperar masa forestal e incrementar la productividad de bosques y selvas de México´(3) no se está cumpliendo y que se manipulan las cifras con elfin de tener impacto mediático, a costa del medio ambiente y de nuestros bosques”, explicó Magallón.
Esta situación se agrava si se considera que el propio secretario de medio ambiente, Juan Elvira, ha reconocido que la tasa de supervivencia de los árboles plantados es de apenas 10 por ciento (4). Los resultados preliminares de un estudio de campo que está llevando a cabo Greenpeace para documentar los resultados de las campañas de reforestación del Proárbol en 2007, confirman estas declaraciones: 90 por ciento de los árboles plantados en los sitios visitados se murieron a menos de un año de la reforestación.
“Los datos proporcionados por la Conafor y el secretario Elvira son consistentes con lo que hemos encontrado en nuestro estudio de campo, cuyos resultados finales tendremos listos a principios de septiembre. Por ejemplo, en Aguascalientes encontramos un caso de un predio de 70 hectáreas en el que se plantaron 56 mil plántulas de una especie exótica e invasora, Eucaliptus camaldulensis (eucalipto). En este caso la supervivencia no llegó ni siquiera al 10 por ciento ya que, a ocho meses de la plantación, todos los ejemplares están muertos. Esto representa claramente el fracaso de la reforestación”, denunció Paloma Neumann, integrante de la campaña de bosques de Greenpeace.
La utilización de especies exóticas para reforestar tiene serios impactos sobre la biodiversidad y, de acuerdo con la Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio), “la introducción de especies exóticas ocupa el segundo lugar en importancia (en cuanto a amenazas a la biodiversidad de plantas) después de la destrucción del hábitat, al actuar de manera sinérgica con las otras amenazas” (5). Por si esto fuera poco, el usar este tipo de plantas viola diversas disposiciones establecidas en la Ley General de Vida Silvestre (6) y la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable (7).
“Está claro que para alcanzar la anunciada meta de plantar 250 millones de árboles, la Conafor recurrió a especies que no son árboles, que no son especies forestales y que son exóticas e invasoras, aunque esto sea ilegal. Además, incluyó plantaciones forestales comerciales para reportarle a la ONU que se plantaron 334 millones de `arbolitos´ en la reforestación. ¿A qué van a recurrir este año para alcanzar la meta de plantar 280 millones de árboles? Los resultados hablan por sí solos. Es momento de que se corrija la política forestal para dejar de tirar el dinero a la basura y tomar medidas que sí ayuden a conservar los bosques que todavía tenemos (8)”, cuestionó Magallón.
“Ya basta de tirar el dinero a la basura. Ya basta de campañas de reforestación que sólo buscan un impacto mediático pero que no benefician a los bosques (9), no ayudan a mitigar el cambio climático (10), nos vuelven más vulnerables a sus impactos y no combaten la pobreza de los 12 millones de personas que viven en las regiones forestales de nuestro país. Le hacemos un llamado al presidente Felipe Calderón a corregir el rumbo, a que deje de priorizar la reforestación y le de un mucho mayor impulso al Manejo Forestal Sustentable por parte de las comunidades. Sólo así, nuestros bosques dejarán de ser víctimas del Proárbol”, concluyó Arendar.
Las prioridades del Proárbol
Durante 2007, los programas destinados a promover las plantaciones forestales comerciales y la reforestación recibieron 2 mil 300 millones de pesos (mdp), de los 4 mil 123 millones de pesos asignados a Proárbol. En 2008, este presupuesto se incrementó a 2 mil 664 millones de pesos. En cambio, los programas que promueven el Manejo Forestal Sustentable (MFS) por parte de comunidades y ejidos, que en conjunto poseen 80 por ciento de los bosques de México, recibieron sólo el 14 por ciento de estos recursos, lo que ha tenido como consecuencia que menos del 15 por ciento de la superficie forestal de nuestro país se encuentre bajo esquemas de MFS.
Notas:
1. http://www.conafor.gob.mx/proarbol/index.htm
2. “Assessing Land Use⁄ Cover Changes: a Nationwide Multidate Spatial Database for Mexico”, Mas et al, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 5, 2004: 249-261; FAO, State of Forestry in Mexico, 2000.
3. http://www.conafor.gob.mx/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=24&Itemid=49
4. Periódico Excélsior, 29 de enero de 2008, primera plana y pag 15.
5. http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/exoticas/doctos/presentacion.html
6. “Artículo 27. El manejo de ejemplares y poblaciones exóticos sólo se podrá llevar a cabo en condiciones de confinamiento, de acuerdo con un plan de manejo que deberá ser previamente aprobado por la Secretaría y en el que se establecerán las condiciones de seguridad y de contingencia, para evitar los efectos negativos que los ejemplares y poblaciones exóticos pudieran tener para la conservación de los ejemplares y poblaciones nativos de la vida silvestre y su hábitat”. Ley General de Vida Silvestre.
7. “Artículo 131- … Los tres órdenes de gobierno impulsarán la reforestación con especies forestales autóctonas o nativas… La norma oficial mexicana definirá las especies de vegetación forestal exótica, que por sus características biológicas afecten los procesos o patrones de distribución de la vegetación forestal nativa en terrenos forestales y preferentemente forestales, cuya autorización esté prohibida”. Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.
8. Estudios realizados por el Instituto de Geografía (UNAM) en Quintana Roo y Guerrero, demuestran que en zonas donde comunidades y ejidos llevan a cabo un MFS la tasa de deforestación es menor a la de las ÁNP. “Los bosques comunitarios de México. Logros y desafíos”, David B. Bray y Leticia Merino, 2004.
9. La propia Conafor reconoce que las campañas de reforestación no contribuyen a detener la deforestación. Durante una entrevista, el coordinador de conservación y restauración de Conafor, Vicente Arriaga, declaró: “no nos confundamos en el sentido de que reforestamos para contrarrestar la deforestación. Sería como intentar llenar un barril sin fondo, si es que el proceso de deforestación activa no se frena”.
10. Al menos 14 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país provienen de la deforestación. “México, tercera comunicación nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático”, Instituto Nacional de Ecología, Secretaría de Medio Ambiente, 2006.
Más información con Raúl Estrada en los tels. 04455-2746-3236 / 04455-33-96-46-54 y 5687 9595 ext. 120, email: raul.estrada@mx.greeenpeace.org o en la página www.greenpeace.org.mx.
- Más del 50% de lo que plantó Proárbol correspondió a nopales y especies exóticas
- Infringe Proárbol las leyes General de Vida Silvestre y de Desarrollo Forestal Sustentable
Con tal de cumplir con la meta de plantar durante el año pasado 253 millones 208 mil 686 arbolitos en el país, al amparo del Proárbol se plantaron esencialmente nopales forrajeros, magueyes y otras especies exóticas, denunció Greenpeace México.
Para denunciar este verdadero fraude forestal, la organización ambientalista instaló un cementerio en el Zócalo capitalino, representando lo que ocurrirá con los bosques de México si Proárbol continúa con este tipo de programas de “reforestación”. Más de 60 activistas colocaron 200 árboles sobre ataúdes con la leyenda “víctima del Proárbol”, simbolizando el resultado real de las campañas de reforestación y su impacto sobre los bosques del país. Los activistas portaban máscaras con el rostro de Felipe Calderón y sujetaban coronas de flores con la leyenda “Nuestros bosques, víctimas de Proárbol”.
“De los 253 millones 208 mil 686 arbolitos plantados en las campañas de reforestación en 2007, por lo menos 52 por ciento corresponde a nopales forrajeros, agaves, magueyes y especies exóticas. Es decir, se trata de especies no forestales o inadecuadas para nuestro país, ya que son ajenas a los ecosistemas que se pretenden restaurar. Por ello, los bosques de México son víctimas de este programa gubernamental”, afirmó Héctor Magallón, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
De acuerdo con el Reporte Ejecutivo Proárbol 2007, dado a conocer por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) este año (1), 49 por ciento de los “árboles” utilizados para reforestar son nopales, 1.6 por ciento son agaves y magueyes, y 1.4 por ciento son especies exóticas como eucalipto, pirul, melina, teca, jacaranda, nogal y nim.
“Es escandaloso que la reforestación, el programa preferido del presidente Calderón y la principal estrategia del Proárbol para `proteger´ nuestros bosques, utilice especies que no son forestales o son exóticas para `recuperar´ y `restaurar´ las 600 mil hectáreas de bosques que perdemos año tras año (2). La reforestación por definición no puede detener la deforestación porque tiene como propósito reponer las zonas forestales que se han perdido. Es ridículo utilizar especies que sirven de forraje para ganado, como el nopal, o para hacer pulque o mezcal, como el agave y el maguey. Nuestros bosques son la principal víctima de la política forestal”, explicó Patricia Arendar, directora de Greenpeace.
“Es difícil comprender por qué en estados eminentemente forestales como Chihuahua y Durango, el 50 por ciento de plantas sembradas para `reforestar´, fueron nopales. En otros estados como Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Coahuila, esto es más grave aún, ya que más del 90 por ciento de lo que se plantó, fueron también nopales y agaves. Si a esto le sumamos que por todo el país sembraron 3 millones y medio de plantas de especies exóticas e invasoras, como eucalipto y pirul, es claro que el objetivo del Proárbol de `combatir la pobreza, recuperar masa forestal e incrementar la productividad de bosques y selvas de México´(3) no se está cumpliendo y que se manipulan las cifras con elfin de tener impacto mediático, a costa del medio ambiente y de nuestros bosques”, explicó Magallón.
Esta situación se agrava si se considera que el propio secretario de medio ambiente, Juan Elvira, ha reconocido que la tasa de supervivencia de los árboles plantados es de apenas 10 por ciento (4). Los resultados preliminares de un estudio de campo que está llevando a cabo Greenpeace para documentar los resultados de las campañas de reforestación del Proárbol en 2007, confirman estas declaraciones: 90 por ciento de los árboles plantados en los sitios visitados se murieron a menos de un año de la reforestación.
“Los datos proporcionados por la Conafor y el secretario Elvira son consistentes con lo que hemos encontrado en nuestro estudio de campo, cuyos resultados finales tendremos listos a principios de septiembre. Por ejemplo, en Aguascalientes encontramos un caso de un predio de 70 hectáreas en el que se plantaron 56 mil plántulas de una especie exótica e invasora, Eucaliptus camaldulensis (eucalipto). En este caso la supervivencia no llegó ni siquiera al 10 por ciento ya que, a ocho meses de la plantación, todos los ejemplares están muertos. Esto representa claramente el fracaso de la reforestación”, denunció Paloma Neumann, integrante de la campaña de bosques de Greenpeace.
La utilización de especies exóticas para reforestar tiene serios impactos sobre la biodiversidad y, de acuerdo con la Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio), “la introducción de especies exóticas ocupa el segundo lugar en importancia (en cuanto a amenazas a la biodiversidad de plantas) después de la destrucción del hábitat, al actuar de manera sinérgica con las otras amenazas” (5). Por si esto fuera poco, el usar este tipo de plantas viola diversas disposiciones establecidas en la Ley General de Vida Silvestre (6) y la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable (7).
“Está claro que para alcanzar la anunciada meta de plantar 250 millones de árboles, la Conafor recurrió a especies que no son árboles, que no son especies forestales y que son exóticas e invasoras, aunque esto sea ilegal. Además, incluyó plantaciones forestales comerciales para reportarle a la ONU que se plantaron 334 millones de `arbolitos´ en la reforestación. ¿A qué van a recurrir este año para alcanzar la meta de plantar 280 millones de árboles? Los resultados hablan por sí solos. Es momento de que se corrija la política forestal para dejar de tirar el dinero a la basura y tomar medidas que sí ayuden a conservar los bosques que todavía tenemos (8)”, cuestionó Magallón.
“Ya basta de tirar el dinero a la basura. Ya basta de campañas de reforestación que sólo buscan un impacto mediático pero que no benefician a los bosques (9), no ayudan a mitigar el cambio climático (10), nos vuelven más vulnerables a sus impactos y no combaten la pobreza de los 12 millones de personas que viven en las regiones forestales de nuestro país. Le hacemos un llamado al presidente Felipe Calderón a corregir el rumbo, a que deje de priorizar la reforestación y le de un mucho mayor impulso al Manejo Forestal Sustentable por parte de las comunidades. Sólo así, nuestros bosques dejarán de ser víctimas del Proárbol”, concluyó Arendar.
Las prioridades del Proárbol
Durante 2007, los programas destinados a promover las plantaciones forestales comerciales y la reforestación recibieron 2 mil 300 millones de pesos (mdp), de los 4 mil 123 millones de pesos asignados a Proárbol. En 2008, este presupuesto se incrementó a 2 mil 664 millones de pesos. En cambio, los programas que promueven el Manejo Forestal Sustentable (MFS) por parte de comunidades y ejidos, que en conjunto poseen 80 por ciento de los bosques de México, recibieron sólo el 14 por ciento de estos recursos, lo que ha tenido como consecuencia que menos del 15 por ciento de la superficie forestal de nuestro país se encuentre bajo esquemas de MFS.
Notas:
1. http://www.conafor.gob.mx/proarbol/index.htm
2. “Assessing Land Use⁄ Cover Changes: a Nationwide Multidate Spatial Database for Mexico”, Mas et al, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 5, 2004: 249-261; FAO, State of Forestry in Mexico, 2000.
3. http://www.conafor.gob.mx/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=24&Itemid=49
4. Periódico Excélsior, 29 de enero de 2008, primera plana y pag 15.
5. http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/exoticas/doctos/presentacion.html
6. “Artículo 27. El manejo de ejemplares y poblaciones exóticos sólo se podrá llevar a cabo en condiciones de confinamiento, de acuerdo con un plan de manejo que deberá ser previamente aprobado por la Secretaría y en el que se establecerán las condiciones de seguridad y de contingencia, para evitar los efectos negativos que los ejemplares y poblaciones exóticos pudieran tener para la conservación de los ejemplares y poblaciones nativos de la vida silvestre y su hábitat”. Ley General de Vida Silvestre.
7. “Artículo 131- … Los tres órdenes de gobierno impulsarán la reforestación con especies forestales autóctonas o nativas… La norma oficial mexicana definirá las especies de vegetación forestal exótica, que por sus características biológicas afecten los procesos o patrones de distribución de la vegetación forestal nativa en terrenos forestales y preferentemente forestales, cuya autorización esté prohibida”. Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.
8. Estudios realizados por el Instituto de Geografía (UNAM) en Quintana Roo y Guerrero, demuestran que en zonas donde comunidades y ejidos llevan a cabo un MFS la tasa de deforestación es menor a la de las ÁNP. “Los bosques comunitarios de México. Logros y desafíos”, David B. Bray y Leticia Merino, 2004.
9. La propia Conafor reconoce que las campañas de reforestación no contribuyen a detener la deforestación. Durante una entrevista, el coordinador de conservación y restauración de Conafor, Vicente Arriaga, declaró: “no nos confundamos en el sentido de que reforestamos para contrarrestar la deforestación. Sería como intentar llenar un barril sin fondo, si es que el proceso de deforestación activa no se frena”.
10. Al menos 14 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país provienen de la deforestación. “México, tercera comunicación nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático”, Instituto Nacional de Ecología, Secretaría de Medio Ambiente, 2006.
Más información con Raúl Estrada en los tels. 04455-2746-3236 / 04455-33-96-46-54 y 5687 9595 ext. 120, email: raul.estrada@mx.greeenpeace.org o en la página www.greenpeace.org.mx.
EL G-8, MÉXICO Y LA EDAD ADULTA
Date: Fri, 11 Jul 2008 08:42:45 -0500 From:"Gabriel Quadri"
Subject: EL G-8, MÉXICO Y LA EDAD ADULTA
EL G-8, MÉXICO Y LA EDAD ADULTA
Gabriel Quadri de la Torre (para El Economista)
Ser y asumirse como adulto conlleva responsabilidades. México buscó, hace años, la edad adulta con el TLC y su ingreso a la OCDE. Había entonces un proyecto explícito de modernidad y convergencia con los países desarrollados. El proyecto se deshilvanó. Sin embargo, aunque el crecimiento económico del país ha sido mediocre, y hemos dejado abandonada la plaza de liderazgo que alguna vez ocupamos, el G-8 nos recuerda que, a pesar de nosotros mismos, México es un país grande. Nos ha aceptado como interlocutores. Nos ha abierto una puerta, junto con Brasil como eterno país del futuro (pareciera que ahora sí se empeña en cumplir esa promesa), China y la India como indiscutibles nuevos polos económicos y geopolíticos, una Rusia que se ha levantado del escombro que dejó la URSS gracias a sus hidrocarburos y tecnología militar, y Sudáfrica, como potencia regional y casi único Estado respetable al sur del Sahara.
Bien por la oportunidad de ser adultos que nos brinda el G-8, hay que aprovecharla y no decepcionar. Pero ¿ya nos dimos cuenta? Las responsabilidades empezarán pronto a ser exigibles. La primera será en el tema del cambio climático, asunto de primera prioridad en el selecto club G-8. México llegó esta semana a Japón proponiendo a tambor batiente un fondo verde para financiar tecnologías que mitiguen el calentamiento global; fue visto con benevolencia, pero cortésmente, para fines prácticos, declinado. Las cosas son más serias. Sumadas, las emisiones de gases de efecto invernadero de los países emergentes invitados al G-8 junto con otro puñado de naciones en vías de desarrollo, pronto serán mayores que las de los propios países ricos e industrializados. Ningún régimen post – Kyoto tendría sentido sin compromisos de su parte para controlar las emisiones. Eso lo sabemos, y no podremos eludir la adopción (o imposición) de obligaciones en esta materia a partir del 2012 – cuando expira Kyoto.
Es un tema contencioso, y una línea de fricción intensa en las negociaciones internacionales, y lo será para la diplomacia nacional. Hay muchos argumentos espinosos, réplicas y contrarréplicas: emisiones acumuladas, emisiones per-cápita y justicia distributiva, obstáculos reales o imaginarios al desarrollo económico, barreras al comercio internacional, cómo evitar la deforestación (20% de las emisiones en el mundo, responsabilidad mayoritaria de Indonesia y Brasil, y en menor medida de otros países tropicales, como México), obligaciones posibles para las naciones emergentes (sectoriales, absolutas, crecientes, graduación, relativas al PIB), impuestos globales al carbono, regulaciones o topes de emisión por país, mercados de carbono, benchmarks tecnológicos, reducciones de emisiones por proyecto, fondos multilaterales, y un complicado etcétera.
Sabíamos que el reconocimiento de México como adulto en el G-8 traerá obligaciones de controlar emisiones de gases de efecto invernadero a partir del 2012. Podríamos haber hecho una contribución valiosa y asumir liderazgo, proponiendo fórmulas de compromiso que distiendan y acerquen las posiciones entre Europa y Estados Unidos, por un lado, y China y la India por el otro. Hay margen para ello. No es verdad que una reducción significativa de emisiones en México lastraría el crecimiento económico. En numerosos sectores y actividades el costo marginal es negativo, cero o relativamente pequeño: vehículos automotores, deforestación, rellenos sanitarios, energía renovable. Si queremos ser adultos, y antes de que otros decidan por nosotros, debemos ofrecer algo serio, y diseñar políticas sectoriales pertinentes (impuestos, eliminación de subsidios, regulaciones, créditos fiscales). Por cierto, más temprano que tarde, tendremos que acabar, por esa razón, con los monopolios del Estado.
Subject: EL G-8, MÉXICO Y LA EDAD ADULTA
EL G-8, MÉXICO Y LA EDAD ADULTA
Gabriel Quadri de la Torre (para El Economista)
Ser y asumirse como adulto conlleva responsabilidades. México buscó, hace años, la edad adulta con el TLC y su ingreso a la OCDE. Había entonces un proyecto explícito de modernidad y convergencia con los países desarrollados. El proyecto se deshilvanó. Sin embargo, aunque el crecimiento económico del país ha sido mediocre, y hemos dejado abandonada la plaza de liderazgo que alguna vez ocupamos, el G-8 nos recuerda que, a pesar de nosotros mismos, México es un país grande. Nos ha aceptado como interlocutores. Nos ha abierto una puerta, junto con Brasil como eterno país del futuro (pareciera que ahora sí se empeña en cumplir esa promesa), China y la India como indiscutibles nuevos polos económicos y geopolíticos, una Rusia que se ha levantado del escombro que dejó la URSS gracias a sus hidrocarburos y tecnología militar, y Sudáfrica, como potencia regional y casi único Estado respetable al sur del Sahara.
Bien por la oportunidad de ser adultos que nos brinda el G-8, hay que aprovecharla y no decepcionar. Pero ¿ya nos dimos cuenta? Las responsabilidades empezarán pronto a ser exigibles. La primera será en el tema del cambio climático, asunto de primera prioridad en el selecto club G-8. México llegó esta semana a Japón proponiendo a tambor batiente un fondo verde para financiar tecnologías que mitiguen el calentamiento global; fue visto con benevolencia, pero cortésmente, para fines prácticos, declinado. Las cosas son más serias. Sumadas, las emisiones de gases de efecto invernadero de los países emergentes invitados al G-8 junto con otro puñado de naciones en vías de desarrollo, pronto serán mayores que las de los propios países ricos e industrializados. Ningún régimen post – Kyoto tendría sentido sin compromisos de su parte para controlar las emisiones. Eso lo sabemos, y no podremos eludir la adopción (o imposición) de obligaciones en esta materia a partir del 2012 – cuando expira Kyoto.
Es un tema contencioso, y una línea de fricción intensa en las negociaciones internacionales, y lo será para la diplomacia nacional. Hay muchos argumentos espinosos, réplicas y contrarréplicas: emisiones acumuladas, emisiones per-cápita y justicia distributiva, obstáculos reales o imaginarios al desarrollo económico, barreras al comercio internacional, cómo evitar la deforestación (20% de las emisiones en el mundo, responsabilidad mayoritaria de Indonesia y Brasil, y en menor medida de otros países tropicales, como México), obligaciones posibles para las naciones emergentes (sectoriales, absolutas, crecientes, graduación, relativas al PIB), impuestos globales al carbono, regulaciones o topes de emisión por país, mercados de carbono, benchmarks tecnológicos, reducciones de emisiones por proyecto, fondos multilaterales, y un complicado etcétera.
Sabíamos que el reconocimiento de México como adulto en el G-8 traerá obligaciones de controlar emisiones de gases de efecto invernadero a partir del 2012. Podríamos haber hecho una contribución valiosa y asumir liderazgo, proponiendo fórmulas de compromiso que distiendan y acerquen las posiciones entre Europa y Estados Unidos, por un lado, y China y la India por el otro. Hay margen para ello. No es verdad que una reducción significativa de emisiones en México lastraría el crecimiento económico. En numerosos sectores y actividades el costo marginal es negativo, cero o relativamente pequeño: vehículos automotores, deforestación, rellenos sanitarios, energía renovable. Si queremos ser adultos, y antes de que otros decidan por nosotros, debemos ofrecer algo serio, y diseñar políticas sectoriales pertinentes (impuestos, eliminación de subsidios, regulaciones, créditos fiscales). Por cierto, más temprano que tarde, tendremos que acabar, por esa razón, con los monopolios del Estado.
10 July 2008
La negociación en bloque con la UE se está agotando
El comercio, Colombia
10 de Julio de 2008
Ricardo Duarte, negociador de Colombia, habla de las diferencias de los países andino.
¿Cuál es el problema?
Colombia y Perú quieren regular la biodiversidad para luchar contra la biopiratería. Para ello necesitamos disciplinas que protejan los recursos genéticos, biológicos y los conocimientos tradicionales. Bolivia dice que este tema no está regulado a nivel andino y que pretender hacerlo en el marco de un acuerdo significa cambiar el estado de la normativa andina. Eso no compartimos.
¿Por qué?
Al no haber regulación no se modifica la normatividad.
¿Bolivia no tiene razón al demandar primero una legislación andina?
Un principio de la negociación con la UE es hacer propuestas conjuntas y que, cuando haya alguna diferencia sea aceptada en los textos que presenten los cuatro países. Eso hemos hecho con Bolivia y Ecuador cuando piden trato preferencial. Pero ahora que somos Perú y Colombia los que queremos poner sobre la mesa la propuesta de biodiversidad, Bolivia señala que no.
¿Ecuador qué dice?
Cambió su posición, entendió que los cambios a la normatividad se pueden dar por la vía de legislación nacional y no necesariamente por la andina. Permitió que Colombia y Perú avancemos, pues no asumirá compromisos en esa materia.
¿No era previsible que este escenario ocurriera cuando se armó el mecanismo de negociación?
Sí, tal vez no dimos el suficiente grado de flexibilidad.
¿Cuándo negociaban el TLC con EE.UU. no hubo escenarios similares como el que presenta Bolivia?
La génesis de la negociación fue andina-EE.UU. Luego, los países que quisieron avanzaron en el acuerdo y otros como Ecuador se apartaron.
¿Europa tiene otra visión?
Ellos dicen que negociar de bloque a bloque es positivo porque fortalece la integración. Pero piensan, de manera errónea, que si no se concluye esa negociación se puede hasta destruir la CAN. Y eso no es así, porque limitaría el alcance del bloque a lo comercial.
¿Cómo superar las diferencias andinas?
En la tercera ronda decidimos presentar un párrafo a la UE sugiriendo una arquitectura innovadora para hacer viable la negociación. La UE lo aceptó como un acuerdo marco, donde advierte la necesidad de avanzar bloque a bloque pero dando la oportunidad a que algún país si lo quiere, en el pilar de comercio, negocie a futuro.
¿Y por qué no se destrabaron los problemas?
Bolivia no aceptó, argumentando que sí quiere seguir en la negociación comercial.
¿En septiembre habrá humo blanco?
Colombia no quiere esperar a que termine a fines del 2009.
¿Es posible que Perú o Colombia quieran una negociación bilateral?
Queremos hacer el máximo esfuerzo para ir en bloque. Eso se está agotando y tendremos que ver acciones. Colombia quiere que la negociación no pierda ‘momentum’ y evitar que proceso siga después de octubre del 2009.
10 de Julio de 2008
Ricardo Duarte, negociador de Colombia, habla de las diferencias de los países andino.
¿Cuál es el problema?
Colombia y Perú quieren regular la biodiversidad para luchar contra la biopiratería. Para ello necesitamos disciplinas que protejan los recursos genéticos, biológicos y los conocimientos tradicionales. Bolivia dice que este tema no está regulado a nivel andino y que pretender hacerlo en el marco de un acuerdo significa cambiar el estado de la normativa andina. Eso no compartimos.
¿Por qué?
Al no haber regulación no se modifica la normatividad.
¿Bolivia no tiene razón al demandar primero una legislación andina?
Un principio de la negociación con la UE es hacer propuestas conjuntas y que, cuando haya alguna diferencia sea aceptada en los textos que presenten los cuatro países. Eso hemos hecho con Bolivia y Ecuador cuando piden trato preferencial. Pero ahora que somos Perú y Colombia los que queremos poner sobre la mesa la propuesta de biodiversidad, Bolivia señala que no.
¿Ecuador qué dice?
Cambió su posición, entendió que los cambios a la normatividad se pueden dar por la vía de legislación nacional y no necesariamente por la andina. Permitió que Colombia y Perú avancemos, pues no asumirá compromisos en esa materia.
¿No era previsible que este escenario ocurriera cuando se armó el mecanismo de negociación?
Sí, tal vez no dimos el suficiente grado de flexibilidad.
¿Cuándo negociaban el TLC con EE.UU. no hubo escenarios similares como el que presenta Bolivia?
La génesis de la negociación fue andina-EE.UU. Luego, los países que quisieron avanzaron en el acuerdo y otros como Ecuador se apartaron.
¿Europa tiene otra visión?
Ellos dicen que negociar de bloque a bloque es positivo porque fortalece la integración. Pero piensan, de manera errónea, que si no se concluye esa negociación se puede hasta destruir la CAN. Y eso no es así, porque limitaría el alcance del bloque a lo comercial.
¿Cómo superar las diferencias andinas?
En la tercera ronda decidimos presentar un párrafo a la UE sugiriendo una arquitectura innovadora para hacer viable la negociación. La UE lo aceptó como un acuerdo marco, donde advierte la necesidad de avanzar bloque a bloque pero dando la oportunidad a que algún país si lo quiere, en el pilar de comercio, negocie a futuro.
¿Y por qué no se destrabaron los problemas?
Bolivia no aceptó, argumentando que sí quiere seguir en la negociación comercial.
¿En septiembre habrá humo blanco?
Colombia no quiere esperar a que termine a fines del 2009.
¿Es posible que Perú o Colombia quieran una negociación bilateral?
Queremos hacer el máximo esfuerzo para ir en bloque. Eso se está agotando y tendremos que ver acciones. Colombia quiere que la negociación no pierda ‘momentum’ y evitar que proceso siga después de octubre del 2009.
Concluye en Bolivia taller sobre protección de la biodiversidad
La Paz, 9 jul (PL) Un taller organizado por el Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente para promover la protección de esos elementos naturales en Bolivia concluirá hoy aquí.
La jornada analiza la importancia de los conocimientos tradicionales de las poblaciones originarias en el cuidado de la biodiversidad, tema en el que éste se ubica entre los países más destacados en el mundo.
Los conocimientos tradicionales son fundamentales para construir el equilibrio ambiental. Son un elemento prioritario de la filosofía del “vivir bien”, explicó el titular de la referida institución, Juan Pablo Ramos.
El funcionario agregó que ese acervo de experiencias centenarias permite entablar relaciones de complementariedad y reciprocidad con la naturaleza.
Por ello, el objetivo del encuentro es recoger propuestas de comunidades indígenas y campesinas para elaborar una ley que proteja los derechos de esos grupos y los sitios donde transcurre su vida.
La reunión cerrará una serie de talleres que se celebraron en todo el territorio nacional con idéntico fin.
En recientes declaraciones a Prensa Latina, el viceministro de Ciencia y Tecnología, Camilo Morales, apuntó que el aprovechamiento de la biodiversidad es uno de los objetivos estratégicos de esta nación andina.
jf/fmv
PL-70
09 July 2008
Científicos del Smithsonian estudian la biodiversidad de corales
panactual.com, Panamá
9 de julio de 2008
9 de julio de 2008
Un exhaustivo estudio de la biodiversidad de corales del Archipiélago de Las Perlas, realizado
por los investigadores del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y otros colegas, ha arrojado claras recomendaciones de conservación para un nuevo plan de manejo costero. El estudio ha sido publicado en la revista científica Environmental Conservation y el mismo se realizó con la colaboración de la Autoridad Nacional del Ambiente y la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá.
Los fondos de proyecto provienen de DEFRA Darwin Initiative Fund, Heriot-Watt University (U.K.) y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales.
“Para evaluar las estrategias de protección de los recursos naturales en el Archipiélago de las Perlas, recogimos información básica sobre la distribución de las especies de corales. Nuestras recomendaciones incluyen la creación de extensas unidades de conservación y no extracción o “reservas marinas” con énfasis en la parte septentrional del archipiélago, así como regulaciones extremadamente cuidadosas de las actividades pesqueras, turísticas, y desarrollistas,” dijo el científico del Smithsonian Héctor Guzmán.
El archipiélago de Las Perlas en el Golfo de Panamá es uno de los dos archipiélagos localizados en el Pacífico Oriental Tropical; el otro es el de Galápagos. La Zona Marina Especial de Manejo de las Perlas, creada por la Ley 18 de mayo de 2008 de Panamá, es la más reciente adición a un extenso corredor marino de conservación que se extiende desde Costa Rica hasta Ecuador. La zona de manejo de 1688-km2 incluye 250 islas e isletas
rocosas en su mayoría deshabitadas.
Los autores llevaron a cabo un exhaustivo inventario de biodiversidad para determinar la distribución de los corales y la riqueza de las especies en toda la región. Contabilizaron un total de 57 especies de corales: 19 corales duros (escleractinios) y 38 corales suaves (octocorales). A modo de comparación, indican que el conteo de especies para el hotspot de biodiversidad del Pacífico panameño en el Golfo de Chiriquí es 74, mientras que en áreas aledañas a la Reserva Biológica de Isla Caño, el hotspot de Costa Rica, existen 43 especies de corales.
03 July 2008
URUGUAY: Políticas nacionales privadas de dimensión ambiental
Por Julieta Sokolowicz
Cabo Polonio, sitio turístico sobre el océano Atlántico.
MONTEVIDEO, 3 jul (IPS) - Es necesario incorporar la perspectiva ambiental a las políticas nacionales en vez de considerarla de modo aislado, plantea el informe "GEO 2008: Evaluación del Estado del Ambiente en Uruguay", presentado este jueves en Montevideo. Si este país mantiene la situación actual en áreas protegidas, residuos y ordenamiento territorial, se dirige hacia un escenario potencialmente negativo de aquí a 2025, señaló el coordinador del informe, Diego Martino, también autor de varios de los ocho capítulos.
Pero, si se "transversalizan" las perspectivas ambientales en las políticas de los ministerios y reparticiones, en vez de considerarlas aisladamente, "se va a poder anticipar muchos de los impactos, y los costos sociales, ambientales, de salud, van a poder restringirse. Al planificar y tomar en cuenta esos temas, uno ya está quizás proponiendo soluciones antes de comenzar el proyecto", explicó a IPS.
"Si logramos hacer eso de modo efectivo, probablemente podamos revertir el camino hacia ese escenario negativo", agregó.
El Informe GEO constata la mejora económica del país, luego de la crisis de 2002, pero también registra una emigración sostenida, una pobreza persistente, un fuerte aumento del precio de la tierra y una creciente predominancia extranjera en la propiedad agraria, además de una mayor preocupación ciudadana por el ambiente.
"Ascender como país en la 'escalera del desarrollo sostenible' traerá consigo una mejora en los índices de bienestar humano, y requiere un replanteamiento del futuro, en el cual el 'Uruguay natural' es una parte necesaria e indispensable de un 'Uruguay productivo'", establece el texto, redactado entre julio de 2006 y noviembre de 2007.
Unas 70 especies corren peligro de extinción en Uruguay, pero hay poco conocimiento sobre el estado de la biodiversidad.
"Hay que llevar la conservación fuera de las áreas protegidas", ya que las que existen son insuficientes para proteger la biodiversidad, "porque hay mucha presión por los cambios en el uso de la tierra. Pero es importante mejorar la forma en que se produce para aliviar el impacto ambiental. Y para eso es clave la investigación", sostuvo Martino.
"Muchas veces tenemos información sobre el tipo de especie que hay en determinado lugar, pero no sobre cómo una u otra forma de trabajar el campo afecta a las especies. Por ejemplo, cómo impacta en las especies de aves el bajar un poco la carga de ganado de un potrero. O qué pasa si ponemos corredores biológicos dentro de las áreas forestales", planteó.
Las medidas a adoptar podrían acarrear costos económicos materializados en subsidios, "pero también por incentivar las buenas prácticas de producción se puede lograr un cambio", añadió Martino.
Entre los cambios en el uso de la tierra, el informe destaca que entre 1997 y 2005 se produjo un aumento de 3.343 por ciento en la superficie sembrada con soja.
"El impacto fue muy grande. Y eso se dio en poco tiempo, entonces cambió nuevamente el paisaje de Uruguay", dijo a IPS la ingeniera agrónoma María Methol, coautora del estudio.
De todos modos, "los cambios ambientales en general se perciben a más largo plazo", señaló.
Además, "actualmente se siembra en áreas mucho más extensas que años atrás y eso puede llegar a hacer necesario crear corredores (biológicos) o fomentar ciertas prácticas que mantengan el paisaje un poco más diverso", añadió.
Aparte del aumento del área agrícola en los últimos tres o cuatro años --con sus consiguientes riesgos de erosión y de contaminación de recursos hídricos--, en la última década se produjo un crecimiento de la forestación, señaló Methol.
Entre 1990 y 2004, el área de monocultivos forestales aumentó 1.544 por ciento, establece el reporte, si bien las 740.000 hectáreas plantadas constituyen 4,5 por ciento de los suelos agrícolas del país.
El impulso de la forestación y a la consecuente instalación de la industria internacional de la celulosa de papel entrañan el principal conflicto ambiental de Uruguay.
El informe GEO no se pronuncia acerca de ese conflicto, si bien menciona algunos de los impactos de la forestación, con base en los escasos estudios existentes en materia de agua, suelos, biodiversidad, creación de empleo y desarrollo.
El texto expone los dos puntos de vista principales del debate, a cargo de Daniel Martino, de la empresa Carbosur, y del técnico forestal Ricardo Carrere, del no gubernamental Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés).
Para Martino, los "escasos impactos negativos" de la forestación pueden mitigarse con una "mejor integración" a las demás actividades agropecuarias, manejo de los cultivos con "turnos de cosecha prolongados, que conllevan menores impactos ambientales negativos y mayor generación de valor económico".
En cambio, Carrere no encuentra ningún aspecto positivo en el modelo de monocultivos forestales, pues exacerba la concentración y extranjerización de la propiedad agraria, afecta el agua, el suelo y la diversidad biológica, crea empleos escasos y precarios y promueve la expulsión de población rural, afirma.
Los efectos de la instalación de la fábrica de celulosa de la empresa finlandesa Botnia, en el occidental departamento de Río Negro, no están contenidos en el informe GEO, dado que la fábrica todavía no estaba en funcionamiento cuando se terminó de escribir el texto.
Pero los antecedentes de la planta, que causó un enfrentamiento sin precedentes con Argentina por instalarse en un río limítrofe, figuran en un recuadro dentro del capítulo "Urbano industrial".
Mónica Gómez, autora del capítulo sobre la zona costera, señaló que ésta concentra 75 por ciento del producto interno bruto (PIB) uruguayo y que entre las presiones más importantes está la afectación de los hábitat.
Gómez destacó que los barcos pesqueros cambian las aguas, acarreando problemas como el de las especies invasoras. Entre ellas, el mejillón dorado (Limnoperna fortunei), de origen asiático, que se adapta a cualquier cambio. Obtura las tomas de agua de centrales hidroeléctricas y desplaza a especies nativas, lo que cambia la biodiversidad acuática.
Además, "la zona costera uruguaya probablemente se verá muy afectada por el cambio climático", pronostica el informe.
"Resultados iniciales de investigación puntualizan una alta vulnerabilidad de los recursos costeros frente a cambios en las precipitaciones, descarga de los tributarios del Río de la Plata, alteraciones de los patrones de vientos y en la localización del anticiclón subtropical del Atlántico Sudoccidental", argumenta.
Para Gerardo Honty, autor del capítulo sobre energía, Uruguay experimenta "tibios inicios" de proyectos de fuentes renovables, que por ahora generan "escasos megavatios".
Además, como las centrales hidroeléctricas datan de una época en que no se preveían estudios de impacto ambiental, no hay datos sobre lo que puede haber ocurrido en esas zonas, dijo.
Precisamente, la carencia de datos cuantitativos fue enfatizada, en términos generales, por los autores del informe. La falta de fiscalización ambiental y el hecho de que por lo menos un tercio de los residuos sólidos no son eliminados de manera adecuada son otros dos problemas expuestos en el estudio.
Tener en cuenta variables ambientales va a permitir ahorrar costos, no al revés, destacó Diego Martino. Es necesario superar la etapa de los diagnósticos para pasar a la de la acción, agregó.
Más de 100 personas participaron del estudio, a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y el Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, con la coordinación técnica del Centro Latinoamericano de Ecología Social (Claes) y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Los informes GEO (siglas en inglés de Global Environment Outlook, panorama ambiental mundial) recopilan información ya existente, y siguen una metodología que analiza la presión sobre el ambiente, su estado, su impacto y la respuesta. Éste es el primero que se realiza en Uruguay. Como todos los que se hacen en el mundo, surgió a iniciativa del gobierno.
En esta ocasión se pidió expresamente a los autores que hicieran hincapié en el impacto de los cambios ambientales en el bienestar humano.
(FIN/2008)
Cabo Polonio, sitio turístico sobre el océano Atlántico.
MONTEVIDEO, 3 jul (IPS) - Es necesario incorporar la perspectiva ambiental a las políticas nacionales en vez de considerarla de modo aislado, plantea el informe "GEO 2008: Evaluación del Estado del Ambiente en Uruguay", presentado este jueves en Montevideo. Si este país mantiene la situación actual en áreas protegidas, residuos y ordenamiento territorial, se dirige hacia un escenario potencialmente negativo de aquí a 2025, señaló el coordinador del informe, Diego Martino, también autor de varios de los ocho capítulos.
Pero, si se "transversalizan" las perspectivas ambientales en las políticas de los ministerios y reparticiones, en vez de considerarlas aisladamente, "se va a poder anticipar muchos de los impactos, y los costos sociales, ambientales, de salud, van a poder restringirse. Al planificar y tomar en cuenta esos temas, uno ya está quizás proponiendo soluciones antes de comenzar el proyecto", explicó a IPS.
"Si logramos hacer eso de modo efectivo, probablemente podamos revertir el camino hacia ese escenario negativo", agregó.
El Informe GEO constata la mejora económica del país, luego de la crisis de 2002, pero también registra una emigración sostenida, una pobreza persistente, un fuerte aumento del precio de la tierra y una creciente predominancia extranjera en la propiedad agraria, además de una mayor preocupación ciudadana por el ambiente.
"Ascender como país en la 'escalera del desarrollo sostenible' traerá consigo una mejora en los índices de bienestar humano, y requiere un replanteamiento del futuro, en el cual el 'Uruguay natural' es una parte necesaria e indispensable de un 'Uruguay productivo'", establece el texto, redactado entre julio de 2006 y noviembre de 2007.
Unas 70 especies corren peligro de extinción en Uruguay, pero hay poco conocimiento sobre el estado de la biodiversidad.
"Hay que llevar la conservación fuera de las áreas protegidas", ya que las que existen son insuficientes para proteger la biodiversidad, "porque hay mucha presión por los cambios en el uso de la tierra. Pero es importante mejorar la forma en que se produce para aliviar el impacto ambiental. Y para eso es clave la investigación", sostuvo Martino.
"Muchas veces tenemos información sobre el tipo de especie que hay en determinado lugar, pero no sobre cómo una u otra forma de trabajar el campo afecta a las especies. Por ejemplo, cómo impacta en las especies de aves el bajar un poco la carga de ganado de un potrero. O qué pasa si ponemos corredores biológicos dentro de las áreas forestales", planteó.
Las medidas a adoptar podrían acarrear costos económicos materializados en subsidios, "pero también por incentivar las buenas prácticas de producción se puede lograr un cambio", añadió Martino.
Entre los cambios en el uso de la tierra, el informe destaca que entre 1997 y 2005 se produjo un aumento de 3.343 por ciento en la superficie sembrada con soja.
"El impacto fue muy grande. Y eso se dio en poco tiempo, entonces cambió nuevamente el paisaje de Uruguay", dijo a IPS la ingeniera agrónoma María Methol, coautora del estudio.
De todos modos, "los cambios ambientales en general se perciben a más largo plazo", señaló.
Además, "actualmente se siembra en áreas mucho más extensas que años atrás y eso puede llegar a hacer necesario crear corredores (biológicos) o fomentar ciertas prácticas que mantengan el paisaje un poco más diverso", añadió.
Aparte del aumento del área agrícola en los últimos tres o cuatro años --con sus consiguientes riesgos de erosión y de contaminación de recursos hídricos--, en la última década se produjo un crecimiento de la forestación, señaló Methol.
Entre 1990 y 2004, el área de monocultivos forestales aumentó 1.544 por ciento, establece el reporte, si bien las 740.000 hectáreas plantadas constituyen 4,5 por ciento de los suelos agrícolas del país.
El impulso de la forestación y a la consecuente instalación de la industria internacional de la celulosa de papel entrañan el principal conflicto ambiental de Uruguay.
El informe GEO no se pronuncia acerca de ese conflicto, si bien menciona algunos de los impactos de la forestación, con base en los escasos estudios existentes en materia de agua, suelos, biodiversidad, creación de empleo y desarrollo.
El texto expone los dos puntos de vista principales del debate, a cargo de Daniel Martino, de la empresa Carbosur, y del técnico forestal Ricardo Carrere, del no gubernamental Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés).
Para Martino, los "escasos impactos negativos" de la forestación pueden mitigarse con una "mejor integración" a las demás actividades agropecuarias, manejo de los cultivos con "turnos de cosecha prolongados, que conllevan menores impactos ambientales negativos y mayor generación de valor económico".
En cambio, Carrere no encuentra ningún aspecto positivo en el modelo de monocultivos forestales, pues exacerba la concentración y extranjerización de la propiedad agraria, afecta el agua, el suelo y la diversidad biológica, crea empleos escasos y precarios y promueve la expulsión de población rural, afirma.
Los efectos de la instalación de la fábrica de celulosa de la empresa finlandesa Botnia, en el occidental departamento de Río Negro, no están contenidos en el informe GEO, dado que la fábrica todavía no estaba en funcionamiento cuando se terminó de escribir el texto.
Pero los antecedentes de la planta, que causó un enfrentamiento sin precedentes con Argentina por instalarse en un río limítrofe, figuran en un recuadro dentro del capítulo "Urbano industrial".
Mónica Gómez, autora del capítulo sobre la zona costera, señaló que ésta concentra 75 por ciento del producto interno bruto (PIB) uruguayo y que entre las presiones más importantes está la afectación de los hábitat.
Gómez destacó que los barcos pesqueros cambian las aguas, acarreando problemas como el de las especies invasoras. Entre ellas, el mejillón dorado (Limnoperna fortunei), de origen asiático, que se adapta a cualquier cambio. Obtura las tomas de agua de centrales hidroeléctricas y desplaza a especies nativas, lo que cambia la biodiversidad acuática.
Además, "la zona costera uruguaya probablemente se verá muy afectada por el cambio climático", pronostica el informe.
"Resultados iniciales de investigación puntualizan una alta vulnerabilidad de los recursos costeros frente a cambios en las precipitaciones, descarga de los tributarios del Río de la Plata, alteraciones de los patrones de vientos y en la localización del anticiclón subtropical del Atlántico Sudoccidental", argumenta.
Para Gerardo Honty, autor del capítulo sobre energía, Uruguay experimenta "tibios inicios" de proyectos de fuentes renovables, que por ahora generan "escasos megavatios".
Además, como las centrales hidroeléctricas datan de una época en que no se preveían estudios de impacto ambiental, no hay datos sobre lo que puede haber ocurrido en esas zonas, dijo.
Precisamente, la carencia de datos cuantitativos fue enfatizada, en términos generales, por los autores del informe. La falta de fiscalización ambiental y el hecho de que por lo menos un tercio de los residuos sólidos no son eliminados de manera adecuada son otros dos problemas expuestos en el estudio.
Tener en cuenta variables ambientales va a permitir ahorrar costos, no al revés, destacó Diego Martino. Es necesario superar la etapa de los diagnósticos para pasar a la de la acción, agregó.
Más de 100 personas participaron del estudio, a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y el Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, con la coordinación técnica del Centro Latinoamericano de Ecología Social (Claes) y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Los informes GEO (siglas en inglés de Global Environment Outlook, panorama ambiental mundial) recopilan información ya existente, y siguen una metodología que analiza la presión sobre el ambiente, su estado, su impacto y la respuesta. Éste es el primero que se realiza en Uruguay. Como todos los que se hacen en el mundo, surgió a iniciativa del gobierno.
En esta ocasión se pidió expresamente a los autores que hicieran hincapié en el impacto de los cambios ambientales en el bienestar humano.
(FIN/2008)
Un engaño la “jornada histórica” de reforestación del 5 de julio
Greenpeace Boletín 08072 / 3 de julio de 2008
- Coincide Greenpeace con el Secretario de Medio Ambiente: sólo sobrevivirá el 10 por ciento de los árboles plantados
- Presenta la organización dos spots donde muestra la verdad sobre la jornada de reforestación
La “jornada histórica” de reforestación convocada por el presidente, Felipe Calderón, para el próximo 5 de julio, no beneficia a los bosques ni al medio ambiente, mal informa al público y abusa de la buena voluntad de la gente que participará en ella, denunció la organización ambientalista Greenpeace.
En dicha jornada, denominada “Planta un árbol y sé parte de la historia”, se pretenden sembrar 5 millones de arbolitos, lo que establecería un récord: más árboles plantados en un solo día. Sin embargo, de acuerdo con las propias declaraciones del Secretario de Medio Ambiente, Juan Elvira, sólo sobrevivirá el 10 por ciento de los árboles plantados (1), por lo tanto, se establecerá un segundo récord: el de más árboles tirados a la basura en un solo día.
“Sin duda el próximo sábado será una jornada histórica. No sólo se romperán dos récords sino que se tirarán a la basura miles de millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación. Si se considera la tasa tan baja de sobrevivencia de los árboles plantados, de los 5 millones de arbolitos que se sembrarán el próximo sábado, 4 millones 500 mil se morirán antes de un año. A pesar de esto, es claro que el presidente Calderón pretende reforzar la reforestación como principal estrategia del Proárbol y, con esto, sentencia a nuestros bosques a seguir desapareciendo a un ritmo de 600 mil hectáreas por año (2)”, explicó Héctor Magallón, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
Datos preliminares de un estudio que lleva a cabo Greenpeace sobre los resultados de la campaña de reforestación impulsadas y financiadas por Proárbol durante 2007, muestran que el promedio de la tasa de sobrevivencia de los árboles plantados es de sólo 10 por ciento, a menos de un año de haberse sembrado. Estos resultados son consistentes con la tasa de supervivencia “confesada” a los medios de comunicación por el Secretario de Medio Ambiente, en enero de este año.
“En el estudio que estamos llevando a cabo, cuyos resultados completos daremos a conocer a más tardar a principios de septiembre, hemos encontrado ejemplos de terrenos reforestados en donde la tasa de supervivencia es aún más baja. Por ejemplo, en Aguascalientes encontramos un caso de un predio de 70 hectáreas en el que, de acuerdo con el `Resumen Ejecutivo Proárbol 2007´, dado a conocer por la propia Comisión Nacional Forestal (Conafor) (3), se plantaron 56 mil plántulas de Eucaliptus camaldulensis (eucalipto) con una inversión de 74 mil 337.90 pesos. El índice de supervivencia, a tan sólo ocho meses de la plantación, es de CERO”, explicó Paloma Neumann, de la campaña de bosques de Greenpeace.
Durante 2007, los programas destinados a promover las plantaciones forestales comerciales y la reforestación recibieron 2 mil 300 millones de pesos (mdp), de los 4 mil 123 millones de pesos asignados a Proárbol. Esto significa que, de acuerdo con la tasa de sobrevivencia de estos programas, 2 mil 70 mdp se tiraron a la basura. En 2008, este presupuesto se incrementó a 2 mil 664 millones de pesos con el fin de plantar 280 millones de arbolitos, 30 millones más que el año pasado y la jornada “Planta un árbol y sé parte de la historia” pretende dar inicio formal en este esfuerzo, convocando a miles de personas a participar.
“Es vergonzosa la manipulación del gobierno federal con la gente interesada en salvar los bosques de México, convocándola a una campaña que no contribuye a resolver la grave crisis que atraviesan nuestros bosques. Por su naturaleza, las campañas de reforestación no contribuyen a detener las causas de fondo que provocan que nuestros ecosistemas forestales desaparezcan a un ritmo tan acelerado, que podría llevarlos a desaparecer en el presente siglo. Mucho menos aún, con estos resultados y convocando a la gente a `reforestar´ en los camellones, parques, jardines y, ¡hasta en sus apartamentos! Parece que ni el presidente, ni el secretario, ni la Conafor , entienden la diferencia, entre un árbol, un parque y un bosque. Lejos de educar y sensibilizar a la gente, esto la mal informa, la manipula y sólo se aprovecha de su buena voluntad para tener un impacto mediático”, continuó Neumann.
La propia Conafor ha reconocido que las campañas de reforestación no contribuyen a detener la deforestación. Durante una entrevista, el coordinador de conservación y restauración de Conafor, Vicente Arriaga, declaró: “no nos confundamos en el sentido de que reforestamos para contrarrestar la deforestación. Sería como intentar llenar un barril sin fondo, si es que el proceso de deforestación activa no se frena”(4).
“Los programas de reforestación tampoco contribuyen a combatir la pobreza de quienes viven en los bosques ya que a quienes participan en ellas se les otorga 1.70 pesos por cada árbol que plantan, cuando mucho. Por este motivo, Greenpeace decidió participar en la jornada del sábado, dando a conocer la verdad y desenmascarando el fraude que representa la campaña `planta un árbol y sé parte de la historia”, explicó Magallón. Para mostrar los verdaderos resultados de las campañas de reforestación como la que está convocada para el 5 de julio, Greenpeace dio a conocer dos spots de video llamados “El otro record del Proárbol” y “Jornada histórica de Proárbol en Aguascalientes”. Ambos videos demuestran los resultados negativos de esta campaña y cómo se desperdician los recursos federales destinados para sembrar árboles en diferentes zonas del país. Estos videos pueden ser vistos en la página de Greenpeace México: www.greenpeace.org.mx o en www.youtube.com.
“La insistencia del presidente Calderón de mantener la reforestación como principal estrategia de su política forestal ocasionará que nos quedemos sin bosques, sin la biodiversidad que albergan, sin agua, acelerará el cambio climático ya que la deforestación genera al menos 14 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país (5) y nos hace cada día más vulnerables a sus efectos. Estas son las consecuencias de que el programa de reforestación sea `el favorito´ del presidente, como él mismo le ha llamado. Invitamos a la gente a que le exija al gobierno que reoriente la política forestal y priorice el apoyo y la promoción del Manejo Forestal Sustentable, ya que ésta es la mejor alternativa para detener la deforestación y proteger a nuestros bosques (6)”, concluyó Magallón.
Notas: 1. Periódico Excélsior, 29 de enero de 2008, primera plana y pag 15.
2. “Assessing Land Use⁄ Cover Changes: a Nationwide Multidate Spatial Database for Mexico”, Mas et al, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 5, 2004: 249-261; FAO, State of Forestry in Mexico, 2000.
3. http://www.conafor.gob.mx/proarbol/index.htm
4. En “¿Reforestación vs. Deforestación? El verdadero sentido de reforestar. Parte 1” . http://www.mexicoforestal.gob.mx/editorial.php?id=71&laPublicacion=65
5. “México, tercera comunicación nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático”, Instituto nacional de Ecología, Secretaría de Medio Ambiente, 2006.
6. Estudios realizados por el Instituto de Geografía (UNAM) en Quintana Roo y Guerrero, demuestran que en zonas donde comunidades y ejidos llevan a cabo un MFS la tasa de deforestación es menor a la de las ÁNP. “Los bosques comunitarios de México. Logros y desafíos”, David B. Bray y Leticia Merino, 2004.
Más información con Raúl Estrada en los tels. 04455-2746-3236 / 04455-33-96-46-54 y 5687 9595 ext. 120, email: raul.estrada@mx.greeenpeace.org o en la página www.greenpeace.org.mx.
- Coincide Greenpeace con el Secretario de Medio Ambiente: sólo sobrevivirá el 10 por ciento de los árboles plantados
- Presenta la organización dos spots donde muestra la verdad sobre la jornada de reforestación
La “jornada histórica” de reforestación convocada por el presidente, Felipe Calderón, para el próximo 5 de julio, no beneficia a los bosques ni al medio ambiente, mal informa al público y abusa de la buena voluntad de la gente que participará en ella, denunció la organización ambientalista Greenpeace.
En dicha jornada, denominada “Planta un árbol y sé parte de la historia”, se pretenden sembrar 5 millones de arbolitos, lo que establecería un récord: más árboles plantados en un solo día. Sin embargo, de acuerdo con las propias declaraciones del Secretario de Medio Ambiente, Juan Elvira, sólo sobrevivirá el 10 por ciento de los árboles plantados (1), por lo tanto, se establecerá un segundo récord: el de más árboles tirados a la basura en un solo día.
“Sin duda el próximo sábado será una jornada histórica. No sólo se romperán dos récords sino que se tirarán a la basura miles de millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación. Si se considera la tasa tan baja de sobrevivencia de los árboles plantados, de los 5 millones de arbolitos que se sembrarán el próximo sábado, 4 millones 500 mil se morirán antes de un año. A pesar de esto, es claro que el presidente Calderón pretende reforzar la reforestación como principal estrategia del Proárbol y, con esto, sentencia a nuestros bosques a seguir desapareciendo a un ritmo de 600 mil hectáreas por año (2)”, explicó Héctor Magallón, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
Datos preliminares de un estudio que lleva a cabo Greenpeace sobre los resultados de la campaña de reforestación impulsadas y financiadas por Proárbol durante 2007, muestran que el promedio de la tasa de sobrevivencia de los árboles plantados es de sólo 10 por ciento, a menos de un año de haberse sembrado. Estos resultados son consistentes con la tasa de supervivencia “confesada” a los medios de comunicación por el Secretario de Medio Ambiente, en enero de este año.
“En el estudio que estamos llevando a cabo, cuyos resultados completos daremos a conocer a más tardar a principios de septiembre, hemos encontrado ejemplos de terrenos reforestados en donde la tasa de supervivencia es aún más baja. Por ejemplo, en Aguascalientes encontramos un caso de un predio de 70 hectáreas en el que, de acuerdo con el `Resumen Ejecutivo Proárbol 2007´, dado a conocer por la propia Comisión Nacional Forestal (Conafor) (3), se plantaron 56 mil plántulas de Eucaliptus camaldulensis (eucalipto) con una inversión de 74 mil 337.90 pesos. El índice de supervivencia, a tan sólo ocho meses de la plantación, es de CERO”, explicó Paloma Neumann, de la campaña de bosques de Greenpeace.
Durante 2007, los programas destinados a promover las plantaciones forestales comerciales y la reforestación recibieron 2 mil 300 millones de pesos (mdp), de los 4 mil 123 millones de pesos asignados a Proárbol. Esto significa que, de acuerdo con la tasa de sobrevivencia de estos programas, 2 mil 70 mdp se tiraron a la basura. En 2008, este presupuesto se incrementó a 2 mil 664 millones de pesos con el fin de plantar 280 millones de arbolitos, 30 millones más que el año pasado y la jornada “Planta un árbol y sé parte de la historia” pretende dar inicio formal en este esfuerzo, convocando a miles de personas a participar.
“Es vergonzosa la manipulación del gobierno federal con la gente interesada en salvar los bosques de México, convocándola a una campaña que no contribuye a resolver la grave crisis que atraviesan nuestros bosques. Por su naturaleza, las campañas de reforestación no contribuyen a detener las causas de fondo que provocan que nuestros ecosistemas forestales desaparezcan a un ritmo tan acelerado, que podría llevarlos a desaparecer en el presente siglo. Mucho menos aún, con estos resultados y convocando a la gente a `reforestar´ en los camellones, parques, jardines y, ¡hasta en sus apartamentos! Parece que ni el presidente, ni el secretario, ni la Conafor , entienden la diferencia, entre un árbol, un parque y un bosque. Lejos de educar y sensibilizar a la gente, esto la mal informa, la manipula y sólo se aprovecha de su buena voluntad para tener un impacto mediático”, continuó Neumann.
La propia Conafor ha reconocido que las campañas de reforestación no contribuyen a detener la deforestación. Durante una entrevista, el coordinador de conservación y restauración de Conafor, Vicente Arriaga, declaró: “no nos confundamos en el sentido de que reforestamos para contrarrestar la deforestación. Sería como intentar llenar un barril sin fondo, si es que el proceso de deforestación activa no se frena”(4).
“Los programas de reforestación tampoco contribuyen a combatir la pobreza de quienes viven en los bosques ya que a quienes participan en ellas se les otorga 1.70 pesos por cada árbol que plantan, cuando mucho. Por este motivo, Greenpeace decidió participar en la jornada del sábado, dando a conocer la verdad y desenmascarando el fraude que representa la campaña `planta un árbol y sé parte de la historia”, explicó Magallón. Para mostrar los verdaderos resultados de las campañas de reforestación como la que está convocada para el 5 de julio, Greenpeace dio a conocer dos spots de video llamados “El otro record del Proárbol” y “Jornada histórica de Proárbol en Aguascalientes”. Ambos videos demuestran los resultados negativos de esta campaña y cómo se desperdician los recursos federales destinados para sembrar árboles en diferentes zonas del país. Estos videos pueden ser vistos en la página de Greenpeace México: www.greenpeace.org.mx o en www.youtube.com.
“La insistencia del presidente Calderón de mantener la reforestación como principal estrategia de su política forestal ocasionará que nos quedemos sin bosques, sin la biodiversidad que albergan, sin agua, acelerará el cambio climático ya que la deforestación genera al menos 14 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país (5) y nos hace cada día más vulnerables a sus efectos. Estas son las consecuencias de que el programa de reforestación sea `el favorito´ del presidente, como él mismo le ha llamado. Invitamos a la gente a que le exija al gobierno que reoriente la política forestal y priorice el apoyo y la promoción del Manejo Forestal Sustentable, ya que ésta es la mejor alternativa para detener la deforestación y proteger a nuestros bosques (6)”, concluyó Magallón.
Notas: 1. Periódico Excélsior, 29 de enero de 2008, primera plana y pag 15.
2. “Assessing Land Use⁄ Cover Changes: a Nationwide Multidate Spatial Database for Mexico”, Mas et al, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 5, 2004: 249-261; FAO, State of Forestry in Mexico, 2000.
3. http://www.conafor.gob.mx/proarbol/index.htm
4. En “¿Reforestación vs. Deforestación? El verdadero sentido de reforestar. Parte 1” . http://www.mexicoforestal.gob.mx/editorial.php?id=71&laPublicacion=65
5. “México, tercera comunicación nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático”, Instituto nacional de Ecología, Secretaría de Medio Ambiente, 2006.
6. Estudios realizados por el Instituto de Geografía (UNAM) en Quintana Roo y Guerrero, demuestran que en zonas donde comunidades y ejidos llevan a cabo un MFS la tasa de deforestación es menor a la de las ÁNP. “Los bosques comunitarios de México. Logros y desafíos”, David B. Bray y Leticia Merino, 2004.
Más información con Raúl Estrada en los tels. 04455-2746-3236 / 04455-33-96-46-54 y 5687 9595 ext. 120, email: raul.estrada@mx.greeenpeace.org o en la página www.greenpeace.org.mx.
02 July 2008
Nueva Ley de Bosques contribuye a mejorar gestión forestal en el país
ABN 30/06/2008
Caracas, Distrito Capital, Venezuela
Caracas, 30 Jun. ABN.- La nueva Ley de Bosques y Gestión Forestal, promulgada recientemente por el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, fomentará acciones sostenibles y armónicas orientadas a lograr un manejo adecuado de los bosques tropicales del país, indicó la directora de Bosques del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minamb), Olga Pérez.
Asimismo, manifestó que esta ley tiene como objetivo de afrontar los graves riesgos que conllevan su deforestación indiscriminada y la consiguiente pérdida de su biodiversidad, es un llamado que se hace a la comunidad del planeta, a propósito de la celebración del Día Internacional de los Bosques Tropicales.
“Nuestro territorio también padece una pérdida importante de bosques, que obedece en gran parte a las explotaciones ilegales de madera, así como también debido a las deforestaciones que ocurren por el cambio de uso de las tierras”, dijo Pérez.
Igualmente, señaló que esta iniciativa del Jefe de Estado refleja el nivel de importancia que el Estado le da a esta materia, a fin de orientarla hacia un nuevo modelo de desarrollo forestal, en el cual se promueve lo colectivo y no lo individual, abriendo un espacio para que las comunidades participen en el desarrollo de la gestión forestal.
“Lo importante de esta nueva ley es que no está basada en modelos económicos sino que promueve el uso sustentable, en donde -entre otras cosas- se establecen las bases para una estrategia ambiental y socio productiva en la reserva forestal de Ticoporo encaminada a su recuperación”, dijo.
A pesar de que la mitad de los bosques mundiales han desaparecido, y de que las áreas forestales con mayor biodiversidad están en peligro, es importante destacar que los bosques más amenazados en términos relativos no son los tropicales, como cabría pensar por la atención que prestan los medios de comunicación a los mismos, sino los bosques templados de Europa y Estados Unidos.
Caracas, Distrito Capital, Venezuela
Caracas, 30 Jun. ABN.- La nueva Ley de Bosques y Gestión Forestal, promulgada recientemente por el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, fomentará acciones sostenibles y armónicas orientadas a lograr un manejo adecuado de los bosques tropicales del país, indicó la directora de Bosques del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minamb), Olga Pérez.
Asimismo, manifestó que esta ley tiene como objetivo de afrontar los graves riesgos que conllevan su deforestación indiscriminada y la consiguiente pérdida de su biodiversidad, es un llamado que se hace a la comunidad del planeta, a propósito de la celebración del Día Internacional de los Bosques Tropicales.
“Nuestro territorio también padece una pérdida importante de bosques, que obedece en gran parte a las explotaciones ilegales de madera, así como también debido a las deforestaciones que ocurren por el cambio de uso de las tierras”, dijo Pérez.
Igualmente, señaló que esta iniciativa del Jefe de Estado refleja el nivel de importancia que el Estado le da a esta materia, a fin de orientarla hacia un nuevo modelo de desarrollo forestal, en el cual se promueve lo colectivo y no lo individual, abriendo un espacio para que las comunidades participen en el desarrollo de la gestión forestal.
“Lo importante de esta nueva ley es que no está basada en modelos económicos sino que promueve el uso sustentable, en donde -entre otras cosas- se establecen las bases para una estrategia ambiental y socio productiva en la reserva forestal de Ticoporo encaminada a su recuperación”, dijo.
A pesar de que la mitad de los bosques mundiales han desaparecido, y de que las áreas forestales con mayor biodiversidad están en peligro, es importante destacar que los bosques más amenazados en términos relativos no son los tropicales, como cabría pensar por la atención que prestan los medios de comunicación a los mismos, sino los bosques templados de Europa y Estados Unidos.
La CAN, la propiedad intelectual y los derechos indígenas
SERVINDI. Perú, 19 Junio 2008 8:28
El gobierno del Perú se está quejando actualmente 'a voz en cuello' de una supuesta 'actitud inamistosa' del gobierno de Bolivia por no permitir que el Perú se aleje de un acuerdo internacional vinculante, llamado 'Decisión 486', sobre la propiedad intelectual que firmó en la Comunidad Andina de Naciones, CAN, en 1996. Mientras tanto, en el Perú, varios Ministros afirman que no se trata de nada serio y que Evo Morales es un gobernante 'irracional' y mal informado que quiere bloquear el desarrollo del Perú por 'razones ideológicas'.
Sin embargo, todo indica que las razones del gobierno boliviano son de peso y que el gobierno peruano estaría utilizando el pretexto del TLC para tomar una gran cantidad de medidas absolutamente innecesarias, aprovechando que en este momento lo puede hacer al margen del Congreso. Dado que las propuestas en detalle del Perú para salir del acuerdo regional sobre Propiedad Intelectual no son públicas, solo se puede especular en defensa del futuro de la biodiversidad en el país y de los derechos de los pueblos indígenas.
Todo indica que las medidas del gobierno del Perú terminan perjudicando al conjunto del país y a sectores de la población en mayor desventaja, que justamente deberían ser protegidos y defendidos por el Estado. No es casualidad que un presidente indígena, como Evo Morales, esté defendiendo la Biodiversidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos ampliamente reconocidos internacionalmente, pero puestos en juego por el gobierno del Perú, en este caso para responder a los intereses económicos de algunos pocos.
Santiago Roca, profesor principal de la Universidad ESAN, llamó la atención en La República, del 27 de mayo sobre el hecho de que la acción del gobierno peruano de salirse del acuerdo regional 'Decisión 486' de la CAN sobre la propiedad intelectual, no es en absoluto insignificante: El autor afirma que el Perú 'propone quitarle el carácter vinculante a la legislación supranacional permitiendo a cada país modificar su legislación interna aunque ésta vaya en contra de los acuerdos supranacionales. Algo evidentemente inédito en la jurisprudencia internacional.' Y sigue observando lo siguiente: 'En vez de forzar esta propuesta o aceptar las voces de los asesores del gobierno para que el Perú se retire de la Comunidad Andina, pareciera más sensato hacer uso de la Constitución y del propio TLC para diferir temporalmente por 2 o 3 años la ejecución de los puntos conflictivos hasta que se encuentre una solución al respecto. Esto es posible dado que hay muchos artículos del TLC que otorgan 2 o 3 años para que el Perú se adecue.'
Las grandes preguntas son entonces: ¿Por qué el Perú no sigue este camino más sensato? ¿Por qué no adecua el TLC a los acuerdos regionales e internacionales, en vez de tomar el camino inverso?
Todo parece indicar que el gobierno del Perú está respondiendo a fuertes presiones de empresas transnacionales (con nombres y apellidos) interesadas en extraer recursos naturales, registrar patentes e introducir productos genéticamente modificados para crear monopolios y ganar mucho dinero, sin respetar la diversidad biológica del país, los derechos indígenas y de otros sectores de la población.
Este lobby poderoso está presente sobre todo en el Ministerio de Agricultura, incluyendo el Instituto de Investigaciones Agrarias, INIA. Cuenta con el apoyo abierto del Ministerio de Comercio Exterior y del Ministerio de Relaciones Exteriores. También parece tener influencia en la propia PCM, y a través de ella en todo el Consejo de Ministros. Este lobby estaría detrás de todo un amplio paquete de reformas legales que incluyen hasta la venta de las tierras comunales legalmente reconocidas y protegidas por la Constitución, tal como sucede con la Ley 1015 recientemente aprobada por el Consejo de Ministros contra la mayoría en el Congreso.
Algunas de las graves consecuencias de desconocer la Decisión 486 de la CAN son las siguientes: Una autorización del Estado dé patentes a unas pocas compañías sin respetar la definición internacional de lo que es patentable limita la libre competencia y encarece los precios en los mercados. Permitir el ingreso de productos transgénicos modifica para siempre la biodiversidad del país y arriesga la salud de las personas. Ofrecer mayor margen para reclamar propiedad intelectual sobre inventos y recursos genéticos y ofrecer patentes a empresas privadas, significa desconocer los derechos del conjunto del país, de los Pueblos Indígenas, y de poblaciones rurales y locales en el Perú relacionados con sus conocimientos y sus recursos naturales.
Sin embargo, la Decisión 486 de la CAN no es el único convenio internacional que el Perú pretende desconocer. Este acuerdo regional sobre propiedad intelectual se basa a su vez en el Convenio de la Biodiversidad (CDB) de Naciones Unidas de 1992, el cual fue ratificado por el Perú el 6 de junio de 1993. En su preámbulo establece como obligación de los Estados la de explícitamente promover y proteger la utilización tradicional de comunidades indígenas y locales de sus recursos naturales en concordancia con sus culturas [1].
Acaban de concluir en Bonn, Alemania una secuencia de Conferencias Internacionales en mayo del 2008 (llamados COP-MOP 4 y COP 9 en inglés[2]): Entre los acuerdos que no se pudieron concretar porque el Perú fue uno de los pocos países que se opusieron, está la legislación internacional sobre la regulación del uso de organismos genéticamente modificados, transgénicos. Debido a que los acuerdos se votan por consenso en ese foro ambiental, el tema tendrá que ser vuelto a revisar recién en el 2010.
La catedrática en genética y biotecnología de la Universidad Nacional Agraria, Antonieta Gutiérrez, fue citada por El Comercio el 20 de mayo del 2008, denunciando este posicionamiento sorpresivo del Perú en Bonn: 'Es lamentable que luego de esperar siete años para adoptar un documento no se haya llegado a un acuerdo y esto gracias a un grupo de dos o tres actores --en donde está el Perú-- que bloqueó el trabajo y deseo de más de 140 países'. La misma experta se pregunta sorprendida, por qué el representante del Perú en dicha conferencia fue Juan Rissi, Jefe del INIA y no un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. El mismo representante del INIA es citado afirmando que el Perú quiere desarrollar biotecnología y que está a punto de promulgarse una norma nacional sobre bioseguridad en el sector agrario que regulará todo ingreso y experimentación con productos transgénicos. Por otro lado, durante la conferencia para anunciar el inicio del I Congreso Nacional de la Papa en Huancayo, el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, afirmó que el uso de transgénicos permitirá una mayor competitividad del agro. En ningún momento estos funcionarios hicieron referencia a los derechos de los pueblos indígenas que forman parte de los acuerdos internacionales de la CAN, de la ONU, de la OIT, etc.
Con esta maniobra en Bonn, el gobierno Peruano ha logrado ganar tiempo hasta el 2010 para promulgar la legislación anunciada y dejar entrar a las empresas que quiere. Sin embargo, aún le falta salir de la Decisión 486 de la CAN para no arriesgarse a ser denunciado ante cortes internacionales.
El apuro de las empresas privadas tiene que ver con que en el 2010 se tiene previsto además en las próximas conferencias internacionales de la Convención de Biodiversidad (CDB) la instalación definitiva y en forma vinculante del tal llamado sistema ABS (Access and Benedit Sharing/Compartir el Acceso y los Beneficios). El ABS regulará el acceso a los recursos genéticos y la compensación por las ventajas de su uso. Obligará a pagar por el uso de recursos genéticos por los países desarrollados con fines comerciales y a compensar a los países en desarrollo y a los Pueblos Indígenas quienes han manejado estos recursos naturales y genéticos durante miles de años. El ABS establece que los recursos genéticos tienen un valor material y que este valor material se mide con su herencia genética a través de la ADN. Para lograr extraer la ADN se requiere un alto grado tecnológico poco accesible para países en desarrollo, lo que ha atrasado un consenso internacional sobre este aspecto bastante complicado. Sin embargo, existe voluntad política en muchos países desarrollados en avanzar hacia una propuesta aplicable y aceptable para el ABS hasta el 2010.
No hay que ser adivino para prever que si se logra que Bolivia y los otros países andinos permiten la salida del Perú de la Decisión 486 de la CAN, también habrá otra modificación legal inmediata en el Perú: Se trata de la Ley No. 27811 que establece el Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas vinculados a los Recursos Biológicos. Esta Ley recién fue aprobada en el 2002 y se basa justamente en el acuerdo regional sobre Propiedad Intelectual de la CAN.
Frente a esta 'guerra no declarada' contra la biodiversidad y la diversidad cultural, los políticos y las organizaciones populares aún no atinan responder con suficiente decisión y rapidez para defender los intereses de la gran mayoría. Y en el caso de las organizaciones indígenas, hace falta que en Colombia y en Ecuador se organicen rápidamente para presionar a sus respectivos países para que en la CAN no apoyen al Perú, sino a Bolivia. ___________________________
Notas
[1] En el preámbulo de la CDB dice textualmente „Reconociendo la estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados en los recursos biológicos y la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y la utilización disponible de sus componentes.'
[2] La cuarta Conferencia de Seguimiento al Acuerdo de Cartagena sobre Bioseguridad (COP-MOP 4) y la novena Conferencia de los Integrantes del Convenio de la Biodiversidad (COP 9). Fuente: http://www.servindi.org/
El gobierno del Perú se está quejando actualmente 'a voz en cuello' de una supuesta 'actitud inamistosa' del gobierno de Bolivia por no permitir que el Perú se aleje de un acuerdo internacional vinculante, llamado 'Decisión 486', sobre la propiedad intelectual que firmó en la Comunidad Andina de Naciones, CAN, en 1996. Mientras tanto, en el Perú, varios Ministros afirman que no se trata de nada serio y que Evo Morales es un gobernante 'irracional' y mal informado que quiere bloquear el desarrollo del Perú por 'razones ideológicas'.
Sin embargo, todo indica que las razones del gobierno boliviano son de peso y que el gobierno peruano estaría utilizando el pretexto del TLC para tomar una gran cantidad de medidas absolutamente innecesarias, aprovechando que en este momento lo puede hacer al margen del Congreso. Dado que las propuestas en detalle del Perú para salir del acuerdo regional sobre Propiedad Intelectual no son públicas, solo se puede especular en defensa del futuro de la biodiversidad en el país y de los derechos de los pueblos indígenas.
Todo indica que las medidas del gobierno del Perú terminan perjudicando al conjunto del país y a sectores de la población en mayor desventaja, que justamente deberían ser protegidos y defendidos por el Estado. No es casualidad que un presidente indígena, como Evo Morales, esté defendiendo la Biodiversidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos ampliamente reconocidos internacionalmente, pero puestos en juego por el gobierno del Perú, en este caso para responder a los intereses económicos de algunos pocos.
Santiago Roca, profesor principal de la Universidad ESAN, llamó la atención en La República, del 27 de mayo sobre el hecho de que la acción del gobierno peruano de salirse del acuerdo regional 'Decisión 486' de la CAN sobre la propiedad intelectual, no es en absoluto insignificante: El autor afirma que el Perú 'propone quitarle el carácter vinculante a la legislación supranacional permitiendo a cada país modificar su legislación interna aunque ésta vaya en contra de los acuerdos supranacionales. Algo evidentemente inédito en la jurisprudencia internacional.' Y sigue observando lo siguiente: 'En vez de forzar esta propuesta o aceptar las voces de los asesores del gobierno para que el Perú se retire de la Comunidad Andina, pareciera más sensato hacer uso de la Constitución y del propio TLC para diferir temporalmente por 2 o 3 años la ejecución de los puntos conflictivos hasta que se encuentre una solución al respecto. Esto es posible dado que hay muchos artículos del TLC que otorgan 2 o 3 años para que el Perú se adecue.'
Las grandes preguntas son entonces: ¿Por qué el Perú no sigue este camino más sensato? ¿Por qué no adecua el TLC a los acuerdos regionales e internacionales, en vez de tomar el camino inverso?
Todo parece indicar que el gobierno del Perú está respondiendo a fuertes presiones de empresas transnacionales (con nombres y apellidos) interesadas en extraer recursos naturales, registrar patentes e introducir productos genéticamente modificados para crear monopolios y ganar mucho dinero, sin respetar la diversidad biológica del país, los derechos indígenas y de otros sectores de la población.
Este lobby poderoso está presente sobre todo en el Ministerio de Agricultura, incluyendo el Instituto de Investigaciones Agrarias, INIA. Cuenta con el apoyo abierto del Ministerio de Comercio Exterior y del Ministerio de Relaciones Exteriores. También parece tener influencia en la propia PCM, y a través de ella en todo el Consejo de Ministros. Este lobby estaría detrás de todo un amplio paquete de reformas legales que incluyen hasta la venta de las tierras comunales legalmente reconocidas y protegidas por la Constitución, tal como sucede con la Ley 1015 recientemente aprobada por el Consejo de Ministros contra la mayoría en el Congreso.
Algunas de las graves consecuencias de desconocer la Decisión 486 de la CAN son las siguientes: Una autorización del Estado dé patentes a unas pocas compañías sin respetar la definición internacional de lo que es patentable limita la libre competencia y encarece los precios en los mercados. Permitir el ingreso de productos transgénicos modifica para siempre la biodiversidad del país y arriesga la salud de las personas. Ofrecer mayor margen para reclamar propiedad intelectual sobre inventos y recursos genéticos y ofrecer patentes a empresas privadas, significa desconocer los derechos del conjunto del país, de los Pueblos Indígenas, y de poblaciones rurales y locales en el Perú relacionados con sus conocimientos y sus recursos naturales.
Sin embargo, la Decisión 486 de la CAN no es el único convenio internacional que el Perú pretende desconocer. Este acuerdo regional sobre propiedad intelectual se basa a su vez en el Convenio de la Biodiversidad (CDB) de Naciones Unidas de 1992, el cual fue ratificado por el Perú el 6 de junio de 1993. En su preámbulo establece como obligación de los Estados la de explícitamente promover y proteger la utilización tradicional de comunidades indígenas y locales de sus recursos naturales en concordancia con sus culturas [1].
Acaban de concluir en Bonn, Alemania una secuencia de Conferencias Internacionales en mayo del 2008 (llamados COP-MOP 4 y COP 9 en inglés[2]): Entre los acuerdos que no se pudieron concretar porque el Perú fue uno de los pocos países que se opusieron, está la legislación internacional sobre la regulación del uso de organismos genéticamente modificados, transgénicos. Debido a que los acuerdos se votan por consenso en ese foro ambiental, el tema tendrá que ser vuelto a revisar recién en el 2010.
La catedrática en genética y biotecnología de la Universidad Nacional Agraria, Antonieta Gutiérrez, fue citada por El Comercio el 20 de mayo del 2008, denunciando este posicionamiento sorpresivo del Perú en Bonn: 'Es lamentable que luego de esperar siete años para adoptar un documento no se haya llegado a un acuerdo y esto gracias a un grupo de dos o tres actores --en donde está el Perú-- que bloqueó el trabajo y deseo de más de 140 países'. La misma experta se pregunta sorprendida, por qué el representante del Perú en dicha conferencia fue Juan Rissi, Jefe del INIA y no un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. El mismo representante del INIA es citado afirmando que el Perú quiere desarrollar biotecnología y que está a punto de promulgarse una norma nacional sobre bioseguridad en el sector agrario que regulará todo ingreso y experimentación con productos transgénicos. Por otro lado, durante la conferencia para anunciar el inicio del I Congreso Nacional de la Papa en Huancayo, el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, afirmó que el uso de transgénicos permitirá una mayor competitividad del agro. En ningún momento estos funcionarios hicieron referencia a los derechos de los pueblos indígenas que forman parte de los acuerdos internacionales de la CAN, de la ONU, de la OIT, etc.
Con esta maniobra en Bonn, el gobierno Peruano ha logrado ganar tiempo hasta el 2010 para promulgar la legislación anunciada y dejar entrar a las empresas que quiere. Sin embargo, aún le falta salir de la Decisión 486 de la CAN para no arriesgarse a ser denunciado ante cortes internacionales.
El apuro de las empresas privadas tiene que ver con que en el 2010 se tiene previsto además en las próximas conferencias internacionales de la Convención de Biodiversidad (CDB) la instalación definitiva y en forma vinculante del tal llamado sistema ABS (Access and Benedit Sharing/Compartir el Acceso y los Beneficios). El ABS regulará el acceso a los recursos genéticos y la compensación por las ventajas de su uso. Obligará a pagar por el uso de recursos genéticos por los países desarrollados con fines comerciales y a compensar a los países en desarrollo y a los Pueblos Indígenas quienes han manejado estos recursos naturales y genéticos durante miles de años. El ABS establece que los recursos genéticos tienen un valor material y que este valor material se mide con su herencia genética a través de la ADN. Para lograr extraer la ADN se requiere un alto grado tecnológico poco accesible para países en desarrollo, lo que ha atrasado un consenso internacional sobre este aspecto bastante complicado. Sin embargo, existe voluntad política en muchos países desarrollados en avanzar hacia una propuesta aplicable y aceptable para el ABS hasta el 2010.
No hay que ser adivino para prever que si se logra que Bolivia y los otros países andinos permiten la salida del Perú de la Decisión 486 de la CAN, también habrá otra modificación legal inmediata en el Perú: Se trata de la Ley No. 27811 que establece el Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas vinculados a los Recursos Biológicos. Esta Ley recién fue aprobada en el 2002 y se basa justamente en el acuerdo regional sobre Propiedad Intelectual de la CAN.
Frente a esta 'guerra no declarada' contra la biodiversidad y la diversidad cultural, los políticos y las organizaciones populares aún no atinan responder con suficiente decisión y rapidez para defender los intereses de la gran mayoría. Y en el caso de las organizaciones indígenas, hace falta que en Colombia y en Ecuador se organicen rápidamente para presionar a sus respectivos países para que en la CAN no apoyen al Perú, sino a Bolivia. ___________________________
Notas
[1] En el preámbulo de la CDB dice textualmente „Reconociendo la estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados en los recursos biológicos y la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y la utilización disponible de sus componentes.'
[2] La cuarta Conferencia de Seguimiento al Acuerdo de Cartagena sobre Bioseguridad (COP-MOP 4) y la novena Conferencia de los Integrantes del Convenio de la Biodiversidad (COP 9). Fuente: http://www.servindi.org/
Perdiendo el bosque entre tanto árbol: Monocultivos forestales y el boom de los agrocombustibles
Ecoportal, 01-07-08, Por Carmelo Ruiz-Marrero *
El uso de árboles para hacer combustible como parte del boom de los agrocombustibles significa el cultivo de plantaciones masivas de monocultivo de árboles. Ya existen en Chile, Uruguay y Brasil para suplir madera al igual que pulpa de papel, y por su destrucción de la biodiversidad este modelo ha encontrado la oposición de grupos de sociedad civil y pueblos indígenas, cuyo sustento está en juego. La lignina, sustancia que da firmeza a plantas y árboles, es uno de los mayores obstáculos a la extracción de celulosa, un proceso necesario para su transformación en combustible. La remoción de lignina siempre ha sido un reto para las compañías papeleras, que usan la madera como materia prima. Usualmente lo hacen aplicando sustancias tóxicas y altamente contaminantes a la madera. La lignina, que constituye entre un cuarto y un tercio de la masa seca de la madera, solo puede ser descompuesta por ciertas especies de bacteria y hongo. No sorprende que los entusiastas de los agrocombustibles celulósicos y las compañías papeleras estén invirtiendo en árboles genéticamente modificados para tener menos lignina. La corporación estadounidense ArborGen es el líder indiscutible en el desarrollo de árboles transgénicos. En agosto de 2007 compró los viveros de cuatro de sus competidores, convirtiéndose así en la mayor compañía de plántulas de árboles del mundo, con operaciones en localidades tan diversas como Nueva Zelanda y Brasil. "La energía renovable puede crear nuevos mercados para productos verdes", dijo la Dra. Barbara Wells, presidenta y oficial ejecutiva de ArborGen. "La combinación de estos negocios es muy emocionante, ya que une otras organizaciones que son líderes reconocidos en la industria y representan el mejor peritaje en crianza, genética, producción de plántulas, ventas y distribución para crear una compañía de mejoramiento de árboles única, totalmente integrada y de servicio completo." ArborGen es uno de los socios del BioEnergy Science Center, un proyecto de $125 millones financiado por el Departamento de Energía de Estados Unidos y dirigido por el Laboratorio Nacional de Oak Ridge para convertir biomasa lignocelulósica en combustible. Desde 2007 Arborgen ha sido parte de un consorcio que está secuenciando el genoma del eucalipto. Los socios latinoamericanos de este esfuerzo incluyen la Corporación Brasileña de Investigación Agrícola (EMBRAPA), la Universidad Católica de Brasilia, y la Red Brasileña de Investigación del Genoma del Eucalipto, también conocida como el proyecto Genolyptus. "El secuenciar el genoma del eucalipto nos ayudará a vencer muchos de los mayores obstáculos para lograr un futuro de energía sustentable", dijo el investigador surafricano Alexander Myburg. "Enterrado en esta información está el mapa de los circuitos moleculares para crecimiento y adaptación superiores en plantas con madera que pueden ser optimizadas para la producción de biomasa." "Este monumental proyecto hará posible mejores estrategias de crianza para materia fuente de etanol celulósico y contribuir a mejoras ambientalmente sanas en la productividad de la industria global de forestería", dijo Maud Hinchee, principal oficial técnico de ArborGen. "Este esfuerzo nos ayudará a adelantar nuestras metas de producir biomasa renovable de alto valor a partir de una huella ecológica más pequeña." Actualmente Arborgen está realizando en Brasil pruebas de campo de árboles transgénicos con lignina reducida. Según el Movimiento Mundial por los Bosques, la compañía estableció operaciones en Campinas, en el estado de Sao Paulo, en 2004 y al año siguiente empezó sus pruebas de árboles transgénicos en el país. En 2007 ArborGen obtuvo aprobación de la autoridad reglamentadora brasileña (CTN-Bio) para llevar a cabo una segunda prueba rotación completa con eucaliptos transgénicos. La compañía espera obtener autorización para la producción comercial. "La información obtenida de estas pruebas se usará para obtener la autorización necesaria para uso comercial", dijo Fabio Brun, director de ArborGen para Suramérica, a RISI, página web de la industria forestal en mayo de 2007. La compañía trabaja en asociación con "algunas de las mayores compañías de productos forestales en la región", según RISI. Más potenciales "desiertos verdes" El uso de árboles para hacer combustible como parte del boom de los agrocombustibles significa el cultivo de plantaciones masivas de monocultivo de árboles. Ya existen en Chile, Uruguay y Brasil para suplir madera al igual que pulpa de papel, y por su destrucción de la biodiversidad este modelo ha encontrado la oposición de grupos de sociedad civil y pueblos indígenas, cuyo sustento está en juego. La Red Latinoamericana Contra Monocultivos de Árboles (RECOMA) informa que áreas extensas de bosque nativo en Chile y las regiones de la Mata Atlántica y el Cerrado en Brasil han sido destruidas por plantaciones de monocultivo de árboles, al igual que en otros países donde se han establecido para la producción de madera, celulosa o aceite de palma. La Red señala que estas plantaciones están también destruyendo praderas en Uruguay, Argentina y el sur de Brasil. Los críticos sostienen que los monocultivos también agotan los recursos de agua, desplazan comunidades rurales e indígenas, drenan fondos públicos y perjudican las economías locales. En todos los países donde se han implantado estos monocultivos, las consecuencias han sido las mismas: mayor riqueza y poder para unas pocas empresas nacionales y extranjeras y mayor pobreza para las comunidades locales", declaró RECOMA. "La oposición a este modelo social y ambientalmente nefasto está creciendo a nivel local, nacional y regional." A continuación, dice "Sin embargo pareciera que en la mayoría de nuestros países se hace oídos sordos a los reclamos de la gente y se continúan promoviendo políticas que están agravando aun más las situaciones descritas arriba y que incrementarían las áreas de 'desiertos verdes'... los agrocombustibles son ejemplos de estas falsas soluciones que ya se están implementando en nuestros países. A ello se suma el peligro de los planes para la liberación de árboles transgénicos, que en nuestra región ya están siendo genéticamente manipulados en laboratorios en Chile y Brasil." ¿El bosque biotecnológico del futuro? Los árboles con menos lignina (y mayor contenido de celulosa) estarían más expuestos a las pestes, probablemente aumentaría su caída ante fuertes vientos, y la descomposición de su madera sería más rápida, alterando la composición del suelo y liberando CO2 con mayor rapidez, contribuyendo de esta manera al cambio climático", declaró un grupo internacional de ambientalistas en una carta abierta a la Convención de Biodiversidad de la ONU en 2006. "La madera descompuesta de los bosques provee un hábitat esencial para una gran diversidad de flora y fauna. Alterar los niveles de descomposición tendría un efecto grave en poblaciones de especies, cuya consecuencia aún no ha sido estudiada." Uno de los más serios problemas que ven con los árboles transgénicos es que regarán sus semillas y polen y se proliferarán sin control, un fenómeno conocido como contaminación genética. "Esta contaminación es particularmente peligrosa en el caso del árbol más extensamente utilizado en plantaciones, el eucalipto, cuyas muchas especies tienen la capacidad de hibridarse y pueden, por lo tanto, ser fácilmente polinizados por eucaliptos GM", dice la carta abierta. "También existe el mismo peligro en el caso de otras especies, tales como los pinos, álamos y acacias. En China, el único país en que los árboles GM han sido plantados a escala comercial, la contaminación de los álamos nativos ya ha sido documentada." La industria ha propuesto el uso de la llamada tecnología genética de restricción de uso para atender el problema de la contaminación genética, ya sea en árboles o cultivos transgénicos. Esta tecnología, apodada Terminator por sus críticos, produciría plantas que no se pueden reproducir. Organizaciones de sociedad civil advierten que esta es una solución falsa para el problema de contaminación genética y que implica riesgos sociales y ecológicos inaceptables. La ONU ha impuesto una moratoria sobre la tecnología Terminator, muy a pesar de la industria biotecnológica. Brasil: Mujeres toman acción contra los monocultivos forestales Durante las reuniones de la Convención de Biodiversidad y el Protocolo de Bioseguridad en Curitiba, Brasil, en marzo de 2006, mujeres de Vía Campesina celebraron el Día Internacional de la Mujer destruyendo un laboratorio y un vivero de pinos clonados de la corporación Aracruz en protesta contra la invasión de plantaciones de árboles. Dos años después, alrededor de 900 mujeres de Vía Campesina conmemoraron el Día Internacional de la Mujer ocupando Fazenda Tarumã, una plantación de 2,100 hectáreas propiedad de la compañía sueco-finlandesa de papel y celulosa Stora Enso, en el estado sureño de Rio Grande do Sul, cerca de la frontera con Uruguay. Las mujeres denunciaron la expansión destructiva de monocultivos de árboles y la ilegalidad de la operación de la compañía, ya que la ley brasileña prohíbe que extranjeros posean tierras a 150 kilómetros de la frontera o menos. Exigieron que el gobierno expropie la plantación y la entregue al programa de reforma agraria. El gobierno estatal respondió desplazando una brigada militar para desalojar violentamente las mujeres, hiriendo a alrededor de 50 de ellas. Muchas de las manifestantes fueron encarceladas y se les negó acceso a la prensa o abogados de defensa. www.ecoportal.net * Carmelo Ruiz-Marrero es un periodista ambiental independiente y analista ambiental del Programa de las Américas del CIP (www.ircamericas.org ), un becado (fellow) del Oakland Institute y (senior fellow) del Environmental Leadership Program, además de fundador y director del Proyecto de Bioseguridad de Puerto Rico (http://bioseguridad.blogspot.com ). Su página web bilingue (http://carmeloruiz.blogspot.com ) está dedicada a asuntos globales de ambiente y desarrollo.- 
Referencias:
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01 July 2008
Un mexicano de Oaxaca gana el Nobel de ecología
Un campesino indígena que lleva realizando en los últimos 25 años un excepcional trabajo de reforestación en su región de Oaxaca, México
fuente : PNUMA/El País | 18 Junio 2008
Pocos lo saben, pero existe un Premio Nobel de ecología. Este año lo ha ganado Jesús León Santos, de 42 años, un campesino indígena que lleva realizando en los últimos 25 años un excepcional trabajo de reforestación en su región de Oaxaca, México. El verdadero nombre de la recompensa es Premio Ambiental Goldman. Fue creado en 1990 por dos generosos filántropos y activistas cívicos estadounidenses Richard N. Goldman y su esposa Rhoda H. Goldman.
Consta de una dotación de 150.000 dolares (unos 100.000 euros) y se entrega cada año, en el mes de abril, en la ciudad de San Francisco, California (Estados Unidos). Hasta ahora ha sido otorgado a 126 defensores del medioambiente de 72 países. En 1991, lo ganó la africana Wangari Maathai, quien luego obtuvo el Premio Nobel de la paz en 2004.
A Jesús León Santos se lo han dado porque, cuando tenía 18 años, decidió cambiar el paisaje donde vivía en la Mixteca alta, la “tierra del sol”. Aquello parecía un panorama lunar: campos yermos y polvorientos, desprovistos de arboleda, sin agua y sin frutos. Había que recorrer grandes distancias en busca de agua y de leña. Casi todos los jóvenes emigraban para nunca regresar, huyendo de semejantes páramos y de esa vida tan dura.
Con otros comuneros del lugar, Jesús León se fijó el objetivo de reverdecer los campos. Y decidió recurrir a unas técnicas agrícolas precolombinas que le enseñaron unos indígenas guatemaltecos para convertir tierras áridas en zonas de cultivo y arboladas. ¿Cómo llevar el proyecto a cabo? Haciendo revivir una herramienta indígena también olvidada: el tequio, el trabajo comunitario no remunerado.
Reunió a unas 400 familias de 12 municipios, creó el Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca (Cedicam), y juntos, con recursos económicos limitadísimos, se lanzaron en la gran batalla contra la principal culpable del deterioro: la erosión. En esa región mixteca existen más de 50.000 hectáreas que han perdido unos cinco metros de altura de suelo desde el siglo XVI. La cría intensiva de cabras, el sobrepastoreo y la industria de producción de cal que estableció la Colonia deterioraron la zona. El uso del arado de hierro y la tala intensiva de árboles para la construcción de los imponentes templos dominicos contribuyeron definitivamente a la desertificación.
Jesús León y sus amigos impulsaron un programa de reforestación. A pico y pala cavaron zanjas-trincheras para retener el agua de las escasas lluvias, sembraron árboles en pequeños viveros, trajeron abono y plantaron barreras vivas para impedir la huida de la tierra fértil. Todo eso favoreció la recarga del acuífero. Luego, en un esfuerzo titánico, plantaron alrededor de cuatro millones de árboles de especies nativas, aclimatadas al calor y sobrias en la absorción de agua.
Después se fijaron la meta de conseguir, para las comunidades indígenas y campesinas, la soberanía alimentaria. Desarrollaron un sistema de agricultura sostenible y orgánica, sin uso de pesticidas, gracias al rescate y conservación de las semillas nativas del maíz, cereal originario de esta región. Sembrando sobre todo una variedad muy propia de la zona, el cajete, que es de las más resistentes a la sequía. Se planta entre febrero y marzo, que es allí la época mas seca del año, con muy poca humedad en el suelo, pero cuando llegan las lluvias crece rápidamente.
Al cabo de un cuarto de siglo, el milagro se ha producido. Hoy la Mixteca alta esta restaurada. Ha vuelto a reverdecer. Han surgido manantiales con más agua. Hay árboles y alimentos. Y la gente ya no emigra.
Actualmente, Jesús León y sus amigos luchan contra los transgénicos, y siembran unos 200.000 árboles anuales. Cada día hacen retroceder la línea de la desertificación. Con la madera de los árboles se ha podido rescatar una actividad artesanal que estaba desapareciendo: la elaboración, en talleres familiares, de yugos de madera y utensilios de uso corriente. Además, se han enterrado en lugares estratégicos cisternas de ferrocemento, de más de 10.000 litros de capacidad, que también recogen el agua de lluvia para el riego de invernaderos familiares orgánicos.
El ejemplo de Jesús León es ahora imitado por varias comunidades vecinas, que también han creado viveros comunitarios y organizan temporalmente plantaciones masivas.
En un mundo donde las noticias, con frecuencia, son negativas y deprimentes, esta historia ejemplar ha pasado desapercibida. Una prueba más del desastre mediatico en el que vivimos.
fuente : PNUMA/El País | 18 Junio 2008
Pocos lo saben, pero existe un Premio Nobel de ecología. Este año lo ha ganado Jesús León Santos, de 42 años, un campesino indígena que lleva realizando en los últimos 25 años un excepcional trabajo de reforestación en su región de Oaxaca, México. El verdadero nombre de la recompensa es Premio Ambiental Goldman. Fue creado en 1990 por dos generosos filántropos y activistas cívicos estadounidenses Richard N. Goldman y su esposa Rhoda H. Goldman.
Consta de una dotación de 150.000 dolares (unos 100.000 euros) y se entrega cada año, en el mes de abril, en la ciudad de San Francisco, California (Estados Unidos). Hasta ahora ha sido otorgado a 126 defensores del medioambiente de 72 países. En 1991, lo ganó la africana Wangari Maathai, quien luego obtuvo el Premio Nobel de la paz en 2004.
A Jesús León Santos se lo han dado porque, cuando tenía 18 años, decidió cambiar el paisaje donde vivía en la Mixteca alta, la “tierra del sol”. Aquello parecía un panorama lunar: campos yermos y polvorientos, desprovistos de arboleda, sin agua y sin frutos. Había que recorrer grandes distancias en busca de agua y de leña. Casi todos los jóvenes emigraban para nunca regresar, huyendo de semejantes páramos y de esa vida tan dura.
Con otros comuneros del lugar, Jesús León se fijó el objetivo de reverdecer los campos. Y decidió recurrir a unas técnicas agrícolas precolombinas que le enseñaron unos indígenas guatemaltecos para convertir tierras áridas en zonas de cultivo y arboladas. ¿Cómo llevar el proyecto a cabo? Haciendo revivir una herramienta indígena también olvidada: el tequio, el trabajo comunitario no remunerado.
Reunió a unas 400 familias de 12 municipios, creó el Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca (Cedicam), y juntos, con recursos económicos limitadísimos, se lanzaron en la gran batalla contra la principal culpable del deterioro: la erosión. En esa región mixteca existen más de 50.000 hectáreas que han perdido unos cinco metros de altura de suelo desde el siglo XVI. La cría intensiva de cabras, el sobrepastoreo y la industria de producción de cal que estableció la Colonia deterioraron la zona. El uso del arado de hierro y la tala intensiva de árboles para la construcción de los imponentes templos dominicos contribuyeron definitivamente a la desertificación.
Jesús León y sus amigos impulsaron un programa de reforestación. A pico y pala cavaron zanjas-trincheras para retener el agua de las escasas lluvias, sembraron árboles en pequeños viveros, trajeron abono y plantaron barreras vivas para impedir la huida de la tierra fértil. Todo eso favoreció la recarga del acuífero. Luego, en un esfuerzo titánico, plantaron alrededor de cuatro millones de árboles de especies nativas, aclimatadas al calor y sobrias en la absorción de agua.
Después se fijaron la meta de conseguir, para las comunidades indígenas y campesinas, la soberanía alimentaria. Desarrollaron un sistema de agricultura sostenible y orgánica, sin uso de pesticidas, gracias al rescate y conservación de las semillas nativas del maíz, cereal originario de esta región. Sembrando sobre todo una variedad muy propia de la zona, el cajete, que es de las más resistentes a la sequía. Se planta entre febrero y marzo, que es allí la época mas seca del año, con muy poca humedad en el suelo, pero cuando llegan las lluvias crece rápidamente.
Al cabo de un cuarto de siglo, el milagro se ha producido. Hoy la Mixteca alta esta restaurada. Ha vuelto a reverdecer. Han surgido manantiales con más agua. Hay árboles y alimentos. Y la gente ya no emigra.
Actualmente, Jesús León y sus amigos luchan contra los transgénicos, y siembran unos 200.000 árboles anuales. Cada día hacen retroceder la línea de la desertificación. Con la madera de los árboles se ha podido rescatar una actividad artesanal que estaba desapareciendo: la elaboración, en talleres familiares, de yugos de madera y utensilios de uso corriente. Además, se han enterrado en lugares estratégicos cisternas de ferrocemento, de más de 10.000 litros de capacidad, que también recogen el agua de lluvia para el riego de invernaderos familiares orgánicos.
El ejemplo de Jesús León es ahora imitado por varias comunidades vecinas, que también han creado viveros comunitarios y organizan temporalmente plantaciones masivas.
En un mundo donde las noticias, con frecuencia, son negativas y deprimentes, esta historia ejemplar ha pasado desapercibida. Una prueba más del desastre mediatico en el que vivimos.
25 June 2008
La naturaleza con derechos
El Universo, Ecuador, 24 de junio del 2008
Adolfo Ruiz | Nuestro invitado
En la Mesa de Recursos Naturales y Biodiversidad, de la Asamblea Constituyente, se ha planteado que la naturaleza puede ser titular de derechos. Parecería que tal propuesta es otro dislate de algún asambleísta con afanes de notoriedad pero en este caso no es así.
En la década de los setenta, en el siglo pasado, con la preocupación por los daños ambientales, cobraron predicamento tesis como aquellas de que la concepción antropomórfica del naciente Derecho ambiental era insuficiente para tutelar a la naturaleza, cada vez más amenazada por un modelo de crecimiento económico irracional, que no tiene en cuenta que el destino de la humanidad está indisolublemente ligado a ella.
Además, se reformularon creencias del mundo antiguo según las cuales la naturaleza está viva –la hipótesis de Gaia de James Lorveleck– por lo que habría que convenir que tiene intereses propios y es un imperativo ecológico reconocerle derechos, a criterio de Godofredo Stutzin, uno de los juristas latinoamericanos más representativos de estas concepciones.
En el Ecuador, tales tesis aparecen en el Primer Congreso de Medio Ambiente realizado en el año 1987 y fueron desarrolladas en obras como, Derecho Ecológico Ecuatoriano (1991) y Derecho, Ecología y Sociedad (1994), en las que se plantea que la naturaleza cuenta con elementos que disponen de capacidad volitiva, que es posible dotarle de personería jurídica pública y que es pertinente crear una institución como la del ombudsman, de origen noreuropeo, algo equivalente a la propuesta también hecha en la Asamblea de una nueva Defensoría del Ambiente y la Naturaleza.
Es importante resaltar que tales concepciones bioecocéntricas encajan perfectamente con las cosmologías de los pueblos indígenas andinos y amazónicos, que son interpretaciones integrales, de todos los elementos y fuerzas que conforman el mundo que habitan. En consecuencia existe un hilo conductor entre la propuesta de reconocerle derechos a la naturaleza, oponerse a las actividades extractivas depredadoras del ambiente, establecer la plurinacionalidad y el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad.
El mundo del Derecho tiene su propia lógica que no se puede cambiar con hipótesis y tesis que no tienen el rigor de la ciencia positiva y que resultan de forzadas interpretaciones que pueden crear más conflictos que soluciones, generando inseguridad jurídica. En todo caso estos planteamientos no han prosperado en el ámbito doctrinal ni constitucional.
Una Constitución para tener carácter ambiental no tiene necesariamente que incluir el reconocimiento de derechos a la naturaleza, tema más bien para la Filosofía del Derecho y especialistas de las ciencias. Debe ser clara, precisa y completa en cuanto a las garantías de los derechos individuales, sociales y colectivos del ser humano como sujeto de relaciones jurídicas y consecuentemente en torno a la tutela del ambiente natural y cultural.
Como en otros temas constitucionales, el problema está más bien en la legislación secundaria, en la existencia de una institucionalidad congruente, en la formulación de políticas públicas que estén acompañadas de voluntad de ejecución y sobre todo de funcionarios capaces y responsables que rindan cuentas en el marco de una permanente participación ciudadana.
Adolfo Ruiz | Nuestro invitado
En la Mesa de Recursos Naturales y Biodiversidad, de la Asamblea Constituyente, se ha planteado que la naturaleza puede ser titular de derechos. Parecería que tal propuesta es otro dislate de algún asambleísta con afanes de notoriedad pero en este caso no es así.
En la década de los setenta, en el siglo pasado, con la preocupación por los daños ambientales, cobraron predicamento tesis como aquellas de que la concepción antropomórfica del naciente Derecho ambiental era insuficiente para tutelar a la naturaleza, cada vez más amenazada por un modelo de crecimiento económico irracional, que no tiene en cuenta que el destino de la humanidad está indisolublemente ligado a ella.
Además, se reformularon creencias del mundo antiguo según las cuales la naturaleza está viva –la hipótesis de Gaia de James Lorveleck– por lo que habría que convenir que tiene intereses propios y es un imperativo ecológico reconocerle derechos, a criterio de Godofredo Stutzin, uno de los juristas latinoamericanos más representativos de estas concepciones.
En el Ecuador, tales tesis aparecen en el Primer Congreso de Medio Ambiente realizado en el año 1987 y fueron desarrolladas en obras como, Derecho Ecológico Ecuatoriano (1991) y Derecho, Ecología y Sociedad (1994), en las que se plantea que la naturaleza cuenta con elementos que disponen de capacidad volitiva, que es posible dotarle de personería jurídica pública y que es pertinente crear una institución como la del ombudsman, de origen noreuropeo, algo equivalente a la propuesta también hecha en la Asamblea de una nueva Defensoría del Ambiente y la Naturaleza.
Es importante resaltar que tales concepciones bioecocéntricas encajan perfectamente con las cosmologías de los pueblos indígenas andinos y amazónicos, que son interpretaciones integrales, de todos los elementos y fuerzas que conforman el mundo que habitan. En consecuencia existe un hilo conductor entre la propuesta de reconocerle derechos a la naturaleza, oponerse a las actividades extractivas depredadoras del ambiente, establecer la plurinacionalidad y el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad.
El mundo del Derecho tiene su propia lógica que no se puede cambiar con hipótesis y tesis que no tienen el rigor de la ciencia positiva y que resultan de forzadas interpretaciones que pueden crear más conflictos que soluciones, generando inseguridad jurídica. En todo caso estos planteamientos no han prosperado en el ámbito doctrinal ni constitucional.
Una Constitución para tener carácter ambiental no tiene necesariamente que incluir el reconocimiento de derechos a la naturaleza, tema más bien para la Filosofía del Derecho y especialistas de las ciencias. Debe ser clara, precisa y completa en cuanto a las garantías de los derechos individuales, sociales y colectivos del ser humano como sujeto de relaciones jurídicas y consecuentemente en torno a la tutela del ambiente natural y cultural.
Como en otros temas constitucionales, el problema está más bien en la legislación secundaria, en la existencia de una institucionalidad congruente, en la formulación de políticas públicas que estén acompañadas de voluntad de ejecución y sobre todo de funcionarios capaces y responsables que rindan cuentas en el marco de una permanente participación ciudadana.
Brasil busca frenar la extranjerización de la selva tropical.
Alternativa Bolivariana
Enviado el martes, 24 de junio a las 03:43:52
Por Taiana González.
El gobierno brasileño tras largos años de disputa por la soberanía del Amazonas, impulsa medidas para conservar el territorio y la biodiversidad de la zona más rica en minerales y especies biológicas.
Los recursos naturales son la riqueza del mundo, y la puja por apoderarse de ellos no cesa. De un lado aparecen los gobiernos que buscan "protegerlos" y por otro la maquina demoledora que intenta explotarlos y hacerlos sumamente productivos sin importar la pérdida de biodiversidad. Para intentar frenar este avance inminente sobre la riqueza natural, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva lanzó un programa para impulsar el desarrollo sostenible de la región amazónica.
Para conservar las tierras, el presidente brasileño impulsó la creación de dos reservas explotables y de un parque nacional, protegiendo de esa manera alrededor de 2,6 millones de hectáreas. Se trata de las reservas de extracción del Medio Xingu (303.800 hectáreas) e Ituxi (776.900 hectáreas), en los estados de Pará y Amazonas, y del Parque Nacional Manpiguari (1,6 millones de hectáreas), en el estado de Amazonas.
A diferencia de los parques naturales y de las reservas ambientales, en las llamadas reservas de extracción, el Estado permite a las familias que habitan esas áreas, el derecho a explotar artesanalmente y de forma sustentable las frutas y los recursos de la selva.
La creación de estas 3 áreas protegidas, se enmarca dentro del Plan Amazonia Sustentable (PAS), a partir del cual el gobierno brasileño busca estabilizar la situación que se vive en la región, agregando casi 3 millones de hectáreas de selva, a la zona de protección oficial.
Dicho plan busca combatir el desmantelamiento ilegal, garantizar la conservación de la biodiversidad, de los recursos hídricos y mitigar el cambio climático.
La selva amazónica es la selva más grande de la tierra y cubre aproximadamente siete millones de kilómetros cuadrados, lo cual equivale al 40 por ciento del territorio sudamericano. Esta región es rica en biodiversidad y se calcula que contiene alrededor de un cuarto de todas las especies. Otro dato importante es que la cuenca amazónica contiene más del 20 por ciento del agua dulce del planeta.
El 63 por ciento de este territorio pertenece a Brasil, por eso Lula -aunque reconoce que el Amazonas es Patrimonio de la Humanidad y como tal debe producir recursos para todo el mundo- asegura que el gobierno brasileño es quien debe cuidar el territorio. "Es Brasil el que cuida de la Amazonia y no aceptaremos ninguna discusión que deje de reconocer y respetar nuestra afirmación inequívoca e incondicional de nuestra soberanía nacional sobre la Amazonia", afirmó el ministro de asuntos estratégicos, Roberto Mangabeira Unger, quien además coordina el PAS.
Este afán por proteger la soberanía nacional sobre el Amazonas se debe a que del los 5,5 millones de hectáreas que extranjeros poseen en Brasil, más de la mitad -3,1 millones- se sitúan en la región amazónica. Por esta razón el gobierno brasileño estudia la implantación de medidas jurídicas para frenar el avance extranjero sobre este territorio rico en biodiversidad.
En ese marco, la Policía Federal y los servicios de inteligencia de Brasil, investigan al empresario sueco Johan Eliasch, consultor del primer ministro británico, Gordon Brown, quien estaría alentando a empresas europeas a comprar lotes en la Amazonía. "Entre 2006 y 2007, Eliasch realizó reuniones con empresarios y propuso que comprasen tierras en la Amazonía, llegando a afirmar que serían necesarios solo 50.000 millones de dólares para adquirir toda la selva", indicó O Globo, de acuerdo a un documento obtenido en la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).
De hecho la empresa maderera Gethal Amazonas de Eliasch, fue multada y debe pagar 280 millones de dólares por posibles actividades de tala ilegal, de acuerdo a lo dicho por el portavoz de Ibama -la agencia brasileña de medio ambiente- Marcelo Dutra. La presencia de extranjeros en Brasil, se debe al creciente interés que tienen hoy en día, los inversores en adquirir tierras para la producción de alimentos y agrocombustibles, de acuerdo a lo afirmado por el presidente del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), Rolf Hackbart.
Además, tras haber logrado pagar su deuda externa, la estabilidad económica alcanzada por Brasil, hizo que el país sea seguro para la inversión extranjera. La preocupación brasileña por conservar la soberanía sobre el Amazonas, y consecuentemente sobre los recursos naturales que la conforman, debería ser tomada como ejemplo para el resto de los países latinoamericanos que están vendiendo, hace años, sus tierras al mejor postor.
El caso argentino es sin dudas uno de los más lamentables, ya que la venta de tierras no tiene freno. La Patagonia argentina, al igual que el norte del país están en la mira de grupos privados que buscan comprar el territorio. Este fenómeno no es nuevo, ya que comenzó en la década del 90, cuando personajes como Douglas Tompkins, Luciano Benetton y Ted Tuner se instalaron en las propiedades que adquirieron a precios irrisorios.
Estos extranjeros son dueños de propiedades que incluyen ríos y lagos, territorios que de acuerdo a lo que establece la ley nacional no pueden ser vendidos. Pero una vez más las leyes parecen estar hechas para ser rotas, sino no se puede explicar cómo el magnate ingles, Joseph Lewis, se ha convertido en el dueño del Lago Escondido –ubicado entre El Bolsón y Bariloche-. Este multimillonario, además intenta construir un aeropuerto privado -lo cual le impediría al estado controlar el ingreso de aviones extranjeros-, en una zona geopolíticamente estratégica, que busca tener conexión directa con las Islas Malvinas.
En Argentina se calcula que alrededor del 10 por ciento del territorio ya está en manos extranjeras. De hecho la mayor propietaria del país es una conocida familia italiana dedicada a la moda: los Benetton, que son dueños de 900 mil hectáreas. En Uruguay sucede algo similar, ya que la Agencia de Bienes Raíces Century 21, ha puesto a la venta casi toda la Playa Grande dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas, de aproximadamente 379 hectáreas. Parece no importar que dicho parque fue creado en 1995 para proteger el desove de las tortugas baulas -las más grandes del planeta-, ya que la zona ya está loteada y lista para convertirse en una mercancía valuada en dólares. Además, como dato alarmante, es necesario resaltar que en Uruguay existen alrededor de 16 millones de hectáreas productivas, y que más de medio millón pertenecen a 3 empresas extranjeras. La filial forestal de ENCE en Uruguay, EUFORES, y otras dos grandes empresas forestales extranjeras: Botnia y la estadounidense Weyerhaeuser.
Los recursos naturales son el botín de una nueva batalla que todavía no ha explotado violentamente, pero que intenta saquear a los países ricos en biodiversidad.
Es alarmante que no existan –o no se apliquen – leyes de regulación y protección de la naturaleza. Esta falta de medidas hace que tanto empresas como inversionistas extranjeros, se conviertan en los dueños de las riquezas del mundo, quitándoles soberanía a los países.
El diario ingles The Indepedent afirmó que la Amazonia "es muy importante para ser dejada en manos de los brasileños". Está claro que los países más poderosos no buscan proteger el Amazonas, en tanto patrimonio de la humanidad, sino que buscan explotar al máximo sus riquezas.
Volviendo al caso brasileño, hay que destacar que el Plan Amazonia Sustentable propone otorgar créditos a los gobiernos regionales para la construcción de escuelas y proyectos de inclusión social, para beneficiar a más de 24 millones de personas que habitan la amazonia brasileña. Estos proyectos serán negociados con los 9 estados que conforman la región.
Las medidas para frenar la extranjerización de territorios brasileños, están siendo evaluadas por un organismo federal: la Abogacía General de la Unión (AGU. Lo que se intenta es modificar las normas actuales sobre la adquisición de tierras por parte de extranjeros -vigentes desde 1998- que eliminaban la exigencia de una autorización previa para la compra de tierras en Brasil por parte de empresas de otros países.
A partir de la implementación de estas nuevas medidas en defensa de la biodiversidad, hay una vuelta a la situación que se vivía en 1971, y las tierras que desde hace años están siendo acechadas incesantemente por capitales extranjeros, dejarían de correr peligro.
Desde la Redacción de APM
Enviado el martes, 24 de junio a las 03:43:52
Por Taiana González.
El gobierno brasileño tras largos años de disputa por la soberanía del Amazonas, impulsa medidas para conservar el territorio y la biodiversidad de la zona más rica en minerales y especies biológicas.
Los recursos naturales son la riqueza del mundo, y la puja por apoderarse de ellos no cesa. De un lado aparecen los gobiernos que buscan "protegerlos" y por otro la maquina demoledora que intenta explotarlos y hacerlos sumamente productivos sin importar la pérdida de biodiversidad. Para intentar frenar este avance inminente sobre la riqueza natural, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva lanzó un programa para impulsar el desarrollo sostenible de la región amazónica.
Para conservar las tierras, el presidente brasileño impulsó la creación de dos reservas explotables y de un parque nacional, protegiendo de esa manera alrededor de 2,6 millones de hectáreas. Se trata de las reservas de extracción del Medio Xingu (303.800 hectáreas) e Ituxi (776.900 hectáreas), en los estados de Pará y Amazonas, y del Parque Nacional Manpiguari (1,6 millones de hectáreas), en el estado de Amazonas.
A diferencia de los parques naturales y de las reservas ambientales, en las llamadas reservas de extracción, el Estado permite a las familias que habitan esas áreas, el derecho a explotar artesanalmente y de forma sustentable las frutas y los recursos de la selva.
La creación de estas 3 áreas protegidas, se enmarca dentro del Plan Amazonia Sustentable (PAS), a partir del cual el gobierno brasileño busca estabilizar la situación que se vive en la región, agregando casi 3 millones de hectáreas de selva, a la zona de protección oficial.
Dicho plan busca combatir el desmantelamiento ilegal, garantizar la conservación de la biodiversidad, de los recursos hídricos y mitigar el cambio climático.
La selva amazónica es la selva más grande de la tierra y cubre aproximadamente siete millones de kilómetros cuadrados, lo cual equivale al 40 por ciento del territorio sudamericano. Esta región es rica en biodiversidad y se calcula que contiene alrededor de un cuarto de todas las especies. Otro dato importante es que la cuenca amazónica contiene más del 20 por ciento del agua dulce del planeta.
El 63 por ciento de este territorio pertenece a Brasil, por eso Lula -aunque reconoce que el Amazonas es Patrimonio de la Humanidad y como tal debe producir recursos para todo el mundo- asegura que el gobierno brasileño es quien debe cuidar el territorio. "Es Brasil el que cuida de la Amazonia y no aceptaremos ninguna discusión que deje de reconocer y respetar nuestra afirmación inequívoca e incondicional de nuestra soberanía nacional sobre la Amazonia", afirmó el ministro de asuntos estratégicos, Roberto Mangabeira Unger, quien además coordina el PAS.
Este afán por proteger la soberanía nacional sobre el Amazonas se debe a que del los 5,5 millones de hectáreas que extranjeros poseen en Brasil, más de la mitad -3,1 millones- se sitúan en la región amazónica. Por esta razón el gobierno brasileño estudia la implantación de medidas jurídicas para frenar el avance extranjero sobre este territorio rico en biodiversidad.
En ese marco, la Policía Federal y los servicios de inteligencia de Brasil, investigan al empresario sueco Johan Eliasch, consultor del primer ministro británico, Gordon Brown, quien estaría alentando a empresas europeas a comprar lotes en la Amazonía. "Entre 2006 y 2007, Eliasch realizó reuniones con empresarios y propuso que comprasen tierras en la Amazonía, llegando a afirmar que serían necesarios solo 50.000 millones de dólares para adquirir toda la selva", indicó O Globo, de acuerdo a un documento obtenido en la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).
De hecho la empresa maderera Gethal Amazonas de Eliasch, fue multada y debe pagar 280 millones de dólares por posibles actividades de tala ilegal, de acuerdo a lo dicho por el portavoz de Ibama -la agencia brasileña de medio ambiente- Marcelo Dutra. La presencia de extranjeros en Brasil, se debe al creciente interés que tienen hoy en día, los inversores en adquirir tierras para la producción de alimentos y agrocombustibles, de acuerdo a lo afirmado por el presidente del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), Rolf Hackbart.
Además, tras haber logrado pagar su deuda externa, la estabilidad económica alcanzada por Brasil, hizo que el país sea seguro para la inversión extranjera. La preocupación brasileña por conservar la soberanía sobre el Amazonas, y consecuentemente sobre los recursos naturales que la conforman, debería ser tomada como ejemplo para el resto de los países latinoamericanos que están vendiendo, hace años, sus tierras al mejor postor.
El caso argentino es sin dudas uno de los más lamentables, ya que la venta de tierras no tiene freno. La Patagonia argentina, al igual que el norte del país están en la mira de grupos privados que buscan comprar el territorio. Este fenómeno no es nuevo, ya que comenzó en la década del 90, cuando personajes como Douglas Tompkins, Luciano Benetton y Ted Tuner se instalaron en las propiedades que adquirieron a precios irrisorios.
Estos extranjeros son dueños de propiedades que incluyen ríos y lagos, territorios que de acuerdo a lo que establece la ley nacional no pueden ser vendidos. Pero una vez más las leyes parecen estar hechas para ser rotas, sino no se puede explicar cómo el magnate ingles, Joseph Lewis, se ha convertido en el dueño del Lago Escondido –ubicado entre El Bolsón y Bariloche-. Este multimillonario, además intenta construir un aeropuerto privado -lo cual le impediría al estado controlar el ingreso de aviones extranjeros-, en una zona geopolíticamente estratégica, que busca tener conexión directa con las Islas Malvinas.
En Argentina se calcula que alrededor del 10 por ciento del territorio ya está en manos extranjeras. De hecho la mayor propietaria del país es una conocida familia italiana dedicada a la moda: los Benetton, que son dueños de 900 mil hectáreas. En Uruguay sucede algo similar, ya que la Agencia de Bienes Raíces Century 21, ha puesto a la venta casi toda la Playa Grande dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas, de aproximadamente 379 hectáreas. Parece no importar que dicho parque fue creado en 1995 para proteger el desove de las tortugas baulas -las más grandes del planeta-, ya que la zona ya está loteada y lista para convertirse en una mercancía valuada en dólares. Además, como dato alarmante, es necesario resaltar que en Uruguay existen alrededor de 16 millones de hectáreas productivas, y que más de medio millón pertenecen a 3 empresas extranjeras. La filial forestal de ENCE en Uruguay, EUFORES, y otras dos grandes empresas forestales extranjeras: Botnia y la estadounidense Weyerhaeuser.
Los recursos naturales son el botín de una nueva batalla que todavía no ha explotado violentamente, pero que intenta saquear a los países ricos en biodiversidad.
Es alarmante que no existan –o no se apliquen – leyes de regulación y protección de la naturaleza. Esta falta de medidas hace que tanto empresas como inversionistas extranjeros, se conviertan en los dueños de las riquezas del mundo, quitándoles soberanía a los países.
El diario ingles The Indepedent afirmó que la Amazonia "es muy importante para ser dejada en manos de los brasileños". Está claro que los países más poderosos no buscan proteger el Amazonas, en tanto patrimonio de la humanidad, sino que buscan explotar al máximo sus riquezas.
Volviendo al caso brasileño, hay que destacar que el Plan Amazonia Sustentable propone otorgar créditos a los gobiernos regionales para la construcción de escuelas y proyectos de inclusión social, para beneficiar a más de 24 millones de personas que habitan la amazonia brasileña. Estos proyectos serán negociados con los 9 estados que conforman la región.
Las medidas para frenar la extranjerización de territorios brasileños, están siendo evaluadas por un organismo federal: la Abogacía General de la Unión (AGU. Lo que se intenta es modificar las normas actuales sobre la adquisición de tierras por parte de extranjeros -vigentes desde 1998- que eliminaban la exigencia de una autorización previa para la compra de tierras en Brasil por parte de empresas de otros países.
A partir de la implementación de estas nuevas medidas en defensa de la biodiversidad, hay una vuelta a la situación que se vivía en 1971, y las tierras que desde hace años están siendo acechadas incesantemente por capitales extranjeros, dejarían de correr peligro.
Desde la Redacción de APM
Del agronegocio a las retenciones; Otra gramática sobre el conflicto
Modelos
Cuando hablamos de modelo hablamos del tramado institucional para que cualquier parte de la economía se vaya orientando hacia determinada dirección. El modelo sojero del agronegocio tiene una lógica muy distinta del modelo agrario y agroindustrial que nos conformó como nación: tiene una lógica financiera, económica. Ahí hay una diferencia muy grande que se fue armando en los '90, hubo una preparación para que pase. Este era un país de chacareros, de cooperativas, de industrias nacionales, de cadenas agroindustriales, tanto en los frigoríficos como en las harinas: Terrabusi o Bagley, por ejemplo eran algunas de las viejas empresas nacionales que estaban en la cadena agroindustrial y les iba bien. No era un mercado interno muy grande, como Brasil, pero era un país en el que toda la cadena participaba del sistema agroalimentario: alimentos baratos para salarios baratos. De ahí que a comienzos siglo se crearon la Junta Nacional de Carne y de Granos, y la Dirección de Azúcar. A diferencia de otros países de latinoamericanos, en la Argentina la producción era para el mercado interno y la exportación. En México el campesino producía para mercado interno y los empresarios para exportar. Aquí no, el pequeño y mediano abastecía a los dos mercados. Para equiparar los precios internacionales y que los precios internos no se dispararan había una serie de regulaciones, dos de las cuales era el tipo de cambio y las retenciones.
Dictadura
Eso se fue modificando con el cambio de modelo económico internacional, la globalización, el predominio del capital financiero. Lo primero fue que aparecieron grandes empresas transnacionales que producen agroquímicos y semillas en la agroalimentación, empresas que empezaron a tomar posiciones estratégicas en Latinoamérica. Ya estaban en México desde los '70, pero en la Argentina había un sector medio muy grande en el agro y el sector industrial, y eso retrasó un poco la penetración trasnacional.
El Estado, a partir del '75, tomó medidas para favorecer la incorporación del capital trasnacionalizado. Además, el 24 de marzo del 76 mataron a Atilio Santillán, la figura de los trabajadores rurales más importante del momento, los dirigentes de las ligas agrarias fueron presos, los productores quedaron aterrados, no salieron de sus fincas por años. La Sociedad Rural dio a sus mejores hombres para el gobierno militar, empezando por Martínez de Hoz. La Federación Agraria quedó en silencio, aunque hay que reconocer que Humberto Volando tuvo una posición muy digna en relación a los derechos humanos. La Federación Agraria, cuando nació, planteaba la reforma agraria, tiene perfil socialista.
En la dictadura el banco de semillas del INTA se desmontó, y ese conocimiento pasó a las corporaciones que llegaban al país. La dictadura abrió el banco genético de la biodiversidad y se empezó a compartir con las multinacionales.
Los proveedores de insumos extranjeros, entonces, empezaron a traer a los híbridos, una semilla que el productor no puede reproducir y que al mismo tiempo es más rendidora. Comenzó un proceso de agriculturación con cinco granos que utilizaban la semilla híbrida y agroquímicos, que subieron muchísimo la producción: el girasol, el sorgo, trigo, maíz y soja. Estos cultivos se expandieron progresivamente al interior. Hubo un aumento de la productividad con apertura del tipo de cambio y comenzó la trasnacionalización de la agricultura.
Democracia
Con el proceso de agriculturización hubo cierta esperanza de que el agro iba a contribuir al desarrollo que había prometido Raúl Alfonsín. Pero cuando comenzaron a caer los precios internacionales hubo un paro agrario, que lo hicieron ochenta y cinco ganaderos, la Sociedad Rural. Recuerdo que los diarios hablaban de la patota ganadera. La Federación Agraria no participó de aquellos tractorazos. La sensación era que el agro andaba bien con los cultivos pampeanos, pero mal con la ganaderia. La esperanza comenzó a decaer. Llegó Menem y planteó que la agricultura argentina debía ponerse a nivel internacional. En el '91 lanzó la desregulación de granos, carnes y azúcar. A fines de los '80 las empresas alimentarias comenzaron a pasar a manos extranjeras. Aparecieron los hipermercados como un nuevo actor. En la cadena industrial agraria hay núcleos de poder que deciden qué producir, cómo producir y cuándo producir y este lugar fue ocupado por los hiper. Mientras tanto, se iba extranjerizando la parte industrial de la cadena. Aparecieron las trasnacionales. No se puede decir que a los industriales de la alimentación argentinos les iba mal, pero hubo una vocación de entrega. Empresas que los padres habían amasado durante toda la vida fueron entregadas por los hijos por cinco millones, en un momento en que la renta financiera era importante.
Agronegocio
Al mismo tiempo, en el agro comenzó la propaganda del pool; el gran ideólogo era Clarín Rural, con el discurso de que el agro tenía que modernizarse como el resto del país. El diario hablaba continuamente sobre las ganancias extraordinarias de los pooles de siembra y los fondos de inversión. Insistía en que el campo tenia que cambiar al ritmo que cambiaba el resto del país. Decía que ganaban las consultoras agronómicas y los grandes inversores, no el pequeño productor.
La última gran jugada fue la autorización de las semillas transgénicas, en 1996. Esa no fue una cosa mas: hay sólo diecinueve países que autorizan los transgénicos, apenas cinco autorizaron su uso a gran escala y uno de ellos es la Argentina. El motivo de que en el resto del mundo no estén autorizadas es que no se sabe todavía cuáles son las consecuencias de los transgénicos para la salud humana. Si aquí se autorizaron fue por el lobby de las transnacionales extranjeras, sobre todo de Monsanto.
La manera de producir es conocida como labranza cero. Las transnacionales siempre encuentran el discurso progresista para presentarse, y dicen en este caso que la labranza cero es ecologista porque no rompe la tierra. La semilla transgénica, modificada para resistir a los herbicidas, se siembra y luego se fumiga el campo con glifosato, un agroquímico que arrastra con todas las malezas y también con toda la biodiversidad, menos con la soja. La labranza cero lleva a que se necesiten muchísimos menos trabajadores por hectárea. Sin pagar mano de obra, contratando servicios a determinada escala de producción, son cultivos que rinden muy bien. Los chacareros y productores que venían de la época del endeudamiento, de precios internacionales muy bajos, entran en el modelo.
Perdedores
Hay un discurso oficial construido desde el gobierno –Felipe Solá fue la cara visible desde la Secretaría de Agricultura y desde la gobernación bonaerense-, y desde Clarín, a través de Expoagro, que muestran a los grandes sojeros exitosos. Este discurso también dice que si tratás de cuidar la tierra, fomentar la agricultura familiar, la soberanía alimentaria y la biodiversidad, sos un atrasado y un perdedor. El mundo y el éxito van hacia la modernización absoluta. Va hacia el negocio y no hacia la chacra, al agronegocio y no la unidad de producción. "Yo soy un sin tierra porque tengo apenas 20.000 hectáreas, un hombre sin trabajo porque no tengo empleados, y casi sin capital", dijo Gustavo Grobocopatel. Efectivamente el sistema financiero es el que adelanta el capital, las tierras se las alquila al pequeño productor y utiliza contratistas para labrar la tierra. Así funciona el modelo.
El pool
Hay pooles de siembra y hay fondos de inversión, que son aún más grandes que los pooles de siembra. A un pool, como el de Grobocopatel, todavía lo podemos identificar, conocés quién lo maneja. Pero los fondos de inversión son más peligrosos: no los vemos, y van de un lado a otro. Muchos ahorristas ponen la plata y otro lo gestiona. Son los grandes sectores financieros los que operan. El que antes apostaba a renta financiera, ahora lo hace en el campo. Los pequeños productores estaban muy mal, endeudados, y entraron en la soja. El que tiene un tambo lo levanta y se dedica a la soja.
El rentista
Otro nuevo actor es el rentista, el que tiene pocas hectáreas y, sin capital para tecnología, arrienda su tierra y se va a la ciudad. Hay encuestas que están mostrando un fenómeno nuevo: pequeños o medianos productores que cuando les preguntan si prefieren darle la tierra a quien la cuide o a quien pague más, contestan "a quien pague más".
El trabajador
La mano de obra está polarizada: hay contratistas que tienen avionetas de fumigación y cosechadoras, con empleos altamente calificados, y están los peones. Las estadísticas dicen que el 50 por ciento trabaja en negro, pero yo creo que son más. Llegan a vivir en campamentos en las peores condiciones. Muchos son golondrinas. Están apenas mejor que un desocupado.
Los campesinos
Los campesinos no entraron en el modelo sojero. Uno puede decir que no tienen escala o tierra buena, pero lo real es que están intentando sacarles las tierras. Ellos tienen agrónomos, podrían haber formado cooperativas sojeras, pero no entraron. Es la fuerza de la cultura, de las ideas. El movimiento está muy ligado a Vía Campesina, que estimula el cuidado de la tierra y la naturaleza, el cuidado de la biodiversidad. Son valores que se defienden. Si ellos pueden, quiere decir que se puede. En este momento ellos están mucho mejor, produciendo, intercambiando en mercados regionales, trabajando con productos orgánicos y ferias francas.
Ciencia y dinero
Los grandes fondos de inversión, que proveen el capital para el modelo sojero, se fueron metiendo en toda la sociedad, y fueron sacando autonomía a todos los sectores sociales vinculados a los agricultores. El discurso se mete con dinero: con fondos para las fundaciones y las facultades. En la Facultad de Agronomía los posgrados son Siembra directa y Agronegocios. El nuevo secretario de Ciencia y Técnica dice "le vamos a dar prioridad a la biotecnología". El Conicet saca un premio a la innovación tecnológica con Monsanto, la empresa más criticada del mundo, la que tuvo un juicio en Estados Unidos por haber sido la fabricante del agente naranja.
Gramática del poder
Creo que desde una posición progresista no hay que pedir retenciones, sino un cambio del modelo sojero. Ellos crearon un Frankestein, se hicieron socios de un monstruo que les hizo creer en la idea del desarrollo. El gobierno dice que con las retenciones enfrentan a la soja, pero el Estado y el agronegocio son socios. Si el gobierno los grava es para convertirse en socio de sus ganancias. Hay que volver a la idea de producir alimentos, porque en este país hay diez millones de personas sin alimentos. Hay que volver a la soberanía alimentaria. La política, para mi, es la capacidad de alterar la gramática del poder. El tema es si el gobierno quiere producir política y modificar esa gramática del poder.
publicada 17/06/2008
éstas notas pueden ser reproducidas libremente, total o parcialmente (siempre que sea con fines no comerciales), aunque agradeceríamos que citaran la fuente.
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